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FANB: El Gral.(r) Óvido Jesús Poggioli fue acosado por el desaparecido Gral. en Jefe: Almidien Moreno Acosta

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He sufrido una persecución sistemática por la DIM, el cual se evidencia
en los siguientes hechos:  (Mayo de 2004)

Declaracion del General de Brigada
(r) OVIDIO POGGIOLI PEREZ

 

Lea también: TÁCHIRA: Detienen a dos generales de la FANB.
 
Caracas.- Señores Magistrados, antes de iniciar mi exposición tengo necesariamente comenzar por hacer una obligada y breve referencia en relación con mi actividad profesional hasta el día 20 de febrero del 2002, fecha en la cual pasé a la situación de retiro por propia solicitud.

Soy un oficial egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año de 1973, realicé todos los cursos de formación, mejoramiento y capacitación profesional, Curso de Comando y Estado Mayor, en Italia, y Maestría de Seguridad y Defensa en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional; Egresé como Ingeniero en Comunicaciones, en el Instituto Militar de Ingeniería de la República de Brasil y curso de Postgrado en el IESA (PAG X)

Entre los últimos cargos ejercidos han sido los de Director de Inteligencia del Ejército, Comandante Fundador del Teatro de Operaciones Número 2, Director General Sectorial de Inteligencia Militar y Director del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía; Solicité mi pase a la situación de retiro, cuando faltaban 17 meses para cumplir 30 años de Servicios[OJPP1] .

Desde mi época de cadete aprendí el precepto del artículo 32 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales que reza:

“No puede ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad, pundonor, ni el de relajada conducta, pues mal puede ser guardián de la libertad, honra e independencia de su Patria, quien tenga miedo de sacrificarse por ella y ultraje sus armas con infames vicios”

Es ese un norte obligado en la vida de todos los militares, así como también recordar que todo soldado lleva en su corazón aquel juramento que hicimos ante Dios y la Patria:

Defender la Constitución y las leyes de la República y sus Instituciones hasta perder la vida.

Las circunstancias que he vivido me obligan a recordar en este Juicio ese juramento y ese precepto legal.

Ciudadanos Magistrados, esos preceptos que forman parte de mi vida fueron los que me motivaron a presentarme luego de la orden de aprehensión arbitraria, ilegal e inconstitucional con lo que puedo hacer con propiedad las siguientes reflexiones:

a.-  Estando en una actividad recreacional en San Carlos de Río Negro fue enviada una comisión de ese organismo integrada por el General de Brigada ALMIDIEN MORENO ACOSTA a interceptarme sin saber hasta la presente fecha cuales eran las verdaderas intenciones. De esta situación solicité ante la Fiscalia General de la República un Antejuicio de Mérito contra el Director para esa época.

b. Una comisión de ese organismo de introdujo en mi celda durante en mi ausencia y esa misma noche encontré un presunto micrófono, a pesar, que consigne cuatro informes de oficiales que observaron este hecho, la Fiscalia no ha dado una respuesta oportuna.

c. En ese organismo manipularon a un acusado “loco” para que me señalara en la audiencia de haber visitado la finca Daktary, aportando datos imposibles de saber por ser una persona extranjera. Ése ciudadano declaró en dos oportunidades durante la fase de investigación en la fiscalía y nunca me señaló.

d.- Mi abogado defensor solicitó una rueda de reconocimiento para identificar a Elyeri Juvenal González como partícipe de reuniones en la finca Daktary.

e.- Mi correo electrónico fue interceptado (presumo que por un organismo de seguridad del Estado) y el contenido de un mail fue mostrado en el programa “La Hojilla” con el fin de desacreditarme pero violando el canal del Estado, la Ley de Privacidad de las Comunicaciones y someterme al escarnio público.

Ver más en: www.urru.org

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas
Puerto Ayacucho, 17 de Octubre de 2005
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2005-000561
ASUNTO : XP01-P-2005-000561

Corresponde a este Tribunal Segundo de Control, emitir pronunciamiento respecto de la solicitud interpuesta por la Abog. Elizabeth Navarro Correa, en su condición de Fiscal Cuarta del Ministerio Público con Competencia en Materia de Derechos Fundamentales, Indigenista y Ejecución de Sentencias de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, en el sentido que se decrete el SOBRESEIMIENTO de la causa de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, donde aparecen denunciados los funcionarios ALMIDIEN MORENO ACOSTA, JOSÉ FERREIRA, JOSE FELICIANO, JESÚS GABRIEL AMAYA, CARLOS JOSE JIMENEZ, JOSE GIL y ANTONIO ROJAS G., y como víctima el ciudadano OVIDIO POGGIOLI PÉREZ, venezolano, natural de Caracas, Distrito Capital, titular de la cédula de identidad N° V-3.413.966, de 53 años de edad, de estado civil casado, residenciado en Caracas Distrito Capital.

