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Opositores: expulsión de guerrilleros es un canje por Makled

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Exigen al Gobierno que proceda con la misma diligencia que en el caso
de los expulsados a Colombia.

Opositores piden celeridad en
casos de acusados de terrorismo

 

Con los etarras, el Gobierno no ha hecho un movimiento similar al caso Makled, dijo Ramón José Medina. Luego de la entrega de tres presuntos guerrilleros por parte del Gobierno venezolano a su par colombiano, dirigentes de la oposición consideran que el Ejecutivo debe procesar con igual celeridad los otros casos de presuntos terroristas en el país, como el referido a los integrantes de la ETA.

El coordinador de la comisión internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, consideró como positiva la expulsión de las tres personas a Colombia, aunque mostró sus reservas ante las motivaciones del Ejecutivo.

El dirigente destacó el hecho de que el Gobierno venezolano los calificara como delincuentes comunes mientras que en Colombia fueron recibidos como guerrilleros. “Aun bajo estas condiciones es positivo, aun cuando pareciera ser un intercambio para asegurar la extradición de Makled”.

Medina recordó que el Gobierno no ha hecho ningún movimiento similar en el caso de las denuncias de miembros de ETA en Venezuela. “En el caso de ETA las complicaciones son mucho más evidentes para el Gobierno, como las declaraciones de que fueron entrenados en territorio venezolano por integrantes de las FARC”.

Sobre la extradición del presunto narcotraficante Walid Makled a territorio venezolano, Medina señaló que el juicio debe hacerse de manera pública. “Vamos a insistir en que sea un proceso abierto al que tengamos acceso todos los venezolanos, para saber qué va a pasar con los señalamientos de su vinculación con personeros del Gobierno”.

Punta del iceberg:

El presidente de Copei, Roberto Enríquez, también consideró positiva la expulsión de los tres detenidos; sin embargo, señaló que esto demuestra la presencia de irregulares en el país. “Esto podría ser sólo la punta del iceberg. Esperamos que la contraprestación no sea guardar silencio con el caso Makled”.

Enríquez también destacó la poca colaboración que ha mostrado el Ejecutivo con las denuncias provenientes de España y consideró necesario que se mantenga seguimiento sobre el caso de los etarras. “Si es un viraje en la política nacional está bien, pero si es una cortina de humo, un retroceso táctico, hay que seguir estando atentos a la actuación del Gobierno”, argumentó.

Por: CARLOS CRESPO
Judicial | Política
EL NACIONAL

JUICIO: Fiscalía insiste en juzgar a manifestantes del Metro

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El 12 de noviembre los usuarios fueron detenidos por protestar en la estación Propatria.

“Lo que buscan es aplicar terrorismo psicológico, acallar a la gente y sembrar
miedo”, dijo la abogada de las 35 personas que estuvieron
dos días detenidas por protestar.

Apelan fallo concedido por el juez Braulio Sánchez
bajo el alegato de falta de valoración de pruebas

 

El Ministerio Público apeló ayer la decisión tomada por el Tribunal 5º de Control Penal de Caracas el domingo de dejar en libertad plena a las 35 personas que fueron detenidas el viernes de la semana pasada en la estación del Metro de Propatria por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, por protestar contra las fallas del servicio del subterráneo.

El fiscal 23º de Caracas, Guillermo González, pidió la revisión del fallo dictado por el juez Braulio Sánchez, quien estableció que no había elementos suficientes para imputar a los usuarios por los delitos de resistencia a la autoridad y obstaculización de las vías férreas, como pretendía la Fiscalía.

“Lo que busca el Ministerio Público es aplicar terrorismo psicológico no sólo en quienes fueron detenidos en el Metro, sino en toda la población.

El objetivo es acallar a la gente y sembrar miedo”, dijo Elenis Rodríguez, integrante del Comité de Usuarios del Metro que representó a las 35 personas que pasaron dos noches en los calabozos de la Policía Nacional.

Las pruebas:

En su escrito de apelación la Fiscalía afirmó que Sánchez no tomó en consideración todas las pruebas.

