La asociación que los agrupa piden más rondas de patrullaje
alrededorde los establecimientos para frenar el hampa.
Pablo Tortabú fue asesinado
el domingo en la noche
El asesinato de David Enrique Pablo Tortabú, de 51 años de edad, y propietario de la panadería La Encrucijada, ubicada en El Espinal, municipio Díaz, obligó a los panaderos de Nueva Esparta a declararse en emergencia ante los constantes ataques de la delincuencia.
Marimar Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Panaderos de Nueva Esparta, aseguró que la semana pasada Ismael Andrade, presidente del gremio, fue víctima de la delincuencia en dos oportunidades: el jueves en la tarde y el sábado a las 9:00 de la noche, poco antes de cerrar el negocio.
La dirigente exhortó a los organismos de seguridad a realizar rondas de patrullaje por los alrededores de los establecimientos para frenar la arremetida del hampa.
“Igual que todos los comerciantes de Margarita, los panaderos también vivimos bajo el terror de los delincuentes. Lo que pedimos es que los policías salgan a la calle a patrullar para evitar los robos”, apuntó Rodríguez.
Anunció que este miércoles los 79 afiliados a la asociación harán una reunión de emergencia para fijar posición sobre la inseguridad; luego se dirigirán a los jefes de los diferentes organismos policiales y les solicitarán apoyo.
Salvó a su familia:
Rodríguez precisó que el comerciante asesinado ocupaba el cargo de secretario de Relaciones Públicas de la institución y era la persona mejor relacionada con las distribuidoras de harina en la zona.
Pablo Tortabú recibió un disparo en la región occipital derecha al tratar de evitar que cinco sujetos ingresaran a su residencia aprovechando la entrada de su hija, a quien le correspondió cerrar la panadería propiedad de la familia el domingo en la noche.
Familiares narraron que los delincuentes estaban escondidos en un terreno lleno de monte en las calles Don Julián con Sucesión del sector Conuco Viejo, donde esperaban la llegada de la mujer para asaltarla. Al tratar de evitar que robaran a su hija el padre encontró la muerte.
DEXCY GUÉDEZ | PORLAMAR
Sucesos | Política
EL NACIONAL
Empresas destacan la necesidad de que sectores privado y público trabajen
juntos para afrontar el déficit de viviendas.
Expropiaciónes no es la
“medida” más indicada
La Cámara Venezolana de la Construcción advierte que la expropiación de seis conjuntos residenciales y la ocupación temporal de otros ocho no servirá para aligerar la edificación de viviendas sino que la retrasará, lo cual “afectará negativamente a las familias que requieren con urgencia una solución a su problema”.
El gremio señala, mediante un comunicado, que las medidas causan incertidumbre tanto en las familias que están actualmente comprando una vivienda a través del mecanismo de preventa como en las empresas constructoras. “Es evidente que estas decisiones desestimulan la inversión privada, pues generan la sensación de una enorme inseguridad jurídica”.
Agrega que la expropiación no es la medida más indicada para castigar a las compañías que incumplen con las fechas de entrega de los proyectos o cometen otras faltas durante el proceso de preventa, porque las leyes que rigen al sector habitacional establecen multas y sanciones que el Ejecutivo nacional puede aplicar en esos casos.
La CVC considera, además, que para reducir el déficit de vivienda acumulado en el país es necesario constituir una mesa técnica en la que todos los actores puedan aportar soluciones. “Una vez más, informamos que estamos a disposición del Ejecutivo y de todo el país para lograr una alianza nacional para la construcción y la vivienda”.
Sin interrupciones. La promotora que construye el conjunto residencial El EncantadoHumboldt, en El Hatillo, uno de los afectados por la medida gubernamental, asegura que las obras no se han retrasado en ningún momento y que los compradores han sido informados permanentemente del avance de los trabajos.
“Desde hace tres años, cuando iniciamos el proceso de preventa de nuestros apartamentos y el consiguiente proceso de urbanismo y construcción, nunca hemos interrumpido la comunicación cotidiana directa y personalizada con todos y cada uno de nuestros compradores”, indica en un comunicado.
