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En 47% se elevaron las importaciones públicas y las privadas caen 22%

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Las importaciones de bienes del sector público en nueve meses
alcanzaron los 5,4 millardos de dólares.

Contracción económica y cese
del permuta afectaron las compras

 

El Banco Central de Venezuela en el reporte sobre el comportamiento de la actividad económica al cierre del tercer trimestre destaca que en ese período hubo un mayor flujo de divisas a los sectores, pero la recuperación fue solo puntual. Las cifras acumuladas muestran una contracción de las importaciones privadas y un repunte de las compras del Gobierno.

Los datos publicados por el BCV, señalan que las importaciones de bienes del sector público en nueve meses alcanzaron los 5,4 millardos de dólares y registraron un incremento de 47%, respecto al mismo período del pasado año cuando fueron 3,9 millardos de dólares.

En contraste, las compras de bienes en el exterior por parte de las empresas privadas en nueve meses ascendieron a 17,9 millardos de dólares, pero en el mismo lapso de 2009 fueron 22,9 millardos de dólares, siendo la caída 22%.

El pasado año las autoridades regularon la entrega de divisas, debido al menor flujo de ingresos petroleros, dado que el precio del barril tuvo un promedio de 57 dólares, pero este año las asignaciones se han restringido más, pese a que la cesta supera los 70 dólares.

El economista Asdrúbal Oliveros señala que esa contracción de las importaciones privadas responde no solo al menor flujo de divisas. Existen otros factores como la recesión de la economía (cuya caída acumulada en nueve meses es 2,4%), los cambios en las relaciones comerciales con Colombia, las restricciones que se han establecido a las compras a través del convenio Aladi y la eliminación del mercado permuta (que era una vía alterna de adquisición de dólares).

Gestión trimestral:

Los datos del BCV en general muestran que en nueve meses el sector público ha orientado sus compras a equipos eléctricos, debido a que los problemas de generación de energía han afectado la actividad económica, mientras que los privados han tenido asignaciones irregulares para las compras de alimentos y maquinarias y equipos.

La información publicada por el instituto emisor muestra que por ejemplo en el primer trimestre del año las compras externas tanto públicas como privadas descendieron, y en el caso de las empresas estatales la principal reducción se registró en equipos para telecomunicaciones, siderurgia y transporte. Por su parte, los privados bajaron las adquisiciones de productos químicos, alimentos y bebidas, maquinarias, productos agrícolas y equipos eléctricos.

En ese período la disponibilidad de divisas, a pesar del salto en los precios de crudo, fue menor. La industria petrolera vendió 50% de sus divisas al instituto emisor, con lo cual el flujo de dólares no era suficiente para la demanda, lo que impulsó el mercado permuta.

Ante el salto que tuvo el permuta en el segundo trimestre, las autoridades decidieron fijar restricciones y crearon el Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) el cual maneja el BCV, pero ese mercado tiene sus condiciones las autorizaciones diarias son máximo de 50.000 dólares y las mensuales no pueden superar los 350.000 dólares.

Unos y otros:

El BCV en la información del segundo trimestre, destacó que en ese período persistió la caída en las compras del sector privado, especialmente en maquinarias, alimentos y bebidas y aparatos eléctricos. Mientras que el sector público disparó sus importaciones y gran parte de las adquisiciones se orientaron a equipos para el sector eléctrico, metales y equipos de transporte.

En los resultados del tercer trimestre, el instituto emisor notifica que hubo un mayor dinamismo por el Sitme y la superación de los problemas coyunturales en el suministro de divisas por parte de Cadivi, a lo que se sumó la política selectiva de importaciones de productos para la agroindustria por parte del Ejecutivo.

En ese período, las compras de los privados registraron una leve recuperación y aumentaron las importaciones de productos químicos, alimentos y bebidas, productos agrícolas, instrumentos médicos y maquinarias y aparatos eléctricos. Las importaciones de las empresas estatales crecieron más, el sector público siguió adquiriendo aparatos eléctricos, maquinarias, partes y piezas para telefonía, vehículos automotores para pasajeros y metales comunes, entre otros.


MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
mleon@eluniversal.com
Lunes 22 de noviembre de 2010

Andrés Oppenheimer: La politización de las fuerzas armadas

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Algo que no está recibiendo la atención que merece: la creciente politización
de las fuerzas armadas de la región.

Existe una nueva amenaza para
las democracias latinoamericanas

 

Los ejércitos de algunos países latinoamericanos están asumiendo posturas políticas que podrían crear un estado deliberativo dentro de sus propias filas, y una reacción en cadena entre sus vecinos. Consideremos:

En una ceremonia militar el 14 de noviembre, a instancias del presidente boliviano Evo Morales, el ejercito boliviano se proclamo “socialista”, “antimperialista” y ‘‘anticapitalista”.

En la ceremonia, a la que asistieron los comandantes de los ejércitos de Chile y Ecuador, y delegaciones militares de Argentina, Brasil y Perú, el comandante del ejército boliviano, general Antonio Cueto, dijo que la Constitución del 2009 de su país ‘‘da lugar a que el Ejército surja como una institución socialista”. La oposición afirma que tal afirmación es absurda.

Días antes, el jefe del Comando Estratégico Operativo de las fuerzas armadas venezolanas, el teniente general Henry Rangel Silva, quien desde entonces ha sido ascendido a Comandante en Jefe, sugirió al diario caraqueño Ultimas Noticias que las fuerzas armadas venezolanas no aceptarían un gobierno de oposición tras las elecciones presidenciales del 2012.

Señalando que las fuerzas armadas de Venezuela estan “casadas” con la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez, Rangel Silva afirmó que un hipotético gobierno de oposición que cambiara las cosas “sería vender el pais” y que “eso no lo va a aceptar la gente, la Fuerza Armada Nacional menos”.

Las fuerzas armadas venezolanas ya han adoptado como saludo militar el eslogan ‘‘Patria socialista o muerte! Venceremos!”.

En Centroamérica, el ejército de Nicaragua –aunque más prudente en sus declaraciones públicas que sus contrapartes en Bolivia y Venezuela– tiene una relación cada vez más estrecha con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Y los generales hondureños que destituyeron el año pasado al entonces presidente Manuel Zelaya no sólo justificaron su acción afirmando que el ex presidente había violado la Constitución, sino que también dijeron que no podrían haber aceptado un gobierno socialista en Honduras.

