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Caracas: Rechazan la expropiación 89% de compradores de El Encantado

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Con megáfono en mano Luz Quintero, compradora de El Encantado,
aseguró que ya pasó por un proceso de expropiación en Los Teques

Ayer fueron nombradas tres juntas
de vecinos para agilizar la obra

 

“En el año 2000 yo compré un apartamento en Los Teques que fue expropiado. Cuando voy a adquirir mi casa el Gobierno se la adjudicó a otra familia y jamás en la vida me han resuelto el problema. Me quitaron mi propiedad por causa de utilidad pública. A mi no me van a volver a chantajear”, resaltó Luz Quintero, propietaria de una vivienda en el complejo urbanístico El Encantado de Macaracuay (El Hatillo).

Frente a más de 200 vecinos de la etapa III de El Encantado, Quintero aseguró que al expropiar un bien el Estado es el propietario de ese inmueble.

“Si el Estado considera que una familia tiene más necesidad que el propio propietario se lo adjudica y uno se queda en la calle. Ahora compre el penthouse KB-5 de la torre K y me quieren dejar sin casa otra vez. Quieren hacer adjudicaciones y el único ente que puede disponer de las viviendas en el Estado, no podemos enajenar, traspasar ni ceder”, expresó.

En la urbanización El Encantado se realizó una consulta vecinal donde participaron 536 propietarios (46%) de las etapas I, II y III. En la etapa IV los vecinos firmaron un acta en rechazo a la expropiación.

Los resultados parciales de la consulta vecinal arrojaron que en las etapas I y II un 86% de los consultados rechazan la expropiación. 180 compradores participaron en la consulta de la etapa I (38%).

“En la etapa II hubo una participaron del 51% de los propietarios. Y en la etapa III el 95% están en desacuerdo con expropiar. Allí participaron 157 personas (40%)”, precisó Gustavo Pérez, coordinador de la Asamblea de Propietarios del conjunto El Encantado. De los resultados parciales se deduce que en promedio un 89% de vecinos de las tres etapas de El Encantado rechazan la expropiación.

Pérez agregó que las consultas seguirán porque ayer hubo mal clima y grandes colas. “Tenemos 1.520 propietarios en total. Los vecinos nombraron tres juntas administradoras para agilizar las labores en la Constructora Urbania 2007”, dijo.

Mientras que en la urbanización El Encantado Humboldt, hubo una asistencia masiva de propietarios que nombró una vocería oficial e inició la organización de un consejo comunal para defender la obra y la constructora.

Raniero Casoni, vocero vecinal dijo en asamblea vecinal que se expropiará el conjunto. “Hay un comunicado del Indepabis que afirma que se le aplicará la providencia 400 (expropiación). No obstante, el miembro de la Junta Administradora del Indepabis, Gabriel Aguirre, señaló que “no podemos acelerar o desmentir eso”, en relación a la inquietud vecinal.

La medida:

– El domingo pasado el presidente de la República, Hugo Chávez anunció la expropiación de seis desarrollos urbanísticos en construcción y la multa de 5 mil unidades tributarias por cada persona afectada en la adjudicación de sus viviendas en estos complejos.

– Chávez precisó que los complejos que se expropiarán son: Conjunto Residencial San Antonio, El Encantado (Macaracuay), El Fortín, Mata Linda, Loma La Hacienda y El Encantado Humboldt (El Hatillo).

– Gabriel Aguirre, miembro de la Junta Administradora del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), precisó que sobre los complejos El Encantado y El Encantado Humboldt hay, hasta ahora, una medida de ocupación temporal.

– Aguirre precisó que en El EnCantado Humboldt se han vendido 1.296 apartamentos. Otros 149 no se han vendido. “Garantizamos que las viviendas serán de ustedes. Con las constructoras no sabemos que ocurrirá”.


JORGE HERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
Domingo 7 de noviembre de 2010

Autoridades crearon un cerco legal al sector inmobiliario

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Mediante regulaciones y expropiaciones la actividad está en jaque. La
producción de viviendas privadas cayó 36% en el primer semestre

Mediante leyes se estrecha
el cerco al sector inmobiliario

 

En el año 2008 el Gobierno dio los primeros pasos para incrementar su control en la actividad. Entre otros instrumentos, las autoridades cuentan con la Ley de Tierras Urbanas, la Ley de Vivienda y la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, y además avanzan en la aprobación de la Ley de Propiedad Social y la Ley de Preventa.

Al menos 89% de los participantes en una consulta vecinal, realizada entre los compradores del inmueble temporalmente ocupado, rechazaron que esta medida pueda cambiar a una expropiación del conjunto, ubicado en los límites de Sucre y El Hatillo. Corrió el rumor de que los edificios habían sido expropiados, lo que causó consternación entre los que se encontraban decidiendo estrategias comunes. Aunque el Gobierno, asegura que la producción de viviendas es prioritaria, los marcos legales que se han aprobado en los últimos dos años han creado más obstáculos que facilidades a la construcción de casas.

El mercado inmobiliario se enfrenta a un cerco que se estrecha cada vez más. Mediante regulaciones y expropiaciones la actividad está en jaque.

El inicio:

Con la reforma a la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda en julio de 2008, el Gobierno dio los primeros pasos para incrementar su control en la actividad. En ese texto se declaran de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios susceptibles de ser empleados en la planificación, producción y consumo en materia de vivienda y hábitat.

Ante esa disposición, el Ejecutivo Nacional tiene luz verde para ejercer medidas en cualquiera de las etapas de la construcción de unidades habitacionales. Aunado a ello, la Ley condiciona los planes habitacionales.

En el articulado se indica que el Ministerio de la Vivienda tiene a su cargo la planificación de los programas a escala nacional atendiendo a las directrices de la planificación centralizada.

Las acciones no solo quedaron en la Ley de Vivienda, mediante resoluciones se contemplaron más controles.

En noviembre de 2008, el despacho realizó la primera regulación al cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa y además estableció una norma con los precios máximos para la adquisición de las tierras urbanas destinadas a las viviendas.

En ese momento se fijó la primera regulación a los precios en el sector. Cuando los entes oficiales requieren de terrenos urbanos para realizar proyectos habitacionales, la cancelación de las tierras se realiza de acuerdo a los parámetros fijados por el Ejecutivo.

Prohibición:

En 2009 el sector inmobiliario se enfrentó a más restricciones. En junio de ese año, el para entonces Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles, lo cual obligó a las constructoras a realizar una revisión de los contratos.

Esa limitación incidió en el ritmo de producción de las viviendas, dado que las disponibilidades financieras de las inmobiliarias se redujeron.

Junto con la prohibición se reformó la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, que permite medidas preventivas sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de las constructoras y promotoras.

Las regulaciones a lo largo del ejercicio continuaron en ascenso.

En el último trimestre del pasado año se aprobó la Ley de Tierras Urbanas, la cual señala que la propiedad de tierras urbanas tiene función social y declara de utilidad pública e interés social todas las tierras sin uso.

En ese texto, además se indica que los terrenos objeto de la regulación son aquellos “abandonados por sus propietarios, los que están sin edificar, y cualquier otro que determine el Ejecutivo Nacional”.

Ante lo previsto en el texto se limita la disposición (venta) de los terrenos, el Estado tiene un derecho de preferencia y se deja en manos de los entes oficiales la selección de las tierras.

En proceso:

Esas regulaciones junto con las amenazas de expropiación y los problemas en el suministro de insumos se reflejaron el volumen de unidades.

La terminación de viviendas por parte del sector privado en el primer semestre del año cayó 36%.

En la primera mitad de 2009 las empresas realizaron 33.000 unidades y en los primeros seis meses de 2010 culminaron 21.000.

Pero las acciones no han cesado. En la agenda del Gobierno y el Parlamento los controles crecen. La Asamblea Nacional redacta la propuesta de Ley de Preventa de Inmuebles, la cual detalla los aspectos que deben incluirse en los contratos de compra de viviendas en el mercado primario como los precios y los plazos de terminación de los desarrollos.

