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Consejo Moral “revisará” hoja de vida de aspirantes a magistrado

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Esa violencia no solo se manifiesta con el uso de las armas contra una manifestación pacifica, como sucedió el 11 de abril de 2002.

El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
se encuentra en su cenit.

La Fiscal, Defensora y Contralor tienen
10 días para estudiar los 359 expedientes

 

Ayer el Consejo Moral Republicano recibió del presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado Saúl Ortega (PSUV) los expedientes de los 359 aspirantes al cargo de magistrado.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y el contralor general de la República, Clodosvaldo Russián, tienen ahora 10 días para revisarlos y escoger de entre ellos a los que considera los más idóneos para ocupar las nueve vacantes principales y las 32 de suplentes que hay en el máximo juzgado del país.

El artículo 264 de la Constitución establece que la lista que los miembros del Poder Ciudadano elaborarán será enviada posteriormente a la Asamblea Nacional para que ella seleccione a los nuevos magistrados.

Los fijos:

En predios del Legislativo y del TSJ se da por descontado que el ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, terminará siendo elegido para integrar el máximo juzgado, pese a los señalamientos de su cercanía con el Gobierno, los cuales quedan patentes en hechos como el haber sido el primer vicepresidente de la actual administración, luego jefe del Ministerio Público y ahora embajador en España.

Se conoció que el todavía diplomático ha comenzado a contactar a otroras asesores suyos en la Fiscalía para que lo acompañen en su nuevo cargo.

Entre los consultados hay quienes aseguran que Rodríguez terminará reemplanzando a la magistrada Luisa Estella Morales en las presidencias de la Sala Constitucional y del organismo rector del Poder Judicial.

Los informantes sostienen que casos como el de la jueza Afiuni, la incapacidad de los tribunales para procesar a los ahora diputados electos y escándalos como la huida de dos miembros del Cartel mexicano de Juárez han mellado la imagen de la actual presidenta del TSJ entre sus compañeros y en otras ramas del Poder Público.

Esas mismas fuentes también auguran que la actual procuradora general de la República, Gladys Gutiérrez, será elegida como miembro de la Sala Constitucional; mientras que los magistrados Arcadio Delgado y Carmen Zuleta, quienes vienen cubriendo desde hace varios años dos vacantes en esa instancia, serán ratificados. Los confidentes aseguraron que Delgado es apoyado por Morales, mientras que Zuleta cuenta con el respaldo del ex presidente del TSJ y actual embajador en Colombia, Iván Rincón Urdaneta.

Para la Sala Electoral serían designados la diputada al Parlamento Latinoamericano, Janeth Madriz, quien fue abogada del presidente Hugo Chávez durante los procesos que se le siguieron por los golpes de 1992; el ex consultor del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual juez, Andrés Brito; y el ex viceministro de Educación Superior y miembro del Centro Internacional Miranda, Luis Damiani Bustillos.

Entretanto, el panorama en la Sala Penal no luce tan claro, pues entre los legisladores y magistrados consultados no hay unanimidad en torno a la eventual ratificación de la magistrada suplente Miriam Morandy, quien desde 2005 viene cubriendo la vacante dejada por el jubilado Alejandro Angulo Fontiveros.

Por último, también se da por hecho que el diputado Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, será elegido magistrado. Sin embargo, hay dudas de si su destino será la Sala Político Administrativa, donde reemplazará al jubilado y designado embajador en Kuwait, Hadel Mostafá; o si irá a la Sala Penal.

Sobre el proceso:

404. Ese fue el número total de abogados que se postularon para el cargo de magistrado del TSJ. Sin embargo, el Comité de Postulaciones Judiciales eliminó a 45, luego de las objecciones recibidas de la sociedad civil.

