La Venezuela de hoy ha encontrado caminos para empobrecerse con el petróleo a u$ 80 dólares. Ha destruido su sistema empresarial. Ha liquidado su producción agropecuaria.
“No hay dolor más grande que el de recordar
días felices desde el fondo de mísero destino”
El más importante de los políticos venezolanos de los últimos 50 años se ha ido en la más dura encrucijada de la Historia de su pueblo. En pocos días se reunirá una Asamblea Nacional que debiera tener mayoría opositora, a la que ha dejado sin funciones el Dictador de aquella sufrida República. Muy a su estilo. Muy al reconocido estilo de los autócratas de ayer y de siempre, que pregonan la Democracia para herirla mejor, para burlarla mejor, para destruirla mejor. Hitler, Mussolini y Stalin se dijeron demócratas en su momento. Es un síntoma.
Que todo tiempo pasado fue mejor, lo sabemos desde hace siglos y podemos repetirlo en los versos inolvidables del más viejo de los poetas de Castilla. Por eso, vale tener cuidado con ensalzar a Pérez en olvido de todas sus flaquezas y de todos sus errores. Pérez no es el dechado de virtudes que se siente la tentación de exaltar cuando se compara el duro pasado de Venezuela con su ignominioso presente. Nada le haría más daño a su memoria que golpearla con el ditirambo, con la ilegítima alabanza. Pérez no fue mejor que su tiempo, en el que Venezuela desperdició gloriosas oportunidades y estuvo muy por debajo de su legítimo destino.
Una política imperfecta y unos políticos mediocres llevaron a Venezuela a las puertas del abismo en que anda sumergida. Y Carlos Andrés Pérez llevará a cuestas su cuota de responsabilidad en ese colosal despilfarro de oportunidades en que la vida de Venezuela ha quedado atrapada. Pero tan grave como olvidar aquella carga de pequeñeces y desvaríos sería dejar de exaltar las cosas amables, y aún grandes que ha sepultado este aluvión de miserias que ha caído encima de la tierra de Bolívar.
Venezuela fue rica con barril de petróleo a menos de diez dólares. Venezuela supo ser libre en medio de las inconsecuencias de un sistema de alternación no pactado entre partidos sin fe ni grandeza. Venezuela alcanzó a ser progresista en medio de inmoralidades y ventajismos. Venezuela tuvo libertad de conciencia, libertad de opinión, libertad política. Venezuela disfrutó instituciones respetables, con carencias, claudicaciones y limitaciones imposibles de esconder. Venezuela alcanzó a darles abrigo a los suyos y a millones de colombianos que a su alero se acogieron. Gracias le sean dadas.
La Venezuela de hoy ha encontrado caminos para empobrecerse con el petróleo a ochenta dólares por barril. Ha destruido su sistema empresarial. Ha liquidado su producción agropecuaria, que se suple con vergonzosas compras de lo indispensable. Ha renunciado al mejoramiento y al sostenimiento de una infraestructura que se cae a pedazos. Volvió añicos una de las compañías petroleras más serias del mundo. Comprometió un potencial siderúrgico y energético que envidiaría cualquiera nación de la tierra. Se endeudó, siendo tan rica, hasta niveles catastróficos y logró la triste palma de una inflación monstruosa.
Y todavía queda lo peor. Un pueblo amable se convirtió en una fiera. Su gente, proverbialmente simpática, calurosa y abierta, se ha vuelto feroz por el evangelio del odio, de la envidia, de la amenaza y del chantaje que le han predicado. Venezuela es el país más inseguro del mundo y el más violento. Allá, opinar es un delito y disentir, una aventura que puede pagarse con la vida.
Todo en Venezuela es comunista. Vale decir, retrógrado y perverso. Y es a la luz de ese contraste, el de un pasado al que le faltó mucho para la excelencia, y el de este presente de sombras, como debe mirarse la vida de Carlos Andrés Pérez. Y, por supuesto, la del siniestro personaje que lo sucede en Miraflores, el que nadie merece por jefe y muy pocos quisieran por amigo.
El Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ofreció este jueves un balance general de los resultados obtenidos con respecto a la actuación durante el 2010
El Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ofreció este jueves un balance general de los resultados obtenidos con respecto a la actuación durante el 2010
CICPC desarticuló 2.386
bandas delictivas en 2010
En materia de recuperación de armas de fuego, el Comisario General señaló que durante el año 2010 se recuperaron siete mil 172 armas, mientras que en el 2009, la cantidad fue de cinco mil 870, logrando así un incremento en su efectividad de un 22%.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas ofreció un balance de su gestión. En la rueda de prensa, el subdirector del organismo, comisario Albis Pinto, aseguró que el organismo policial, desde el 01 de enero hasta ayer habían sido capturadas 45 mil 797 personas, que alguna vez estuvieron involucradas en algún delito, como el robo, hurto, tráfico de droga, homicidios y secuestros.
En materia de recuperación de armas logran un record Guinness en efectividad del 22%
Con relación a la cantidad de bandas delictivas que fueron desarticuladas por el Cicpc, el comisario Pinto explicó que la cifra llegó a los 2.386, “lo que quiere decir un incremento de efectividad, con respecto a los años anteriores, de un 159%”, añadió.
En cuanto a la recuperación de armas de fuego, Pinto señaló que durante el año se recuperaron siete mil 172 armas, mientras que en el 2009, la cantidad fue de cinco mil 870.
En materia de decomisos de droga, la efectividad aumentó 72%.