El Ministerio Público a fin de fundamentar su solicitud estableció entre otras cosas indico lo siguiente: En fecha 16 de marzo de 2004, se recibió por ante la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, oficio N° DPDF-11-F-5323-04-1152-04-8322, de fecha 17/FEB/2004, suscrita por la Abog. MAGALLY GARCÍA MALPICA, Directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, mediante la cual remite comunicación suscrita por el ciudadano RAFAEL ANGEL TERAN, apoderado judicial del ciudadano OVIDIO JESÚS POGGIOLI, quien denuncia hechos punibles presuntamente cometidos por el General de Brigada ALMIDIEN MORENO ACOSTA, militar en servicio activo, Director General de Inteligencia Militar del Ministerio de la Defensa, quien goza del privilegio procesal establecido en el ordinal 3° del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

Denunciando que el día que el día 12 de Diciembre de 2003, cuando su representado se encontraba disfrutando de una actividad recreacional en el Río Pasimoni al sur del país, a su regreso a la población de San Carlos de Río Negro, estado Amazonas, fue abordado, detenido y luego dejado en libertad, por una comisión de la Dirección de Inteligencia Militar, que se trasladó por ordenes expresas de su Director en el avión oficial del cuerpo, siglas YV1051-Código Penal, a buscarlo y detenerlo sin orden judicial, de manera ilegal e inconstitucional, haciendo uso de armas, de violencia física y psicológica, señalando que los efectivos que intervinieron en dicha operación se registraron en el comando de la Guardia Nacional de San Carlos de Río Negro con nombres y números de cédula: JOSE FERREIRA, cédula de identidad N° 5.989.794, JOSE FELICIANO, cédula de identidad N° 6.747.840, JESÚS GABRIEL AMAYA, cédula de identidad N° 3.268.177, CARLOS JOSE JIMENEZ, cédula de identidad N° 10.621.722, JOSÉ GIL, cédula de identidad N° 8.183.187, y ANTONIO ROJAS, cédula de identidad N° 9.877.534, quienes presuntamente se presentaron como miembros del Ministerio de Infraestructura.

A los fines de establecer la identificación y Responsabilidad Penal de los Funcionarios, en fecha 13 de mayo de 2004, la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, acuerda dar inicio a la correspondiente investigación, de conformidad con el artículo 34 ordinal 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en relación con los artículos 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se traslada hasta la Tercera Compañía del Destacamento de Fronteras N° 94, ubicada en la población de San Carlos de Río Negro, Estado Amazonas, a fin de realizar las diligencias necesarias y pertinentes para esclarecer la veracidad de los hechos y determinar de manera efectiva la actuación de los funcionarios públicos, quienes presuntamente practicaron la detención del ciudadano OVIDIO JESUS POGGIOLI, pudiendo constatar en el Libro de Novedades del Servicio del Aeropuerto de la referida población, llevado por ese comando, que en fecha 08 de diciembre de 2004, siendo las 12:10 horas aterrizo en el Aeropuerto de esa localidad, un avión privado con las siguientes características: Siglas YV-1023 Código Penal, piloteada por el ciudadano Orlando Guedez, Enrique Stivesj, trayendo como pasajeros a los ciudadanos:

 General de División de la Guardia Nacional Félix Loreto González, General de Brigada Ovidio Poggioli (retirado), Eduardo Morrison, Federico Phelan, Efraín Gómez, Luis Felipe Egaña, Manuel Egaña, Santiago Monteverde, Olivo Juan, José Juan Mendoza, Álvaro Lusinchi y Fernando Pardis.

Pernoctando con la finalidad de salir de pesca y de turismo por las diferentes comunidades de la localidad; e igualmente se constató del Libro de Novedades del Servicio del Aeropuerto, correspondiente al día 12 de Diciembre del 2003, el registro de siete (07) aeronaves, (02) (particulares) y (03) comerciales, uno (01) del DIM Siglas 1051 Código Penal integrada por seis (06) pasajeros y un (01) militar Skietruck, y en el referido libro de novedades no se registraron los nombres de los presuntos funcionarios que integraban la comisión. Asimismo, en el referido Libro de Novedades se pudo verificar que en fecha 12 de Diciembre del 2003, siendo las 10:45 a.m., atracó en ese Puerto la embarcación de Bandera Venezolana, procedente del Pasimoni, al mando del Capitán García Manuel, con los siguientes tripulantes: Santiago Monteverde, Manuel Egaña, Félix Loreto, Aquiles Loreto, Ovidio Poggioli, Juan José Mendoza, Álvaro Lusinchi, Eduardo Morrison, Francisco Hernández, Federico Phelan, Gustavo Aristimuño, Efraín Gómez y Fernando Pardis, quienes llevando consigo materiales de pesca y equipos personales.

Fueron interceptados por funcionarios de la DIM (Departamento de Inteligencia Militar), informándoles a los tripulantes que estaban cumpliendo instrucciones de Superiores en la Capital de Caracas, procedieron a pedirles la identificación a los tripulantes y si portaban armas que les permitieran los porte, posteriormente iniciaron una requisa a los equipos personales de cada uno de ellos, causando la molestia a los tripulantes, por lo los apoyaron los infantes de Marina y obligaron a mantener la calma y dejarse requisar sus pertenencias.