Las acciones no solo se realizarán al mercado primario sino también al de alquileres. Los diputados tienen lista la propuesta que permite a los arrendatarios adquirir los inmuebles en los cuales han estado viviendo al menos por 10 años. En el texto se fijan mecanismos especiales para facilitar a las familias la adquisición de las viviendas.

El primer mandatario nacional ha indicado que las familias que tienen tiempo pagando alquileres deben ser propietarios de las unidades. Para complementar esta norma se prepara la reforma de la Ley de Arrendamientos con el fin de ajustar las causales de desalojo.

El control se amplía cuando en la agenda se encuentran las propuestas de Ley de Regularización de las Tierras en los Asentamientos Urbanos Populares, que contempla parámetros para la adquisición de los terrenos en las zonas populares, y la Ley de Propiedad Social, que señala que los medios de producción destinados o proyectados a la satisfacción de las necesidades humanas o la producción de obras, bienes o servicios deben ser sociales

No obstante, para el Ejecutivo Nacional las regulaciones fijadas y las que están proceso no han sido suficientes.

Esta semana decidió realizar la expropiación y ocupación de desarrollos habitacionales en varios estados, bajo el argumento de que las constructoras incumplieron con las normativas y se retrasaron en la entrega de los proyectos.

Esas medidas, según los representantes del sector inmobiliario nacional, crean más incertidumbre en una etapa en la cual la actividad está desacelerada.


MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
marmas@eluniversal.com
Domingo 7 de noviembre de 2010

El Edit.: El matrimonio, Y el terrorismo

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Goizeder Udrizola, esposa de Arturo Cubillas, junto con manifestantes a las puertas de la Fiscalía

Venezuela, paraíso de los
terroristas que se casan

 

El diario madrileño El País abría ayer su nota sobre la situación del Gobierno venezolano y la ETA advirtiendo que “la polémica abierta entre España y Venezuela a cuenta de la extradición del etarra Arturo Cubillas ha subido de nivel”. Según la información publicada, las diferencias entre La Moncloa y Miraflores se han profundizado a raíz de la nota oficial enviada por la Cancillería venezolana al Gobierno español en la cual “acusa a Madrid de cobardía política”.

En menudo embrollo internacional se ha metido el régimen bolivariano por su empeño en no darle la cara a la realidad y enfrentar el hecho cierto de que la ETA es una organización terrorista, que ha asesinado a más de 850 personas a lo largo de años y años de violencia extrema. Se trata una banda criminal entrenada para matar, secuestrar, extorsionar y robar, en España y en Francia.

Pero lo más grave de todo es que la ETA está haciendo crecer sus tentáculos hacia América Latina y, en especial, hacia Venezuela, donde en un principio se les dio cobijo para que se regeneraran y aceptaran vivir en paz. Pues nada de eso: según las investigaciones policiales dirigidas desde España los etarras han convertido el territorio venezolano en una base de ultramar donde entrenan a sus militantes, los preparan en el bastardo arte de armar explosivos para matar a funcionarios policiales y a gente inocente, como ocurrió (por nombrar solo uno de sus cobardes ataques) en el año 2006 en el aeropuerto de Barajas, donde perdieron la vida dos jóvenes ecuatorianos víctimas de la barbarie de estos dinosaurios de la violencia europea.

¿Por qué Venezuela tiene que darle asilo a unos terroristas que mataron vilmente a dos latinoamericanos que esperaban en el estacionamiento del aeropuerto de Barajas a que llegaran sus familiares de Ecuador? ¿Por qué el gobierno bolivariano, que es uña y carne con el presidente ecuatoriano Rafael Correa, no entrega de una vez por todas a los integrantes de estas bandas que, como todo el mundo policial sabe, operan en el mercado del contrabando de armas, en el tráfico de drogas a través de las costas de Guiria hacia Trinidad y en el lavado de dinero procedente de los secuestros y extorsiones en España? El colmo es que aquí no sólo se les emplea para entrenamiento de las bandas chavistas que funcionan en el 23 de Enero sino que además se les dota de un carnet de porte armas, algo que se le niega a la mayoría de los venezolanos decentes. Pero como si fuera poco, con este porte de armas estos extranjeros aterrorizan y amenazan a los productores del agro.

La fiscal dice que Cubillas no es extraditable por estar casado con una venezolana. Según esto, si Osama bin Ladem llega clandestino a Venezuela y se casa aquí pues se vuelve inocente e intocable. Si Posada Carriles le hubiera colocado una bomba a un avión español y se casa luego en Caracas pues estaría libre.

Venezuela, paraíso de los terroristas que se casan.


Por: Redacción
Política | Opinión
EL NACIONAL

FRONTERA: El Ejército impide verificar presencia guerrillera en Perijá (II)

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Fue el segundo cabecilla de esta organización armada ilegal, en el departamento de Antioquia.


A la policía de Zulia se le ha prohibido intervenir
en el resguardo del área limítrofe (II)

La comisaria Odalis Caldera explica que bastaría utilizar el satélite Simón Bolívar
para responder a las denuncias de las autoridades colombianos.

Un funcionario de la Guardia Nacional de bajo rango, de apellido Castillo, cumplió vehemente las instrucciones que le habrían dado: impedir el acceso de particulares interesados en averiguar qué es lo que verdaderamente ocurre en la sierra de Perijá, luego de que el Gobierno de Colombia denunció ante la OEA la existencia de campamentos de las FARC y el ELN en el lado venezolano de la frontera.

A las 9:00 am del 27 de julio, Castillo permanecía apostado en una alcabala ubicada en el sector La Culebra, a la salida de Villa del Rosario. Son pocos los vehículos que transitan hacia la sierra, y los de transporte público, conocidos como chirrincheras, son inspeccionados minuciosamente.

Al ver la cámara de un fotógrafo, Castillo se pone rudo.

­–¿Quiénes son ustedes?

■ ­ ­Periodistas del diario El Nacional.

–­¿Qué vienen a hacer para acá? ­

■ ­ Queremos reseñar cómo está la situación en la zona.

–­No, no, no. Para eso requieren autorización. Además, les puede pasar cualquier cosa por allá arriba.

■ ­  ¿Autorización por qué? ­

–Porque sí.

Castillo reporta la novedad y a La Culebra se acerca el mayor Orlando Rosales, comandante del Destacamento 36 de Frontera. Rosales comienza a hacer llamadas telefónicas y, amablemente, pide a los reporteros que lo acompañen a su oficina. Después de dos horas el mayor dijo que, “lamentablemente”, tenía que tramitar la autorización en la sede de la Guarnición Militar de Maracaibo, a 84 kilómetros de distancia.

Aunque la custodia de las fronteras está asignada a la Guardia Nacional, en la sierra de Perijá el control corresponde al Ejército. En la práctica, la Guardia Nacional está subordinada al Ejército.

Después de otra prolongada antesala un coronel de apellido Medina habló a nombre del general Andrés Galíndez:

 ”Lo siento. Por la situación de tensión con la hermana República de Colombia no pueden pasar. Pero la situación es de absoluta normalidad y sólo tenemos un acuartelamiento preventivo”.

A la salida de la Guarnición Militar de Maracaibo los roles se invirtieron. Como si estuviera en labores de inteligencia, un uniformado se acercó a los reporteros para pedirles datos y hacerles preguntas.

Por el sector Jalisco de Villa del Rosario (donde no hay presencia de la Guardia Nacional) El Nacional llegó 2 días después a los sectores Caña Brava y Caño El Palmar de la sierra, a 20 kilómetros de los supuestos campamentos guerrilleros, donde los pobladores confirmaron la presencia de irregulares colombianos.

En el sector Jalisco de Villa del Rosario, uno de los accesos
a la sierra, no hay presencia militar.