“El juez omitió importantes elementos aportados durante el acto de presentación. No valoró la alarma pública generada el día del hecho, entre las 8:00 am y las 12:00 del mediodía”, señala la nota de prensa enviada ayer por el Ministerio Público.

La abogada de quienes estuvieron detenidos todo el fin de semana pasado aseguró que el fiscal no presentó pruebas que incriminaran a esas 35 personas.

“Presentó las actas policiales, de donde no se desprende que los usuarios hubieran realizado destrozos al vagón como luego quisieron hacer ver.

Eso sí, de los supuestos daños no presentaron fotos. Incluyó también el testimonio de seis trabajadores del Metro, pero ninguno de ellos dijo que los detenidos actuaron con violencia contra la policía”, afirmó Rodríguez.

“Además presentó una foto que fue publicada en un diario de circulación nacional en la que se ve a los usuarios sentados dentro del vagón (muchos de ellos con los brazos cruzados), y fundamentó sus alegatos sobre una ley que data de 1983 y que establece el supuesto de poner en peligro la seguridad de sistema metropolitano de transporte, cosa que no ocurrió”, agregó.

La abogada señaló que si los integrantes de la corte de apelaciones actúan con la ética y la moral que debe tener un juez conocedor y respetuoso del Derecho deben ratificar la decisión del Tribunal 5º de Control.

“Lo que buscan con esto es complacer el capricho de un hombre que admite que el Metro tiene graves fallas pero que pide que estas personas estén presas”, dijo en referencia al presidente Hugo Chávez.

Desde ayer empezaron a correr los tres días para que el juez admita la apelación.

Luego comienzan a contarse los cinco días que tiene la defensa para contestar antes de que el expediente vaya a la corte.

 


DIANA LOZANO PERAFÁN
Judicial | Política
EL NACIONAL

Venezuela lidera 41% de dengue hemorrágico en América

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No es en Colombia. Tampoco en Ecuador, Perú o Bolivia. El 41% del total de
casos de dengue registrados en el área andina se concentran en Venezuela,
según la Red de Sociedades Científicas.

La tasa de incidencia de dengue en el país
es de 360 por cada cien mil habitantes

 

La situación del dengue en Venezuela sí es grave, incluso si se compara con el resto del continente y se considera que la enfermedad ha repuntado en toda América.

Como “mal de muchos, consuelo de tontos”, consideró José Félix Oletta, exministro de salud y directivo de la Red de Sociedades Médicas Científicas de Venezuela, el argumento presentado por las autoridades venezolanas que justifica el crecimiento de los casos de dengue en Venezuela con el número total de enfermos en la región.

“En una cita superficial, insuficientemente analizada sobre cifras de dengue, se compara con escaso rigor el número de casos nacionales con los del continente y esto no refleja la realidad nacional”, respondió ayer Oletta.

El análisis correcto de las cifras debe ajustarse a los indicadores epidemiológicos y a los criterios geográficos y demográficos para estudiar el impacto de la enfermedad sobre la población venezolana y compararlo con lo que ocurre en otros países.

Sobre la base del boletín epidemiológico 43 del Ministerio de Salud y al último reporte de la Organización Panamericana de la Salud, actualizado al 5 de noviembre de este año y que se encuentra disponible en www.paho.org, Oletta remarca que el dengue en Venezuela es de los peores de la región.

El 41% del total de casos de dengue de la región andina -que incluye a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- se concentran en territorio venezolano y si se trata de dengue hemorrágico la situación empeora: 53,8% de los enfermos con esa forma grave de dengue son venezolanos.

Oletta también calcula que, según la tasa de letalidad de la enfermedad en el país, el 36,7% de las muertes por dengue en esos cinco países corresponden a venezolanos. “Ocupamos el segundo lugar de la región andina, después de Colombia, en número de casos de dengue, de casos graves y de muertes”, asegura el exministro.

Otra forma de medir si los países están peor o mejor en dengue que el resto de sus vecinos es comparando las tasas de incidencia. En Venezuela es de 360 por cada cien mil, lo que significa que a 360 de cada cien mil de sus habitantes les da dengue. En la región andina, la tasa es de 251,2 por cada 100 mil habitantes.