“Si no hay una pronta reacción colectiva contra este tipo de declaraciones de las fuerzas armadas, pronto veremos un efecto dominó”, me dijo Jose Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas del grupo no gubernamental Human Rights Watch. ‘‘La historia demuestra que si dejamos pasar estas cosas, estaremos preparando el terreno para una pérdida gradual de las libertades democráticas, y para el eventual retorno de los regímenes militares”.

Entre los peligros que se atisban en el horizonte se cuentan:

Primero, si las fuerzas armadas afirman que no aceptaran resultados electorales que no les gustan, como dijo públicamente el comandante militar venezolano Rangel Silva, eso podría desencadenar una nueva oleada de autogolpes o golpes militares despés de dos décadas de avances democráticos en casi toda la región.

Segundo, si la politización de las fuerzas armadas se convierte en “la nueva normalidad”, eso instará a los líderes políticos, sindicales y empresariales a buscar alianzas con sectores militares y resolver sus disputas según la cantidad de generales que cada uno tenga de su lado. En el pasado, las alianzas militares con políticos, magnates empresariales o líderes sindicales han conducido con frecuencia a los golpes militares.

En tercer lugar, las declaraciones “anticapitalistas” de oficiales de alto rango del ejército en Bolivia o Venezuela pondrán nerviosos a muchos militares de derecha en países como Chile, o Colombia, lo que podría llevarlos a declarar a sus propias fuerzas militares como “antisocialistas”. Eso tambien crearía un clima favorable para los golpes militares.

¿Qué habría que hacer? Existen varios compromisos regionales para la defensa colectiva de la democracia que requieren específicamente que los ejércitos de cada país respeten el estado de derecho, y los resultados de las urnas.

Entre otros, la Declaración de Québec de la Cumbre de las Américas del 2001, firmada por 34 jefes de estado, declara que “la subordinación de las fuerzas armadas” a las autoridades civiles elegidas democráticamente y el respeto por el estado de derecho son elementos “fundamentales” de la democracia.

Cuando le pregunté al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en una entrevista la semana pasada si la OEA hará algo respecto de esta nueva tendencia, me dijo que él no puede hacer gran cosa –fuera de manifestar su preocupación personal– si los paises miembros no plantean el tema oficialmente. Hasta el momento, ningún país lo ha hecho.

Mi opinión: coincido con Vivanco y otros activistas por los derechos humanos en que las recientes declaraciones de los comandantes militares de Bolivia y Venezuela sientan un terrible precedente. Si el resto de la región no denuncia esas declaraciones, se desatará una reacción en cadena que tarde o temprano hará regresar Latinoamérica a los negros días de los regímenes militares.

Pero, desafortunadamente, todo el mundo está haciendo la vista gorda.


Por Andrés Oppenheimer
©2005 El Nuevo Herald



Venezuela es el centro del secuestro en Latinoamérica

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Cofavic presentó informe en el que resaltan ha aumentado en los últimos 10 años la actuación de grupos “parapoliciales” cuyos asesinatos y actos violentos son mucho más temibles que los del crimen organizado.

Un vendedor de drogas, quien se identifica a si mismo como “El Patán”,
muestra sus pistolas y una cicatriz en el estómago sufrida en un
enfrentamiento con otra ganga en Las Mayas, Caracas.

“El secuestro es la actividad delictiva que
más ha crecido en los últimos 10 años”

 

En medio de la risa cruel de sus secuestradores, David Viana lloraba atormentado y rogaba que no lo mataran.

Los delincuentes no habían mostrado sus pistolas cuando interceptaron al joven venezolano a inicios de septiembre, mientras caminaba por las inmediaciones de la Plaza Francia, en Caracas, usando sólo amenazas para obligarle a abordar un pequeño automóvil.

Pero una vez adentro, los secuestradores sacaron dos pistolas y con una de ellas iniciaron un perverso juego. Le apuntaban, y tras tensos instantes le gritaban: ‘‘¡Pum!”, soltando carcajadas ante el espanto que se acrecentaba en el joven.

“Me colocaban la pistola en la cabeza, en la boca, por todas partes y hacían el sonido de disparo con sus voces”, relató Viana a El Nuevo Herald. “En mi mente, sólo pedía perdón porque pensé que me matarían”.

Viana fue una de varias decenas de personas raptadas ese día en Venezuela, país donde la corrupción, la indiferencia oficial y la debilidad del sistema penal han convertido este tipo de delito en una actividad casi libre de riesgos para el delincuente y a la nación petrolera en la nueva capital del secuestro de América Latina.

Expertos consultados tienen diferentes proyecciones sobre el número de casos que se están produciendo en Venezuela anualmente, pero coincidieron en que el arrollador ritmo con que se han multiplicado coloca al país por encima de México y Colombia, los antiguos epicentros regionales de este tipo de delito.

“El secuestro es la actividad delictiva que más ha crecido en los últimos 10 años”, afirmó Fermín Mármol García, profesor de Criminalística en la Universidad Santa María de Caracas. “Es una actividad que realmente ha sufrido un empuje vertiginoso en el complejo mundo del delito”.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana realizada por el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), unas 16,917 personas fueron secuestradas entre julio del 2008 y julio del 2009, cifra sin precedente en el país, que equivale a más de 46 secuestros diarios.

Pero ese número –que incluye el secuestro express al igual que el más tradicional secuestro prolongado– es sólo parcial, aseguró Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, con sede en Caracas.

Al proyectar la cifra para incluir a toda la población en el país, el número de secuestros en ese período sube a 26,873, más de 73 diarios, o 94.4 por cada 100,000 habitantes, dijo.

Estos números, basados en una encuesta efectuada por los representantes del INE que visitaron más de 16,000 hogares, contrastan con los 537 casos del 2008 y los 795 del 2009 registrados en el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.

Los expertos, sin embargo, tienen una explicación para esta discrepancia.

“En materia de secuestro las cifras negras [no reportadas] son muy altas”, declaró Mármol. “La gente no denuncia porque está consciente de que el aparato policial no puede dar respuesta y la familia quiere a su familiar sano y salvo lo más pronto posible”.

Las personas también se abstienen de realizar la denuncia por temor a represalias, bien porque temen que los victimarios sean rápidamente puestos en libertad o que agentes de la propia policía estén involucrados.

La participación de la policía en actos delictivos ha sido denunciada muchas veces en Venezuela. El propio ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, admitió a inicios de este año que efectivos de la policía han estado involucrados hasta en un 20 por ciento de todos los delitos.