“Durante el año 2010, hubo un decomiso total de 26 mil 711 kilogramos, que representó un gran incremento en las incautaciones de drogas si lo comparamos con el año anterior donde obtuvimos un total de 15 mil 539 kilogramos”, explicó Pinto, que atribuyó las cifras al trabajo con las comunidades.
En relación con los bienes convencionales incautados al narcotráfico, indicó que se decomisaron 396 motocicletas, 409 vehículos y 437 armas de fuego, que representan un total de mil 232 de bienes.
Con respecto a los bienes no convencionales, informó que en lo que va de año se incautaron tres motos de aguas, ocho fincas, 10 embarcaciones, 14 apartamentos y 33 aeronaves.
Por otra parte, el subdirector del CICPC explicó que entre 2007 y 2008 cuando se trabajaba en conjunto con organizaciones internacionales, sólo se obtuvo la detención de 15 solicitados internacionales.
“En el año 2009 hubo un total de 30 detenidos y durante 2010, hemos obtenido un total de 28 personas capturadas, 15 de ellos por narcotráfico, lo que representa 287%”, manifestó.
Por último, destacó que gracias a las acciones del CICPC, se obtuvo una efectividad de 93% en el rescate de las personas secuestradas en diferentes estados del país.
Ministerio Público designó sus representantes, dos fiscales investigan masacre de San Blas.
Ministerio Público designó sus representantes, dos fiscales investigan masacre de San Blas.
El debate por la violencia en Venezuela
En un barrio popular del oeste de Caracas, José chequea que la calle esté “despejada” (de “sospechosos”, esto es) antes de asomar la nariz fuera de su casa. Una vez fuera, camina con aire casual, pero a paso redoblado.
Lleva el morral o mochila hacia adelante y lo abraza fuerte como a un bebé. Mira hacia atrás cada tanto, no sea que lo estén siguiendo. Sube a su auto y lo enciende sin demora; no abre las ventanas hasta salir de la zona.
José, que es taxista, no protagoniza una película de espías, ni se considera enfermo de paranoia.
En uno de los países más peligrosos de Latinoamérica (70 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2009, frente a 32 en la vecina Colombia, según cifras oficiales), sólo dice actuar como la mayoría de los venezolanos para evitar al hampa.
Las estadísticas parecen estar de su lado: una encuesta reciente de la ONG Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Incosec, revela que para 90% de venezolanos la inseguridad es la principal preocupación, seguida de lejos por el desempleo (45%).
95% de los entrevistados para la misma investigación dijeron haber considerado si la ubicación de un empleo y el horario eran seguros antes de aceptar un trabajo.
La sociedad venezolana es una sociedad del miedo. Es algo que se refleja en el día a día.
Sigue su curso:
El 77% aseguró haber cambiado sus hábitos de recreación para evitar al hampa. Números de otra ONG, el Observatorio de la Violencia, señalan que el 83% teme ser víctima de un incidente violento en el transporte público.
“La sociedad venezolana es una sociedad del miedo. Es algo que se refleja en el día a día”, le dice a BBC Mundo el director del Incosec, Pedro Rangel.
En esto han coincidido portavoces oficiales, más allá del debate gobierno-oposición por las cifras de la violencia. En julio de 2009, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dio unas polémicas declaraciones en las que puso en duda los números, pero apuntó que era necesario “reducir la sensación (de inseguridad) que tiene el pueblo”.
Algunos medios han acusado al gobierno de "atacar al mensajero".
Y sin embargo, sale y se oculta el sol y la vida sigue su curso sin que a muchos parezca impactarle particularmente la crónica roja de diario. “El venezolano se adapta y sigue viviendo. Y cruza los dedos para que no le pase nada”, le declara a BBC Mundo Roberto Briceño León, del Observatorio de la Violencia, OVV.
José, por ejemplo, se considera un sobreviviente. Ha visto caer a amigos de la infancia, como “El Jordy”, un joven de 19 años que salió en los periódicos hace unos tres meses porque, no habiendo encontrado a la hermana de “El Oso” –otro criminal al que acusaba de matar a su hermano – asesinó a los abuelos de éste y de la joven, a quienes halló en la casa cuando fue a ejecutar su venganza. La chica, de 14 años, y un hermano menor se salvaron escondidos bajo una cama.
“Un día me lo encontré muy molesto porque la policía le había quitado una granada. ‘Me costó 12.000.000 de bolívares (unos US$2.800 a tasa oficial)’, me dijo. La había comprado en el mercado negro y la iba a usar en el funeral de los viejos”, relató.
El Jordy terminó bajo tierra poco después, por causa de otra rencilla con rivales.
El taxista dice que algunas de las estrategias clave son tratar a los “malandros” con cordialidad. “Si los cortas, piensas que les estás sacando el cuerpo (tratando de quitártelos de encima) y se ofenden”, dice.
Otra es mantener la boca cerrada: “si te preguntan si oíste de alguien que ‘cayó’ (fue asesinado), te haces el loco, nunca sabes quién te está escuchando, o quién es primo de quién”.
Medidas de seguridad:
Después están las medidas de seguridad estándar. “Yo ya no salgo de noche. Trato de comprar lo que necesito abajo (en las calles principales), para no andar yendo a la bodega. Los viernes me compro mi gavera de cerveza y me la tomo en mi casa”, cuenta.