“Aún comparando la situación con las de todo el continente, las cifras venezolanas son resaltantes”, añade Oletta.

Aunque los venezolanos representan el 6% de todos los casos de dengue común en América, que son 1 millón 536 mil 899, los de dengue hemorrágico representan un alto 26% y el “número de muertes estimadas”, el 11,1%. En cuanto a la tasa de incidencia acumulada, en Venezuela es de 360 por cada 100 mil y la de todo el continente en 293, 6 por cada 100 mil. Oletta apunta que solamente ocho países superan la tasa de incidencia venezolana. “A nivel continental, ocupamos el tercer lugar en número total de casos, de casos graves hemorrágicos y de muertes”. Venezuela es también uno de los cinco países donde circulan simultánamente los cuatro serotipos existentes del virus. “Esto no es normal. Estas cifras son para preocuparse”, añade Oletta.

Para la semana 43, que cierra el 30 de octubre, el número acumulado de casos de dengue fue de 106 mil 725 casos, lo que triplica la cifra alcanzada para ese período en 2009, y las más elevadas de la historia epidemiológica. Los estados más afectados son Miranda, Zulia, Mérida, Táchira, Lara, Aragua y el Distrito Capital. Diez estados se mantienen en epidemia y otros diez muestran cifras en ascenso.

Síntomas:

– Los síntomas más comunes son dolores de cabeza, músculos, huesos y detrás de los ojos; fiebre y malestar general.

– También puede presentarse una fina erupción corporal.

– Deben visitar al médico, quienes experimenten signos de alarma como debilidad extrema, dolor abdominal, vómitos y diarrea .

– Deben hospitalizarse quienes registren menos de cien mil plaquetas o presenten sangramiento por nariz o encías o que luzcan puntos rojos en la piel.


GIULIANA CHIAPPE | EL UNIVERSAL
viernes 19 de noviembre de 2010

Barclays: pronostica devaluación lineal del bolívar en enero de 2011

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La firma calcula una variación del tipo de cambio de 15% a principios de año 
para Cadivi y el Sitme Prevén otras emisiones de bonos por $ 10 millardos

Tipo de cambio de Cadivi de BsF.2,60  por dólar a 3  BsF.
por dólar y el de  BsF. 4,30   quedaría en  BsF. 5  por dólar

 

La firma británica Barclays Capital considera que están dadas las condiciones para que el Gobierno tome la decisión de anunciar una devaluación lineal del bolívar de 15% a principios de 2011. El informe señala que el Ejecutivo no quiere cometer el mismo error del pasado, cuando decidió mantener el tipo de cambio anclado, lo que no evitó que la inflación aumentara 22,7% en promedio por año.

Añade que el Gobierno es consciente de que la decisión de devaluar 21% para algunos sectores y 100% para otros, a principios de 2010, no logró diferencia alguna en las cifras de inflación, la cual cerrará este año en un número similar a 2009 (30%).

De llevarse a cabo la depreciación de la moneda en el porcentaje proyectado por Barclays Capital, el tipo de cambio de Cadivi fijado en 2,60 bolívares por dólar pasaría a 3 bolívares por dólar y el de 4,30 bolívares quedaría en 5 bolívares por dólar.

En lo que respecta a la paridad estipulada para el Sitme, sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera, establecida en 5,3 bolívares por dólar, se cotizaría en 6,5 bolívares por dólar.

Barclays Capital advierte que si el presidente Hugo Chávez quiere estar seguro de que no será necesario devaluar en 2012 -para evitarse el costo político de esta medida-, la depreciación del tipo de cambio en 2011 “tendrá que ser mucho más alta a 15% y además deberán disminuirse los gastos gubernamentales”.

De producirse la devaluación de 15% y tomando en cuenta que seguirán las subastas a través del Sitme con un aproximado de 43 millones de dólares diarios, el promedio de la tasa de cambio estará en 5,15 bolívares por dólar, lo que representa una devaluación adicional de 24,1%. “Con este cálculo esperamos que Cadivi mantenga la oferta de dólares a la economía en 45%”. Afirma que la demanda de dólares a través del Sitme y de las emisiones de bonos podría aumentar de 13% a 19% el próximo año.