Sin poder ni autoridad:

El bloqueo de entrada a la sierra de Perijá que impone el Ejército también afecta al resto de los cuerpos de seguridad. La secretaria de Seguridad y Orden Público del estado Zulia, Odalis Caldera, explica que en 2007 la policía regional fue impedida de intervenir en el resguardo de la frontera, específicamente a través de la Brigada Rural, el Grupo de Respuesta Inmediata y la Brigada Elite Antiextorsión y Secuestro. “Nos quitaron las competencias y también las armas largas que se requieren para incursionar en la frontera”, enfatizó Caldera.

­¿Tienen información sobre la presencia de las FARC o el ELN en la sierra? ­En las oportunidades en que hemos investigado extorsión o secuestros algunas personas nos aseguran que han visto irregulares armados y nosotros hemos podido recabar indicios. Pero no tenemos acceso ni los recursos para avanzar en las investigaciones. Antes de la prohibición, identificamos a irregulares colombianos que incursionaron en el lado venezolano de la frontera. Por ejemplo, en abril de 2009 detuvimos a Yainer Esneider Acosta Peña, de 34 años de edad, en una invasión en el barrio Las Delicias, en Villa del Rosario. El mismo se identificó como integrante del ELN. Luego de ser deportado, las autoridades colombianas confirmaron que estaba solicitado por los delitos de terrorismo y rebelión.

Fue infructuosa la consulta a funcionarios militares. Sólo se obtuvo la afirmación del jefe de la subdelegación Rosario de Perijá del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Rigo Valles: “No hemos recibido denuncia alguna sobre presencia o actuación de guerrilleros en la zona”.

El gobierno del presidente Hugo Chávez ha invocado el principio de soberanía nacional para rechazar que una comisión internacional verifique la presencia de campamentos guerrilleros en la sierra de Perijá, como lo propuso el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Hoyos.

Odalis Caldera considera que las FAN disponen de los recursos humanos, materiales y técnicos para dar las explicaciones que todos requieren.

“Se pudiera utilizar el satélite Simón Bolívar”, sugirió.

¿Quién secuestra en la sierra?

La familia del alcalde oficialista de Rosario de Perijá, Olegario Martínez, ha sido víctima del secuestro.

Un ganadero primo suyo fue plagiado en 2009 y tuvieron que pagar rescate después de tres semanas de angustia.

“Antes de que yo llegara aquí secuestraban ganaderos mensualmente. En los 19 meses de mi gestión sólo han secuestrado a uno, a mi primo Diovis Martínez. Yo hablé con él varias y no queda dudas de que fue una acción del hampa común”.

Los registros de la Policía Regional de Zulia indican que en el primer trimestre de 2010 ocurrieron dos secuestros en la jurisdicción del alcalde Martínez: Jairo de La Cruz Urdaneta, el 29 de enero, en la hacienda Paso Viejo; y Edgar Martín Morales Castillo, el 9 de febrero, en la hacienda San Miguel.

Los otros ganaderos plagiados en el mismo período corresponden al municipio Jesús Enrique Losada: José Luis Fernández, el 6 de enero, en la hacienda Campo Alegre; Marco Sergio Atencio Osorio, el 19 de febrero, en la hacienda Barranca; y Rafael Antonio Montiel, el 26 de febrero, en la finca El Laberinto. La comisaria Odalis Caldera tiene dudas: “Cabría preguntarse con quién se negocia y quién se encarga de la custodia de la sierra, a veces por largo tiempo”.


EDGAR LÓPEZ SIERRA DE PERIJÁ
elopez@el-nacional.com
Aug 2 2010
Noticias | Sucesos
EL NACIONAL

Zulia, Noviembre 07, 2010





FRONTERA: Confirman presencia guerrillera en Perijá

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Los productores no van a sus haciendas porque se les retiró la
custodia militar y temen ser secuestrados.

Ganaderos y parceleros relatan su forzada
convivencia con irregulares colombianos (I)

 

Después de la hora que demora el recorrido desde el sector Jalisco de Villa del Rosario hasta el piedemonte de la sierra de Perijá, 2 de los 80 parceleros asentados en el sector Caña Brava siguen contando lo que ocurre a 40 kilómetros de la frontera y a 20, aproximadamente, del lugar indicado por el Gobierno colombiano como enclave de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

Uno de ellos lleva lentes oscuros y una gorra roja con la imagen del presidente Hugo Chávez. En vez de precisar su edad ­aparentemente más de 60 años­, prefiere decir que conserva fuerzas para trabajar las 25 hectáreas de su propiedad. “Hace 3 años me dieron un crédito de 60.000 bolívares y pude comprar una planta eléctrica y unos animalitos.

Pero nos cuesta mucho sacar la cosecha para La Villa porque, como usted ha visto, la vía es un desastre. Desde donde nos deja la chirrinchera (unas destartaladas pick up que sirven como transporte público) hasta nuestra parcela hay hora y media de camino por unas trochas, monte adentro”.

Sólo a requerimiento del extraño que le hace preguntas, habla de la proximidad de supuestos irregulares colombianos: “Desde hace como un año y medio ya casi no ven guerrilleros por Caña Brava.

Un coronel del Ejército nos dijo que nos mantuviéramos alejados de ellos porque puede ser peligroso. Y, en verdad, ¿si ellos están en la parcela y llega el Ejército? Puede haber un enfrentamiento y mi familia queda en el medio. Nosotros estamos tranquilos porque esa gente no se mete con nosotros”.

El otro hombre que va en la chirrinchera nació en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, y desde hace tres años es un parcelero más de la sierra. Se atreve a contar más sobre la presencia guerrillera en la zona: “Los hemos visto varias veces. Llegan a pedir comida. Van con uniformes verdes y armas largas. Usan botas negras de caucho y por eso por aquí les decimos `los botas de gomas”.

Adentrándose, la vegetación es más agreste y tupida. El camino se angosta y es sinuoso.

En Caño El Palmar otro parcelero habla de la guerrilla colombiana con aparente despreocupación: “Tengo más de diez años viviendo aquí con toda mi familia y uno aprende a convivir con ellos. Vienen casi todas las semanas, pero apenas nos saludamos y ya”.

En verdad, en el lugar no hay el más mínimo indicio de peligro. Por el contrario, se escucha alternadamente el golpeteo de un pájaro carpintero y el relinche de un caballo; se huele el aroma de plátanos asados que una mujer wayúu prepara para el almuerzo, y se ve a un muchachito manejando bicicleta y a otros, más pequeños y descalzos, persiguiendo mariposas anaranjadas al lado de un riachuelo.

Ni remotamente los vecinos de los supuestos campamentos guerrilleros de la sierra de Perijá habrían visto a los 1.000 militares que el presidente Chávez envió a la frontera

inmediatamente después de desmentir la presencia de irregulares en Venezuela y romper relaciones con Colombia.

Replegados por el miedo:

Un temor generalizado fundaEl debate público sobre la supuesta presencia de la guerrilla colombiana en la sierra de Perijá sólo es promovido por otros directamente afectados: los ganaderos. Son recurrentes víctimas de la extorsión y el secuestro.

Hasta hace aproximadamente dos años ­afirman varios agremiados en la Unión de Ganaderos de la Villa­ el Ejército ofrecía custodia a los más prominentes productores de la zona para que se trasladaran a sus haciendas. “Dos soldados nos acompañaban para ir y vementa diversos relatos ­algunos con tono de leyenda­ de los habitantes de Villa del Rosario, en el municipio Rosario de Perijá; La Concepción, en el municipio Jesús Enrique Losada, y Cuatro Bocas, en el municipio Mara.

“Vos tenéis que entender que de eso no se habla”, advierte un hombre que dispensa gasolina en una estación de servicio. Sin embargo, él mismo afirma que ha sido testigo de la visita que hace tres semanas hizo un grupo de cinco hombres y dos mujeres uniformados y armados a las oficinas de una cantera de la que extraen piedra. “Decían que necesitaban hablar urgentemente con el gerente”, precisa.

“Pero no todos son amables ­corrige otro de los empresarios­ porque en algunos casos amenazan con utilizar sus armas ante cualquier resistencia.