Otros optan por los centros comerciales, que se han convertido en los grandes núcleos de diversión en las zonas urbanas. Una realidad reconocida por portavoces oficiales, que insisten en la necesidad de “rescatar espacios públicos para el disfrute del colectivo”, como dijera este miércoles el vicepresidente Elías Jaua.
“Estamos inyectando una carga de vida al desarrollar tareas de prevención”, declaró al anunciar el despliegue de policías en estaciones del Metro de Caracas.
En cuanto a la protección del hogar, la vivienda de José está bloqueada por rejas y candados. Según una encuesta del oficial Insituto Nacional de Estadísticas (INE), divulgada el mes pasado, 86% de los hogares aquí ha instalado algún sistema de “seguridad pasiva”. 58% se decanta por la misma opción que el taxista, mientras que 30% añade a la mezcla un perro guardián.
“No hay alternativa. Es una situación de guerra en la que no se puede detener la vida. Una manera de superar la angustia es hacer algo. La otra es inhibirse de hacer cosas (…). Se sobrevive con paranoia, que protege la vida y la salud”, es el resumen de Roberto Briceño León.
Así, José recoge y deja pasajeros en su compacto destartalado. Entre la luz roja y la verde, se “rebana los sesos” pensando en cómo rendir un microcrédito que recibió para montar un negocio. Se debate entre un pequeño restaurant o un lavado de motocicletas. Y mientras tanto, sigue “hablándole bien” a los “malandros”.
Los cuerpos baleados de las víctimas llenan las morgues los fines de semana y la mayoría de los casos nunca se resuelve.
Foto del artículo titulado “El dolor no fue censurado”. el diario el Nacional no juega con el dolor ajeno, somos treinta millones de venezolanos que todos los días lloramos el dolor de tantas familias que caen en manos de la inseguridad.
Diciembre, para los venezolanos,
uno de malas noticias y duelo
Hasta la mañana de este jueves, cifras extraoficiales publicadas por medios locales señalaban que más de 500 personas habían fallecido de manera violenta el último mes del del año, sólo en el área metropolitana de Caracas.
Los números son recabados por periodistas en la Medicatura Forense policial, también conocida como la morgue de Bello Monte, a falta de estadísticas oficiales, que las autoridades dejaron de publicar hace ya siete años.
Existe controversia en torno a las cifras de la violencia en Venezuela. El Cicpc mantiene el record en ejecuciones.
Al margen de esto, la delincuencia sigue apareciendo en las encuestas como la principal preocupación de los venezolanos. Cualquiera sea su color político.
La cifra no oficial de homicidios más ampliamente difundida es de 16.049 durante el año 2009, y la recopiló el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Se trata de una organización no gubernamental (ONG) especializada en el tema, que portavoces oficiales han calificado de representante de la “derecha”.
Según estos medios, el elevado número de cadáveres, que promedia unos 18 diarios, ha ocasionado un colapso de esa institución, que cuentan con un equipo limitado de patólogos, y sólo dos furgonetas para la recolección de los cuerpos.
“En diciembre hay más dinero en las calles por el pago de los aguinaldos, así como una mayor necesidad de dinero por parte de los delincuentes para sus fiestas”, le explicó a BBC Mundo el director de la ONG Observatorio de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León.
Adicionalmente, dijo Briceño León, hay “más control de las bandas en cuanto a la distribución de drogas, que se consumen más en diciembre; hay muchos más enfrentamientos, los miembros de las bandas tienen más dinero, y policías corruptos saben que tienen más dinero”.
Según el OVV, 2010 va a cerrar con una cifra cercana a las 17.600 muertes en hechos violentos.
Mezcla letal:
Todos estos elementos, sumados a la disponibilidad de armas de fuego que existe en Venezuela -se calcula que circula un total de 15 millones de ellas, en un país de 26 millones de habitantes- producen una mezcla letal.
Sin embargo, si bien el cuadro se agudiza por estos días por las razones ya mencionadas, no es exclusivo de la temporada navideña.
De acuerdo con estadísticas del OVV, el año 2010 va a cerrar con una cifra cercana a las 17.600 muertes en hechos violentos (acción del hampa y enfrentamientos con la policía, entre otros), 1.600 más que 2009.
Mientras, México, afectado por la confrontación entre carteles de narcotraficantes y entre éstos y las fuerzas de seguridad, registró unas 15.000 muertes violentas, según cifras oficiales reseñadas en un despacho reciente de la agencia AFP. La población de México es cuatro veces la de Venezuela.
En términos relativos, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en México ronda las 15. La de Brasil es de 20. La más reciente encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadísticas (de carácter oficial, y que se conoció a mediados de este año porque se filtró a la prensa) afirma que la de Venezuela alcanza las 75.
Quizás esto explique por qué, aunque la percepción de la delincuencia como problema grave aumentó en toda la región a un récord de 27% este año, el indicador para Venezuela lo supera con creces. Aquí el 64% está preocupado por la criminalidad, según la última encuesta Latinobarómetro.
“Es una violencia generalizada. En los otros países de la región, la violencia está más vinculada con el crimen organizado. Aquí tiene que ver con el crimen cotidiano y desorganizado. No es las FARC o la Familia Michoacana, o el Comando Primero en San Pablo. Por eso afecta mucho más a la población”, dice Roberto Briceño León.
La violencia está más vinculada con el crimen organizado. Aquí tiene que ver con el crimen cotidiano y desorganizado.