Explica Barclays Capital que actualmente el Sitme mantiene una oferta de 43 millones de dólares diarios (de los cuales cerca de 15% proviene del sector privado). Igualmente indica que el BCV parece contar con suficientes recursos para mantener las operaciones para el resto del año sin necesitar más emisiones de bonos.

“De acuerdo con las autoridades, el sector público tiene un portafolio de cerca de 3,5 millardos de dólares, que espera utilizar para alimentar al Sitme. Adicionalmente, se espera que Pdvsa cancele entre 1,8 millardos y 2 millardos de dólares del pagaré que mantiene con el instituto emisor, por un total de 4,8 millardos de dólares”.

Para hacer efectivo este pago, la firma cree que la petrolera hará una adjudicación privada al BCV de los nuevos bonos de Pdvsa 2017, por 2,5 millardos de dólares, antes de que finalice el año.

“Esto implica que las autoridades contarán con aproximadamente 6 millardos de dólares en diferentes activos que pueden ser vendidos a través del Sitme, lo que sería suficiente para garantizar la oferta de divisas durante el primer semestre de 2011”. Por lo anterior, la firma no ve la necesidad de una nueva emisión de títulos o adjudicación privada durante el primer semestre del próximo año.

Sin embargo, prevé que a partir de abril de 2011 podrían producirse nuevas emisiones de la petrolera y de la República, por el orden de los 10 millardos de dólares. No obstante, hacen la salvedad de que la situación variará dependiendo de la permanencia del actual ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, en esa cartera. De continuar allí, lo más probable es que la mayor parte de las emisiones sean de Pdvsa. “Si se produce algún cambio esto beneficiaría los bonos soberanos”.


Por Blanca Vera Azaf
Economia | Noticias
EL NACIONAL

Consejo Moral “revisará” hoja de vida de aspirantes a magistrado

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Esa violencia no solo se manifiesta con el uso de las armas contra una manifestación pacifica, como sucedió el 11 de abril de 2002.

El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
se encuentra en su cenit.

La Fiscal, Defensora y Contralor tienen
10 días para estudiar los 359 expedientes

 

Ayer el Consejo Moral Republicano recibió del presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado Saúl Ortega (PSUV) los expedientes de los 359 aspirantes al cargo de magistrado.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y el contralor general de la República, Clodosvaldo Russián, tienen ahora 10 días para revisarlos y escoger de entre ellos a los que considera los más idóneos para ocupar las nueve vacantes principales y las 32 de suplentes que hay en el máximo juzgado del país.

El artículo 264 de la Constitución establece que la lista que los miembros del Poder Ciudadano elaborarán será enviada posteriormente a la Asamblea Nacional para que ella seleccione a los nuevos magistrados.

Los fijos:

En predios del Legislativo y del TSJ se da por descontado que el ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, terminará siendo elegido para integrar el máximo juzgado, pese a los señalamientos de su cercanía con el Gobierno, los cuales quedan patentes en hechos como el haber sido el primer vicepresidente de la actual administración, luego jefe del Ministerio Público y ahora embajador en España.

Se conoció que el todavía diplomático ha comenzado a contactar a otroras asesores suyos en la Fiscalía para que lo acompañen en su nuevo cargo.

Entre los consultados hay quienes aseguran que Rodríguez terminará reemplanzando a la magistrada Luisa Estella Morales en las presidencias de la Sala Constitucional y del organismo rector del Poder Judicial.

Los informantes sostienen que casos como el de la jueza Afiuni, la incapacidad de los tribunales para procesar a los ahora diputados electos y escándalos como la huida de dos miembros del Cartel mexicano de Juárez han mellado la imagen de la actual presidenta del TSJ entre sus compañeros y en otras ramas del Poder Público.