Señala que se han reunido con representantes de organismos gubernamentales como la Alcaldía del Municipio El Hatillo, la Asamblea Nacional, el Indepabis y el Ministerio de Vivienda, entre otros, para informar sobre la situación del conjunto residencial.
“Los niveles de avance de nuestras obras pueden ser constatados con una simple visita de inspección. Nuestros compradores pueden dar fe de que hasta el pasado viernes estaban alrededor de 600 obreros, profesionales y técnicos trabajando en la construcción de sus apartamentos”.
La empresa manifestó su disposición a escuchar las quejas que pudieran tener algunos compradores, pero solicitó ser excluida de acusaciones genéricas que perjudican su imagen.
Un grupo de propietarios estuvo alerta ayer ante la medida anunciada
para el conjunto residencial El Fortín, en Nueva Casarapa, Guarenas.
70 personas intentaron invadir
inmuebles expropiados en Guarenas
20 edificios fueron rodeados por funcionarios de la GN, que desde el domingo en la noche tomaron las residencias. Vecinos indicaron que los funcionarios tuvieron que sacar a algunos invasores que trataron de entrar a los apartamentos. El conjunto construido hace 4 años ha presentando retrasos en seis torres, que permanece en construcción, aunque tienen compradores. En medio de la incertidumbre que generó el discurso del presidente Hugo Chávez, varios propietarios llegaron El Fortín. Acordaron realizar una asamblea en la noche del lunes con la intención de definir medidas conjuntas, pues temen perder sus viviendas.
Dijeron que los propietarios deben llevar sus documentos de propiedad o la opción de compra. “Esos edificios están listos en 80%, sólo les faltan pequeños detalles”, expresó José González, propietario. Adriana Ochoa, vecina de la urbanización, indicó que la medida de expropiación es muy fuerte y que si el Gobierno no estaba de acuerdo con la tardanza en las edificaciones debió aplicar las multas. Agregó que hay personas muy afectadas emocionalmente con la posibilidad de perder sus casas. Con respecto a la empresa constructora, el Grupo Eiffel, vecinos dijeron que acordaron reuniones para dirimir los efectos de la expropiación.
Anzoátegui:
Toma temporal. La medida de ocupación temporal de la urbanización Tahi sería en respuesta a las denuncias recibidas en el Indepabis por parte de los usuarios. Los propietarios se concentraron en el conjunto ubicado en Lechería al conocer los anuncios del presidente Chávez. La obra es custodiada por la GN y se garantizará el libre tránsito a los habitantes. Se realizará una evaluación de todas las denuncias para efectuar las sanciones pertinentes.
Funcionarios de Poliurbaneja vigilan el conjunto permanentemente para evitar invasiones. Se prevé que la ocupación durará 90 días. El alcalde de Urbaneja, Víctor Hugo Figueredo, espera que se respete el derecho a la propiedad privada.
EXPROPIACIONES: Las torres 13 y 14 de Residencias El Fortín
70 personas intentaron invadir inmuebles expropiados en Guarenas. Los invasores -entre ellos niños- llegaron a bordo de dos autobuses y manejaban todo tipo de información sobre cuántos apartamentos habían en cada torre y cuántos no estaban habitados.
Un grupo de 70 personas entre niños, hombres y mujeres embarazadas intentó invadir las torres 13 y 14 de las Residencias El Fortín en Guarenas, por lo que vecinos acompañados de guardias nacionales frenaron la acción, según informó Neil Rojas, vocero de las familias residentes.
Rojas indicó que los tomistas llegaron a bordo de dos autobuses y manejaban todo tipo de información sobre cuántos apartamentos habían en cada torre y cuántos de ellos no estaban habitados.
Los habitantes de las torres hacen un llamado a las autoridades para que aumente la vigilancia en este sector pues temen que vuelva a repetirse el intento de invasión.
El Presidente anunció la expropiación de seis conjuntos residenciales y
la ocupación de otros ocho.
Algunos están preocupados y
otros se mostraron agradecidos
En San José del Ávila, El Encantado y Mirávila esperan respuestas. El domingo comenzó una etapa de zozobra para muchas familias. El presidente Hugo Chávez anunció la expropiación de 6 conjuntos residenciales, la ocupación temporal de otros 8 y medidas especiales para más de 20, en su programa Alo, presidente. “La Guardia Nacional llegó anoche, pero existe mucha incertidumbre entre los vecinos”, afirmó Carlos Ramírez, dueño de un apartamento del edificio Mirávila, en el estado Miranda, que está en la lista de ocupados temporalmente.