Consta igualmente, de la declaración rendida ante la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del estado Amazonas, por el Capitán (GN) OSTOS SANCHEZ VICTOR HUGO, actualmente adscrito a la Segunda Compaña del Destacamento de Fronteras N° 94 de la Guardia Nacional,

Los hechos ocurridos el día 08 de Diciembre de 2003, que se presentó el General Retirado de la Guardia Nacional Loreto González, en compañía del General Ovidio Poggioli y otro grupo de familiares en un avión privado con fines de realizar pesca deportiva de Pavón, hasta el día viernes 12 del mismo mes, pernotando el avión en el Aeropuerto de San Carlos de Río Negro, y el día jueves en la tarde se presentó una comisión de la DIM, la cual no se identifica ni se presenta en la Guardia Nacional, sino en el Comando de la Armada desconociendo la estadía y la finalidad de la misma, y el día viernes en horas de la mañana, al momento del regreso al muelle de los Generales y sus acompañantes, fueron abordados por los funcionarios del DIM, quienes les realizaron un chequeo de equipaje y documentación, así como del armamento que portaban, no encontrando ningún tipo de novedad, los Generales y sus acompañantes procedieron a retirarse del muelle rumbo al Aeropuerto para abordar la aeronave, encontrándose que el avión tenía tres cauchos desinflados con evidencias de haber sido destruidos por un objeto punzo penetrante, se trasladaron al Comando de la Guardia Nacional para poner la denuncia.

Comparece igualmente, ante la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, el Teniente SANCHEZ SANABRIA JOSE ROGELIO, a fin de rendir declaración con motivo de los hechos denunciados quien manifestó entre otras cosas que el día lunes 08 de diciembre de 2003, llegaron a San Carlos de Río Negro en una aeronave, el General Ovidio Poggioli, el General Félix Loreto González, acompañados aproximadamente de 12 personas, quienes supuestamente eran amigos y familiares, recibidos por el Capitán Ostos Sánchez y fueron al Puerto al Puerto naval a pedir permiso para sacar unas embarcaciones, no logrando recibir el permiso por no tener dichos documentos.

Posteriormente se recibió la noticia que las embarcaciones habían salido del muelle en dirección hacia Sopapo autorizados por el Capitán (GN) Ostos Sánchez, no siendo este el procedimiento ya que la armada es la que da los permisos para la salida de la embarcaciones, y al día siguiente se recibió llamada telefónica desde San Fernando de Apure del contralmirante Manuel Alfredo Yánez Villegas, quien informó que supuestamente unos efectivos de la Guardia Nacional habían bloqueado el trafico por el río solicitando la información relacionada con las personas que habían arribado a San Carlos de Río Negro, que actividades estaban realizando y quien los había autorizado a salir del muelle, contestándole que el permiso se los había dado el Capitán de la Guardia Nacional y que no tenía la información precisa de sus actividades, luego arribó a San Carlos de Río Negro una comisión del DIM los mismos se identificaron como funcionarios del Ministerio de Infraestructura.

Recibidos en privado informaron que eran funcionarios de Inteligencia Militar y que están para realizar una revisión de identificaciones y de las actividades de éstas personas, que habían sido enviados por el Director de Inteligencia Militar, los funcionarios pernotaron en el Comando por instrucciones del Contralmirante y se les prestó el apoyo requerido.

Al día siguiente en horas de la mañana arribaron al muelle las cuatro embarcaciones tripuladas por el General Poggioli, Loreto y sus acompañantes, las cuales fueron interceptadas por la comisión de Inteligencia Militar, quienes revisaron su identificación, sus equipos, y en ningún momento fueron maltratados ni física, verbalmente ni fueron sometidos con las armas, posteriormente los funcionarios del DIM, se alojaron en las instalaciones del Puesto Naval, al mismo tiempo se presentaron el General Ovidio Poggioli, en compañía del General Félix Loreto y del Capitán Ostos Sánchez, queriendo ingresar arbitrariamente a las instalaciones del comando con la finalidad de buscar a los funcionarios del DIM, no se les permitió la entrada a las instalaciones del puesto Naval para preservar la seguridad de las instalaciones ya que supuestamente iban a arremeter contra las personas de la comisión de inteligencia, alegando que ellos supuestamente les habían dañado los cauchos de la aeronave con la cual se trasladaron a San Carlos de Río Negro, notificándoles el funcionario que no sabía quien había realizado ese presunto sabotaje a la aeronave y se molestaron, alterándose diciendo que eran la Guardia de los sinvergüenzas de los funcionarios de la DIM y Alcahuetas.

Ahora bien, de la revisión practicada a las actas que constituyen la presente causa, se desprende de las mismas que el hecho objeto del proceso no se realizó por cuanto se evidencia del Libro de Novedades y Libro de Control de Aeropuerto llevados por la Tercera Compañía del Destacamento N° 94 de San Carlos de Río Negro de fecha 08de diciembre de 2003, el arribo de la aeronave a la población de San Carlos de Río Negro, en la cual se trasladaba el ciudadano Ovidio Jesús Poggioli, posteriormente cuando el referido ciudadano en compañía de familiares y amigos arriban al puerto naval en la embarcación de Bandera Venezolana, procedente del Río Pasimoni, registrándose el procedimiento efectuado presuntamente por funcionarios del DIM; así mismo se registra la llegada de la aeronave particular Siglas YV-955 Código Penal, el día 12 de diciembre de 2003, la cual es abordada por el ciudadano Ovidio Jesús Poggioli, familiares y amigos hacia el aeropuerto Charallave, donde se deja constancia del vuelo después de reparar la aeronave, lo cual es corroborado con las declaraciones de los ciudadanos Maestre/3era. CASTRO GOMEZ Junio, Capitán (GN) OSTOS SANCHEZ VICTOR HUGO,, el Teniente SANCHEZ SANABRIA JOSE ROGELIO y HERACLEO MARTINEZ SANTAELLA, quienes manifestaron que el ciudadano Ovidio Jesús Poggioli y compañía, fueron abordados por funcionarios del DIM, quienes revisaron la identificación, sus equipos, así como el armamento que portaban no encontrando éstos ningún tipo de novedad, que no fueron detenidos ni maltratados, aunado a ello el denunciante no aporta la identificación plena de los funcionarios por cuanto en su denuncia no aporta la identificación plena de los funcionarios, en su denuncia aparecen registrados los funcionarios JOSE FERREIRA, cédula de identidad N° 5.989.794, JOSE FELICIANO, cédula de identidad N° 6.747.840, JESÚS GABRIEL AMAYA, cédula de identidad N° 3.268.177, CARLOS JOSE JIMENEZ, cédula de identidad N° 10.621.722, JOSÉ GIL, cédula de identidad N° 8.183.187, y ANTONIO ROJAS, cédula de identidad N° 9.877.534, quienes presuntamente se presentaron como miembros del Ministerio de Infraestructura, tales registros de identificación pertenecen a otros ciudadanos, según se desprende de la información suministrada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, del estado Amazonas, en fecha 20 de mayo de 2005 mediante oficio signado con el número 9700-225-1371, y previa consulta con el sistema CIPOL-NACIONAL que ninguna de las cédula de identidad de los ciudadanos indicados les pertenecen.

