La política perdió, entre tantas
cosas, el control de la economía

No me refiero al Estado o a su intervencionismo a ultranza en los procesos económicos. Me refiero a que la democracia dejó de ser el gobierno del pueblo para pasar a ser un sistema en el que los mercados funcionen con libertad. La alteración del orden sí afecta al producto, puesto que si el mercado se convierte en el mecanismo superior de regulación social deja de ser la democracia precondición del mercado. Ello afecta la capacidad para la toma de decisiones, de manera que la democracia se desdibuja y pasa a ser un añadido del mercado. El traslado de las competencias es obvio. Hayeck ha llegado a los extremos de autorizar una violación del orden democrático para salvaguardar el orden del mercado. Para decirlo de otra manera, los precios se sobreponen a los votos. El individualismo se exacerba puesto que sería posible disfrutar de libertad personal sin libertad política.

Es necesario regular el mercado. El Estado no puede renunciar jamás a su poder de redistribución de la riqueza. El Estado no puede perder la capacidad de proporcionar a la parte débil de la población los recursos que el mercado le niega. Digamos que la situación se plantea a la inversa: sin democracia y sin política no puede haber capitalismo. Es en el campo de la política donde deben definirse las condiciones del intercambio o, en otras palabras, la política es el espacio donde se perfecciona el orden económico, pues debe resolver las claves del reparto. El asunto es la satisfacción material de las necesidades humanas. Podríamos decir que no hay identidad entre democracia y economía de mercado, lo que hay es un conflicto a resolver, uno más en la larga lista de la democracia.

El alejamiento entre política y economía cercena la capacidad de iniciativa de la ciudadanía en un terreno vital, pues toca sus condiciones materiales de existencia. Hay que incentivar los mecanismos de autogestión y cogestión, la influencia ciudadana en la determinación del gasto público y en la formulación de las políticas públicas.

Debemos decir que hay que construir una convivencia articulada entre democracia y economía, creando formas específicas de distribución de la riqueza. Es cierto que economía y política tienden a desconocerse, por la sencilla razón de que la economía tiende a la obtención de una ganancia individual mientras la política debe procurar los intereses colectivos. Hay que lograr una convivencia entre el mercado y la democracia. He aquí el punto focal. Se han intentado muchas formas de lograr esta convivencia. Las diferencias son obvias, entre el capitalismo japonés, el francés o el alemán. Cada uno responde a características de diverso tipo. Hay que tomar en cuenta dos elementos: el primero, la forma en que los intereses comunes son expresados en las instituciones del Estado y, segundo, la forma en que las instituciones del Estado –y de la política- se ocupa de los intereses comunes. Finalmente, cómo pueden comprometerse en un acuerdo de entendimiento los pobres que nada tienen. De manera que hay tres asuntos fundamentales: integración social o democracia inclusiva, la redistribución de la riqueza y la creación de empleo.

De manera que se trata –como ya se han estudiado en seminarios por toda América Latina- de cómo construir democracia por medio de oportunidades económicas renovadas, de las relaciones entre democracia y estabilidad macroeconómica. Es evidente que del estado de la política dependerán elementos como el macroeconómico, el productivo y el social.

Reaparece el concepto básico: la economía debe estar sujeta a la política. Si bien es cierto, como lo dijo Joseph Stiglitz- premio Nobel de Economía 2001- que “no existe un único conjunto de políticas dominantes que dé por resultado un óptimo de Pareto, es decir, uno que haga que todas las personas estén en mejor situación que si se hubiera aplicado cualquier otra política”, es obvio que el objetivo de una buena política económica–democrática es mantener un equilibrio entre objetivos encontrados. De allí la otra conclusión obvia: la ciudadanía debe participar en las decisiones económicas, como debe participar en las decisiones propiamente políticas.

Debemos acotar, entonces, que democracia es la extensión de igualdad jurídica o, en otras palabras, implica el ejercicio de la ciudadanía civil, política y social, de la cual la economía no está excluida. Creo que todo puede enmarcarse en el concepto de ciudadanía. La visión tiene que ser paralela; democracia y ciudadanía como dos líneas que marchan juntas. No olvidemos que el concepto de igualdad jurídica está asociado al surgimiento del capitalismo moderno. La disputa entre igualdad social y derecho de propiedad se resuelve mediante el uso de principios jurídicos como la expropiación para fines de utilidad pública y el mantenimiento de medidas sociales redistributivas que atacan la desigualdad producida por el mercado.

De esta manera, en una democracia del siglo XXI la equidad social debe ser vista como expresión fundamental de los propósitos colectivos y, por tanto, de la cohesión social. Es obvio que la admisión del concepto y su declaración a rango constitucional no garantiza su cumplimiento. No olvidemos la contrapartida que debe el cuerpo social que adquiere responsabilidades y obligaciones. Sin ello estaríamos ante un caso flagrante de populismo. Y una de esas contrapartidas, aparte de producir, es la de participar en lo político. Estos elementos constituyen en sí y per se lo que denominamos desarrollo. Para decirlo más claramente, el proceso económico debe estar sujeto al logro de los objetivos sociales.