Polémicos. Entre los aspirantes figuraban los nombres de ex funcionarios polémicos, tales como Maikel Moreno, Florencio Silano o Belkis Cedeño, todos ellos ocuparon los cargos de jueces y fueron removidos por el TSJ. Los tres fueron mencionados en una supuesta red de extorsión que habría operado entorno al fallecido fiscal Danilo Anderson.


JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 19 de noviembre de 2010

Cicpc detuvo integrantes de una Disip (paralela) el “Comando Pantera IV”

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En la operación fueron recuperados uniformes militares, porta credenciales, sellos húmedos
alusivos al “Escuadrón Pantera”, insignias, computadoras, un camión
identificado como unidad de emergencia.

Cobraban Bs 3 mil por
cada credencial militar

 

Grupo de estafadores captaba personas civiles y cobraban altas sumas de dinero para acreditarlas como funcionarios militares. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmantelaron una banda que se hacía pasar por una organización de seguridad del Estado denominada “Comando Pantera IV”, dedicada a los delitos de estafa y usurpación de funciones.

El director nacional del Cicpc, comisario general Wilmer Flores Trosel, explicó que los ciudadanos aprehendidos cobraban 3.000 bolívares por emitir un carnet a ciudadanos civiles que los acreditaba como funcionarios de un escuadrón táctico militar, que supuestamente pertenecía a los cuerpos de seguridad del Estado.

Indicó que los ciudadanos detenidos fueron identificados como Luis Beltrán González, de 49 años de edad, alias “El Comandante”, y Wendy Milagros Laza Flores, de 39 años de edad, alias “La Teniente”, quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía 5º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

De igual forma, se pudo conocer que hay otro sujeto plenamente identificado, quien está siendo buscado por diversas comisiones policiales en todo el país, informó una nota de prensa del Cicpc.

Los funcionarios del cuerpo policial lograron desmantelar a este grupo delictivo, mediante una visita domiciliaria que se llevó a cabo en la vivienda número 48, en la avenida Agustín Codazzi de San Bernardino en Caracas.

En dicha vivienda fueron decomisadas una gran cantidad de credenciales del escuadrón “Pantera IV”, identificadas con los grados de: Coronel, Teniente Coronel, Mayor, Capitán, Teniente, Sargento Primero y Sargento Segundo.

De igual forma, fueron recuperados diversos uniformes militares, porta credenciales, sellos húmedos alusivos al “Escuadrón Pantera”, insignias militares, material para la elaboración de las credenciales, computadoras, un camión identificado como unidad de emergencia, entre otros bienes.

Flores Trosel instó a los ciudadanos que adquirieron estas falsas credenciales a deshacerse de ellas o entregárselas a las autoridades, para evitar su detención por los entes competentes del Estado venezolano y ser sancionados penalmente por usurpación de funciones.


EL UNIVERSAL | Judicial
jueves 18 de noviembre de 2010

MP: Ocho detenidos de empresas inmobiliarias expropiadas

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La organización aseveró que la construcción de más de 80.000 viviendas está paralizada por la ineficiencia del Gobierno.

El Ministerio Público dictó medidas de aseguramiento prohibición de enajenar
o inmovilización de cuentas­ contra 38 empresas.

Fuentes del sector privado afirman
que tampoco conocen quienes son

 

La fiscal no mencionó las personas ni de las compañías contra las que se dictaron las medidas. La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que actualmente hay 8 personas detenidas, 4 con régimen de presentación en tribunales y 2 con libertad bajo fianza por las investigaciones contra empresas constructoras e inmobiliarias. También hay 39 ciudadanos con prohibición de salida del país.

En el programa radial En sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz declaró que un equipo de casi 70 personas investiga 239 casos de “estafa inmobiliaria”.

Además de las medidas contra particulares, la Fiscalía ha dictado acciones de aseguramiento ­prohibición de enajenar bienes o inmovilización de cuentas bancarias­ contra 38 empresas.

La fiscal no mencionó las personas ni de las compañías contra las que se dictaron las medidas. Fuentes del sector privado afirman que tampoco conocen quienes son.