En el caso de Viana, quien por espacio de tres horas permaneció en cautiverio mientras le paseaban por la ciudad y le obligaban a retirar la máxima cantidad de dinero de los cajeros automáticos, sus captores le liberaron en una zona oscura de la ciudad, no sin antes recomendarle que no hablara con las autoridades.

“Me dejaron una advertencia, que si llegaba a denunciarlos o a hablar con algún policía, ellos lo iban a saber porque eran funcionarios y me buscarían para vengarse”, indicó. “Yo sólo lloraba y le daba gracias a Dios por estar vivo”.

Briceño explicó que el delincuente venezolano ha mutado. El secuestro, dijo, se convirtió en una forma muy fácil de obtener dinero y los delincuentes que actuaban en otras áreas decidieron pasar a esta actividad que les permitía tener acceso a dinero en efectivo con más rapidez y menos riesgos y complicaciones.

“Lo que hemos tenido es una transformación del delito, por un lado, y por el otro una popularización del delito del secuestro”, añadió.

Según los expertos, los secuestros están siendo ejecutados por bandas que antes se dedicaban al robo de autos blindados, bancos y joyerías.

Estos delincuentes ahora operan en actividades de secuestros prolongados, los cuales requieren de logística, mientras que aquellos que se dedicaban al hurto de vehículos mayoritariamente se han dedicado a la modalidad del secuestro express. A estas actividades delictivas también se han unido funcionarios policiales y militares activos, así como aquellos que han sido destituidos. También se han sumado guerrilleros y ex rebeldes colombianos, dijeron los expertos.

Pero son los jóvenes delincuentes de las grandes barriadas, aquellos que previamente se dedicaban al sicariato y al microtráfico de drogas, los que constituyen el mayor riesgo para las víctimas.

“Estos son mucho más peligrosos”, comentó Mármol. “Son lo que nosotros llamamos en el argot policial ‘coco secos’, porque no tienen nada dentro en el coco [la cabeza], y para muchos de ellos la vida no vale nada, y ante un acoso policial o una mala negociación, ajustician a la víctima”.

Los coco secos también se han dedicado a los secuestros express, descrito así porque suelen durar sólo unas horas.

Francisco Quiñones, director de Operaciones de Clayton Consultants, firma de asesores internacionales de resolución de crisis con sede en Herndon, Virginia, afirmó que hay una estrecha relación entre el riesgo de la víctima y la experiencia del secuestrador.

“El secuestro corto es más arriesgado porque se trata de gente con menos experiencia y que tiene mayor potencialidad a usar la violencia”, afirmó Quiñones, cuya firma normalmente asesora a los familiares de las víctimas a negociar con los secuestradores.

Agregó que los secuestros largos tienden a ser ejecutados por bandas más profesionales. La operación de estas bandas, señaló, es más costosa, debido a que requieren una mayor logística y un mayor personal.

Quiñones precisó que su empresa en los últimos tiempos ha estado más ocupada en Venezuela que en México. Según él, el auge del secuestro en Venezuela puede ser atribuido en parte a una mejoría de la seguridad en Colombia, situación que llevó a muchos de los grupos guerrilleros que se dedicaban a esa actividad a cruzar la frontera.

Los primeros efectos de este fenómeno comenzaron a observarse inicialmente en los estados fronterizos de Apure, Táchira, Mérida y Zulia.

“Eran secuestros de la guerrilla que duraban varias semanas y hasta varios meses”, dijo Quiñones. “Muchas veces la amenaza era que si no se pagaba el rescate, se llevaban al secuestrado a Colombia”.

Añadió, no obstante, que el secuestro ya no está limitado a los estados fronterizos y hoy en día la mayor parte de los casos se producen en Caracas y en la industrial ciudad de Valencia.

En Caracas, aumentó mucho el secuestro de tres a cuatro días, en una modalidad que Clayton Consultants sigue considerando como express, pero que se diferencia de la retención de tres a cuatro horas, período en el que la víctima es llevada a los cajeros.

En este tipo de secuestro, la víctima es trasladada a alguna de las barriadas populares, mientras los delincuentes negocian con los familiares.

En Valencia, los secuestros tienden a durar varios días más y muchas veces la víctima es llevada fuera de la ciudad.

Pero aún cuando fueron las bandas colombianas las que dieron pie a la popularización del secuestro, hoy en día son los venezolanos los que va a la cabeza, con un creciente número de grupos especializados.

El Observatorio Venezolano de la Violencia registró un caso en que una de las víctimas fue contactada posteriormente por teléfono por uno de sus secuestradores, para que ofreciera asesoría a una mujer que tenían secuestrada, dijo Briceño.

“La otra voz [el secuestrador] le dice: ‘Disculpe señor Fulano, es que tenemos aquí a una señora secuestrada y ella no cree que nosotros somos gente seria. Piensa que la vamos a matar. ¿Podría conversar con ella para que le explique?’ ”, relató Briceño.

Mármol explicó que otra de las razones del auge es la impunidad que reina en Venezuela, país que carece de suficientes policías, fiscales y jueces.

Según estudios elaborados por Mármol, el país sólo cuenta con 4,000 de los 25,000 agentes especializados en investigaciones que debería tener, y sólo 70,000 de los 125,000 agentes que deberían patrullar las calles.

Además, cada fiscal está a cargo como promedio de unos 3,000 casos al año, equivalentes a más de ocho por día, y los jueces penales tienen asignados unos 500 casos.

El resultado final de esta carencia es que sólo un 8 por ciento de las denuncias formuladas llegan a resolución judicial.

“En Venezuela es fácil cometer delitos, porque los delincuentes tienen 90 por ciento de probabilidades de éxito”, declaró Mármol. “Si de cada 100 delitos, 90 quedan sin resolución, hermano, usted tiene grandes oportunidades de salir ganando, y no ha de sorprendernos que el delincuente en Venezuela esté envalentonado”.

El reportero Deivis Ramírez Miranda contribuyó a esta información desde Caracas


Por ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com



Laureano Márquez: “La viveza nos impide progresar como nación”

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La sociedad venezolana no se ha tomado en serio a sí misma, advierte
el humorista para quien Venezuela, más que un país, se ha
convertido en un gran guiso nacional.

“Mientras más arbitrario es el poder,
 más humor habrá sobre él”

 

El politólogo reflexiona sobre la viveza del venezolano y las inseguridades del presidente Chávez…Sorprende el hablar cortésmente pausado en un hombre acostumbrado a empuñar un arma, pero no una cualquiera.