Mejora policial:
Entretanto, organismos de seguridad también han estado ofreciendo sus balances de fin de año. Por regiones, los comandantes del llamado Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), implementado en las zonas con mayor índice de criminalidad, han dado cuenta de disminuciones porcentuales significativas, de entre el 55% (estado Sucre, oriente del país) y el 72% (municipio Cabimas, estado Zulia, occidente).
Briceño León se queja de que no publiquen datos en términos absolutos. “No tenemos manera de saber el impacto real del Dibise, que en algunas zonas ha tenido un efecto. Pero si se quiere evaluar eso, que abran las cifras y los archivos”, solicitó.
Soraya El Ackhar, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Reforma Policial (Conarepol) asegura que 2010 fue un año positivo en el proceso de adecuación de los organismos de seguridad a nuevas normas y estándares, en los que el Consejo viene trabajando.
Eso incluye desde reglas de procedimiento, códigos de conducta y atención de temas laborales y salariales, hasta entrenamiento, equipamiento y control de actuación, entre otros.
“Si nosotros no logramos acomodar los asuntos institucionales de la policía, no vamos a lograr seguridad (…) La buena noticia es que ya hemos avanzado enormemente este año en unificar los criterios, y en lograr que cada policía se dedique a hacer las reformas necesarias”, le dijo a BBC Mundo.
Pero ¿cuándo comenzará a reflejarse el trabajo del Conarepol en los índices de violencia?
“No lo sé. Pero sin duda alguna seguirá teniendo un impacto en términos de seguridad, si es una política sostenida en el tiempo”, afirmó El Ackhar.
La Fiscalía consideró que en los contratos de provisión de combustible entre la petrolera nacional y PDVSA existieron irregularidades.
Perjuicio patrimonial a la estatal
fue de US$ 38 millones
La representante del Ministerio Público Rocío Vallejo procedió ayer a imputar a Alejandro Takahasi, Armando Rodríguez Knutson y a Cíbar Granada Campos, los tres ex presidentes de la firma estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), por el supuesto delito de lesión de confianza.
Por un lado es por el pago de intereses a la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), que según la agente se hicieron fuera de lo que establecía el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas (ACEC) -firmado en el 2004 entre el ex presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y el mandatario caribeño Hugo Chávez-, donde se establecía un interés del 2%.
Así como el hecho de un supuesto pago adicional o plus con unos parámetros que no eran coincidentes con lo que la entidad estatal venía abonando en varios años de contrato, siempre teniendo en cuenta el precio del combustible (gasoíl o nafta) en el mercado internacional, explicó Rocío Vallejo.
Ministerio Público tomó como base una auditoría realizada por la empresa Audicom, que fue contratada por la estatal.
DAÑO:
El Ministerio Público consideró que existen suficientes elementos de sospecha de que Armando Rodríguez, Alejandro Takahasi y Cíbar Granada, como autoridades de Petropar, transfirieron en forma reiterada los importes durante las recurrentes pérdidas registradas.
La imputación señala que, por un lado, el perjuicio del interés irregular a las cuotas de pagos a PDVSA asciende a 4.946.582 dólares (cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta y dos), en tanto que en los plus de las cuentas el perjuicio patrimonial a la petrolera estatal rondaría la suma de US$ 33.000.000 (treinta y tres millones).
Sumando los dos hechos, el presunto perjuicio a Petropar ascendería a los US$ 38.000.000, que fueron registrados en los periodos del año 2006 al 2008.
MEDIDAS:
La agente fiscal Rocío Vallejo pidió medidas alternativas a la prisión para Takahasi, Rodríguez y Granada, ya que en todo momento los ex presidentes de la petrolera estatal se pusieron a disposición del Ministerio Público, explicó.
“No existió una obstrucción a la investigación penal ni al otorgamiento de los documentos, pues hemos accedido a toda la documentación solicitada”, dijo la fiscala, agregando que pidió al Juzgado seis meses de tiempo para presentar la acusación.
La agente investigadora señaló que el Ministerio Público tomó como base una auditoría realizada por la empresa Audicom, que fue contratada por la estatal, los documentos de contratos entre Petropar y PDVSA, además, los informes que fueron proveídos por la Contraloría General de la República.
En un mensaje a la nación, el Primer Mandatario anunció anoche la abrogatoria del decreto que elevó el precio de los carburantes.
Anula alza de precios
de los combustibles
LA PAZ.- El presidente boliviano Evo Morales anunció la noche del viernes la anulación del decreto que elevó los precios de los combustibles hasta en 83% y que dio lugar a violentas protestas el jueves y amenazas de marchas y huelgas a partir del próximo lunes.
“Hemos decidido, en esta conducta de mandar obedeciendo al pueblo, abrogar el decreto supremo 748 (que eleva los precios de la gasolina y el diésel) y los demás decretos supremos que acompañan a esta medida”, dijo Morales.
Además “todas las medidas quedan sin efecto, no existe ninguna justificación ahora para subir los pasajes ni aumentar el precio de los alimentos ni la especulación. Todo vuelve a la situación anterior”, señaló.
La decisión presidencial revocó también el aumento del 20% al salario mínimo nacional, que alcanzaba a la Policía, las Fuerzas Armadas, así como los sectores de salud y educación y abría las puertas al sector privado para negociar un incremento de sueldos en ese parámetro.
El miércoles el presidente justificó el alza en la gasolina, señalando que de la subvención anual a los carburantes de 380 millones de dólares, 150 millones se iban de contrabando a países vecinos como Brasil, Perú, Argentina, Chile y Paraguay.
Señaló igualmente que ese contrabando era muy difícil de combatir.