El presidente Hugo Chávez, que hace casi 20 días ordenó la intervención de 33 conjuntos residenciales en construcción, solicitó el domingo cárcel para los responsables. “Aquí tiene que haber presos”, dijo.

El Gobierno acusa a las promotoras de viviendas de cobrar ilegalmente el índice de precios al consumidor ­prohibido desde julio de 2009­, retrasar la construcción de las obras y otras irregularidades.

Los gremios privados han dicho que quienes actuaron de manera ilegal deben ser enjuiciados y castigados, pero también han solicitado que no se satanice al sector con acusaciones generalizadas.

Por Alejandro Hinds R.
Economia | Noticias
EL NACIONAL

Consumo privado acumula seis trimestres seguidos de caída

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Los papeles de la petrolera se han visto afectados y ahora no resulta atractivo subastarlos en el Sitme.

En el tercer trimestre del año la industria manufacturera detuvo su caída, las importaciones
aumentaron y se registró una mayor diversidad de productos en el mercado.
Aun con esos resultados, el consumo registró su sexto trimestre consecutivo de retroceso.

Gobierno presionó la demanda con más
importaciones, pero no logró mejoras

 

Entre junio y septiembre el gasto de consumo final privado se redujo en 2,1%, mientras que el Gobierno presionó la demanda con más importaciones de productos de consumo final y logró que en ese período se expandiera en 3,4% la adquisición de bienes y servicios por parte del sector público.

El Banco Central de Venezuela (BCV) advierte en su último reporte trimestral que el consumo final del Gobierno no solo incluye el gasto en su propio funcionamiento, sino “todos aquellos bienes y servicios comprados a terceros por el Gobierno y suministrados directamente a las familias, así como los servicios de salud y educación, que determinan en consecuencia, un mayor consumo final efectivo en los hogares”, es decir, los subsidios entregados desde el Estado.

Las importaciones públicas de bienes de consumo final se incrementaron 139% en un año, al pasar de 300 millones de dólares en el tercer trimestre de 2009 hasta 717 millones en igual periodo de este año, para representar 35% del total de compras en el extranjero para consumo final.

No obstante, el indicador por excelencia para determinar el nivel que demandan los hogares es el del consumo final privado, que equivale a 72,2% de la renta nacional.

Menos dinero para gastar:

La demanda de los hogares y de las empresas se encuentra afectada por la recesión, que para el tercer trimestre del año siguió afectando a la economía. De acuerdo a los datos presentados esta semana por el BCV, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0,4%.

Pero a la recesión económica venezolana también le acompaña la inflación, la cual ha tenido un efecto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según cálculos basados en los datos oficiales, en el tercer trimestre el poder de compra de los asalariados se redujo en 4,9% con respecto a igual lapso anterior.

La caída ha sido profunda para los trabajadores del sector público, quienes observaron como se diluyó en 14,05%, mientras que para quienes labora en la empresa privada la reducción de la capacidad adquisitiva fue de 0,4%.

Los datos que maneja la firma consultora Datanálisis señalan que 40% del gasto familiar se dedica a la compra de alimentos, justo uno de los rubros que ha registrado el mayor ascenso de sus precios.

El instituto emisor informó que la inflación anualizada hasta del mes pasado fue de 27,5%, pero los precios al consumidor de los alimentos han subido 33,7% en ese periodo.

Solo la canasta alimentaria que mide el Instituto Nacional de Estadística (INE) -que incluye los alimentos más básicos- se ubicó en septiembre en 1.334,67 bolívares, por encima de la remuneración mínima que rige en el país.

Ese costo, que fue aliviado por el efecto de los precios subsidiados de los productos que se expenden a través de la red de mercados populares Mercal, se ha incrementado en 29,7% con respecto a septiembre del año pasado, de acuerdo a los números que maneja el organismo gubernamental.


SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL
stejero@eluniversal.com
viernes 19 de noviembre de 2010

MUD: Denuncia en París que se acaba la democracia venezolana

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El diputado electo y dirigente de AD, Henry Ramos Allup, intervino
en la reunión de la Internacional Socialista, donde
alertó militarismo Chávez

Ramos intervino por la Mesa en la Internacional
Socialista “deriva en un autoritarismo militarista”

 

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, denunció en París “la deriva cada vez más acentuada del régimen del presidente Hugo Chávez hacia el autoritarismo militarista, hacia la violación sistemática de la Constitución, hacia la disminución paulatina de la democracia venezolana mediante la liquidación del principio de separación de poderes, la subyugación de todas las ramas del Poder Público a la omnímoda voluntad presidencial, la restricción sistemática de todas las libertades públicas y garantías constitucionales, los atentados recurrentes contra la libertad de expresión, la criminalización de la disidencia, la conflictividad interna alentada tenazmente por el régimen y la carrera armamentista en un país cundido de problemas donde se hayan colapsados los servicios públicos esenciales”.

El dirigente intervino, en representación de la Mesa de Unidad, en la reunión de la Internacional Socialista, de la cual AD es miembro, para solicitar que “en beneficio de la paz, la democracia, la libertad y la integración” se mantenga atenta al caso venezolano, y alertó de la “grave situación” a los gobiernos de los partidos afiliados a la organización.

Denunció también “la interpretación restrictiva de la inmunidad parlamentaria” que hizo el TSJ y las más recientes declaraciones del ascendido general en jefe Henry Rangel Silva.

Ramos Allup condenó que el Gobierno “siga empecinado en mantener vinculaciones con la guerrilla”.


EL UNIVERSAL | Política
viernes 19 de noviembre de 2010

Descenso: Construcción de viviendas del sector público cayó 57%

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Entre enero y septiembre de este año se han terminado en el país 35% menos
unidades habitacionales que en igual lapso de 2009.

Ocho promotores
están detenidos

 

En este descenso influyó el declive que sufrió la construcción de viviendas por parte del sector público, que este año culminó apenas 9.510 soluciones habitacionales, mientras que en el mismo período de 2009 construyó 22.400

La construcción de viviendas por parte del sector público y el sector privado se enfrenta a restricciones. La menor inversión de los entes oficiales y de las empresas así como las fallas en el suministro de insumos básicos limitan la terminación de las casas, y por ello este año se han hecho 35% menos unidades que en 2009.

Las cifras que manejan los entes oficiales y los privados, señalan que entre enero y septiembre de este año se realizaron 41.500 viviendas, cuando en el mismo lapso de 2009 se culminaron 64.500 soluciones, lo que muestra, que pese al discurso, la realización de unidades continúa en descenso.

En descenso:

Aunque el primer mandatario en sus alocuciones reitera que la construcción de viviendas la asume como un reto personal y que por ello entre las prioridades de inversión pública se encuentra la fabricación de soluciones habitacionales, los datos de los entes ejecutores muestran que el número de soluciones terminadas bajó 57%.

Según los datos de los organismos, entre enero y septiembres se culminaron 9.510 viviendas, mientras que en el mismo lapso de 2009 se efectuaron 22.400 soluciones.

En ese menor número de unidades incidieron varios factores, siendo uno de ellos, la inversión programada para el sector. Los fondos previstos por la vía del gasto ordinario no fueron suficientes, de manera que la inyección de recursos estuvo sujeta a los traspasos de mecanismos como el Fonden.

Ante la baja disponibilidad de recursos se retrasaron las cancelaciones a las contratistas, lo que afectó la continuidad de los proyectos.

A los atrasos se sumó la orientación de parte de los fondos ordinarios a otros programas. Los recursos se dirigieron al plan Barrio Nuevo Tricolor, que consiste en la rehabilitación de soluciones.