Ésta permite sobrellevar, asimilar, la dura realidad y al mismo tiempo desarma, deja al desnudo al poder, su hipocresía. Laureano Márquez insiste en que lo suyo es humor en serio.

–Entonces, ¿quién hace humor en broma?

– “Todo humor es serio, sólo que hay gente que no hace humor sino burla, que es distinto. La burla no es compasiva, sino despiadada; la burla no pretende la redención, sino la opresión; no busca la bondad, sino la agresión .

–En España, donde recientemente presentó De gira sin Esteban, dijo a la prensa que Hugo Chávez no tiene sentido del humor, sino sentido de la burla.

– Sí, efectivamente. El humor es una forma de pensamiento y la burla es una descarga, es como la utilización del humor con fines estrictamente agresivos, lo cual para mí es perder la esencia humorística. Usarlo para descalificar a otros, para ponerles sobrenombres, para insultarlos, es falso humor aunque produzca risa.

–Al montaje de La Reconsti- tuyente asistieron ministros y dirigentes políticos. ¿Cómo explica la pérdida del humor por parte de los oficialistas?

–Se explica en la misma medida de la pérdida del poder institucional. Mientras tienes poder y la gente te respalda, toleras todo porque estás seguro.

Chávez estaba muy seguro en 1999 de que tenía el control de la sociedad. Ahora está muy inseguro y por eso ya no recurre a la tolerancia, sino a asustar para que no dejen de apoyarlo. Si ya no estás conmigo, te persigo o te quito cosas que te di, como las becas o Barrio Adentro. Si estás en contra, te voy a meter preso, voy a cerrarte el periódico, el canal. Y da ejemplos claros: este canal no se mete conmigo y yo no me meto con él.

–Por un lado, está el Gobierno con ese complejo de Adán que le ha llevado a rebautizar desde el país hasta los poderes públicos; y, por el otro, está la disidencia que para evitar retaliaciones se ve en la necesidad de no llamar a las cosas por su nombre. Para muestra, un Esteban. Al paso que vamos, ¿adónde llegaremos?

– Estamos llegando al lenguaje del simbolismo puro. Chávez renombra las cosas porque quiere demostrar que es un segundo momento de Independencia; o sea, que ha habido dos grandes momentos en la historia venezolana: Bolívar y él. Se cree el dueño de Bolívar, su heredero, por eso abre su urna, toca sus huesos, se unge de ese ritual. Chávez pone nombres a una Venezuela que es distinta a la anterior, ésa es la imagen que nos quiere vender.

Lo que pasa es que es tan parecida a la anterior que incluso es peor. Esos nombres no van a perdurar porque no se basan en una real creación; durarán lo que perdure Chávez en el poder. Cuando no esté, verás en los basureros la cantidad de ropa roja. La sociedad venezolana no tiene una convicción socialista, no está en esto por ideas, sino por negocio. Esto es un gran guiso nacional. El renombrar de la oposición es distinto porque lo hace para no meterse en problemas. Cuando la gente no puede hablar, en vez de callarse, cambia el lenguaje, se inventa otras palabras simbólicas para poder expresarse.

Cuando tú vas por la tercera o cuarta multa, empiezas a volverte tan cuidadoso con el lenguaje que piensas: ni siquiera lo voy a llamar por su nombre para evitarme problemas.

El humor y la tragedia:

Márquez habla desde la experiencia. Sus editoriales en Tal Cual, en efecto, no sólo han desatado risa y reflexión, sino también demandas y sanciones. “Cuando uno escribe y sobre todo de temas políticos, uno sabe que eso puede traerle problemas en una sociedad en la que ya no se tolera la disidencia. Es un riesgo que tienes que asumir”.

–Además del humor blanco y el humor negro, ¿ahora hay también humor rojo, a decir de la risa de Andrés Izarra?

– Es que la risa de Izarra no es humor. Es un ejemplo típico de burla. Se reía como si escuchara el mejor chiste de la historia y nadie estaba contando el mejor chiste. Era una risa calculada para descalificar un argumento contrario. Por eso ha causado tanto escándalo. La risa no se puede fingir. A un humorista nadie lo engaña en un escenario. Nadie se reirá para hacerte sentir bien, que es distinto a cuando está Chávez en Aló, Presidente, que la gente se ríe porque se siente obligada. Stalin tenía el récord de aplausos de la historia porque nadie se atrevía a ser el primero en dejar de aplaudir.

–¿Qué consecuencias tiene que el venezolano transforme todo, hasta lo más terrible, en chiste?

– Cuando uno le da sentido humorístico a la tragedia, puede coexistir con ella de mejor manera. El riesgo es que no estés dispuesto a asumir otros compromisos como transformar tu realidad, sino simplemente reducirla al humor. La sociedad venezolana no se ha tomado en serio a sí misma.

No nos creemos un país; en el fondo nos creemos un negocio, una mina en la que todos estamos como en plan de extracción. ¿Por qué el auge del plan B? A Venezuela le han sucedido cosas tan graves en los últimos años como para que la sociedad hubiera reaccionado de otra manera. Creo que los franceses no habrían aguantado tanto, o los estadounidenses, o los españoles, tal nivel de agresión sistemática al modo de vida de una sociedad, a sus convicciones, a sus ideas.

–¿La sociedad venezolana se ha vuelto más conformista?

– Sí, eso tiene que ser conformismo, no sé de qué otra manera explicarlo. También la sociedad venezolana es socarrona, sabe amoldarse. Está como la gomecista en el “vivamos, callemos y aprovechemos”, como decía Mariano Picón Salas. Pero ¿qué pasó cuando se fue Juan Vicente Gómez? Todo el mundo era antigomecista. Cuando se vaya Chávez, todo el mundo será antichavista y uno se preguntará: ¿y quién apoyaba a Chávez? Eso ha pasado siempre en la sociedad venezolana, que es astuta, viva, sabe sacar provecho a lo que hay y hacernos los bolsas frente a las cosas.

–¿Todavía quedan pendejos?

– Cómo no, aquí estás frente a uno. Hay muchos. El que no se aprovecha es un pendejo. La gente siente que cuando asume un cargo está para beneficiarse de él. Nos creemos vivos porque aprovechamos las cosas a nuestro favor, nos comemos una luz, nos coleamos. Esa viveza es precisamente la que nos impide progresar como nación. En la medida en que vamos siendo más vivos en lo individual, nos vamos arruinando más en lo colectivo. La gente ha emprendido la salvación personal. Hay dos cosas: salvar el país o salvarme yo, déjame salvarme yo y el país, bueno, ya se verá ­comenta quien acostumbra hablar en primera persona incluso a la hora de la crítica.