Apenas se enteraron de la medida, varios propietarios de inmuebles en el conjunto residencial se organizaron para hacer vigilia frente a los edificios. Así estuvieron desde el lunes en la madrugada.
A media mañana se presentó una comisión del Indepabis, que no permitió la lectura de un documento redactado por los residentes. “Sólo mostraron una providencia que decía que la medida es una ocupación temporal y que garantizan el derecho a la propiedad”, contó Ramírez.
Hubo momentos de tensión y una larga espera en Mirávila: Estamos con problemas de salud no queremos estar en la calle.
Alenda Palma llegó temprano a las puertas de las residencias San José del Ávila, al final de la avenida Baralt. Lleva dos años en espera de la entrega del apartamento que compró en 2006 y que le prometieron para finales de 2008. Ella dice que su vivienda está prácticamente lista y que no se la han dado porque falta el permiso de habitabilidad.
Palma pertenece a una de las 738 familias que adquirió una propiedad en ese conjunto. Horacio Rangel, vocero de los propietarios de las residencias, señala que las constructoras estaban especulando. “Hay un grupo rezagado porque se negó a pagar el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Ellos nunca nos explicaron que debíamos cancelar ese monto adicional. Nosotros estamos en la calle, con problemas de salud y queremos tomar posesión legítima de nuestro inmueble”.
A las 10:00 am, las rejas de la entrada a San José del Ávila estaban cerradas. Los funcionarios del Indepabis sólo dejaban pasar a las personas que habían hecho denuncias en ese organismo. Los demás aguardaban afuera, con carpetas en las manos. Muchos estaban descontentos porque no les permitían acceder a las obras; decían que todos debían recibir el mismo trato. Uno de los vecinos, con megáfono en mano, daba las indicaciones: mantener la calma y anotarse en listas. Así podría hacerse un censo de los propietarios que todavía no tenían sus apartamentos, a pesar de que les habían ofrecido entregárselos años atrás.
Todos se aglomeraban y hacían preguntas a los trabajadores del Indepabis. Se asomaban a través de las rejas y les enseñaban papeles. Como respuesta, recibían llamados a la calma.
Palma está de acuerdo con la medida tomada por el jefe del Estado. Dice que la aprueba porque los beneficia a todos.
Un tiempo vivió alquilada, pero ahora está en la casa de su suegro, con su esposo y su hijo.
Ahora está embarazada de morochas. “Tenemos dos años así, a pesar de que contamos con un apartamento que hemos ido pagando poco a poco”.
Otra propietaria, que prefirió mantener su identidad en reserva, también tiene dos años esperando por su apartamento.
Firmó una opción de compraventa en 2006, pero todavía no la han llamado para firmar o registrar. Dice que su casa ni siquiera está lista. A las 10:00 am esperaba para anotarse en las listas del censo que elaboraba el resto de los vecinos.
En San José del Ávila, Indepabis sólo dejaba pasar a quienes tuvieran documento de propiedad
En El Encantado, en Macaracuay, uno de los seis edificios expropiados, estaba Glorimar Hernández. Ella pagó la inicial de su apartamento 2007.
Su vivienda está en la tercera etapa, que no se ha terminado de construir. “La obra tiene dos años de retraso. Ahora, con la medida del Gobierno, quién sabe cuánto tiempo más voy a esperar por el apartamento”, dijo.
En ese conjunto residencial, los propietarios se reunieron desde temprano para exigir el derecho de propiedad y que se terminen las obras a tiempo. “Estamos en contra de la medida porque retrasa toda la construcción”, expresó un vecino.
William Bolívar, propietarios de un apartamento de la segunda etapa, explicó que su vivienda está lista para entregar y que tuvo que pagar 80.000 bolívares por INPC. “La promotora me dijo que como había solicitado el apartamento desde 2007 tenía que pagarlo; no me arrepiento, sólo quiero que me entreguen las llaves y evitar tantos problemas”.