En el presupuesto de 2010 se contemplan como prioridades ese plan de rehabilitación y la conformación de ciudades socialistas a escala nacional.

El sector público tampoco ha escapado a las fallas en el suministro de insumos esenciales. Si bien el Estado controla el 90% del mercado de cemento y productos de acero, actualmente enfrenta limitaciones en el abastecimiento, debido a que la producción de los materiales ha disminuido.

Desaceleración:

El problema con el suministro de cemento, cabilla y agregados fue una de las razones que obligó al sector privado a bajar su ritmo de producción de soluciones habitacionales.

Los privados entre enero y septiembre de este año terminaron 31.990 viviendas, cuando en 2009 culminaron 42.000 casas, siendo la caída de 24%.

A los problemas con el suministro de materiales, se añadieron las regulaciones fijadas al sector y la menor inversión. Los representantes del sector construcción han señalado que ante las medidas que se han ejercido se ha creado un clima de incertidumbre que termina impactando en las obras.

Desde mediados el pasado año se han diseñado marcos legales para controlar al sector, entre los que se encuentran la resolución que prohíbe el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, la Ley de Tierras Urbana y la reforma de la Ley del Indepabis. Actualmente están en proceso la Ley de Preventa, la Ley de Mercado Inmobiliario y los cambios a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Los representantes del sector construcción, expresan que esos marcos legales junto con las acciones de expropiación y ocupación de desarrollos habitacionales, agudizará la desaceleración de la actividad en los próximos meses. Eso significa que el número de unidades a terminar en cada trimestre será más bajo.

Privadas de libertad 8 personas

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que como parte de la investigación que se adelanta en las inmobiliarias hay ocho personas privadas de libertad, nueve acusaciones y 39 prohibiciones de salida del país.

Explicó que suman en total 239 investigaciones y 38 empresas con medidas de aseguramiento, que consisten en la prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de cuentas bancarias para 29 de esas compañías.

Ante los procesos de expropiación emprendidos por el Ejecutivo nacional, explicó que “las expropiaciones vienen a ratificar el derecho a la propiedad, porque no se está expropiando por capricho, sino por razón de interés social”.

En la continuación de las acciones sobre el sector inmobiliario que adelanta el Gobierno, Aura Rosa Hernández, presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), señaló a AVN que las constructoras de los expropiados conjuntos residenciales Loma de la Hacienda, El Encantado, Mata Linda, El Fortín y San Antonio recibirán además sanción monetaria que puede ir de 1.000 a 5.000 unidades tributarias (UT).

Detalló que se llevan a cabo, en la actualidad, los diferentes procesos de fiscalizaciones para atender las denuncias de los afectados.

Agregó que las salas situacionales contabilizan más de 170 denuncias diarias, vinculadas a actuaciones reiteradas de las constructoras y sus inversionistas.


MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
viernes 19 de noviembre de 2010

Vargas: Se desbordan cuencas

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En Camurí Chico se fue parte de la vía como consecuencia de la acción de las aguas

Se mantiene declaratoria de alerta
en la entidad hasta este viernes

 

La Guaira.- Doce horas de lluvias fuertes y constantes fueron suficientes para despertar en la población del pueblo varguenses sus temores. Las precipitaciones dejaron huella a lo largo de la entidad, donde se mantiene una declaratoria de alerta por un sistema de vaguada que afecta la zona centro costera del país.

Ayer, dos manifestaciones, una en el Distribuidor El Trébol en Maiquetía y protagonizada por los habitantes de las riberas del río Curucutí, y otra en el sector Mare Abajo, dejó en evidencia el malestar de los vecinos ante la fragilidad de los suelos donde están ubicadas sus viviendas y la afectación regular de las que son víctimas tras cada precipitación.