Por lo anteriormente expuesto, y siendo que el ejercicio de la acción penal está en manos del Fiscal del Ministerio Público, así como la investigación del procedimiento, encontrándose obligado a recabar todos aquellos elementos de prueba destinados a demostrar no sólo la culpabilidad del imputado sino su inculpabilidad, y por cuanto el Representante del Ministerio Público consideró que en el presente caso se desprende que el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele a los presuntos imputados; en consecuencia dadas las circunstancias antes expuestas, considera este Tribunal que lo procede y ajustado a derecho DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO, en la presente causa que se le sigue a los ciudadanos JOSE FERREIRA, JOSE FELICIANO, JESÚS GABRIEL AMAYA, CARLOS JOSE JIMENEZ, JOSÉ GIL y ANTONIO ROJAS, quienes presuntamente se presentaron como miembros del Ministerio de Infraestructura, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinales 1° del Código Orgánico Procesal Penal en virtud de la solicitud interpuesta por la Dra. Elizabeth Navarro, en su condición de Fiscal Cuarta del Ministerio Público con Competencia en Materia de Derechos Fundamentales, Indigenista y Ejecución de Sentencias de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas. ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

En base a las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra de los ciudadanos JOSE FERREIRA, JOSE FELICIANO, JESÚS GABRIEL AMAYA, CARLOS JOSE JIMENEZ, JOSÉ GIL y ANTONIO ROJAS, quienes presuntamente se identificaron como miembros del Ministerio de Infraestructura de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinales 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 108 ordinal 7° del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de uno de los delitos Contra Las Personas, en perjuicio del ciudadano OVIDIO JESÚS POGGIOLI, por cuanto el Representante del Ministerio Público consideró que el hecho objeto del proceso no se realizó. Se declara CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Dra. Elizabeth Navarro, en su condición de Fiscal Cuarta del Ministerio Público con Competencia en Materia de Derechos Fundamentales, Indigenista y Ejecución de Sentencias de esta Circunscripción Judicial.
Regístrese, diarícese, déjese copia de la presente decisión, notifíquese a las partes y remítase la presente causa al Archivo Judicial en su oportunidad legal.
LA JUEZ SEGUNDO DE CONTROL

DRA. OMAIRA MARTÍNEZ DE VERGARA
LA SECRETARIA

ABOG. RIMA KALEK

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA

RIMA KALEK


Por: VALENTINA OROPEZA
VOROPEZA@EL-NACIONAL.COM
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El Nacional
CARACAS, martes 09 de octubre, 2010





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Gobierno cierra el cerco sobre el sector productivo

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El socialismo agrario apunta al “control total de toda
actividad productiva”.

Loyo dijo que en dos meses
tomarán 750.000 hectáreas

 

Tras el estratégico receso político y social previo a las elecciones legislativas, el presidente Hugo Chávez y el resto del Ejecutivo nacional reanudaron la progresiva toma de todos los eslabones del sector productivo agrícola nacional, en el marco del “socialismo agrario”.

La orden presidencial de expropiación de la empresa Agro-isleña, que suministra insumos productivos a aproximadamente 60% del sector agrícola nacional, es el segundo paso de una nueva ofensiva gubernamental para controlar el sector agrícola productivo, después de la aprobación de la segunda reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en mayo.

El Plan de la Nación 2007-2013, llamado Primer Proyecto Nacional Socialista Simón Bolívar, establece claramente que “el Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país”.

De concretar la toma de Agroisleña, el Gobierno se aseguraría un eslabón fundamental en la actividad del campo, que maneja unas 2.500 hectáreas de tierras, tiene 60 agencias y puntos de venta en 20 estados del país y reporta créditos para unos 18.000 productores del país.

Se sumaría esta pieza al rompecabezas del socialismo productivo que ya maneja 2,9 millones de hectáreas (con fundos ejemplares como La Marqueseña, El Frío, El Charcote, San Pablo Paeño, etc, aunque muchos en situación improductiva), y empresas de transformación agroindustrial que fueron privadas como Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Sardinas La Gaviota, Monaca, mataderos como Fribarsa o Fricapeca, las torrefactoras Café Madrid y Fama de América, centrales azucareros como Cariaco; o las empresas de cereales Venarroz, Proarepa y Nutrico.