Les interesa mucho apoderarse de los equipos de radiocomunicaciones que tenemos en las haciendas. A veces la visita nir. La protección fue efectiva y disminuyeron los secuestros.

Pero por disposición del ex vicepresidente Ramón Carrizalez ya no contamos con eso.

El riesgo de ser atacados o secuestrados es tan grande que ninguno de los propietarios volvió a su fincas y optó por dejarlas a cargo de empleados”, explicó un empresario.

Otro ganadero de la zona muestra el mensaje de texto que hace poco habría recibido a través de su teléfono celular: “Queremos hablar contigo.

ELN”. Cuenta que los supuestos subversivos intentan ser cordiales: “Se presentan en las fincas, se identifican, bien sea como integrantes de las FARC o del ELN, y explican que requieren nuestra colaboración para `la causa’. Esa colaboración consiste en un suministro periódico y continuo de alimentos y enseres. De los que tengamos en las haciendas o los que haya que comprarles en los comercios de aquí”, indica.

de los guerrilleros incluye pernocta: los cabecillas del grupo se quedan en el patio y el resto de los 20 o 30 acordona la finca”.

Los ganaderos organizados de Villa del Rosario convienen en que la presencia guerrillera en la sierra de Perijá es previa al gobierno de Chávez.

Pero todos también coinciden en afirmar que durante los últimos años se hecho más evidente: “Aquí no hay cuerpos de seguridad que los acosen.

Por necesidad y no por convicción, algunos de nosotros hemos quedado para hacerles los mandados. Por ejemplo, para subirles ocho bultos de papelón en panela y una buena cantidad de tarjetas telefónicas”.


EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
SIERRA DE PERIJÁ
Aug 22 2010
Sucesos | Frontera
EL NACIONAL





Oswaldo Álvarez Paz: “Me siento repotenciado”

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El maestro de la ceremonia  al tomar el micrófono  pregunto:
“¿No sienten un olor a Presidente?”

Recién salido de la Sevin (Disip)
donde permaneció 51 días detenido

 

Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Zulia, recordó a los periodistas que luego de abandonar la celda, llevaba consigo dos deseos: visitar a la Chinita en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá e ir a La Guajira venezolana. Y así lo cumplió. A las 11.15 de la mañana de ayer, el ex preso político llegó a territorio wayuu, exactamente al Complejo Cultural Alitasía, cerca de la Laguna del Pájaro.

La comunidad indígena estaba de fiesta:

Un bohío gigante donde los wayuu acostumbran a hacer los eventos más significativos, estaba adornado con un largo mesón cubierto con un colorido chinchorro y objetos representativos de la etnia. Las mujeres con sus mantas de gala y los hombres con sus sombreros “pelo e’ guama” recibieron con aplausos, abrazos y besos a su tawala (hermano mayor), como llamaron a Álvarez Paz.

Minutos más tarde, el ex candidato presidencial pidió privacidad. Una casa de barro y techo de palma lo esperaba. La piachi (máxima autoridad de esa comunidad) lo recibió para hacerle un ritual de la cultura wayuu, mientras un indígena tocaba el tambor cerca de la entrada de la casa.

Más de 20 minutos tomó el rito, pero finalmente el también presidente de Alianza Popular salió “repotenciado” y acompañado de la piachi, a quien nunca soltó de su mano mientras declaró a los medios.  A pesar de que no se trató de un acto político sino “de amistad”, como lo refirió Nemesio Montiel, organizador del evento, las declaraciones de un activista político como lo es Álvarez Paz no pueden escapar de las incesantes preguntas de los medios sobre la situación del país.

Una de ellas se enfocó en las recientes declaraciones del presidente Chávez, quien suspendió los racionamientos los fines de semana. “Esas son actuaciones electorales del Presidente que sabe que tiene el agua al cuello. Bienvenidos a sus pataleos de ahogado. Chávez está ponchao”. También se refirió a los decomisos de alimentos de Empresas Polar. “A eso yo lo llamo robo porque están siendo despojados de alimentos que iban dirigidos al pueblo, producido por gente trabajadora de Venezuela”.

Aseguró: “No solamente Polar es la que está en peligro, aquí se está liquidando el principio de la propiedad privada de los que mucho tienen, pocos tienen, y nada tienen pero quieren tener. Llegó la hora de enfrentar junto a los principios básicos de la persona humana, todas las tendencias negativas de este Gobierno”.

“Me siento repontenciado, como una centella americana, como un cañón. Estoy muy contento de haberme rencontrado con este pueblo de donde tengo arraigada mis raíces maternas. Para mí La Guajira significa mucho. Me siento como en mi casa porque estamos rodeados de amigos y somos la misma familia”.

La Guajira está con Oswaldo:

Manifestaciones de afecto comenzaron a llover sobre el “zuliano mayor”. Las palabras de apertura por parte de Nemesio Montiel Fernández, Antropólogo y presidente de la Fundación Intercultural Alitasía, hicieron que los presentes recordaran con entusiasmo que durante la gestión de gobierno de Álvarez Paz a La Guajira no le faltó nada. “Oswaldo tuvo tres guajiros en el tren ejecutivo durante su gobierno, hizo 34 casas de cultura en todo el estado, el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y muchísimas cosas en esta frontera. Por eso hoy le decimos Oswaldo pa&39; lante”.

La gestión del “Padre de la Descentralización”, como también es conocido el ex mandatario regional, quedó en la memoria wayuu. En eso se basó el discurso de Nikarely Mapari, diputada indígena del CLEZ, quien recordó un autobús denominado El sitio de Venezuela que -según ella- representaba la esperanza para muchos niños indígenas. Tampoco olvidó que el ex gobernador de la rescató la Laguna de Sinamaica, cuya obra es agradecida por el pueblo añú.

Marisela Reverol, presidenta del Colegio de Médicos y candidata independiente al Parlamento por el circuito 3 (Mara, Páez y Padilla), hizo su participación y dijo estar agradecida con Dios por haber liberado a un hombre que siempre tuvo presente a La Guajira durante su gestión como Gobernador.  Luego de cumplirse la programación del acto de reencuentro y de solidaridad para Álvarez Paz, la comunidad guajira premió a su “indígena mayor” con un gran cuadro en el que plasmaron su foto y unas palabras que lo consagraron como el “hijo adoptivo del pueblo wayuu”. Recibió de parte de la diputada Maparí el reconocimiento, un collar de protección y un karatshi (sombrero con plumas de pavo real que usa el cacique en los eventos importantes).

“No hay nada que temer”

El personaje político estuvo acompañado de su esposa María Eugenia de Álvarez; Santiago Álvarez, su hijo; Fernando Álvarez, su hermano, Estela Álvarez de Montiel, su hermana; Eraclio Montiel, su cuñado, además de sus sobrinos y nietos, quienes agradecieron este acto preparado por la región Guajira.

La actividad ya llegaba a su fin. El maestro de la ceremonia volvió a tomar el micrófono y tras la pregunta: “¿No sienten un olor a Presidente?” presentó al homenajeado del evento, Oswaldo Álvarez Paz, quien volvió a hablar en público y cerró el acto con las siguientes palabras: “Me causó mucha risa cuando Nemesio Montiel comentó que había recibido varias llamadas que le daban a entender que estoy a cinco kilómetros de Colombia y que era muy probable mi huida. No señores, yo estaría muy contento de visitar Colombia, iremos a Colombia cuando sea necesario, pero mientras tanto yo siempre he dicho que venezolanos y colombianos somos una misma nación, aun cuando estemos integrados en dos repúblicas, que albergan a un solo pueblo y una sola nación, la nación guajira”.

Álvarez Paz continuó. “Aquí no hay nada que temer, más bien tenemos que ser como en el pasado y que reine el equilibrio, la democracia y las instituciones entre ambos países, pero antes tenemos que recuperarla aquí en nuestra querida Venezuela, que la estamos perdiendo progresivamente. Así que esta lucha no termina nunca, más bien se profundiza y se proyecta en el tiempo”.