“Están jugando con la necesidad de la gente”
Geraldine Ferrer llegó en la mañana al complejo de edificios San José del Ávila. Ella se asustó después de escuchar el anuncio del presidente Hugo Chávez, en el que se ordenaba la ocupación temporal de esa propiedad. Llegó temprano al lugar y se quedó toda la mañana. “Vine a ver qué pasaba porque uno nunca sabe. Hay personas que se quieren meter”.
A Ferrer le entregaron su apartamento hace seis meses.
No ha podido mudarse porque está en proceso de remodelación. Ella dice que el piso tiene cinco centímetros de desnivel y las paredes están agrietadas.
Espera que terminen de frisar para mudarse con su bebé prematuro. Hizo una denuncia en Indepabis, pero luego la canceló y pagó el precio de contado.
“Están jugando con el cansancio y la necesidad de la gente. En mi caso, ganó la necesidad”.
Una propietaria, que pidió reservar su nombre, dijo que tiene un año en su apartamento.
Cuando anunciaron la medida de expropiación sintió miedo por lo que podría suceder con su casa. Ayer, el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, aseguró que los propietarios ya instalados no van a verse afectados.
Familias sin vivienda aguardan por un cupo:
Grecia Farías vive en la urbanización Villas del Sol, cerca de San José del Ávila. Es representante de 30 familias que viven hacinadas en casas, y que esperan para que la Fundación de la Vivienda Popular haga edificaciones que puedan habitar. Ayer permanecía en la entrada del conjunto residencial ocupado porque quería hablar con el ministro y plantearle su situación.
Aída Herrera reclama que no quieren anotarla en la lista de personas que necesitan casas.
Admitió que estaba en el lugar esperando que alguien rechazara alguno de los apartamentos para tomarlo. “No me gusta hacer esto, pero tengo una necesidad muy grande”. Como ellas, decenas de personas esperaban con la esperanza de que se les diera alguna de las casas expropiadas.
Gobierno garantizó “entrega” de propiedades:
El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, aclaró que las expropiaciones se harán a las empresas constructoras. Los propietarios pueden estar tranquilos, porque recibirán sus viviendas de forma inmediata, aseguró. “La resolución abarca una serie de medidas que regulan la actividad de los promotores privados. Aquellos que estén dispuestos a cumplir, bienvenidos sean. Pero debemos intervenir a los que no quieran aceptar, por el bien de todas las familias que están esperando sus viviendas”, agregó.
Richard Canán, ministro de Comercio, dijo que no hay espacio para nuevos propietarios. Se entregarán los apartamentos a quienes posean los papeles que certifiquen la compra.
“Esto se hizo porque un grupo de urbanizadores estaba traficando con las necesidades del pueblo, especulando con todas las viviendas. Se cobraban montos de hasta 200% y 300% más que los acordados en el contrato inicial. Estamos haciendo justicia para todas estas familias”, sostuvo Canán.
Agregó que impondrán sanciones contra las empresas de hasta 5.000 unidades tributarias por apartamento.
ARIANA GUEVARA GÓMEZ | LUZANGELLY MEDINA
arguevara@el-nacional.com | lmedina@el-nacional.com
Política | Economia
EL NACIONAL
El Presidente está armando su rompecabezas particular cada día y cada semana en Miraflores. Y decimos particular porque en sus movimientos expropiadores no hay una intención de volver públicas estas empresas para hacerlas más eficientes, sacarlas de un desplome financiero o asimilarlas para que funcionen en un gran plan nacional.
Nada de eso. Se expropia sólo para complacer una voluntad de poder, lo que implica destruir lo que funciona y apropiarse de los restos para que obedezcan a una sed insaciable de venganza personal.
Esto último es lo fundamental porque nada de lo que está ocurriendo con las expropiaciones puede ser atribuido a algunos altos funcionarios “que se les fue la mano”, o que en su delirio revolucionario apresuraron unas decisiones que no estaban en la agenda del Presidente. Bien harían en bajarse de esa nube los amplios sectores vinculados con la actividad privada porque en la estrategia del Presidente no cabe la hipótesis de sectores particulares que convivan con el proceso. No los quiere y no los aceptará.