“Se debe esperar que ocurra una desgracia para darnos respuesta. En la parte alta de La Pedrera los suelos ya no aguantan las casas. Queremos que se nos tome en cuenta. No estamos en refugios, pero sí estamos en riesgo”, advirtió Magaly Romero, una de las veinte manifestantes de Curucutí.

En Mare Abajo se inundaron un centro Simoncito y un ambulatorio. También la vía colapsó por la gran cantidad de sedimentos, que empezaron a ser retirados en horas de la mañana por maquinaria del Instituto de Infraestructura de Vargas. Sin embargo, los habitantes salieron a la vía interna exigiendo el embaulamiento definitivo de la quebrada Las Pailas.

Cuencas, viviendas y servicios
Las precipitaciones también generaron el desbordamiento de cuatro cuencas: Mamo (Marapa-El Piache), La Llanada (Macuto), Todasana (Caruao) y Picure (Carayaca).

En el caso de Mamo, los vecinos refirieron que el río se desbordó cerca de las 3 a.m. “No hemos dormido nada. El río salió, volvió a su cauce y nosotros estamos en alerta”, explico Merly Aguilar, residente del sector conocido como Máxima Altura, mientras observaba el caudal con su sombrilla en mano. En La Llanada la fuerza de las aguas socavó un canal de la avenida La Costanera. El paso vehicular fue restringido mientras maquinarias removían los sedimentos a consecuencia de dos deslizamientos.

Carayaca quedó nuevamente incomunicada, así como el paso hacia la zona de Picure, Las Salinas y otras poblaciones del Oeste litoralense. Además del colapso de la vía alterna, se registró un nuevo deslizamiento en la falla del sector Iberia. “Necesitamos que las autoridades se aboquen a este caso. Que se haga un estudio estructural de la zona. Todos estamos asustados. Tememos que nuestras casas también se deslicen como le ocurrió a la vía”, explicó el vecino Julio Gonzáles

Protección Civil Municipal y Bomberos de Vargas reportaron unas 60 viviendas afectadas en diversas zonas populares como El Caimito (Caraballeda), El Rincón (Maiquetía), Los Cascabeles (Urimare), Nuevo Mundo (Macuto), Ezequiel Zamora, Ciudad Tablita y Huerto Familiar (Catia La Mar), El Gavilán (La Guaira). También se reportaron desalojos preventivos en el sector La Esperanza IV y en una de las edificaciones del Conjunto Residencial Vista Al Mar, ambas en Carayaca.

La Corporación de Servicios Municipales atendió la caída de media docena de árboles, afectando un vehículo en Barrio Aeropuerto, la estructura del comedor de la escuela Guaicamacuto y cables de tendido eléctrico en Carayaca y Catia La Mar. Estos últimos causaron la ausencia de energía eléctrica en sectores de Marapa-El Piache, la urbanización Páez y la foránea población de Tarmas.

El Aeropuerto de Maiquetía suspendió sus operaciones por un lapso de dos horas durante la mañana de ayer, los vuelos debieron ser desviados a aeropuertos auxiliares y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) prohibió el zarpe desde el Puerto de La Guaira de embarcaciones pequeñas y medianas. Esta medida se mantiene hasta que pase el alerta.

Asimismo, el suministro de agua potable permanece suspendido en el 70% de la entidad costera. Grey Zambrano, gerente del Sistema Litoral, aseguró que el suministró se regularizará este fin de semana, si las condiciones atmosféricas en Vargas se mantienen estables.

Sin declaratoria de emergencia
Las autoridades litoralenses recalcaron que no se efectuó ninguna declaración de emergencia. “Vargas es una zona de riesgo y cuando llueve siempre se desatan emergencias puntuales, pero lo importante es que están siendo atendidas por todas las instancias de Gobierno y hay un monitoreo permanente de las cuencas”, dijo el alcalde Alexis Toledo.