Y en la concepción de la economía socialista, el consumo justo o necesario es la premisa fundamental. Por ello también es primordial el control de estructuras de distribución y comercialización, y ahí juegan su papel los esquemas de logística y venta como Friosa, Cada, Éxito, Cealco o la empresa de transporte ATC, todas asimiladas o integradas con los abastos Bicentenarios, y de la mano con Pdval y Mercal.

Empezando por las tierras

El Gobierno ha centrado el desarrollo rural integral en la “lucha contra el latifundio”, fenómeno al que responsabiliza de la incapacidad de Venezuela de cubrir su consumo en rubros básicos como café, maíz, leche, azúcar o carne, así como de la pobreza de los campesinos.

Desde enero de 2005, cuando se iniciaron las intervenciones de tierras y fincas, el Gobierno ha tomado cerca de 2,9 millones de hectáreas calificadas como “ociosas o improductivas”. Y este domingo, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, detallaba al presidente Chávez que en octubre se tomarán 250.000 hectáreas y en noviembre otras 500.000 hectáreas de tierras, que sumarían 750.000 hectáreas o casi 26% de los predios que el Gobierno ha intervenido en el lapso 2005-2010.

Como resultado, en el período 2004-2008, de amplio “rescate de tierras”, el PIB agrícola privado creció apenas 3,7%, según el BCV.


ERNESTO J. TOVAR | EL UNIVERSAL
martes 5 de octubre de 2010

Barquisimeto: Declaran alerta en 7 municipios

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 El director de Emergencias 171, Mayor Said Schwarz, informó que desde el día de ayer arrancó un operativo para ayudar a los municipios afectados por las fuertes lluvias.

Más de 220 familias damnificadas
y 750 afectados en Lara

 

 Barquisimeto.- Más de 220 familias quedaron en la calle mientras que 750 resultaron afectadas en los municipios Iribarren, Palavecino y Crespo del estado Lara, como consecuencia de las lluvias caídas durante la noche del lunes y madrugada del martes, lo que originó la movilización la gobernación, Protección Civil, alcaldías, Guardia Nacional, Bomberos, Imaubar, y Emica hacia la zonas inundadas.

Se presume que las cifras de afectados podría elevarse a mil en toda la entidad, ya que durante la semana pasada y esta se han visto afectados 7 municipios en la entidad, como son Iribarren, Palavecino, Crespo, Morán, Jiménez, Torres, y Urdaneta.

En el Municipio Iribarren, la alcaldesa Amalia Sáez declaró este martes en horas del mediodía la emergencia en el municipio Iribarren, debido a la gravedad de la situación que se presenta al norte de Barquisimeto en la zona Cují- Tamaca- específicamente en los sectores La Playita, El Cardonal, La Laguna, Rastrojitos y Carorita.

Al tiempo que las autoridades declaraban a los medios, en Tamaca centro, a primeras horas de la mañana un grupo de 10 familias cerraron la vía para exigir una pronta respuesta de las autoridades, pues según indicaban no habían acudido al sitio ningún organismo.

Aracelis Vásquez, representante del Consejo Comunal, explicó que fueron muchas familias las que perdieron sus viviendas y “hay niños que no tienen donde dormir”

Poco después llegaron cuadrillas de diferentes entes para iniciar la evaluación de los daños. En la zona, el liceo de Tamaca se encuentra parcialmente inundado por lo que las clases fueron suspendidas, al tiempo que la alcaldesa invitaba a los damnificados y afectados a refugiarse en ese centro de estudios mientras que se resuelve la situación.

Por otro lado en el municipio Crespo existen hasta ahora, más de 150 familias severamente afectadas, mientras que cinco familias quedaron damnificadas al perder sus casas con la crecida de la quebrada, declaró el comandante del Core 4, general (Gn) Luís Alfonzo Bohóquez.

Hasta ahora no existen refugios para atender a los afectados, dijo, por lo hizo un llamado a la comunidad para que colabore con alimentos y enseres para los afectados.

Por su parte, el director del Servicio de Emergencias 171, Mayor Said Schwarz, informó que desde el día de ayer arrancó un operativo para ayudar a los diferentes municipios afectados por las fuertes lluvias.

Igualmente indicó que el servicio 171 está prestando apoyo con su material técnico y humano para socorrer a los damnificados.

El agua en la calle alcanzó un nivel de 25 centímetros, por lo cual varias casas de la zona rural de Palavecino, propiamente en Las Tres Topias, El Mayal y La Nicasiera se inundaron.

En Tarabana, Colinas del Sur y Tabure, lo que corresponde a la parte alta de la parroquia Cabudare, se presentaron derrumbes que obstaculizaron la vía, además de colocar en tensión a los habitantes de esos sectores.

Acceso interrumpido

El paso por la importante intersección El Placer-El Tamarindo-El Mayal estuvo suspendido unas cinco horas, debido al considerable aumento del caudal del buco mayalero, el cual se desbordó y anegó dicha intersección, pasando sus aguas por encima del puente de El Tamarindo.

Entretanto, la crecida de este afluente, que superó los tres metros de altura, arrasó con extensos sembradíos de la zona, tapando el cajón de paso con troncos, palos, monte y cuanto desecho arrastró en su camino.

Ni representantes de la Alcaldía ni el Cuerpo de Bomberos del municipio aportaron detalles de lo ocurrido o la activación de un plan de contingencia, alegando labores por la visita del primer mandatario nacional a Cabudare, a objeto de inaugurar el Unidad Educativa Bolivariana Héctor Rojas.