Reconoció que este acto marca un antes y un después que todavía está por hacerse en tierras guajiras y en el país entero. No le quedó duda que La Guajira es “tierra de mística telúrica donde las andanzas del ser son las andanzas del tiempo” y confesó que ese acto de solidaridad organizado por el pueblo indígena antes de su liberación lo emocionó inmensamente y sintió la necesidad de pisar tierras guajiras y recordar el paisaje y las grandes sabanas que recorrió y disfrutó cuando era un niño.


La Verdad – May 24 2010
María de los Santos Galbán – Maracaibo

* “Este es un acto de solidaridad para Oswaldo, un acto que habla del agradecimiento del wayuu hacia esa persona que en su oportunidad fue capaz de preocuparse por estas tierras. Nos reconforta que hoy Oswaldo esté libre y trabajando para enrumbar a Venezuela hacia un gran camino, que estoy segura que así será”.

 

 

El caso del cacique Sabino: Sangre yukpa, ley watia

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El revuelo mediático causado por la breve huelga de hambre del jesuita José María Korta enfocó la situación aún más en los aspectos de fondo de la causa indigenista y de alguna manera desdibujó las razones por las cuales los caciques Sabino Romero Izarra y su rival Olegario Romero, además del también yukpa Alexander Fernández permanecen detenidos.

Esta historia tiene dos muertos.
Y varios heridos…

 

Pero ha dado un vuelco y terminó por convertirse en nuevo emblema de la reivindicación de derechos indígenas. Por lo dicho: la adolescente Mireña Romero -embarazada- murió en el incidente que enfrentó a dos comunidades en la Sierra de Perijá. Ever Castro también fue asesinado. El joven Manuel Segundo Hernández y los niños Edixon Romero y Marilyn Romero resultaron heridos, lo mismo que Eddy Romero, Juan de Dios Castro y el propio cacique Sabino. Todos, salvo Eddy, impactados por tiros de escopeta.

Eso nos deja ante una interrogante compleja: ¿esto debe ser juzgado por la justicia de la República de Venezuela o debe ser tratado según criterios del derecho consuetudinario de los yukpas?

Dicen los detenidos:

Al final de la tarde del 13 de octubre de 2009, en la zona del río Yaza, de la comunidad Guamo Pamocha (Sierra de Perijá, Municipio Machiques, Zulia) se encontraron dos grupos de indígenas: unos de la comunidad Chaktapa -cuyo cacique es Sabino- y otros de Guamo Pamocha, cuyo cacique es Olegario Romero.

La reunión derivó en enfrentamiento físico y rápidamente echaron mano a las armas.

Las razones de ese encontronazo difieren según quién las explique y eso enreda más una situación en extremo confusa.

En su testimonio, Sabino cuenta que fue con su gente a la comunidad Chaktapa para resolver con el cacique Olegario un problema previo: la golpiza y robo de que fueron víctimas dos jóvenes de su grupo ese mismo día. Inicialmente declaró al CICPC que discutió con Olegario, que miembros de ambas comunidades se pelearon y que ordenó a su gente que se retiraran del lugar. Pero el cacique Olegario habría comenzado a disparar contra ellos, a lo que Ever Romero (de Guamo Pamocha) respondería con fuego de escopeta.

El jesuita José María Korta, de 80 años, ofrece una declaraciónes a la prensa , El lunes 25 de octubre de 2010, en una zona de Caracas. Korta suspendió la huelga de hambre que cumplía desde hace una semana ante la “disposición” del Gobierno venezolano a dar respuesta a sus reclamos en favor de los derechos de los indígenas.

El relato de Sabino en el tribunal difiere un poco:

Allí contó que se defendió a golpes de la agresión de uno de los acompañantes de Olegario y que dijo “ya está bueno ya, nos vamos”; que avanzaron unos 30 metros y de pronto sintió un tiro: “Entonces el señor Ever se puso a disparar por allí ya yo me caí ya estuve caminando por el pajonal tenia bastante sangre otro tiro cayo a los muchachos nosotros seguimos caminando y Ever se puso a disparar hacia ellos no se sabía quien disparaba paca de aquí pa ya eso era oscuro yo si me aclaro bien que Ever tenia la escopeta murió con su armamento” (sic).

Olegario, por su parte, contó a los funcionarios que Sabino habría llegado acompañado de siete personas armadas y que sin mayor trámite dispararon contra la gente de Chakpata, hiriendo a Juan de Dios Castro y a Manuel Segundo Romero.

Afirmó que en su huida, el grupo liderado por Sabino se encontró a Mireña (16 años) y a Eddy Romero (13 años) quienes llegaban a caballo, que los detuvieron y que Sabino ordenó liquidarlos ahí mismo.

Ever habría intervenido: Mireña era su pareja, el hijo que venía era suyo.

El cacique Sabino no toleró la réplica de su subordinado y él mismo -según Olegario- disparó contra Ever con una escopeta de doble cañón, luego disparó contra Mireña y golpeó con el arma a Eddy. Pero al comenzar a alejarse, el moribundo Ever habría accionado su arma hiriendo a Sabino y a dos personas más.

Testimonios de otros miembros de la comunidad añaden un elemento extra: que Sabino habría intentado robar ganado de Chakpata y eso desencadenó la pelea.

El tercer detenido, Alexander Fernández -alias Gatu-, dijo en el juzgado que los homicidas eran Ever y Olegario: “… cuando nos estamos devolviendo que estamos cruzando el puente viene Olegario dispara con una pajiza agarra a un carajito y a una carajita en la pierna y a Sabino en el brazo; viene Ever y dispara con una escopeta, cuando escuché el tiro me tire al suelo y el primer tiro que hace Ever baja a un chamo, yo salí corriendo Ever sigue disparando cuando viene la difunta Mireña Ever le mete un tiro ya Ever esta herido de Olegario ya de allí yo no supe mas nada” (sic).

Gatu prosigue: “y cuando llegue a Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas me estaban dando coñazos pa que yo dijera que yo fui quien mato a Mireña, me estaban ahogando con una bolsa preguntándome que si sabino tenía armas y escopeta yo no hable me dieron veinte coñazos me sueltan porque casi me parto la cabeza con un tubo de la cama, con las literas me estaban ahogando con una bolsa que yo tenia que decir que era yo que era yo, como ellos me decían, es todo” (sic).

La historia oficial:

Los agentes del CICPC y los fiscales presentaron sus argumentos ante un juzgado zuliano. Esa versión -apoyada por declaraciones de testigos de entre la gente de Chakpata- señala que el martes 13 de octubre, al final de la tarde, el cacique Sabino lideraba un grupo compuesto por Alexander Fernández (Gatu), Ever Romero (Purima), Samuel Romero (el pito) e Isidro Romero (el pana) que arribó a predios de la comunidad Guamo Pamocha. Iban todos, según el expediente, escopeta en mano.

Al llegar se encontraron con el cacique Olegario acompañado por Israel Romero (Dina) e Ignacio González (Dado), quienes también portaban escopetas. Sabino habría intentado llevarse el ganado de la comunidad y la discusión abrió paso a los disparos.

Así, la gente de Sabino habría herido a Juan de Dios Castro y Manuel Segundo Romero, quienes estaban de paso en la zona. Y en el camino de regreso interceptaron a Mireña (hermana de Olegario) y al niño Eddy. De acuerdo al CICPC fue Alexander Fernández quien le dio muerte a la adolescente y golpeó al pequeño, siguiendo instrucciones del cacique.

Del otro lado, Olegario y sus acompañantes son señalados como responsables del asesinato de Ever Romero y de las heridas de Sabino y de los niños Edixon Romero (12 años, sobrino de Sabino) y Marilín Romero (12 años, hija de Sabino) quienes, desafortunadamente, llegaron al lugar en medio del tiroteo.

Los agentes aseguran que los imputados Sabino, Olegario y Alexander dieron positivo en las experticias de Análisis de Trazos de Disparos, lo mismo que el fallecido Ever. Y aportan otra variante: presencia de “metabolitos de cocaína” en la sangre de Sabino y de Ever Romero. Para el momento de la presentación de imputados, Israel Romero estaba a la orden de un juzgado de adolescentes y el trío de acompañantes de Olegario -Dado, el pito y el pana- se escondían en alguna parte de la Sierra.