El Director de Protección Civil Municipal, mayor (B) Juan Carlos Rodríguez, explicó que se debe diferenciar entre declarar una emergencia y emitir un decreto de emergencia. “Además, la gente debe asumir por cultura de riesgo que la emergencia es un hecho fortuito, que puede darse y que no tiene por qué causar alarma. Puede registrarse una emergencia en una cuenca en particular y no en otra zona. En todo caso, el término desastre natural es el que se debe usar en fenómenos de mayor envergadura”.


NADESKA NORIEGA ÁVILA |  ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
viernes 19 de noviembre de 2010  

Patricia Poleo: hoy en el sexto aniversario de la muerte de Danilo Anderson »

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*****Un testimonio más contra Isaías Rodríguez, se suma hoy en el sexto aniversario de la muerte de Danilo Anderson.****Corroborado canje de guerrilla por Makled.
Hoy, 18 de noviembre, Día de la Chinita, se cumplen 6 años del asesinato del fiscal Danilo Anderson.

A 6 años del crimen, aún no se ha resuelto el caso policialmente. Lo que ha quedado claro, es cómo Isaías Rodríguez, el gobierno de Hugo Chávez utilizó el deplorable crimen, para perseguir y encarcelar a varios de sus detractores, entre ellos, ésta periodista.

Las declaraciones de Alexis Peñuela que hoy jueves a las 8 de la noche difundirá Globovisión, en las que éste personaje reconocerá públicamente haber recibido dinero de Isaías Rodríguez para servir de testigo contra los Guevara en el juicio que se les siguió, y a través del cual se les condenó a la pena máxima como autores materiales el homicidio de Anderson, suma una evidencia más contra Isaías Rodríguez, cuando éste está a punto de ser designado por Hugo Chávez a través de la Asamblea Nacional, presidente del nuevo Tribunal Supremo de Justicia.

El testimonio de Peñuela se suma a los de Giovanny Vásquez (el testigo estrella), el taxista Moreno Palmar y el ex fiscal Hernando Contreras, quienes ya reconocieron anteriormente haber participado en el montaje encabezado por Isaías Rodríguez, Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza, para involucrar a inocentes en el asesinato de Danilo Anderson. Humberto Contreras declaró en su oportunidad que Gilberto Landaeta presionó al testigo Alexis Peñuela para que dijera que conversó con Otoniel Guevara, y que éste le habría comentado que “hay que ponerle un tumbarrancho” a Danilo Anderson. Contreras aseguró en esa oportunidad que: “Alexis Peñuela fue el que mejor realizó su trabajo en el juicio contra los Guevara. Realizó una entrevista impecable. Isaías Rodríguez estaba super contento. Giovanny Vásquez tuvo sus inconsistencias, pero Alexis Peñuela no. Necesitaban de alguien para reforzar en contra de Rolando, pero incriminar a Otoniel Guevara”. Y es ese mismo personaje, Alexis Peñuela, quien le sirvió a Isaías para incriminar inocentes, el que hoy lo acusará públicamente.

Contreras también denunció en esa declaración, que en una oportunidad se reunieron los fiscales con el fiscal general Isaías Rodríguez para plantearle que con un solo testigo (Giovanny Vásquez) era difícil imputar a los Guevara, e Isaías les respondió: “Ustedes despreocúpense, este caso está entubado hasta el TSJ…” El mismo TSJ que ahora presidirá Isaías Rodríguez.

A la responsabilidad directa de Isaías Rodríguez en la persecución de opositores a través del montaje de testigos y expedientes, cuyas pruebas ya se están consignando en tribunales penales internacionales, se suma la decisión de la actual fiscal general Luisa Ortega Díaz de no abrir una investigación sobre esto, a pesar de que los principales testigos, los cómplices de Isaías Rodríguez, están dispuestos a ser juzgados por los delitos que cometieron al acusar de manera falsa a personas inocentes.