También dijo el mandatario que para 2011 ese subsidio subiría a 600 millones de dólares, una cifra muy onerosa para el país.
Bolivia tiene un consumo de 35.000 barriles diarios de crudo, y en 2010 sólo ha producido unos 4.500 barriles diarios. El faltante es importado de Venezuela o Argentina, principalmente, y lo vende a precio subvencionado.
A pesar de ello y ante las amenazas de importantes sectores sociales del país de desencadenar la próxima semana protestas contra la medida, Morales se vio obligado a retirar el decreto, cuya promulgación provocó el jueves violentas manifestaciones con saldo de 15 heridos y numerosos detenidos.
“Mi gobierno es un gobierno que nace del sufrimiento del pueblo boliviano, y se debe mi gobierno y mi presidencia especialmente al pueblo y los movimientos sociales”, sostuvo al afirmar que -como prometió al asumir su primer mandato en 2006- “debo gobernar obedeciendo al pueblo”.
Multitudinarias manifestaciones en La Paz y en la vecina ciudad de El Alto exigieron el jueves la abrogación del decreto. Las protestas, que derivaron en algunos casos en violencia, se saldaron con 15 heridos y más de 20 detenidos.
Morales responsabilizó de la violencia a “algunos oportunistas que quieren aprovechar una reacción natural de algunos hermanos con fines netamente políticos y fines económicos”.
A pesar de haberse visto obligado a retirar el decreto, el mandatario insistió en que “esta medida beneficia al pueblo boliviano” y que “mis compañeros (de los movimientos sociales) me decían ‘es importante, es necesaria pero no es oportuna'”.
Desde que el decreto fue promulgado el domingo los transportistas decidieron aumentos de hasta 100% en sus tarifas, lo que desencadenó una ola especulativa en los precios principalmente de los alimentos, además de rumores sobre ‘corralitos bancarios’ y desdolarización de la economía.
El poderoso sindicato de mineros tenía decidido iniciar el lunes una caminata de protesta sobre La Paz desde las ciudades andinas de Potosí y Oruro, mientras choferes y maestros amenazaron con recrudecer las manifestaciones.
La Policía de Aragua reforzaron el patrullaje nocturno para minimizar los índices delictivos en la entidad.
La Policía de Aragua reforzaron el patrullaje nocturno para minimizar los índices delictivos en la entidad.
Isea decretó la ley seca a partir de las
6:00 pm de este viernes 31 de diciembre
El gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, decretó la ley seca a partir de las 6:00 de la tarde de este viernes 31 de diciembre de 2010 y hasta las 12:00 del mediodía del 1 de enero de 2011.
En el decreto número 5.100, el mandatario estadal exhortó a las autoridades municipales a dictar medidas para restringir la venta de licores durante el asueto de fin de año.
La medida busca minimizar la incidencia de delitos en este fin de semana de año nuevo, ya que durante las fiestas navideñas de 24 y 25 de diciembre el índice de homicidios se incrementó.
El secretario de Seguridad Ciudadana en Aragua, Orlando Campos, explicó que el factor detonante de estos incidentes fue el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
Por tal motivo, las autoridades aragüeñas se reunieron con el gremio de las licorerías para tomar medidas y analizar la situación, en la que se determinó la existencia de ventas clandestinas de alcohol en casas de familia ubicadas en barriadas populares.
En ese sentido, los organismos de seguridad articulados en el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) iniciaron este jueves 30 de diciembre un operativo especial para detectar los espacios donde se vende licor de forma clandestina.
También los funcionarios de la Policía de Aragua reforzaron el patrullaje nocturno para minimizar los índices delictivos en la entidad.
En El Alto, base electoral de Evo Morales, la gente quemó afiches y retratos del Presidente
En El Alto, base electoral de Evo Morales, la gente quemó afiches y retratos del Presidente
Se hunde Bolivia y crecen los
pedidos de renuncia de Morales
Manifestantes en contra del alza del precio de los combustibles realizaron actos vandálicos como parte de su protesta. La violencia se desbordó en 3 ciudades durante la 1ra. jornada de protesta nacional por el ‘gasolinazo’ del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en una jornada de marchas, paros, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, bloqueo de carreteras, ataques a instituciones públicas y un masivo pedido de renuncia al presidente Evo Morales.
Dato irrefutable: los hechos de violencia en Bolivia ocurrieron en las 3 urbes consideradas bastiones del MAS en el poder: El Alto, La Paz y Cochabamba. En el resto de los departamentos no se registraron excesos.
Un balance preliminar, realizado por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al término de la jornada, estableció 15 efectivos policiales heridos en El Alto (dos de gravedad) y 5 civiles detenidos, mientras que en Cochabamba hay 16 ciudadanos arrestados.
Llorenti denunció que los actos de vandalismo fueron cometidos por activistas identificados con el Movimiento Sin Miedo (MSM) de Juan del Granado.
Imágenes televisivas mostraron a algunos efectivos policiales propinando puntapiés en el suelo a un ciudadano no identificado.
Durante la protesta, grupos de civiles atacaron a los policías con piedras, mientras que los uniformados respondieron con el uso de gases lacrimógenos. La turba enardecida pidió a Evo que desista de la denominada ‘nivelación’ del precios de los combustibles.
Las protestas registradas en 8 departamentos de Bolivia fueron contundentes; rechazaron el “gasolinazo” y terminaron pidiendo la renuncia de Evo Morales de la Presidencia.