Clima | Ciudad
MARLA PRATO | EL UNIVERSAL
martes 5 de octubre de 2010

Hello world!

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Lara: Una periodista y un gráfico mueren en accidente de tránsito provocado

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Una comunicadora social y un reportero gráfico de un diario de circulación regional
perdieron la vida en accidente provocado intencionalmente.

Ocurrio en la madrugada de este
sábado en la vía Los Rastrojos

 

En el municipio Palavecino del estado Lara, una periodista y un gráfico mueren mientras que otros dos periodistas resultaron heridos.  El hecho que consterna al gremio periodistíco de la entidad se produjo a la una de la madrugada, cuando los hoy occisos, se desplazaban en un vehículo en compañía de otros dos compañeros de trabajo, quienes resultaron heridos de consideración.

Los infortunados quedaron identificados como Elisa Mejías de 28 años, periodista de suplemento del Diario La Prensa y Miguel Angel Carrera de 24 años, reportero gráfico del referido medio local, mientras que los heridos, cuyos estados es delicado, responden a los nombres de Derwin Jiménez y Nabetse Damas, periodistas, conductor y copiloto quienes llevaban puesto el cinturón de seguridad, sufrieron traumatismo.

Trascendió que los cuatro jóvenes luego de haber compartido se disponían a retirarse a sus respectivas casas y cuando se desplazaban por Los Rastrojos del municipio Palavecino, fueron aparentemente perseguidos por sujetos a bordo de un Malibú color blanco, con el cual impactaron la parte trasera del Chevrolet Aveo Gris, conducido por Derwin Jiménez y ocupado por los jóvenes comunicadores. El intencional impacto hizo que Derwin, perdiera el control y volcara, con el lastimoso saldo. Una vez que el Aveo se detuvo, los ocupantes del Malibú, bajaron a golpes a Derwin, quien presentó varias costillas fracturadas.

De acuerdo a las primeras informaciones, Elisa pereció en la Policlínica, minutos después de su ingreso, mientras que Miguel Angel expiró en la sala de Operaciones del Hospital Antonio María PIneda de esta ciudad a las 6:30 de la mañana de hoy. Los heridos fueron trasladados a la Policlínica donde están siendo atendidos.

Los cuerpos de las víctimas se encuentran en la Morgue del Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, lugar al cual han acudido periodistas y reporteros gráficos de todos los medios de la región.

Desde aca nuestras más sentidas palabras de condolencias a los familiares y amigos de Elisa y Miguel Angel. y a todo el gremio periodístico regional por la pérdida. Y nuestros mejores deseos de recuperación a nuestros colegas Derwin y Nabetse.

A las autoridades se le hace un llamado de atención para que se investigue el caso y se de con la ubicación de quienes habrían provocado este siniestro que hoy enluta a familias larenses.


REDACCIÓN / EL INFORMADOR
Sábado 5 Junio 2010

NORMAS: En el Sambil, Recreo y Millenium prohíben la entrada a liceístas

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Vigilantes tienen órdenes de no dejarlos pasar sin representantes. La
presidenta del consejo de niños y adolescentes de Sucre advirtió que la medida afecta los derechos de los jóvenes

 Los adolescentes se conforman con
ver desde afuera el centro comercial

 
Sentado en la acera, el adolescente Richard García mira con recelo hacia el centro comercial Millenium Mall, ubicado en Los Dos Caminos. Tiene 15 años de edad y porta una franela azul que lo identifica como liceísta. Precisamente, es su franela el motivo que hace que tenga que conformarse con mirar desde lejos; cuando se atreve a acercarse, el personal de seguridad le corta el paso de inmediato: “¡Ey, no puedes pasar!”.

La orden que tienen los vigilantes de este centro comercial caraqueño, y de otros como El Sambil y El Recreo, es no dejar entrar a menores de edad uniformados, al menos que estén acompañados de sus representantes. La norma no es nueva, pero esto no parece consolar a los adolescentes. 

“Me han sacado varias veces y no entiendo por qué. Esto no debería ser. El uniforme no nos convierte en delincuentes”, dijo García, quien dice sentirse discriminado por la restricción.

A Carlos Castro, de 16 años de edad, también le parece incomprensible la situación. “Si salgo de clase y quiero distraerme, ¿no puedo? Tengo derecho. Si vivo fuera de la ciudad, ¿cómo hago para cambiarme el uniforme?”, preguntó.

Grupos problemáticos:

Uno de los encargados de la seguridad del Millenium, que prefirió no identificarse, explicó el motivo del impedimento: “Los grupos de liceístas tienden a ocasionar problemas, por eso no se deja que entren. Sólo se les permite el paso si vienen con sus padres”. Aunque está obligado a hacer cumplir la prohibición, considera que es muy estricta y que debería flexibilizarse: “Si un chamo necesita comprar un libro o quiere venir a comer a la feria, se les debería dejar pasar. No veo inconvenientes”.

En el Sambil, la causa es otra:

Uno de los encargados de vigilar la entrada principal del centro comercial expresó que con la medida se evita que los estudiantes se fuguen de clases. 

“Justo al lado, queda el Colegio Gustavo Herrera. Más de una vez, padres y representantes se comunicaron con la gerencia del centro comercial para decir que sus hijos se jubilan del colegio para venirse a pasar el rato aquí. La restricción colabora en este sentido”.