–El escritor mexicano Adolfo Castañón dice que “donde hay poder, hay risa y donde hay caudillo, hay chiste”.

– Donde hay poder, hay risa porque es una manera de rebelarse frente al poder. Mientras más arbitrario es el poder, más humor habrá sobre él. Y el caudillo en sí mismo es un chiste.

Uno de los grandes méritos de Chaplin es que se dio cuenta de que Hitler era una comiquita. Dijo literalmente que cuando saludaba parecía un mesonero al que le habían quitado la bandeja de los platos. Nuestro Presidente ya causa gracia, pero imagínate ver esto a la luz del tiempo. Dirán: ¿qué clase de gente era mi abuelo que votó por ese señor? No estoy tratando de comparar a Chávez con Hitler; son caudillos los dos pero de distinta naturaleza.

–¿Qué se juega el país en los comicios parlamentarios?

– No sólo en las elecciones, Venezuela se está jugando su modo de vida, su destino, que para mí pasa por la democracia; pero ya no es sólo el sistema político, sino el sistema económico, social, de vida de un país.

Estas elecciones son un hito en medio de la búsqueda de una salida a esta situación porque abren la posibilidad de empezar a cambiar. Venezuela es un terreno minado por todos lados, por la destrucción del aparato productivo, por la creación de grupos armados, por la intolerancia con los medios de comunicación. Del lado de la oposición es también un terreno minado porque a orfandad de otro liderazgo los medios de comunicación lo han asumido, porque no hay liderazgo capaz de ofrecer proyectos alternativos. Los cambios no pueden ser de otra manera que gradual e incrementalmente y exigen el compromiso del colectivo.

–¿Quién reirá de último?

– Tendremos que reír todos porque si no, no habrá verdadero humor.


TAL LEVY
levytal@yahoo.com
Sep 5 2010
Política | Opinión
EL NACIONAL

Laureano Márquez premiado en Washington por su periodismo crítico

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El venezolano Laureano Márquez, humorista y columnista del Diario opositor “Tal Cual”.

 

Recibió en la capital estadounidense
uno de los Premios de la CPJ

 

 El CPJ premió a varios periodistas que han llevado a cabo su trabajo en medio de las fuertes adversidades de los gobiernos de sus países. Un periodista de Etiopía, Rusia e Irán también recibieron un galardón.

Premio CPJ por su “periodismo crítico” en medio de la “represión” a la libertad de expresión en Venezuela

El periodista Márquez agradeció hoy el premio que considera “un reconocimiento a todos los comunicadores venezolanos que realizan su trabajo en medio de las más complejas adversidades para la libertad de expresión y la libertad de las ideas”. También alabó hoy el poder del humor, que describió como “uno de los recursos que tienen las sociedades históricamente para enfrentar la arbitrariedad y el autoritarismo”.

Otros de los periodistas que fueron premiados en una ceremonia en Washington fueron el etíope Dawit Kebede, quien fue encarcelado durante un episodio de violencia en las elecciones de Etiopía en el 2005.

Asímismo la rusa Nadira Isayeva, que ha sufrido de forma reiterada el acoso de los servicios de seguridad en la volátil región caucásica por su información sobre la violencia y los militantes islámicos en la zona.

El cuarto galardón recayó sobre Mohammad Davari, que permanece encarcelado en Irán por haber denunciado en su página web Saham News las violaciones, la tortura y el abuso en el ahora clausurado Centro de Detenciones Kahrizak.

Por su parte, Carlos Lauría, coordinador para el programa de las Américas del CPJ, dijo a Efe que “más allá de que diga que respeta la libertad de expresión el Gobierno venezolano ha tomado medidas en sentido contrario”.

“Aquellos que son críticos son fascistas, agentes del imperio”, apuntó Lauría, quien considera ese tipo de acusaciones “una muestra marcada de intolerancia”.






En el Olímpico: Policía Metropolitana arremetió contra aficionados (Video)

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En el Olímpico las fuerzas policiales reprimieron a un grupo de fanáticos
que se encontraban en las gradas.

Luego de finalizado el partido entre
Caracas y Deportivo Petare (2-2)

 

Caracas.- El encuentro entre Caracas y Deportivo Petare en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela dejó mucho más que el empate 2-2 que acerca a los rojos al líder del campeonato Real Esppor.

Después de finalizado el partido, la Policía Metropolitana arremetió contra los fanáticos que se encontraban en las gradas, generando un clima de caos en el recinto universitario.

Este caso se une al ocurrido el sábado en el Misael Delgado de Valencia, durante el juego entre Carabobo y Real Esppor (1-0).


EL UNIVERSAL | Torneo
Apertura domingo 21 de noviembre de 2010

Expediente: Se complica el jucio al Cacique Sabino

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El juicio por homicidio contra el cacique Sabino Romero y otros dos yukpas confronta
la pretendida vocación indigenista del Estado: ¿hasta dónde es verdad que se
reconocen sus costumbres?

El proceso al líder yukpa continúa su curso
en la justicia criolla, pero ha dado un viraje

 

El otro cacique imputado ahora quiere que siga el proceso en los tribunales ordinarios. El caso plantea un enorme reto para el Estado. ¿Quién juzga a quién…? No es poca cosa lo que pretende la defensa del cacique Sabino Romero en el juicio que se le sigue por los sucesos ocurridos el 13 de octubre en una comunidad yukpa de la Sierra de Perijá: que se aplique el Artículo 260 de la Constitución y se active eso que en el papel se conoce como la jurisdicción especial indígena. Cosa que, de momento, nunca se ha hecho en la práctica. O al menos no de manera oficial.

Lo que se busca, en concreto, es que sean las instancias de las comunidades yukpa las que resuelvan la situación generada tras un enfrentamiento entre caciques y grupos rivales que dejó saldo de dos muertos y cinco heridos.

Sabino, el también cacique Olegario Romero y Alexander Fernández fueron imputados por los delitos ocurridos ese día, lo que incluye los homicidios de la joven embarazada Mireña Romero y de Ever Castro.

Desde el primer momento, más allá de intentar demostrar la inocencia de los imputados, los abogados defensores centraron su estrategia en esa solicitud: que la justicia ordinaria del Estado venezolano decline su competencia para llevar adelante procesos relacionados con hechos sucedidos dentro de asentamientos indígenas.

Pero la estrategia ha chocado una y otra vez con una pared y los tres yukpas continúan detenidos en la cárcel nacional de Trujillo.