Lo que el Gobierno piensa es utilizar tácticamente las promesas de no ir más allá en cada expropiación y garantizar que va a quedarse quieto con los medianos y pequeños productores.
Nada de eso es verdad: es basura pura y simple. La peste expropiadora del socialismo militar jamás se ha detenido en una incauta etapa primaria, como da a entender a tambor batiente la propaganda oficial. Son pasos de una escalera que sólo tiene como finalidad subir hasta el último piso donde reside el verdugo, que no es otro que el Gobierno, ergo, el Estado. Dos pestes alojadas en una e indivisible persona: el Presidente.
Tomemos por caso la expropiación de la Siderúrgica del Turbio S.A. o Sidetur, anunciada en el programa dominical del jefe del Estado. El acto de confirmación del destino incierto de más 2.000 personas (entre obreros, empleados, ejecutivos, proveedores y comercios) se produce en un día de descanso, cuando los venezolanos tratan de olvidarse de todas las desgracias que la inseguridad, la escasez de alimentos básicos, los desastres del Metro, la inflación y la falta de viviendas les ocasionan en la semana.
Lo grave es que serenos en sus casas, cada semana los venezolanos reciben de boca del Presidente, como bombas nucleares, las desquiciadas noticias sobre el porvenir de sus vidas a partir del próximo lunes que comienza. “Yo quiero expropiar esta finca”, o también “Yo quiero expropiar esta industria, o estos supermercados” y, por sin fuera poco, “estos apartamentos de la clase media”.
Ya es hora de comenzar a detener estos atropellos rojo rojitos organizando a la sociedad civil en un vasto movimiento que día a día se manifieste, municipio a municipio, estado a estado, región a región, de la manera más pacífica, personal, por sectores o nacional, contra la estrategia del Gobierno para eliminar la propiedad privada. Y de sus sitios de trabajo.
La Cepal indica que los flujos de capitales foráneos disminuyeron
u$ 107 millones de dólares en el primer semestre de 2010
Empresas locales emigran
“Nos estaremos quitando los inversionistas a sombrerazos”, dijo a principios de 1999 el actual ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, antes de que Hugo Chávez asumiera el mando en febrero de ese año.
Pero cifras de la Comisión Económica para América Latina correspondientes al primer semestre de 2010 indican que Venezuela figura como el único país de la región que en este período continúo alejando el flujo de capitales proveniente del exterior, que registró una caída de 107 millones de dólares entre enero y junio.
La Cepal destaca como aliciente para el caso venezolano que la disminución en la primera parte de 2010 es inferior a la que se registró en el mismo período de 2009, cuando la inversión extranjera directa se anotó una merma de 1,4 millardos de dólares.
El informe también se refiere a la presencia de capitales venezolanos en el exterior y destaca cómo entre enero y junio se invirtieron 1,7 millardos de dólares fuera del país. Esa cifra supera en 161,7% los desembolsos que esas compañías hicieron fuera de su territorio en el primer semestre del año.
Brasil y México:
América Latina captó inversión extranjera directa por 50,3 millardos de dólares en el primer semestre. Brasil y México concentran 58,3% de esos desembolsos al recibir 17,1 millardos y 12,7 millardos de dólares, respectivamente.
Chile figura en tercer lugar con una captación de 8 millardos de dólares, lo que representa un incremento de 29,3% con respecto a los 6,2 millardos de dólares que recibió entre enero y junio del año 2009.
“La Cepal calcula que la inversión tendría un crecimiento moderado en todo 2010, sin superar los niveles récord obtenidos en 2007 y 2008”, dice el documento.
ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
INFORME | Política | Economia
EL NACIONAL
Transportistas que prestan servicio a la siderúrgica en Barquisimeto
temen perder sus empleos.
Indepabis y GN tomaron
las plantas de Sidetur
Desde el domingo en la noche,guardias nacionales y funcionarios del Indepabis tomaron las instalaciones de Sidetur en Caracas, Valencia, Barquisimeto y Ciudad Guayana, para ejecutar la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez. En tanto, los trabajadores realizaron asambleas en varias plantas.