Lo que se ha denominado “Estado de bienestar” tiene infinitas variantes. En este sentido la palabra endógeno es consecuente con estas ideas. Este desarrollo tiene que tener origen interno. No podemos seguir viendo “economía de mercado” e intervencionismo estatal como antagonistas. El establecimiento de reglas macroeconómicas claras no es contrario al crecimiento democrático. Ni podemos permitir la caída en un populismo económico, entendiendo este último como la generación de prosperidad transitoria o el uso de promesas de bienestar social como instrumento de movilización de masas. Hay que garantizar la propiedad, una distribución equitativa de los ingresos, el proyecto social gubernamental y el funcionamiento del mercado y, obviamente, el manejo de los inevitables conflictos. Así, como hay que corregir las fallas del mercado, hay que corregir las fallas del gobierno (clientelismo, corrupción, despilfarro) y ello sólo se puede lograr mediante la creación de una alta densidad institucional democrática diseñada sobre la bases de la responsabilidad ciudadana. Siempre encontramos lo mismo: la crisis se debe a la sustracción de contenidos básicos a la política. No puede lograrse el desarrollo social sin incidir sobre el mercado.

Yochai Benkler (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale (EE.UU.) utiliza con acierto la expresión “economía política del procomún”. Para él, procomún son espacios en que se puede practicar una libertad respecto a las restricciones que se aceptan normalmente como precondiciones necesarias al funcionamiento de los mercados, lo que no significa que sean espacios anárquicos. Significa que se pueden usar recursos gobernados por tipos de restricciones diferentes a las impuestas por el derecho de propiedad. “El procomún es un tipo particular de ordenación institucional para gobernar el uso y la disposición de los recursos. Su característica prominente, que la define en contraposición a la propiedad, es que ninguna persona individual tiene un control exclusivo sobre el uso y la disposición de cualquier recurso particular. En cambio, los recursos gobernados por procomún pueden ser usados por, o estar a disposición de, cualquiera que forme parte de un cierto número de personas (más o menos bien definido), bajo unas reglas que pueden abarcar desde `todo vale´ a reglas formales finamente articuladas y cuyo respeto se impone con efectividad”. Lo que propone es la posibilidad de existencia de propiedad común en un régimen de sostenibilidad y con mayor eficiencia que los regímenes de propiedad privada. Para él la web es un caso ejemplar de procomún. Allí podemos encontrar infinidad de organizaciones sin fines de lucro que utilizan Internet para proporcionar información e intercambio. “Permite el desarrollo de un papel sustancialmente más expansivo tanto para la producción no orientada al mercado como para la producción radicalmente descentralizada”. Benkler cree posible una transición desde una sociedad de consumidores pasivos que compra lo que vende un pequeño número de productores comerciales hacia una sociedad en la que todos puedan hablar a todos y convertirse en participantes activos.

Esta tesis tiene perfecta concordancia con la que sostiene Takis Fotopoulos analizando la crisis de la democracia como el efecto de una concentración de poder. Propone como solución una democracia inclusiva. En mi criterio es precisamente lo que debemos hacer en los términos de la relación que describo: marchar hacia una economía inclusiva. Fotopoulos (editor de la revista “Democracy&Nature y profesor de la Universidad de North London, aunque griego de nacimiento) presenta su proyecto como uno de modificación de la sociedad a todos los niveles, en el sentido de que la gente pueda autodeterminarse, lo que implica la existencia de una democracia económica. Si bien no comparto algunas ideas del profesor Fotopoulos sí me gusta el contexto general inclusivo, específicamente el tema de la democracia a nivel social o microsocial (lugar de trabajo, hogar, centro educativo), no como espacio anárquico de falsa igualdad, sino como la expresión básica del ejercicio democrático pleno. Para Fotopoulos el asunto es buscar un sistema que garantice las necesidades básicas y, al mismo tiempo, garantice la libertad de elección propia del mercado. De este planteamiento lo que me interesa es la idea de la construcción de instituciones alternativas y la expectativa de una transición que mantenga ambos elementos con vida. A Fotopoulos sus ideas se le van de las manos –creo- pero es innegable que su aporte –compartido a medias- es interesante en la búsqueda de posibilidades de construcción de una sociedad más equilibrada.

El punto focal es que una democracia del siglo XXI no puede estar divorciada de los resultados económicos, en el sentido de la consecución de una justicia social mediante la redistribución de la riqueza y que la política contiene en sí a lo económico, no lo económico a lo político, lo que quiere decir que la democracia asume la búsqueda del nuevo equilibrio y niega la preponderancia del mercado reasumiendo su función de condición esencial para el desarrollo de una economía al servicio del hombre.

Teódulo López Meléndez
teodulolopezm@yahoo.com
@TeoduloLopezM
abril 25, 2011