Ricardo Colmenares, representante legal de Sabino y de Fernández, sabe que la tarea es compleja y cuesta arriba: “Si se logra, éste sería un caso emblemático que crearía jurisprudencia en el continente”, señala: “Estamos forzando a que se cumpla lo que dice la Constitución, que Venezuela es un Estado pluricultural”.

Ser o no ser:

En su argumentación, Colmenares apunta que el Estado quedó definido como una “nación multiétnica” de acuerdo a la letra de los artículos 119 al 126 de la Constitución que consagran los derechos de los también llamados pueblos originarios. De hecho, el 119 reconoce cultura, usos, religiones y costumbres y la defensa interpreta que eso debe incluir sus concepciones de aplicación de justicia. Y esos derechos colectivos, recuerda, son de cumplimiento inmediato.

En el Artículo 260 de la Constitución estaría reconocido lo que el abogado identifica como la Jurisdicción Especial Indígena: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

El componente esencial de esta jurisdicción es el derecho consuetudinario o tradicional: el conjunto de normas aceptadas y aplicadas por la comunidad a lo largo del tiempo, que no necesariamente están escritas porque se transmiten de forma oral y son susceptibles de cambios y operan sin la presencia formal del Estado. Tienen, además, valor cultural y forman parte de la identidad de los colectivos indígenas.

Colmenares cita a expertos en la materia que refuerzan la idea de que dentro de los asuntos que forman parte de este derecho está la definición de los hechos que pueden ser considerados delitos o faltas; sus sanciones respectivas y el manejo y control de la forma de solucionar los conflictos internos.

Eso no es todo:

Machiques me cargan arrechera porque estoy rescatando tierra ancestrales”.

Colmenares esgrime el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por Venezuela y aprobado según Gaceta Oficial del 17 de octubre de 2001. El artículo 8 de ese acuerdo recomienda que al aplicarse la legislación nacional a los pueblos indígenas debe tomarse en consideración las prácticas de su derecho consuetudinario. El artículo 9.1 es más específico: “… deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas promulgada en diciembre de 2005 consolida la noción de la potestad que tienen estos pueblos para aplicar sus normas. El artículo 132 es fundamental en esta discusión: “La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras”.

La Lopci establece los lineamientos de esa jurisdicción y su posición frente a la justicia ordinaria. Señala que podrá decidir sobre cualquier tipo de situación o conflicto, salvo delitos contra la seguridad de la Nación, de corrupción, tráfico de armas y drogas, crimen organizado y crímenes de tipo internacional, como genocidio y lesa humanidad.

Y en el artículo 141 presenta un mandato claro: “Los jueces, al momento de dictar sentencia definitiva o cualquier medida preventiva, deberán considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas, y decidir conforme a los principios de justicia y equidad. En todo caso, éstos procurarán establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural”.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de septiembre de 2007, completa el marco: en sus artículos 34 y 35 reconoce los sistemas y la jurisdicción propia de los pueblos indígenas.

Esta batería normativa forma parte de la documentación que el abogado Colmenares ha presentado en las distintas instancias por las que ha transitado el expediente de sus defendidos. Y eso incluye una corte de apelaciones y el Tribunal Supremo de Justicia.

Colmenares ha hecho énfasis en que el caso cumple con los supuestos del Artículo 260: los imputados son indígenas, los hechos violentos ocurrieron entre ellos, sucedieron en territorios considerados indígenas y pertenecen a etnias que tienen instancias para la administración y aplicación de justicia. Pero de nada ha servido: el juicio continúa su lenta marcha en los tribunales de la justicia criolla.

No es fácil:

El 23 de octubre de 2009 el juzgado de primera instancia en lo penal del Municipio Rosario de Perijá (Zulia) dictó privativa de libertad para los tres yukpas y negó la pretensión de los defensores de que se declarara incompetente para llevar adelante el proceso. Pero sí aceptó los argumentos de los abogados sobre violaciones a procedimientos formales establecidos en la Lopci, como la presencia de un intérprete en las tomas de declaraciones a indígenas. El tribunal ordenó anular los testimonios recabados por la policía científica que sustentaban las acusaciones y ordenó realizarlas según los parámetros de la Lopci. Los defensores concluyeron que sin testimonios sus representados debían quedar en libertad. Pero eso no sucedió.

Así que ambos equipos de abogados y los fiscales acusadores apelaron. La Corte de apelaciones de Zulia declaró sin lugar los recursos y confirmó las decisiones tomadas por el tribunal de Perijá. El abogado Colmenares acudió a la Sala Constitucional del TSJ a presentar un recurso de amparo que fue rechazado sin resolver el problema medular: ¿se juzgan o no los hechos en un consejo indígena? Los magistrados, al parecer, escurrieron el bulto.

El juzgado de Perijá presentó el Artículo 43 de la Constitución para sostener su posición: “El derecho a la vida es inviolable”. Y razonó que ese derecho ampara “a todos los venezolanos, llámese indígenas o criollos, aunado al hecho de que está por encima de los códigos y las leyes, que rigen a este país”.

El criterio que se impuso en esta decisión es que se trata de delitos graves (homicidios) y “hasta los actuales momentos no están dadas las condiciones para que estructuralmente pueda ser constituido un Tribunal Especial en el que deban ventilarse estos tipos de delitos entre los indígenas”. Además, el juzgado señaló que por la “complejidad del asunto” y “la magnitud del daño causado” mal podría declinar su responsabilidad ante una jurisdicción especial “que aún no ha sido compatible con la jurisdicción ordinaria”. Y aceptó que en el caso de conflictos internos “de menor gravedad” en los que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 260, no habría mayor dificultad en dejarlos en manos de la comunidad indígena.

También advirtió que la zona donde ocurrió todo no es formalmente territorio indígena porque aún no se ha hecho la demarcación.

Colmenares planea acudir nuevamente al TSJ y más adelante, tocar a las puertas del sistema interamericano con este caso que también será presentado por una ONG británica ante el Foro permanente de asuntos indígenas de la ONU: “Por violación de los derechos colectivos”.

El panorama interno, sin embargo, luce aún más complicado que cuando inició esta pelea. Al comenzar el proceso la defensa del cacique Olegario Romero, rival de Sabino, coincidió en la solicitud de que el caso pasara a la justicia indígena. Eso cambió: “Revocó a sus defensores y negoció con conocidos abogados de los ganaderos de la zona”, asegura Colmenares: “Ahora pide que lo juzgue la justicia ordinaria”.