El 23 de octubre de 2009 el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá ordenó privación de libertad para los imputados.

Que no es así :

Desde el primer momento los dos equipos de defensores solicitaron a los tribunales “ordinarios” declinar su competencia para llevar adelante el juicio argumentando que la situación debe resolverse de acuerdo a los criterios e instancias de justicia de la etnia yukpa.

Ricardo Colmenares Olivar, abogado de Sabino y Fernández, ha presentado una y otra vez argumentos basados en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y en el Artículo 260 de la Constitución que abre la posibilidad de que “las autoridades legítimas” de los pueblos indígenas apliquen “en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes”.

El resto del 260 dice así: “La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional especial”.

En el juzgado y en la corte de apelaciones se mantuvo el criterio de que por los delitos imputados -homicidio en distintos grados- que vulneran el derecho fundamental a la vida, por no estar reconocidas esas tierras oficialmente como hábitat indígena, y por no existir -entre otras cosas- esa instancia de “jurisdicción especial”, el proceso debe seguir su curso.

De momento, los representantes de Sabino y Fernández lograron que se desestimaran -por no cumplir con formalidades específicas al tratarse de indígenas- los testimonios presentados por la Fiscalía para sustentar sus acusaciones: se trataba de 17 testigos promovidos por parte de la gente del cacique Olegario y apenas dos testimonios de allegados al cacique Sabino. Ante eso, ambos equipos de defensores alegan que si esos testimonios no son válidos, no hay manera de sustentar las acusaciones y los tres detenidos deberían quedar en libertad. También señalan múltiples violaciones al debido proceso.

De las declaraciones de los imputados al tribunal, sólo se puede identificar a un portador de escopeta: el difunto Ever. Los demás niegan haber tenido un arma en sus manos ese día.

En sus palabras el énfasis también se concentra en el derecho a ser juzgados entre su propia gente. Así lo dijo el cacique Olegario: “desconozco lo que estoy viendo ya nosotros tenemos nuestras leyes y yo creo que en esta situación es para que nosotros estuviésemos arreglando lo de nosotros no en el mundo de Watia o criollos (…) nosotros vamos a solucionar con los caciques con los ancianos” (sic).

Sabino hizo lo propio: “tenemos nuestra ley problemas son de yucpa y yucpa yo hable con el señor si tu no fuiste yo no fui se busca señor se sanciona y que pague multa en la comunidad” (sic). Pero además denunció que en su caso hay un ensañamiento particular por ser él un activo defensor de los derechos de su etnia: “todos los ganaderos me tienen arrechera de aquí de Machiques me cargan arrechera porque estoy rescatando tierra ancestrales”.

A la manera tradicional:

Por los delitos atribuidos a Sabino Romero le correspondería una pena de entre 25 a 30 años. Le imputan por homicidio calificado (en grado de determinación, en grado de frustración y con complicidad correspectiva), agavillamiento y por intento de robo de ganado. Pero si el conflicto se resuelve siguiendo la tradición yukpa muy distinto será su destino.

De sus declaraciones en el juzgado se concluye que, dado el caso, y por tratarse de agresiones a dos grupos, tendrían que convocar a caciques de diferentes comunidades a una gran asamblea para discutir los hechos y establecer responsabilidades. Y luego vendrían los castigos posibles: “Multas, sembrar yuca limpiar patios, sembrar malanga, si tiene animales quita animales si tiene vacas los quitan con vacas si no tiene nada tiene que estar allí trabajando pa cacique esto es un delito grande pa nosotros” (sic).

En su solicitud de amparo ante el Tribunal Supremo (presentada el 25 de febrero de 2010 y rechazada el 30 de julio), el abogado Ricardo Colmenares Olivar, citó un trabajo realizado por antropólogas de La Universidad del Zulia sobre la justicia yukpa. Allí se señala que el derecho consuetudinario de la etnia se basa en “el dialogo, el trabajo comunitario, las multas, el exilio y la privación temporal de la libertad a los miembros del grupo que cometen un hecho punible”.

Pero la reclusión nunca será por tiempo prolongado ni en lugar similar a una cárcel, aunque en algunas comunidades sí se esté aplicando el encierro en algo parecido a un calabozo. Para los yukpa el encierro como castigo -explican- se considera un espacio para la reflexión y generalmente se aplica durante pocos días.

El asesinato y la agresión física causante de lesiones importantes son considerados delitos graves: “En este caso la pena es el exilio, pues se requiere no solo que la persona que comete la falta reflexione y recobre el equilibrio emocional, sino que es necesario proteger a los miembros de la comunidad y garantizarle la paz y la armonía. También se encuentran en este grupo las violaciones a niñas antes de la primera menstruación”.

Otro documento citado por Colmenares explica que si el cacique comete un fallo, la comunidad puede castigarlo. Y en el caso de delitos graves el consejo de ancianos se hace cargo propiciando mecanismos de encuentro entre agresor y agredido (o sus familiares).


OSCAR MEDINA | EL UNIVERSAL
Domingo 7 de noviembre de 2010

Transporte público: Un servicio que se estacionó en el pasado

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Especialistas señalan  falta de inversión,  poca planificación y la deficiente red vial la
pagan los usuarios, quienes pierden hasta seis horas diarias para trasladarse.

Caracas tiene una de las más bajas ofertas de
transporte público superficial de América Latina

 

En Chacaíto, las paradas de los autobuses que cubren la ruta del sureste lucen atestadas a las 6:30 de la mañana de un martes. Linda Garrido, entaconada y con pantalones ceñidos, va a una oficina en Las Mercedes. Garrison Mota, con su lonchera amarilla terciada, debe llegar a Chuao. Marta García, la de mayor edad entre los primeros de la fila, se dirige a El Cafetal, a la casa de la familia para la que cocina. Salió del barrio Los Erasos, en San Bernardino, a las 5:30 am para atravesar la ciudad de norte a sur. A esa hora ya llevaba dos viajes, uno en autobús y otro en Metro. Primero hasta Bellas Artes, luego hasta Chacaíto y de ahí al trabajo. “Mira el gentío que tengo detrás ­alarga el brazo­. Yo entro a las ocho. Todos los días hay que hacer una cola así, a veces esperas más de una hora”.

Marta se ríe cuando se le recuerda la recomendación del ministro de Transporte, Francisco Garcés, de tomar otros medios ante las recurrentes fallas del Metro. Eddy Cristiani, presidenta del Instituto Metropolitano de Transporte, no duda: la flota de unidades a duras penas atiende la demanda actual de pasajeros.

“El servicio de transporte es altamente deficiente en la superficie. Si le sumas casi 30% más de usuarios, que se mueve en Metro, crearías un caos mayor”, señala.

La fila que encabeza Marta está cada vez más larga y el reloj aún no marca las 7:00 am; pero los autobuses aparecen a cuentagotas. “Si llegas a las ocho, te montas casi a las diez.

Ir a estos lados es difícil; en el tráfico también puedes durar horas”, dice la mujer, que logra montarse en el autobús después de una espera de 40 minutos. En la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad (Sotravial) calculan que los caraqueños invierten 6 horas en sus desplazamientos diarios, lo que genera pérdidas individuales de entre 35 y 50 bolívares al día (entre 8 y 12 dólares).

Rebasados:

Cerca de 18.000 unidades, entre camionetas por puestos, autobuses y rústicos, transitan de manera caótica por las calles de Caracas para completar casi 3 millones de viajes en transporte público superficial por día. Los expertos coinciden en el diagnóstico: escasa inversión en la red vial, una flota desgastada y ausencia de planificación han provocado el colapso del servicio.