La población, organizaciones sociales y juntas vecinales se volcaron masivamente a las calles especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, Beni y Cobija; mientras que en Santa Cruz hubo protestas aisladas.
En El Alto, otro grupo de manifestantes hizo una fogata a los pies de una estatua del guerrillero El Che construida con chatarra, y a quien admira el presidente izquierdista Morales.
La jornada se caracterizó por una masiva participación de diferentes sectores sociales que salieron en marchas contra el “gasolinazo” de Navidad. Los gritos de protesta de miles de manifestantes exigieron la renuncia de Evo Morales, acusándolo de haber “traicionado al pueblo”.
Cerca al mediodía, en El Alto, una turba destrozó 7 casetas del peaje de la autopista, las oficinas de Vías Bolivia.
“¡Evo, Goni, la misma porquería! ¡Linera, Goni, la misma porquería!..” Con esos estribillos, cientos de vecinos de la ciudad de El Alto marcharon hasta la sede del Gobierno, manifestaron su molestia y protestaron contra el gasolinazo.
El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Claudio Luna, insistió que su petición es la anulación del incremento de precios de los carburantes. Y pidió la dimisión del vicepresidente Álvaro García y del ministro de Economía, Luis Arce; sin embargo, sus bases y los más radicales exigieron la renuncia del presidente Evo Morales.
Los transportistas realizaron de manera contundente su paro de 24 horas, bloquearon puntos estratégicos de circulación vehicular en zonas como Chuquiaguillo, Villa Fátima, La Portada, Tembladerani, Obrajes, Miraflores, Periférica y protagonizaron hechos de violencia al apedrear y propinar “chicotazos” a los conductores que incumplieron la medida de presión. Este sector también pidió la renuncia del presidente Morales.
El panorama de la tarde se tornó más intenso, pues maestros, juntas vecinales, transportistas, trabajadores de salud, universitarios y muchos otros sectores, iniciaron una de las marchas más numerosas del 2010.
Según mostraron medios locales, una bandera venezolana fue bajada de un mástil al pie de una estatua de Simón Bolívar en el centro de La Paz y quemada entre gritos contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, aliado del mandatario boliviano, Evo Morales.
En horas de la noche, las instalaciones de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) fueron tomadas y posteriormente saqueadas.
La turba enardecida intentó tomar la Alcaldía Quemada, donde funciona el Concejo Municipal.
En El Alto, otro grupo de manifestantes hizo una fogata a los pies de una estatua del guerrillero construida con chatarra, y a quien admira el presidente izquierdista Morales.
Asimismo, manifestantes también atacaron las sedes de los cocaleros y del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), en la ciudad central de Cochabamba.
Las bases rebasaron a los dirigentes y los fantasmas de febrero y octubre de 2003 rondaron la urbe.
En la zona de Villa San Antonio de La Paz una persona fue detenida portando un arma de fuego, reportó la Red PAT, mientras que varios canales mostraron a un encapuchado en El Alto que portaba un fusil y amenazaba con ‘sacar’ de la Presidencia a Evo por la fuerza.
En Cochabamba, un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) encabezó una manifestación que atacó y destruyó parcialmente la sede de las 6 federaciones de productores de coca de Chapare y el edificio de la Central Obrera Departamental.
Los estudiantes trataron de tomar la plaza principal pero la Policía les impidió el ingreso con gases y balines, por lo que los universitarios atacaron el edificio de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, en control del oficialismo, arrojando piedras y palos.
Además, la carretera Cochabamba-Santa Cruz fue bloqueada a la altura de Ivirgarzama, en la zona del Chapare, por decisión de los cocaleros de la Central Ivirgarzama, en una inédita protesta contra Morales, máximo dirigente del sector.
Los principales diarios de Bolivia reflejaron la gran crisis por la que está pasando ese país, que sufre la primera huelga general de ese gobierno.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Daniel Sánchez, en entrevista con la cadena de noticias CNN, enfatizó que el Decreto Supremo 748 denominado “gasolinazo” conlleva a un incremento salarial, teniendo como base referencial el 20% de aumento al salario mínimo nacional y provocará mayores despidos, además del alza en la inflación de la economía.
Aseveró que el crecimiento que asegura el ministro de Economía, Luis Arce, sólo alcanzó al 4% y en las empresas privadas no todos tuvieron el mismo efecto.
Sánchez consideró que por falta de coordinación con el sector, algunas autoridades gubernamentales engañan al Jefe de Estado sobre la realidad de la economía y de la empresa privada.
“Alguien le está mintiendo al Presidente, hay gente de su gabinete que le está dando información distorsionada”, sostuvo.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) Saturnino Ramos, expresó su preocupación por las medidas asumidas y enfatizó que todo el sector empresarial está en emergencia.
El dirigente de la Asociación de Productores, Microempresarios de La Paz y El Alto (Apecal), Germán Tarqui, informó que el “gasolinazo” decretado por el Ejecutivo el pasado domingo, ocasionará el despido del 45% de los obreros que trabajan en este sector.
“Ahora con la medida gubernamental, lo que ocurrirá es que los trabajadores nos van a solicitar una nivelación de los salarios, aspecto que deberá ser aplicado en base a un reajuste de trabajadores, lo que significa es que habrán despidos para poder cumplir”, afirmó Tarqui.
La Asociación de Suboficiales y Clases de Policías (Ansclapol) de Santa Cruz rechazó el incremento del 20% que anunció el presidente Evo Morales la noche del jueves. El titular de la institución policial, Marguey Yáñez, señaló que no es suficiente el incremento fijado por el Gobierno, debido a que los precios de la canasta familiar subieron en un 100%. La representante de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, dijo que el martes marcharán desde Patacamaya.