Esas mismas fuentes también auguran que la actual procuradora general de la República, Gladys Gutiérrez, será elegida como miembro de la Sala Constitucional; mientras que los magistrados Arcadio Delgado y Carmen Zuleta, quienes vienen cubriendo desde hace varios años dos vacantes en esa instancia, serán ratificados. Los confidentes aseguraron que Delgado es apoyado por Morales, mientras que Zuleta cuenta con el respaldo del ex presidente del TSJ y actual embajador en Colombia, Iván Rincón Urdaneta.

Para la Sala Electoral serían designados la diputada al Parlamento Latinoamericano, Janeth Madriz, quien fue abogada del presidente Hugo Chávez durante los procesos que se le siguieron por los golpes de 1992; el ex consultor del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual juez, Andrés Brito; y el ex viceministro de Educación Superior y miembro del Centro Internacional Miranda, Luis Damiani Bustillos.

Entretanto, el panorama en la Sala Penal no luce tan claro, pues entre los legisladores y magistrados consultados no hay unanimidad en torno a la eventual ratificación de la magistrada suplente Miriam Morandy, quien desde 2005 viene cubriendo la vacante dejada por el jubilado Alejandro Angulo Fontiveros.

Por último, también se da por hecho que el diputado Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, será elegido magistrado. Sin embargo, hay dudas de si su destino será la Sala Político Administrativa, donde reemplazará al jubilado y designado embajador en Kuwait, Hadel Mostafá; o si irá a la Sala Penal.

Sobre el proceso:

404. Ese fue el número total de abogados que se postularon para el cargo de magistrado del TSJ. Sin embargo, el Comité de Postulaciones Judiciales eliminó a 45, luego de las objecciones recibidas de la sociedad civil.

Polémicos. Entre los aspirantes figuraban los nombres de ex funcionarios polémicos, tales como Maikel Moreno, Florencio Silano o Belkis Cedeño, todos ellos ocuparon los cargos de jueces y fueron removidos por el TSJ. Los tres fueron mencionados en una supuesta red de extorsión que habría operado entorno al fallecido fiscal Danilo Anderson.


JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 19 de noviembre de 2010

Cicpc detuvo integrantes de una Disip (paralela) el “Comando Pantera IV”

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En la operación fueron recuperados uniformes militares, porta credenciales, sellos húmedos
alusivos al “Escuadrón Pantera”, insignias, computadoras, un camión
identificado como unidad de emergencia.

Cobraban Bs 3 mil por
cada credencial militar

 

Grupo de estafadores captaba personas civiles y cobraban altas sumas de dinero para acreditarlas como funcionarios militares. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmantelaron una banda que se hacía pasar por una organización de seguridad del Estado denominada “Comando Pantera IV”, dedicada a los delitos de estafa y usurpación de funciones.

El director nacional del Cicpc, comisario general Wilmer Flores Trosel, explicó que los ciudadanos aprehendidos cobraban 3.000 bolívares por emitir un carnet a ciudadanos civiles que los acreditaba como funcionarios de un escuadrón táctico militar, que supuestamente pertenecía a los cuerpos de seguridad del Estado.

Indicó que los ciudadanos detenidos fueron identificados como Luis Beltrán González, de 49 años de edad, alias “El Comandante”, y Wendy Milagros Laza Flores, de 39 años de edad, alias “La Teniente”, quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía 5º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

De igual forma, se pudo conocer que hay otro sujeto plenamente identificado, quien está siendo buscado por diversas comisiones policiales en todo el país, informó una nota de prensa del Cicpc.

Los funcionarios del cuerpo policial lograron desmantelar a este grupo delictivo, mediante una visita domiciliaria que se llevó a cabo en la vivienda número 48, en la avenida Agustín Codazzi de San Bernardino en Caracas.

En dicha vivienda fueron decomisadas una gran cantidad de credenciales del escuadrón “Pantera IV”, identificadas con los grados de: Coronel, Teniente Coronel, Mayor, Capitán, Teniente, Sargento Primero y Sargento Segundo.

De igual forma, fueron recuperados diversos uniformes militares, porta credenciales, sellos húmedos alusivos al “Escuadrón Pantera”, insignias militares, material para la elaboración de las credenciales, computadoras, un camión identificado como unidad de emergencia, entre otros bienes.