Hacia el oeste, de la avenida Panteón a El Paraíso la historia se repite. El autobús de 30 puestos que conduce Edgar Chirinos llegó a la adultez en pésima forma: 25 años serpenteando las calles del centro-oeste de Caracas lo dejaron con un tren delantero remendado, un tablero de madera corroída, agujas marcadoras que oscilan sin afán de precisión, tubos oxidados y asientos de goma espuma desvestida. Lo compró fiado y lo maneja desde hace 15 años.

Si tuviera un vehículo nuevo, calcula, podría hacer el recorrido de su ruta 8 veces y no 6, como ahora. Más vueltas, más plata. Pero lleva 5 años esperando que el Fondo de Transporte Urbano le apruebe un crédito. “Que me den el autobús que sea, con tal de que sea nuevo”, exclama.

En las líneas que circulan por la avenida Baralt se ven vehículos tipo van, tan pequeños que al entrar hay que agacharse para no golpearse la cabeza. Son modelos con más de tres décadas que, según la Ley de Tránsito Terrestre, deberían estar fuera de circulación. Las recomendaciones técnicas indican que después de 10 años, las unidades deben renovarse.

“Pachucho” ­así dice la calcomanía en su ventana trasera­ es un autobús azul del año 1978. Héctor, su conductor, sabe que circula contraviniendo las normas, pero alega en su defensa: “Tengo que salir a trabajar. No tengo para comprarme un autobús nuevo”.

Estudios de Sotravial señalan que las unidades que transitan Caracas tienen, en promedio, más de 15 años de antigüedad.

La oferta, además, es escasa: sólo 7% son autobuses grandes con capacidad para transportar más de 50 pasajeros.

En Fontur, la institución estatal que otorga créditos para la renovación de la flota con tasas bajas, los trámites tardan. “Para un transportista es imposible juntar 500.000 bolívares fuertes para comprar un autobús nuevo. No te da para pagar los giros y Fontur entrega muy pocas unidades.

Por eso vemos tantas carcachas todavía”, afirma Erick Zuleta, presidente de la Federación Venezolana de Transporte.

El pasaje en las rutas urbanas cuesta 2 bolívares. Zuleta calcula que sólo para cubrir los gastos operativos tendría que ser de al menos 8 bolívares. “Todo lo que consume el transportista, los repuestos, está dolarizado. El precio del pasaje es irreal y el subsidio a la gente, que es necesario, termina pagándolo el chofer”, agrega.

En un estudio publicado este año por la Corporación Andina de Fomento, Caracas aparece como una de las ciudades en las que el pasaje del transporte público es subsidiado y no recupera, con el cobro a los usuarios, parte de los gastos y la inversión. Chirinos, por ejemplo, tuvo que ahorrar durante tres meses para comprar los cauchos nuevos de su autobús. Lo de él es subsistir, afirma sentado frente a su viejo volante de cuero marrón.

Vialidad:

Las calles y avenidas de Caracas son insuficientes para el volumen de vehículos que circula por ellas. Cristiani precisa que el área metropolitana cuenta con 1.067 kilómetros de vías, pero cerca de 60% está en mal estado. “No hubo una política de mantenimiento en los últimos años. Muchas calles tienen fallas y aberturas que requieren de inversiones significativas para su rehabilitación”, indica.

Celia Herrera, presidenta de Sotravial, agrega otro elemento. La forma del valle caraqueño hizo que la mayor parte de las vías construidas tuviera orientación este-oeste. Desde hace cuatro décadas están en el tintero los planes para construir las conexiones entre el norte y el sur, el tramo final de la Cota Mil (para unirla con la autopista Caracas-La Guaira) o la Perimetral Sur. Señala que, según investigaciones recientes de la Universidad Central de Venezuela, la capital necesita cerca de 300 kilómetros más de vías.

Añade que pequeñas conexiones entre municipios vecinos o entre vías principales y secundarias evitarían, por ejemplo, que los conductores de autos particulares tuvieran que tomar las autopistas para trayectos cortos y serían una solución para el congestionamiento.

Mientras no haya nuevas vías alternas, Julio Herrera, dirigente de las líneas del Bloque SurEste, seguirá siendo testigo de cómo las colas convierten a la autopista en un estacionamiento. “En las horas pico, las unidades se hacen escasas. De las 500 que trabajan para esta zona, casi todas están metidas en una cola. Los que van a Baruta y El Hatillo dan 2 vueltas en las mañana y 2 en la tarde, cuando en condiciones normales se podría hacer el doble. En la autopista de Prados del Este ves 400 carros con 400 personas dentro, mientras que en 10 autobuses puedes mover la misma cantidad de gente”, dice.

Pero Caracas tiene un cero en la sección de “ciudades que destinan vías exclusivas para el transporte público” del estudio de movilidad hecho en las principales capitales de la región y publicado por la Corporación Andina de Fomento en junio pasado.

Sin planes:

Alrededor de 230 organizaciones de transporte ­entre cooperativas y asociaciones civiles­ operan en el área metropolitana. Surgieron a medida que la ciudad crecía y las rutas se establecieron con el vaivén de la oferta y la demanda. La de El Valle-Coche fue una de las primeras, recuerda José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puestos. “A mediados de los cincuenta se crearon las primeras uniones de conductores. Las compañías privadas no funcionaron porque en ese modelo había que pagar pasivos laborales y esto, con un pasaje subsidiado, no es rentable. Lo es sólo si eres el dueño de la unidad”.

Josefina Flórez, urbanista experta en movilidad urbana y docente de la Universidad Simón Bolívar, considera que el problema tiene su raíz en la falta de planificación.

“Ha habido proyectos para el área metropolitana de Caracas, pero no han sido específicos para el transporte. Las líneas surgieron para atender la demanda, no por mediciones técnicas”.

Propuestas, en cambio, ha habido muchas. Flórez señala algunas de las presentadas por el Instituto de Estudios Regionales Urbanos, del cual fue presidenta: la necesidad de integrar las redes de autobuses con el Metro, de construir la infraestructura necesaria y de prestar un servicio de transporte público seguro y de calidad para desmotivar el uso del carro particular y descongestionar las calles.

Pero la aplicación de las propuestas se dificulta si las autoridades municipales, regionales y estatales que comparten competencias en la regulación del transporte público superficial no trabajan en conjunto.

“No hay instancias que coordinen la planificación, administración y control del desarrollo urbano en materia de transporte. Tenemos 17 autoridades en la región metropolitana, en los 5 municipios, y eso hace muy complejo el proceso de planificación”, indica.

La descripción de las tareas de cada organismo se presta a confusiones. Por ejemplo, Fontur se encarga junto con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de los permisos de rutas y de las tarifas. Las alcaldías, por su parte, tienen incidencia en el otorgamiento de concesiones a las líneas para que operen dentro de su jurisdicción. Pero si la ruta traspasa las fronteras de un municipio, los encargados son la Alcaldía Metropolitana y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. “Hay solapamiento de funciones, tareas desconcentradas en tanta gente provocan un desorden”, resume Herrera.

Los planes de la Alcaldía Metropolitana quedaron en el congelador con la creación del gobierno del Distrito Capital, que le restó competencias y recursos. “Los alcaldes Alfredo Peña y Juan Barreto no se hicieron cargo del transporte y el ministerio asumió esas tareas”, recuerda Cristiani.

Es viernes al mediodía:

La avenida Baralt es un estacionamiento caluroso. La música vallenata se escucha en un autobús que se dirige a Antímano. El centro de la ciudad sigue siendo el punto neurálgico porque la mayoría de las rutas coinciden en esa zona.

Lo dicen las encuestas de movilidad y la hilera de autobuses en un paneo rápido por esa céntrica avenida. Una mujer intenta bajarse antes de que el chofer se acerque a la acera ­lejos de la parada demarcada­ y el chirrido de una moto le avisa que ahí no, que se espere. “Yo quiero que me digan quién arregla este caos”, dice Juan Carrillo, el conductor.

Flórez señala que las soluciones tomarán años y dependerán de la voluntad política de las autoridades para coordinar soluciones a pesar de sus diferencias. “También de que nos sintamos responsables por cómo nos comportamos en la ciudad”, señala.