Desde La Paz, para la agencia Reuters:
Una ola de protestas en Bolivia contra un alza de los combustibles dispuesta por el Gobierno se tornó violenta el jueves con la quema de una estación de peaje en La Paz, disturbios callejeros y bloqueos de carreteras, pese a la mejora salarial anunciada por el presidente Evo Morales.
Las protestas, a las que se sumaba una huelga de transportistas, reflejaban el rechazo a la medida del gobernante de izquierda, que disparó el precio de los combustibles hasta un 83 por ciento y crispó a una de las sociedades más pobres de América Latina.
Una terminal de peaje en el ingreso a la capital La Paz fue atacada tras una marcha contra el “gasolinazo” que realizó la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad vecina de El Alto, una organización muy combativa en las protestas que derribaron a dos presidentes entre el 2003 y el 2005.
Decenas de manifestantes, entre ellos varios encapuchados, quemaron la estación y se enfrentaron con la policía, antes de que las fuerzas de seguridad lograran retomar el control del lugar, según testigos de Reuters.
Horas después, manifestantes convocados por el opositor alcalde capitalino, Luis Revilla, chocaron con la policía. Las fuerzas de seguridad les impidieron el paso a la plaza central pero no evitaron que ciudadanos apedrearan el edificio de la vicepresidencia y otras oficinas gubernamentales.
Morales dijo que asumirá el costo político de la decisión tomada el pasado domingo, que desató un caos de precios en los comercios y el retiro de productos básicos de la venta, además de dañar su relación con sindicatos y fuerzas sociales.
Y admitió que el aumento salarial del 20 por ciento anunciado el miércoles para compensar el efecto del incremento de combustibles en los bolsillos de los bolivianos beneficia a sólo un tercio de la población económicamente activa.
Para aquellos que no reciben un sueldo, dijo que se lanzaron programas de apoyo a la pequeña producción agrícola y planes para crear de inmediato unos 20.000 empleos urbanos.
“El grueso de la población sabe exactamente que esta política es una decisión valiente en beneficio de los bolivianos y las bolivianas”, dijo Morales entrevistado por la cadena CNN en Español.
Pero los bloqueos de las vías entre La Paz y El Alto continuaban por la tarde aún después de que cesaran los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
“Evo, éste es el pueblo, corrige tu error”, dijo la presidenta de la Fejuve de El Alto, Fanny Nina, mientras encabezada una columna de manifestantes que llegó a una cuadra del presidencial Palacio Quemado.
En la ciudad de Cochabamba, la policía levantó los cortes de caminos en operativos que dejaron 14 detenidos y cuatro uniformados heridos, uno de gravedad, según radios locales.
Otras dos ciudades andinas tampoco tenían servicio de transporte urbano, excepto taxis, pero en Santa Cruz, la urbe más poblada, y otras cuatro ciudades del oriente y el sur, los choferes no se sumaron al paro ni hubo marchas masivas.
El mandatario, quien cuenta con el respaldo de los movimientos campesinos, dijo que la medida tomada el domingo eliminó una fuente de “corrupción y pérdidas”, como definió a la subvención a los combustibles creada por el gobierno neoliberal del ex dictador Hugo Banzer en la década de 1990.
De acuerdo con datos oficiales, la subvención costó en el 2010 al Estado unos 380 millones de dólares, equivalentes a un 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Los opositores criticaron el aumento sorpresivo de los combustibles. Juan del Granado, jefe político del alcalde de La Paz, desafió al Gobierno a someter a un referendo al “gasolinazo”, medida que calificó de un “error histórico”.
Mientras tanto, analistas señalaron que la decisión de Morales de casi duplicar los precios de los combustibles entraña riesgos políticos y revela problemas originados en la nacionalización de los hidrocarburos en el 2006, durante su primer mandato.
“El presidente se jugó al todo o nada, en vez de un proceso gradual”, dijo el analista político Jorge Lazarte sobre el alza de combustibles en el país exportador de gas natural.
El especialista en economía Julio Alvarado consideró poco probable que las protestas deriven en un movimiento masivo que desestabilice a Morales, como las manifestaciones contra la exportación de gas en el 2003 que terminaron exigiendo la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Lo que tenemos aquí es un problema de la industria petrolera nacionalizada en el 2006, que no ha podido evitar la importación de líquidos con lo que habría evitado la subvención que motivó el alza de precios”, dijo.
El Gobierno no dio estimaciones sobre el impacto en las cuentas fiscales del aumento salarial y otras medidas como el congelamiento en tarifas de agua, electricidad y telefonía.
Estas cifras superaron el número de muertos que se calculó en el 2009, sin contabilizar los que se suscitaron durante este mes de diciembre.
Estas cifras superaron el número de muertos que se calculó en el 2009, sin contabilizar los que se suscitaron durante este mes de diciembre.
La violencia se cobró la vida
de dos venezolanos por hora
Venezuela cierra el año como uno de los países más violentos de América Latina, ya que re-gistró 17.600 asesinatos en 2010, según cifras de la organización Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). “Nuestra proyección para este año es de 17.600 asesinatos”, declaró a la AFP Roberto Briceño León, director del OVV.“Y estas son cifras conservadoras.