Pero muchos logran ingeniárselas para entrar. Ana y Alfredo caminaban por el centro comercial El Recreo portando sus uniformes y morrales. Minutos después, un vigilante les pidió que se retiraran. Sin embargo, lograron un acuerdo: “Quítense las franelas y podrán pasar”. Los jóvenes se hicieron caso y optaron por quedarse en franelillas. Otros más precavidos llevan en sus bolsos una muda de ropa completa para cambiarse luego de salir del colegio.

La norma no se repite en todos los centros de la ciudad.

Una de sus excepciones es El tolón, ubicado en Las Mercedes. Con representantes o sin ellos, solos o en grupos, los liceístas se pasean sin inconvenientes, exhibiendo sin temor sus franelas azules, a pesar de incidentes como la riña que protagonizaron dos grupos de jóvenes el sábado pasado.

JUAN CARLOS FIGUEROA
Jcfigueroa@el-nacional.com
EL NACIONAL | Apr 16 2010

España: Senado rechazan detención de la jueza Afiuni

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En EEUU, un grupo de venezolanos denunció que el Gobierno utiliza
el sistema judicial para encarcelar a los disidentes.

Harán gestiones para
 lograr su libertad

 

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas de España fijó posición sobre la situación de la jueza María de Lourdes Afiuni y aprobó una moción en la cual rechazan su detención y condenan las declaraciones del presidente Chávez cuando la acusó y pidió su encarcelamiento.

Mostraron preocupación por las condiciones en que se encuentra recluida y aseguraron que harán gestiones ante el Gobierno para su libertad.

Al mismo tiempo, en Miami, la ex fiscal venezolana Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela y defensora de presos políticos ­entre ellos Afiuni­, manifestó que el Gobierno comenzó la persecución en contra de opositores luego del 11 de abril de 2002, y desde entonces ha usado el sistema judicial para encarcelar a los disidentes.

Aseguró no conocer cuántos presos políticos hay en Venezuela pero destacó la persecución contra Nixon Moreno, Patricia Poleo y los hermanos Guevara, condenados a 30 años de cárcel. “Ninguno podrá salir en libertad o volver a Venezuela mientras perdure este gobierno porque ningún juez se atreverá a tomar una decisión apegada a Derecho pero contraria a la voluntad del Presidente”.

Nelson Afiuni, hermano de la jueza, manifestó que ella ha sido víctima de tres atentados desde que está en la cárcel. “Estamos muy preocupados por lo ocurrido, porque la Fiscalía admitió que no hubo pago, entonces, ¿dónde está la corrupción?”, preguntó.

El caso de Franklin Brito, productor agropecuario que mantiene una huelga de hambre y está en el Hospital Militar, fue presentado por Adriana Vigilanza. Aseguró que el Estado pretende desmontar el sistema jurídico para llevar al país al comunismo, por medio de las asambleas populares integradas por los militantes del partido de Gobierno.


JOSÉ JAVIER MORONTA
Nacional | Política
Jul 6 2010
EL NACIONAL

Una escena: El “traslado” de la jueza María Lourdes Afiuni del INOF al Palacio

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iba esposada, con chaleco antibalas y vigilada por 22 hombres de la GN y 4 del Equipo de Respuesta Inmediata de Custodios. . A los homicidas, agregó, los cuidan uno o dos guardias.

Afiuni fue a tribunales
bajo estricta seguridad

 

“La trajeron como si estuviesen trasladando al mismísimo diablo”, denunció el abogado de la jueza detenida desde diciembre. Esposada, con un chaleco antibalas y vigilada por 22 uniformados de la Guardia Nacional y 4 integrantes del Equipo de Respuesta Inmediata de Custodios, fue trasladada la jueza María Lourdes Afiuni desde la cárcel del INOF hasta el Palacio de Justicia.

Juan Garantón, abogado de la jueza detenida el 10 de diciembre por haber sustituido la medida privativa de libertad del banquero Eligio Cedeño, explicó que su defendida fue llevada al tribunal para ser informada de que la acción de amparo interpuesta contra la jueza Leyvis Azuaje ­quien lleva el caso de Afiuni en el Tribunal 50º de Control­ no fue admitida por la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas.

“Hace un mes sí era necesario que la trasladaran, ahora lo hicieron para atormentarla y mortificarla. El dispositivo de seguridad que emplearon fue grotesco, como si se tratara de un delincuente de altísima peligrosidad”, dijo Garantón.

Juan Afiuni, hermano de la jueza, dijo indignado que lo que faltó fue que a su hermana “le pusieran un bozal”.

Garantón indicó que a los acusados de homicidio los trasladan con dos guardias.

“La trajeron como si estuviesen trasladando al mismísimo diablo”, denunció el jurista.

En la acción de amparo interpuesta, cuya admisión fue negada, la defensa de Afiuni denunciaba que la jueza Azuaje incurrió en irregularidades al fijar la audiencia preliminar para el próximo 3 de mayo, como en efecto está previsto.

En principio la audiencia iba a celebrarse el 12 de abril, pero fue diferida porque Afiuni no fue llevada al tribunal. Según documento firmado por la directora del INOF, Isabel González, y dirigido a Azuaje, la detenida no fue trasladada porque la cárcel no cuenta con un vehículo adecuado para el caso y porque el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia no pudo prestarles apoyo.