Los empleados de Sidetur en Antímano no pudieron expresar su rechazo al proceso de expropiación contra la empresa, porque la Guardia Nacional impidió la entrada de los medios de comunicación al lugar, contaron trabajadores.
Cuando el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, declaró desde la planta estuvo escoltado por empleados que apoyan la medida, pero hay muchos otros que la rechazan y que no fueron tomadas en cuenta por VTV, único medio que pudo entrar.
Trabajadores denunciaron que salir a manifestar en la calle era imposible porque grupos oficialistas se apostaron en los alrededores de la planta.
En Valencia, los empleados se mostraron preocupados por su futuro laboral, una vez que conocieron la medida de expropiación. Dijeron que hace un mes el Indepabis efectuó una inspección en esa sede y constataron que todo estaba en orden. “Sólo pasaron media hora chequeando precios, lo demás fue ver los títulos de propiedad”, aseguró un empleado que prefirió el anonimato.
“Nosotros estábamos trabajando cuando aproximadamente a las 8:00 de la mañana llegó la Guardia Nacional y la junta interventora del Gobierno a las instalaciones. Ellos se reunieron con parte del personal administrativo, y los obreros hemos tratado de mantenernos al margen de la medida porque aunque no nos guste, tenemos que aceptarla, pues el presidente Chávez no escucha las ideas distintas a las de él”, dijo un obrero de la planta Lara que prefirió el anonimato.
Transportistas que prestan servicio en la siderúrgica se apostaron a las afueras de la sede de Barquisimeto preocupados por sus puestos de trabajo. “Sidetur siempre nos ha dado apoyo para laborar; nos dan hasta créditos a pesar de que somos trabajadores indirectos. Tenemos incertidumbre porque no sabemos qué pasará con esta situación”, expresó Israel Echeverría.
En Sidetur Planta Casima, en Ciudad Guayana, no hubo sorpresa con la decisión del presidente Hugo Chávez. La dirigencia sindical, que había pedido la expropiación de la acería, tenía la seguridad de que la medida vendría tarde o temprano. Después del anuncio se concentraron para dar las gracias al primer mandatario, a quien le ratificaron su compromiso absoluto con el Plan Guayana Socialista 20092019, y la orden de administrar la empresa bajo control obrero.
A.H. EQUIPO DE CORRESPONSALÍA
Judicial | Política
EL NACIONAL
Petróleos de Venezuela difundió un comunicado para destacar el decimo
aniversario del convenio suscrito entre Cuba y Venezuela en 2010
Cuota subió a 92.000 b/d.
El tratado que incluye el suministro de crudo y derivados a la isla, y el pago mediante especies o servicios de la factura petrolera.
El acuerdo se fijó por un envío de 53.000 barriles por día, pero esa cuota subió a 92.000 barriles diarios, lo que implica un aumento de 73,5% con respecto al volumen inicial.
En la nota de Pdvsa se informa que en 10 años los recursos suman 6,5 millardos de dólares que, según la empresa, han sido “invertido en la felicidad social para ambos pueblos” y se afirma que “es incalculable el avance que muestra Venezuela en cuanto a índices en salud y educación”.
Al momento de la firma del convenio, el ex ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque, aseguró: “Si en Cuba hubiese otro tipo de gobierno igualmente estaríamos interesados en penetrar ese mercado”.
También hubo críticas de que el Gobierno cubano revendía parte del petróleo, pero la ministra de Inversión Extranjera y Colaboración Económica, Marta Lomas lo negó.
“El suministro de 53.000 barriles diarios que nos vende Pdvsa es sólo la mitad de lo que debemos comprar, por tanto nosotros tenemos que salir al mercado a buscar 50.000 barriles todos los días”, alegó la funcionaria.
ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
Economia | Cifras
EL UNIVERSAL
Constructores pidieron garantía en el suministro para evitar retrasos en las obras
Sidetur emprenderá acciones legales
para resguardar sus derechos
La expropiación de la Siderúrgica del Turbio anunciada por el presidente Hugo Chávez el domingo otorgará al Gobierno el control total de la producción de cabillas, insumo fundamental para la construcción de viviendas y obras de infraestructura.