Los fiscales acusadores, continúa su denuncia Colmenares, presentaron al tribunal el acta de una asamblea promovida por organismos oficiales y agentes del Estado en el que apenas 15 caciques deciden que el caso de Sabino siga su curso en el juzgado criollo. “Eso no tiene validez, en la zona hay más de 100 caciques. Aquí, para hablar claro, lo que se quiere es desviar el asunto diciendo que el malo es Sabino porque es el líder que se opone a la demarcación oficial de tierras que los obliga a seguir conviviendo con los hacendados. Hay mucho interés en sacar a los yukpas de la parte alta de la Sierra”, dice el abogado. Y asoma un extraño porvenir: “Allí hay hasta uranio. Existen mapas de Corpozulia que demarcan la Sierra para su explotación. Y figuran empresas del Medio Oriente”.


OSCAR MEDINA | EL UNIVERSAL
ommedina@eluniversal.com
domingo 21 de noviembre de 2010

ALBERTO BARRERA TYSZKA: La multiplicación de los cochinos

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Si los funcionarios del Gobierno usaran el Metro, no habrían hecho el ridículo
acusando de saboteadores políticos a unos simples ciudadanos.

La multiplicación
de los cochinos

 

Al primero, lo vi en la farmacia. Estaba de pie, a un costado de la caja registradora.

Parecía ausente. Como si no lo afectara demasiado el movimiento que había en el lugar: dame dos jeringas, ¿tienen prednisona?, estoy buscando un gel para el salpullido.

Él permanecía ensimismado, mirando un anaquel lleno de preservativos. Parecía un cerdito nihilista. Era azul.

Después, empecé a verlos en todos lados y a cada rato. Sentí que, por fin, la gran invasión tantas veces anunciada, había llegado. La famosa invasión marrana, asimétrica y de cuarta generación, ya estaba aquí.

En plena mitad de noviembre.

Cochinos verdes, grises, rojos y rosados, también morados, hasta marrones y casi negros, algunos incluso con dos colores, como si fueran un raro injerto, otros con las narices desteñidas. Todos, eso sí, de gran tamaño. Enormes. Pero con la o estirada. Enooormes. Cuando detuve el carro frente a la caja de un estacionamiento, apareció de pronto uno frente a mí. Estaba amarrado con alambres, pero me miraba fijamente. Estaba tan cerca, sentí que podía besarme. Un beso puerco. Casi parece el nombre de una película española.

Comencé a imaginar la ciudad tomada por estos animales plásticos. Vi a un fiscal de tránsito, agitando las manos en una esquina, con un silbato en la boca y un cochino amarrado, a la manera de un koala, en la cintura. Vi también a un árbitro en el estadio dejando cuidadosamente un cerdo colorado junto a la almohadilla de la tercera base. Justo después de una rueda de prensa, imaginé a un ministro sacándose del bolsillo un puerquito verde y pasándoselo por delante a todos los periodistas presentes.

Vi a miles de ciudadanos usando cachuchas con la forma de un marranito echado; todos deambulaban por las calles, saludándose siempre con breves y sugestivas inclinaciones de cabeza. Soñé la fatalidad de un secuestro express en el que todos los delincuentes estaban armados con jamones de cañón corto y con chuletas 9 milímetros.

Si yo fuera Jorge Giordani, me preocuparía. Por supuesto que yo no soy un experto económico. Tengo la aritmética del sentido común. Creo que no sólo hay que evaluar las cifras de la macroeconomía sino que también, a veces, resulta saludable mirar la calle y ponderar otros síntomas. Por ejemplo: si los funcionarios del Gobierno usaran el Metro de Caracas, aunque fuera una tarde al mes, no habrían hecho el ridículo acusando de saboteadores políticos a unos simples ciudadanos hartos de las fallas del servicio.

Lo mismo pasa con la economía. No está de más que Giordani y que Merentes, que suelen ser unos optimistas a toda prueba, que siempre nos dicen que todo está bien, se dieran una vueltecita, caminaran un rato, vieran con sus propios ojos nuestro festival de alcancías. Este año, los cochinos llegaron antes que las gaitas. Este año, los cochinos llegaron antes que el amigo secreto. Eso también debería ser un indicador económico.

¿No podríamos hacer de los cerdos un valor estadístico? ¿Cuántos cerditos caben entre las promesas del Gobierno y las necesidades del pueblo? El discurso oficial lleva demasiados años prometiéndonos el paraíso. Repiten que seremos una potencia. Dicen que aquí hay petróleo y gas como zancudos. Tenemos tanto dinero que podemos ser solidarios con nuestros hermanos del continente. Aquí todo el mundo va a tener trabajo, vivienda, seguridad…El socialismo es ganarse la lotería con el número de la cédula de identidad.

Pero, al mismo tiempo, el discurso oficial no hace más que satanizar cualquier riqueza, toda la riqueza. Vivimos en un proceso de constante generalización del mal.

No hay unos constructores que han especulado y delinquido y que, por tanto, deben ser juzgados por la ley. No. Se trata de todos los constructores, de toda la industria de la construcción, de todo el sistema. El Gobierno cree que la destrucción es un acto de justicia.

Somos un país rico que piensa que toda riqueza es ilegítima. Nuestra identidad también necesita un diván.

Debemos desear y despreciar lo que tenemos, lo que somos. Nos gobierna una élite que pretende convertirse en Estado, que sataniza el dinero pero que habla y dispone del dinero de todos como si solo fuera suyo. Este podría ser la utopía de algún salvaje neoliberal: un poder sin controles.

Merentes dice que “Venezuela ya entró en la senda de recuperación del crecimiento”. Giordani asegura que “hay una clara tendencia de reversión de la caída de la economía”. Pero, en la calle, el paraíso se ve cada vez más lejos. Hay reclamos, protestas, paros. Estamos invadidos. En la calle sólo vemos la multiplicación de los cochinos.


ALBERTO BARRERA TYSZKA
abarrera60@elnacional.com
Política | Opinión
EL NACIONAL

Día del Estudiante: “Es incongruente una revolución sin el apoyo de los jóvenes”

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Estudiantes de 18 universidades marcharon en Caracas el 14 de octubre para protestar
por las políticas gubernamentales que buscan cercar las universidades

Diego Scharifker: gobierno se empeña en cerrar
puertas y ver a los estudiantes como enemigos

 

El Día del Estudiante tiene su origen en la huelga en la que participaron los jóvenes el 21 de noviembre de 1957 para denunciar un régimen autoritario que acosaba a la prensa, no permitía debates en el Congreso ni la integración de comisiones defensoras de los derechos humanos. Fue la protesta que desencadenó los sucesos del 23 de enero de 1958 y dio comienzo a la democracia.