Flores Trosel instó a los ciudadanos que adquirieron estas falsas credenciales a deshacerse de ellas o entregárselas a las autoridades, para evitar su detención por los entes competentes del Estado venezolano y ser sancionados penalmente por usurpación de funciones.


EL UNIVERSAL | Judicial
jueves 18 de noviembre de 2010

MP: Ocho detenidos de empresas inmobiliarias expropiadas

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La organización aseveró que la construcción de más de 80.000 viviendas está paralizada por la ineficiencia del Gobierno.

El Ministerio Público dictó medidas de aseguramiento prohibición de enajenar
o inmovilización de cuentas­ contra 38 empresas.

Fuentes del sector privado afirman
que tampoco conocen quienes son

 

La fiscal no mencionó las personas ni de las compañías contra las que se dictaron las medidas. La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que actualmente hay 8 personas detenidas, 4 con régimen de presentación en tribunales y 2 con libertad bajo fianza por las investigaciones contra empresas constructoras e inmobiliarias. También hay 39 ciudadanos con prohibición de salida del país.

En el programa radial En sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz declaró que un equipo de casi 70 personas investiga 239 casos de “estafa inmobiliaria”.

Además de las medidas contra particulares, la Fiscalía ha dictado acciones de aseguramiento ­prohibición de enajenar bienes o inmovilización de cuentas bancarias­ contra 38 empresas.

La fiscal no mencionó las personas ni de las compañías contra las que se dictaron las medidas. Fuentes del sector privado afirman que tampoco conocen quienes son.

El presidente Hugo Chávez, que hace casi 20 días ordenó la intervención de 33 conjuntos residenciales en construcción, solicitó el domingo cárcel para los responsables. “Aquí tiene que haber presos”, dijo.

El Gobierno acusa a las promotoras de viviendas de cobrar ilegalmente el índice de precios al consumidor ­prohibido desde julio de 2009­, retrasar la construcción de las obras y otras irregularidades.

Los gremios privados han dicho que quienes actuaron de manera ilegal deben ser enjuiciados y castigados, pero también han solicitado que no se satanice al sector con acusaciones generalizadas.

Por Alejandro Hinds R.
Economia | Noticias
EL NACIONAL

Consumo privado acumula seis trimestres seguidos de caída

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Los papeles de la petrolera se han visto afectados y ahora no resulta atractivo subastarlos en el Sitme.

En el tercer trimestre del año la industria manufacturera detuvo su caída, las importaciones
aumentaron y se registró una mayor diversidad de productos en el mercado.
Aun con esos resultados, el consumo registró su sexto trimestre consecutivo de retroceso.

Gobierno presionó la demanda con más
importaciones, pero no logró mejoras

 

Entre junio y septiembre el gasto de consumo final privado se redujo en 2,1%, mientras que el Gobierno presionó la demanda con más importaciones de productos de consumo final y logró que en ese período se expandiera en 3,4% la adquisición de bienes y servicios por parte del sector público.

El Banco Central de Venezuela (BCV) advierte en su último reporte trimestral que el consumo final del Gobierno no solo incluye el gasto en su propio funcionamiento, sino “todos aquellos bienes y servicios comprados a terceros por el Gobierno y suministrados directamente a las familias, así como los servicios de salud y educación, que determinan en consecuencia, un mayor consumo final efectivo en los hogares”, es decir, los subsidios entregados desde el Estado.

Las importaciones públicas de bienes de consumo final se incrementaron 139% en un año, al pasar de 300 millones de dólares en el tercer trimestre de 2009 hasta 717 millones en igual periodo de este año, para representar 35% del total de compras en el extranjero para consumo final.

No obstante, el indicador por excelencia para determinar el nivel que demandan los hogares es el del consumo final privado, que equivale a 72,2% de la renta nacional.

Menos dinero para gastar:

La demanda de los hogares y de las empresas se encuentra afectada por la recesión, que para el tercer trimestre del año siguió afectando a la economía. De acuerdo a los datos presentados esta semana por el BCV, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0,4%.