Aquí no estamos considerando resistencia a la autoridad, que incluye unos 2.000 muertos más, ni tampoco los muertos en este diciembre que ha sido muy fuerte”, agregó. La matemática, sin embargo, se vuelve más espeluznante, ya que de acuerdo a los cálculos de OVV, en Venezuela habrían asesinado a 48 personas por día, pues al dividir la cantidad de bajas (17.600) entre el número de días del año (365) surge este lúgubre resultado.
Es decir, la violencia se cobró la vida de dos venezolanos por hora. Según Briceño León, del total de fallecidos “entre 4.000 y 5.000 homicidios se registraron en Caracas”, una de las ciudades más violentas de la región con “230 homicidios por cada 100.000 habitantes”.
“Le siguen a Caracas los estados del centro del país, que son además los más poblados. Es un problema urbano, que afecta principalmente a la gente más pobre”, indicó el experto. Venezuela tiene una población de 29 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Gobierno nacional no entrega cifras de violencia desde hace años y es la prensa la que semanalmente presenta estadísticas sobre crímenes basándose en el número de cuerpos que ingresan a las mor-gues. El OVV calculó que en 2009 fueron asesinadas 16.047 personas. Esta cifra es inferior a la que muestra un informe del INE, filtrado a la prensa en agosto, que calculó que en 2009 hubo 19.133 asesinatos en el país.
Según encuestas, la creciente inseguridad es el problema que más preocupa a los venezolanos.En enero de 2010, el Gobierno declaró una “ofensiva” contra la inseguridad y desplegó dispositivos especiales de seguridad en todo el país.
Otras cifras del tercer trimestre 2010 en picada: producción de granzón y otros agregados -31%
Caída brutal en producción
de cemento, yeso y granzón
Fedecámaras Zulia y la Cámara de la Construcción denuncian que los materiales venezolanos se venden en Aruba, Curazao, Panamá, Colombia y Brasil. Mientras tanto, escasean aquí y se venden con sobreprecio. “En el caso de la cabilla tenemos la fuga más importante; pasa a través de la frontera colombiana”, afirma Borjas.
El reciente anuncio de Chávez, removió las entrañas de los empresarios de la construcción y de todos los venezolanos, al saber que el Gobierno debió importar 6 mil 955 toneladas de cemento para enfrentar las escasez actual del rubro.
Luego de que el mandatario prometió el año pasado que no habría desabastecimiento de materiales de construcción, cuando las firmas nacionales y transnacionales del cemento fueron separadas del negocio para ser controla-das por el Estado venezolano –así como Sidor– las empresas socialistas del cemento enfrentan su peor momento.
Así lo afirman Néstor Borjas, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) y en el Zulia, y Dietrich Truchsess, presidente de la Cámara de la Construcción en la región.
“El Gobierno dijo que con la nacionalización no iba a haber escasez y es lo primero que hay; con esta importación de casi siete mil toneladas de cemento de Cuba se corrobora todo lo que habíamos afirmado en cuanto a la ineficiencia de una empresa cuando cae en manos del Estado, porque no tiene ningún tipo de dolientes”, sostiene Truchsess.
“Tenemos ahora que comprar cemento a Cuba, y luego vendrán otras importaciones, nos tocará comprar afuera el acero y todo los materiales necesarios para construir”, añade el dirigente empresarial.
Negocio turbio:
Pero Truchsess asegura que ese cemento importado, que el Gobierno socialista ha prometido vender a precio regulado, correrá la misma suerte del que producen las compañías tomadas el año pasado por el Estado.
“Seguramente eso no se va a cumplir, porque precisamente ese es el problema, que el cemento se lo están llevando. Es más rentable venderlo en otros países a través de los caminos verdes que venderlo aquí”, denuncia el experto.
Asegura que los materiales de construcción venezolanos se observan sin mayor decoro en almacenes de Colombia y Brasil: “Tenemos entendido que la cabilla venezolana se va a estos países. ¿Cómo ocurre esto? No lo sabemos pero lo cierto es que sí está pasando”.
Por su parte, Borjas asevera que “en el caso de la cabilla tenemos la fuga más importante de materiales de construcción, que pasa a través de la frontera colombiana; es obvio que el Estado, no está controlando eso, se está haciendo la vista gorda”.
Revela que entre 5:00 y 6:00 de la mañana salen del Mercado Las Pulgas, en Maracaibo, gandolas cargadas de cabillas con presunto destino al país del vallenato y la cumbia.
“¿Quién está en manos de ese negocio? Vaya usted a saber, si eso está en manos del Gobierno, pues el Gobierno debe tener la respuesta”, enfatiza.
Los dirigentes institucionales también afirman que se consigue cemento venezolano en Aruba, Curazao y Panamá. “Lo sabemos por la gente que está allá ha visto el cemento y la cabilla de Venezuela”, insiste Borjas.
Los rectores empresariales advierten que el problema del tráfico ilícito de esos materiales se suma a la debacle en la producción de cementeras y empresas metalúrgicas, también estatizadas.“Desde que Sidor está en manos del Estado la cabilla no aparece, y si se consigue es en tres veces su precio, la cabilla y el cemento están fuera de Venezuela. ¿Quién está en manos de ese negocio? Vaya usted a saber, si eso está en manos del Gobierno, pues éste debe tener la respuesta”, apunta el líder regional de Fedecámaras.
La consecuencia:
“Sólo este año ha bajado la producción entre 12 y 20 por ciento, lo que ha hecho que la construcción caiga en más de 40 por ciento este año; prácticamente no ha habido construcción”, asegura Borjas.