Afiuni fue jueza del Tribunal 31º de Control Penal hasta diciembre y actualmente es señalada de corrupción propia, favorecimiento para evasión y abuso de autoridad. Repudio internacional. La Asociación de Abogados de Nueva York ­la New York City Bar­ considera que el arresto y las condiciones en las que Afiuni está detenida “parecieran diseñadas para reducir la independencia judicial que es esencial para el Estado de Derecho en Venezuela”, reza es documento fechado el 23 de abril.


Por: DIANA LOZANO PERAFÁN
Apr 28 2010
EL NACIONAL

Judicial: Afiuni, esposada, enferma y herida

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La jueza María Lourdes Afiuni fue trasladada a la medicatura forense. La
evaluación reveló un tumor entre el seno y la axila derecha.

Forense encontró las huellas recientes de dos
heridas por arma blanca en una pierna y brazo

 

El abogado José Amalio Graterol exigió al Estado garantizar la asistencia de su defendida. “El derecho a la salud y a la vida están garantizados en la Constitución, y ella tiene una condición que puede resultar muy grave”, expresó.

Los resultados de la evaluación que se le practicó ayer a la jueza María Lourdes Afiuni en la medicatura forense revelaron un tumor entre el seno derecho y la axila, además de dos heridas recientes por arma blanca en su pierna y su brazo derecho.

El abogado José Amalio Graterol exigió al Estado garantizar la asistencia médica oportuna de la jueza, pues de lo contrario corre riesgo de muerte. “El derecho a la salud y el derecho a la vida se encuentran establecidos en el artículo 83 y 43 de la Constitución. Pedimos asistencia oportuna porque ella tiene una condición que puede ser muy grave”.

El traslado desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina a la medicatura forense se realizó bajo fuertes medidas de seguridad. El chequeo de salud estaba pautado para las 10:30 am y se realizó dos horas antes, por lo que la defensa no estuvo presente.

“Es una nueva arbitrariedad del organismo judicial. Estamos en presencia de un sicariato judicial si el Tribunal no ordena su inmediato tratamiento médico”, denunció Graterol .

Explicó que Afiuni debe someterse a exámenes especializados que no se hacen en la medicatura forense y solicitarán que las evaluaciones se realicen en un centro médico privado, lugar donde atiende su oncólogo de confianza.

De negarse la petición, propondrán un traslado a otro centro asistencial, incluso el Hospital Militar, con la condición de que el médico tratante de la jueza esté presente al momento de las consultas.


JOSÉ JAVIER MORONTA | MAOLIS CASTRO
Judicial | Sucesos
Jul 17 2010
EL NACIONAL

El Editorial: La juez Afiuni, En desobediencia

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En desobediencia

 

El caso de la juez María Lourdes Afiuni, presa por administrar justicia, pasará a la historia negra de las violaciones a los derechos humanos en este país. Desde aquel día en que el mismísimo Presidente de la República pedía, en cadena nacional, la pena máxima para ella olvidando por completo la presunción de inocencia, el debido proceso y otras normas constitucionales que como jefe del Estado debería conocer, la juez Afiuni ha vivido un calvario de arbitrariedades y reiteradas violaciones a su condición de ciudadana.

No fue suficiente el exceso de abusos cometidos por la juez Leidys Azuaje, a quien le correspondió la primera fase del proceso y que, sin ningún tipo de pruebas ni fundamentos jurídicos, la envió a un juicio para condenarla a 30 años, tal como lo pidió Chávez. Ahora aparece un nuevo jurista del horror, a quien le corresponde sentenciarla: Alí José Fabricio Paredes, juez 26 de juicio de Caracas, ex policía de Sucre, presuntamente uno de los pistoleros de puente Llaguno y, como él mismo se identificó en la página web del PSUV, “fiel a su Comandante en Jefe e incapaz de traicionar el proceso por su condición de revolucionario”.

Alí Paredes fue recusado por la juez Afiuni pero, violando todo tipo de normativa legal, él mismo decidió sobre su recusación.

El pasado jueves Paredes dio inicio al juicio, a pesar de haber sido denunciado por la defensa de la jueza por estar incurso en delitos de violencia contra la mujer, por no permitirle que fuera al médico para que le trataran un quiste que le fue encontrado en un seno.

Cuando comenzó el juicio oral y público con una sala abarrotada de personas, nadie imaginó que la juez Afiuni solicitaría a sus abogados que se retiraran de la sala para asumir ella misma su defensa. Luego de una magistral clase de la naturaleza y objetivos de su recusación contra Alí Paredes, le informó al tribunal que, a partir de ese momento, se declaraba en desobediencia civil de acuerdo con el artículo 350 de la Constitución, que autoriza a un ciudadano a invocarla ante cualquier autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Dicho esto, la jueza pidió ser esposada y trasladada de nuevo a la cárcel, y anunció que no volverá a asistir a su juicio mientras el juez “revolucionario” continúe conociendo del proceso.

Con esto, María Lourdes Afiuni se convertía en la primera ciudadana privada de libertad en declararse en desobediencia civil en un proceso judicial, al usar un derecho que la Constitución establece y ante una clara violación a sus derechos humanos por parte del juez Paredes. Pasa este juez rojito a engrosar la lista de operadores de justicia que, tarde o temprano, tendrán que responder por los excesos que en el ejercicio de sus funciones han cometido como violadores a los derechos humanos, delito que, por cierto, no prescribe.


Por: Redacción
Sep 13 2010
Política | Opinión
EL NACIONAL

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