Pero a la recesión económica venezolana también le acompaña la inflación, la cual ha tenido un efecto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según cálculos basados en los datos oficiales, en el tercer trimestre el poder de compra de los asalariados se redujo en 4,9% con respecto a igual lapso anterior.

La caída ha sido profunda para los trabajadores del sector público, quienes observaron como se diluyó en 14,05%, mientras que para quienes labora en la empresa privada la reducción de la capacidad adquisitiva fue de 0,4%.

Los datos que maneja la firma consultora Datanálisis señalan que 40% del gasto familiar se dedica a la compra de alimentos, justo uno de los rubros que ha registrado el mayor ascenso de sus precios.

El instituto emisor informó que la inflación anualizada hasta del mes pasado fue de 27,5%, pero los precios al consumidor de los alimentos han subido 33,7% en ese periodo.

Solo la canasta alimentaria que mide el Instituto Nacional de Estadística (INE) -que incluye los alimentos más básicos- se ubicó en septiembre en 1.334,67 bolívares, por encima de la remuneración mínima que rige en el país.

Ese costo, que fue aliviado por el efecto de los precios subsidiados de los productos que se expenden a través de la red de mercados populares Mercal, se ha incrementado en 29,7% con respecto a septiembre del año pasado, de acuerdo a los números que maneja el organismo gubernamental.


SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL
stejero@eluniversal.com
viernes 19 de noviembre de 2010

MUD: Denuncia en París que se acaba la democracia venezolana

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El diputado electo y dirigente de AD, Henry Ramos Allup, intervino
en la reunión de la Internacional Socialista, donde
alertó militarismo Chávez

Ramos intervino por la Mesa en la Internacional
Socialista “deriva en un autoritarismo militarista”

 

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, denunció en París “la deriva cada vez más acentuada del régimen del presidente Hugo Chávez hacia el autoritarismo militarista, hacia la violación sistemática de la Constitución, hacia la disminución paulatina de la democracia venezolana mediante la liquidación del principio de separación de poderes, la subyugación de todas las ramas del Poder Público a la omnímoda voluntad presidencial, la restricción sistemática de todas las libertades públicas y garantías constitucionales, los atentados recurrentes contra la libertad de expresión, la criminalización de la disidencia, la conflictividad interna alentada tenazmente por el régimen y la carrera armamentista en un país cundido de problemas donde se hayan colapsados los servicios públicos esenciales”.

El dirigente intervino, en representación de la Mesa de Unidad, en la reunión de la Internacional Socialista, de la cual AD es miembro, para solicitar que “en beneficio de la paz, la democracia, la libertad y la integración” se mantenga atenta al caso venezolano, y alertó de la “grave situación” a los gobiernos de los partidos afiliados a la organización.

Denunció también “la interpretación restrictiva de la inmunidad parlamentaria” que hizo el TSJ y las más recientes declaraciones del ascendido general en jefe Henry Rangel Silva.

Ramos Allup condenó que el Gobierno “siga empecinado en mantener vinculaciones con la guerrilla”.


EL UNIVERSAL | Política
viernes 19 de noviembre de 2010

Descenso: Construcción de viviendas del sector público cayó 57%

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Entre enero y septiembre de este año se han terminado en el país 35% menos
unidades habitacionales que en igual lapso de 2009.

Ocho promotores
están detenidos

 

En este descenso influyó el declive que sufrió la construcción de viviendas por parte del sector público, que este año culminó apenas 9.510 soluciones habitacionales, mientras que en el mismo período de 2009 construyó 22.400

La construcción de viviendas por parte del sector público y el sector privado se enfrenta a restricciones. La menor inversión de los entes oficiales y de las empresas así como las fallas en el suministro de insumos básicos limitan la terminación de las casas, y por ello este año se han hecho 35% menos unidades que en 2009.

Las cifras que manejan los entes oficiales y los privados, señalan que entre enero y septiembre de este año se realizaron 41.500 viviendas, cuando en el mismo lapso de 2009 se culminaron 64.500 soluciones, lo que muestra, que pese al discurso, la realización de unidades continúa en descenso.