Corroborado el canje

El diario “El Espectador” de Colombia, corroboró ayer a través de fuentes gubernamentales en ese país, lo publicado en esta columna el sábado pasado, acerca de que Walid Makled sería entregado a Venezuela entre otras cosas, a cambio de miembros de la guerrilla colombiana que están en Venezuela.

Etiquetas: narcotrafico


Por: Patricia Poleo


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Uribana: Implicados efectivos de la GN en fuga de reclusos

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Por lo predios de la garita 12, conocida como “La Jumanji”, consiguieron
huellas de rústicos.

Se investiga si evadidos pagaron
más de Bs 500 mil a funcionarios

 

Más de 500 mil bolívares habrían pagado los seis reclusos de Uribana a efectivos de la Guardia Nacional para escapar del recinto carcelario de donde debían salir en parejas, pero solo los dos primeros lo lograron.

La información extraoficial indicó que los hombres fueron sacados por la garita número 12, conocida por el personal de custodia del penal como “La Jumanji”. Se conoció de que salieron en un vehículo militar fuera del recinto y de allí subieron a una camioneta Ford color negra que los esperaba y que supuestamente tuvo como destino el estado Zulia. Se averigua el supuesto pago de 500 mil bolívares a efectivos de la Guardia Nacional.

Los otros cuatro internos que debían fugarse el día siguiente en iguales condiciones no pudieron lograrlo al ser descubierto el hecho, pues a las 4:10 de la madrugada del domingo, que fue cuando ocurrió la fuga, se activó la alarma de la cárcel de Uribana.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la región, quienes adelantan las pesquisas, establecieron que los delincuentes salieron sin mayores contratiempos del penal, sin saltar garitas ni mucho menos abrir boquetes en las paredes, ya que contaban con la presunta complicidad de los efectivos militares.

Los que se fugaron:

De acuerdo a las informaciones extraoficiales obtenidas, los dos que lograron escapar fueron identificados como Evelio Méndez Artigas, de 28 años, procesado por ser el autor material del homicidio del dirigente estudiantil Julio Soto y presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) del Zulia, ocurrida hace dos años.

Mientras que el otro, Oven Ramón Blanca Manrique, de 35 años, también de origen zuliano, era integrante de la banda de secuestradores y asaltantes de blindados “Los Orientales”.

Méndez Artigas, luego de cometer el crimen en contra del dirigente estudiantil, se puso a derecho junto a su hermano Yikson Méndez y su caso fue radicado en el estado Lara. Ambos pertenecen a la banda “Los Chukis” que tiene como centro de operaciones el estado Zulia y en especial la ciudad de Maracaibo.

En el caso también apresaron a otros miembros del grupo hamponil identificado como Niels Winther y Landy Ashley Larsen Pirela, implicados en el asesinato del líder estudiantil.

En tanto que Blanca Manrique estaba preso por su implicación en el caso del secuestro de un conocido corredor de seguros del estado Lara ocurrido el 15 de abril.

Por ese crimen estaba pagando una pena de 24 años, tres meses y 20 días de prisión.

Planificación:

El líder de “Los Orientales” es Freddy Enrique Sáez, conocido como “El Negro Sáez”, quien también se encuentra detenido en Uribana.

Se presume que fue él quien ideó toda la fuga, pues además de ser el líder del grupo de ladrones de blindados, era el que se encargaba de idear y planificar todas las fechorías.

La idea, se pudo conocer, era que salieran en tres grupos de dos reos cada uno. Pero solo los primeros lograron concretar la evasión.

Se pudo conocer que los efectivos militares que estaban de guardia el día de la fuga se encuentran bajo investigaciones, en tanto que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalítcias (Cicpc), los de la Guardia Nacional y del Ministerio Público mantienen severo hermetismo sobre el hecho.

Trascendió que el efectivo que esa madrugada estaba destacado a la garita 12 fue separado del cargo. Además, se investigan a otros dos efectivos presuntamente implicados.


MARLA PRATO | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
miércoles 17 de noviembre de 2010

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