El Estado ya controlaba más de la mitad de la producción a través de la Siderúrgica del Orinoco, comprada al grupo argentino Techint en 2007, y el Centro Socialista de Producción de Cabillas, expropiado en 2009. Con la adquisición forzosa de Sidetur obtendrá casi 100%.
“La medida viene a acelerar el proceso de destrucción del sector privado y de la economía del país que adelanta desde hace varios años el actual Gobierno y que está generando como consecuencia una fuerte disminución de la producción”, señala Conindustria en un comunicado.
Carlos Larrazábal, presidente del gremio, advirtió que pudiera repetirse la historia de las fabricantes de cementos Cemex, Holcim y Lafarge “que están experimentando un fuerte proceso de deterioro, como es el caso de la mayoría de las compañías que son expropiadas”.
La Cámara Venezolana de la Construcción teme que la expropiación de Sidetur empeore los problemas con el suministro de cabillas, que ha descendido 45% en lo que va de 2010 por factores como la conflictividad laboral y el racionamiento eléctrico.
“Nos preocupa el impacto de la medida. La incertidumbre en la producción de este insumo fundamental para el sector pudiera representar una importante disminución de la velocidad de construcción de proyectos”, señala la CVC en nota de prensa.
El gremio solicitó al Gobierno impulsar la producción de cabillas de las empresas estatales Ceproca y Sidor para que recobre el ritmo que requiere el sector construcción, que “es uno de los principales motores de reactivación económica porque genera empleo en todo el país”.
Acciones legales:
La junta directiva de Sidetur dijo, mediante un comunicado, que no existen razones objetivas para justificar la expropiación.
“Somos una empresa en pleno funcionamiento, socialmente responsable, respetuosa de la legalidad vigente y cumplidora de todas sus obligaciones”.
Rechazó las acusaciones de especulación en los precios.
“La empresa ha cumplido estrictamente con la regulación decretada por el Ejecutivo, que mantiene los precios congelados desde el 6 de diciembre de 2006, aun cuando la inflación acumulada desde esa fecha es cercana a 100%”.
Informó que ejercerá las acciones legales que sean necesarias para resguardar los derechos de trabajadores, proveedores, clientes y accionistas; así como para que se respeten las garantías establecidas en la Constitución.
También recordó que cualquier medida de ocupación previa de las instalaciones debe ser ordenada por un juez y estar precedida por el pago del justiprecio, como lo establece la Ley de Expropiación.
Fabricación continuará:
El ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, aseguró que la producción de la Siderúrgica del Turbio no se interrumpirá durante el proceso de expropiación, anunciado por el presidente Chávez, pues la empresa cuenta con inventario suficiente.
Luego de reunirse con los trabajadores que apoyan la medida en la planta de Sidetur en Antímano, Khan calificó la expropiación de “decisión histórica que se toma en función del beneficio del pueblo”. Agregó que la medida servirá para fortalecer el plan siderúrgico nacional y la construcción.
“Venezuela no puede depender de empresas privadas para la producción de grandes obras”.
El ministro hizo un llamado a los empleados que rechazan la expropiación para que se reúnan con las autoridades y conozcan las ventajas del anuncio. “No se trata de excluir a nadie, se respetará la estabilidad laboral de todos”.
ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
Noticias | Política
EL NACIONAL
Los militantes del Partido Comunista de Venezuela marcharán el martes
9 de noviembre desde Parque Carabobo hasta la Asamblea Nacional.
“Lo que falta es disposición política”
Marcharán para reclamar la inmediata aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo. Uno de los aliados que le quedan al PSUV, del nutrido grupo de partidos que arrancó hace más de 12 años junto al presidente Chávez, considera que la falta de voluntad política frena la discusión de la Ley Orgánica del Trabajo y del proyecto de ley de los consejos de trabajadores.
Carlos Aquino, miembro del buró del PCV, exigió el pase inmediato de ambos textos a sesión plenaria para sancionarlos antes de que se instale la nueva Asamblea.
“El PCV ha hecho todos los esfuerzos para aprobar estos instrumentos en el actual período legislativo y, aunque no lo digan públicamente, hay muchos diputados (del PSUV) que están de acuerdo y saben que este es el momento político”, dijo.
Aquino reiteró su reclamo: “Lo que falta es disposición política”.