En descenso:

Aunque el primer mandatario en sus alocuciones reitera que la construcción de viviendas la asume como un reto personal y que por ello entre las prioridades de inversión pública se encuentra la fabricación de soluciones habitacionales, los datos de los entes ejecutores muestran que el número de soluciones terminadas bajó 57%.

Según los datos de los organismos, entre enero y septiembres se culminaron 9.510 viviendas, mientras que en el mismo lapso de 2009 se efectuaron 22.400 soluciones.

En ese menor número de unidades incidieron varios factores, siendo uno de ellos, la inversión programada para el sector. Los fondos previstos por la vía del gasto ordinario no fueron suficientes, de manera que la inyección de recursos estuvo sujeta a los traspasos de mecanismos como el Fonden.

Ante la baja disponibilidad de recursos se retrasaron las cancelaciones a las contratistas, lo que afectó la continuidad de los proyectos.

A los atrasos se sumó la orientación de parte de los fondos ordinarios a otros programas. Los recursos se dirigieron al plan Barrio Nuevo Tricolor, que consiste en la rehabilitación de soluciones.

En el presupuesto de 2010 se contemplan como prioridades ese plan de rehabilitación y la conformación de ciudades socialistas a escala nacional.

El sector público tampoco ha escapado a las fallas en el suministro de insumos esenciales. Si bien el Estado controla el 90% del mercado de cemento y productos de acero, actualmente enfrenta limitaciones en el abastecimiento, debido a que la producción de los materiales ha disminuido.

Desaceleración:

El problema con el suministro de cemento, cabilla y agregados fue una de las razones que obligó al sector privado a bajar su ritmo de producción de soluciones habitacionales.

Los privados entre enero y septiembre de este año terminaron 31.990 viviendas, cuando en 2009 culminaron 42.000 casas, siendo la caída de 24%.

A los problemas con el suministro de materiales, se añadieron las regulaciones fijadas al sector y la menor inversión. Los representantes del sector construcción han señalado que ante las medidas que se han ejercido se ha creado un clima de incertidumbre que termina impactando en las obras.

Desde mediados el pasado año se han diseñado marcos legales para controlar al sector, entre los que se encuentran la resolución que prohíbe el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, la Ley de Tierras Urbana y la reforma de la Ley del Indepabis. Actualmente están en proceso la Ley de Preventa, la Ley de Mercado Inmobiliario y los cambios a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Los representantes del sector construcción, expresan que esos marcos legales junto con las acciones de expropiación y ocupación de desarrollos habitacionales, agudizará la desaceleración de la actividad en los próximos meses. Eso significa que el número de unidades a terminar en cada trimestre será más bajo.

Privadas de libertad 8 personas

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que como parte de la investigación que se adelanta en las inmobiliarias hay ocho personas privadas de libertad, nueve acusaciones y 39 prohibiciones de salida del país.

Explicó que suman en total 239 investigaciones y 38 empresas con medidas de aseguramiento, que consisten en la prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de cuentas bancarias para 29 de esas compañías.

Ante los procesos de expropiación emprendidos por el Ejecutivo nacional, explicó que “las expropiaciones vienen a ratificar el derecho a la propiedad, porque no se está expropiando por capricho, sino por razón de interés social”.

En la continuación de las acciones sobre el sector inmobiliario que adelanta el Gobierno, Aura Rosa Hernández, presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), señaló a AVN que las constructoras de los expropiados conjuntos residenciales Loma de la Hacienda, El Encantado, Mata Linda, El Fortín y San Antonio recibirán además sanción monetaria que puede ir de 1.000 a 5.000 unidades tributarias (UT).

Detalló que se llevan a cabo, en la actualidad, los diferentes procesos de fiscalizaciones para atender las denuncias de los afectados.

Agregó que las salas situacionales contabilizan más de 170 denuncias diarias, vinculadas a actuaciones reiteradas de las constructoras y sus inversionistas.


MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
viernes 19 de noviembre de 2010