 

Por Adriana Rivera
Noticias | Ciudad
EL NACIONAL

MARTA COLOMINA: La culpa es de la CÍA y medios oligarcas »

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“Chávez destina para sus gastos personales el
doble de lo asignado para edificar viviendas…”

 

No hay propaganda que tape una mala gestión” titulaba El Nacional las observaciones recientes de dos estudiosos de la comunicación política, Marcelino Bisbal y Herbert Koeneke, a propósito de los fracasados intentos oficiales de revertir la imagen negativa del Gobierno de Chávez, minada por la inseguridad que asesina a más de 18 mil venezolanos al año; el desastre de la salud pública; las “expropiaciones” que, en la práctica, son rapiñas al estilo del Lejano Oeste y cuyo efecto se mide por la caída de la producción y el desabastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad; la inflación que diluye los salarios; la tortura de los caraqueños ante el colapso del Metro; el sufrimiento nacional causado por la carencia de agua y electricidad, el fracaso en la construcción de viviendas, además de la regaladera de recursos milmillonarios a sus compinches políticos externos y su enfermiza obsesión por implantar en Venezuela el modelo comunista cubano. Contabilizan Koeneke y Bisbal que el Minci (ministerio de propaganda del régimen) gastará 40 veces más en difundir los supuestos (o imaginarios) logros de Chávez que en apoyar y fortalecer proyectos de comunicación alternativos, mal llamados “comunitarios”, que son repetidores de la agresiva versión propagandística de los medios oficiales, razón por la cual registran bajísimos niveles de audiencia. De los 600 millones de bolívares destinados al Minci, casi 400 millones están destinados a defender la maltrecha imagen presidencial. En los más de 700 medios de difusión oficiales (entre impresos y audiovisuales) se sataniza a EEUU (el Imperio) y su capitalismo (nunca al muy salvaje capitalismo chino), al que asignan todos los vicios y culpan de las desgracias generadas por la ineptitud, fanatismo y corrupción chavistas. Variantes protagónicas del Satanás imperial son la CIA, el Pentágono y el FBI. El diario oficialista VEA, en el reciente editorial “La CIA y los medios oligarcas” los acusa de ser instigadores del caos nacional. Y precisamente otra constante en el discurso oficial es el ataque feroz a los medios independientes, culpados de ser los responsables del desgaste de la imagen presidencial. Chávez ha repetido que si no fuera por los medios golpistas y oligarcas, él tendría un 80% de popularidad.

Los reportajes de Globovisión sobre el caso del “maletín” y las imágenes de los cementerios de comida dejada pudrir por Pdvsa mientras la nevera de millones de venezolanos está vacía, hablaron más que mil palabras. La verdad no puede taparse con insultos a la oposición y a los medios privados, ni juzgando a un subalterno por el caso Pudreval mientras los jefes siguen con sus fechorías, ni con la propaganda que interrumpe la programación de radio y TV para decirnos que la culpa de que dos millones de familias no tengan vivienda es de las constructoras capitalistas que están cobrando el IPC o no cumplen con los contratos.

Los venezolanos sabemos que se ha dilapidado buena parte de la fortuna petrolera en regalos políticos externos, chatarra militar, viajes inútiles y corrupción, mientras millones de pobres (miles de ellos damnificados) esperaban la vivienda que nunca les construyó, ni les financió “la Revolución”. El Universal comprueba que las obras de Minvivienda tienen más de ocho años de atraso. En Guarenas y Guatire el Gobierno sólo ha logrado ejecutar 800 viviendas de las 19.600 proyectadas en cinco conjuntos habitacionales, dos de los cuales están totalmente paralizados (04-11-2010). El Conjunto “La Rosa Mística”, ni aun porque fue bautizado con nombre tan milagroso, lleva 10 años en obras, es decir, el 90,9% del tiempo que Chávez ha permanecido en el poder, así que el pasado miércoles 88 familias decidieron invadirlo. En Guatire, a pesar de nombre tan auspicioso como “Bosques del Ingenio”, 280 familias llevan cerca de dos años en carpas, a la espera de sus casas prometidas para el 2008, que aún no han sido concluidas.

Chávez ha tenido más recursos que los demás presidentes juntos y es el que menos viviendas ha construido. Los medios privados difunden la prueba palpable de la farsa presidencial detectada por el acucioso Carlos Vecchio en el presupuesto para 2011. La partida para construir viviendas (que cínicamente Chávez dice que son “su” prioridad) es de apenas Bs. 1.730 millones, mientras que la del Presidente (viajes, productos de tocador, trajes, zapatos, etc.,) alcanzan la escandalosa suma de Bs. 3.415 millones. Es decir, que Chávez destina para sus gastos personales el doble de lo asignado para edificar viviendas para los pobres, a quienes dice amar y proteger.

La Revolución está en cueros y bien sabe Dios que de tal striptease no son culpables ni el Imperio, ni los medios que producen tanta urticaria en el cuero del confiscador.


MARTA COLOMINA | EL UNIVERSAL
mcolomina@gmail.com
Domingo 7 de noviembre de 2010

Duelo: Falleció Domingo Maza Zavala a los 88 años

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Los actos velatorios se llevarán a cabo el  lunes, según informó el pte.
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Pedro Palma.

 

Unos de los más destacados economistas del país y maestro de maestros, cambio de paisaje. Domingo Felipe Maza Zavala fue uno de los protagonistas de la vida económica del país y sus criterios eran de consulta obligada, aceptados o no, para la toma decisiones en el país. Nació en Barcelona, estado Anzoátegui el 4 de noviembre del año 1922. Se graduó de bachiller en filosofía en 1940 y obtuvo su licenciatura en Ciencias, Económicas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1949, en la misma casa de estudios, alcanzó el título de doctor en 1962

Caracas.- El economista y ex presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Domingo Maza Zavala, falleció esta madrugada, a los 88 años de edad. según confirmó el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Pedro Palma. Maza Zavala había sido sometido a una operación recientemente por una complicación digestiva.

Los actos velatorios se realizarán este lunes entre las 7:00 y 11:30 am, en la Funeraria Monumental, Cementerio del Este, Caracas. Palma  a través de su cuenta en twitter expresó: “La Academia Nacional de Ciencias Económicas lamenta la pérdida de uno de sus más destacados miembros, el Dr. D. F. Maza Zavala”.

Los actos velatorios se llevarán a cabo mañana, lunes, según informó el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Pedro Palma.

Vida del economista:

Domingo Felipe Maza Zavala nació en Barcelona, estado Anzoátegui el 4 de noviembre del año 1922. Se graduó de bachiller en filosofía en 1940 y obtuvo su licenciatura en Ciencias, Económicas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1949, en la misma casa de estudios, alcanzó el título de doctor en 1962.

Maza Zavala se desempeñó como director del Banco Central de Venezuela (1997-2004), director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (1963-1968), miembro del Consejo Técnico del Centro de Estudios del Desarrollo, (1963-1971) y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV (1972-1975).

Asimismo, fue profesor en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello y Santa María, en ésta última se desempeñó como coordinador de cursos de Postgrado en Economía y Administración.

El ex director del BCV, también fue diputado del Congreso de la República durante dos períodos. Del mismo modo, participó en la Comisión Presidencial para la reforma del Estado (1985) y Comisión Presidencial para la Nacionalización Petrolera (1969-1971).

El prestigioso economista ocupó el cargo de director del diario “El Venezolano” (1963) y columnista de temática financiera del diario “El Nacional” (1949-1963). Maza Zavala
fue iniciador de las unidades de estudio del BCV, y continuador de la obra de Peltzer y José Antonio Mayobre.

Entre algunas de sus obras se destacan: Análisis macroeconómico, Hacia la independencia económica, Dependencia y subdesarrollo, Balance de un quinquenio de gobierno 1994-1998: gestión fiscal, monetaria y cambiaria, Monografía y ensayos escogidos (BCV, 2001), entre otros.


EL UNIVERSAL | Globovisión
Domingo 7 de noviembre de 2010