Los estudiantes levantan la voz otra vez, por razones semejantes a las de hace 53 años y en defensa de las libertades, lo que demuestra que más de una década de un gobierno que se autodenomina revolucionario no los ha convencido de sus alegadas bondades.

Diego Scharifker, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, afirma que los jóvenes no se sienten reflejados en un proyecto de país que no trabaja por un futuro mejor, sino que se empeña en cerrar puertas y ver a los estudiantes como enemigos.

Eso explica que la mayoría de los centros estudiantiles de las principales universidades del país estén en manos de jóvenes críticos de las políticas oficiales.

El más reciente ejemplo de ese cuestionamiento son los resultados de las elecciones estudiantiles en la UCV el 12 de este mes: la presidencia de la Federación de Centros Universitarios y 8 de las 9 secretarías en disputa quedaron en manos de sectores críticos del Gobierno, que recibieron más de 11.000 votos en 2 planchas, mientras que los grupos que se autodenominan revolucionarios ­que participaron en los comicios divididos en 5 planchas­ recibieron alrededor de 3.900 sufragios. Una correlación de fuerzas de aproximadamente 67% y 32%.

De acuerdo con José Francisco Valery, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCAB, de las federaciones más representativas del país, en términos de población estudiantil (Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, Universidad de Los Andes y Universidad de Oriente), sólo una ­la UDO­ cuenta con una representación estudiantil que comparte las ideas del Gobierno.

José Vicente Carrasquero sostiene que la política de rechazo que aplica el Gobierno contra quienes piensan distinto es lo que aleja a los jóvenes.

“En Venezuela se da el extraño caso de una revolución excluyente que busca dividir, lo cual hace que los jóvenes busquen otros espacios”, señala el politólogo.

Añade que “el sueño de la utopía, característico de la juventud, es lo único que explica que algunos jóvenes pasen inadvertido el desastre de estos 11 años de administración chavista y el fracaso del socialismo soviético y cubano”.

El politólogo John Magdaleno califica de incongruente que exista una revolución que no cuente con el apoyo de los jóvenes. Considera que lo que atenta contra el Gobierno es su escaso interés en mejorar las condiciones del estudiantado.

“La mengua financiera para las universidades, la desmejora en becas, el bajo presupuesto para investigación y la precaria remuneración de los profesores demuestran el escaso valor que el Gobierno le otorga a los jóvenes”, expresa.

El historiador Antonio García Ponce afirma que la débil popularidad del socialismo del siglo XXI entre la juventud se debe a que “sus proposiciones son retrógradas porque luchan por una concepción histórica liquidada en 1989 y 1991, con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética”.

Recordó que la teoría marxista-leninista ya ejecutó su misión histórica y fue incapaz de cumplir las expectativas que generó.

“Los jóvenes ahora buscan una visión que ofrezca nuevas perspectivas para los países, especialmente aquellos que se encuentran en desarrollo, como es el caso de Venezuela. Quieren el desarrollo de las fuerzas productivas y la liquidación de la pobreza, y están claros en que esto sólo es posible bajo una democracia que respete los derechos humanos”, manifestó.

Analistas y líderes estudiantiles advierten que la juventud no se siente reflejada en un proyecto de país que no trabaja por un futuro mejor


Por: ALEX VÁSQUEZ S.
Educación | Política
EL NACIONAL

CASTO OCANDO: debe asegurarse de que Makled no será torturado en Caracas

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Roger Noriega, ex funcionario del Departamento de Estado, advierte que
Colombia “debe asegurarse de que Makled no será torturado
si es entregado a Caracas”

 

Estados Unidos presiona por las pruebas del supuesto narco
Sentencia de 30 años podrían aplicar a Makled en Venezuela

 

En el congreso de Estados Unidos han expresado preocupación acerca del manejo del caso Makled por el gobierno de Obama. El anuncio del Gobierno de Colombia de que el empresario acusado de narcotraficante Walid Makled será extraditado a Venezuela en lugar de Estados Unidos, incrementó las presiones en círculos oficiales norteamericanos, debido a las pruebas que podría aportar para destapar los vínculos del gobierno chavista con el narcotráfico, de acuerdo con expertos y funcionarios consultados.

El Departamento de Estado dejó en claro el “interés de juzgar a Makled en Estados Unidos”, aunque expresó respeto por la decisión de Colombia.

La fiscalía venezolana afirma que Makled era investigado desde 2006 por la presunta comisión de tres delitos: legitimación de capitales, tráfico ilícito de drogas y asociación para delinquir. Las acusaciones se ampliaron para incluir dos acusaciones de homicidios: el del periodista Orel Zambrano, un frecuente crítico del supuesto narco; y la del veterinario Francisco Larrazábal, propietario de la hacienda vecina a la de Makled, donde fueron incautadas 400 panelas de cocaína en noviembre 2008. Por esos delitos, Makled podría enfrentar hasta 30 años de prisión, la pena máxima establecida por el Código Penal venezolano.

En Estados Unidos es acusado de “conspirar para importar narcóticos”. Específicamente se le señala de intentar introducir varios cargamentos de cocaína, entre ellos uno de 5,6 toneladas de la droga, que fueron incautadas en México en 2006. Estos delitos podrían acarrearle pena de cadena perpetua. Sin embargo, Makled podría salir literalmente a la calle bajo el programa de protección de testigos si aporta suficiente evidencia en un tribunal federal para enjuiciar “a personas del más alto rango dentro o fuera del Gobierno de Venezuela, que participaban en la red de narcotráfico dirigida por Makled”, indicó un experto legal familiarizado con el juicio en Nueva York.

Existe un creciente interés en Estados Unidos por las pruebas que Makled asegura tener sobre sus vínculos con altos militares y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. Estados Unidos “está pidiendo la extradición de Makled, con la esperanza de llegar a un acuerdo para obtener la documentación que necesita para destapar la red de cocaína dentro del Gobierno venezolano”, dijo Douglas Farah, experto del Centro Internacional de Evaluación y Estrategia, con sede en Washington.

Roger Noriega, ex alto funcionario del Departamento de Estado en el gobierno de George W. Bush, aseguró que las agencias y la Fiscalía Federal “tienen en la mira las redes criminales en Venezuela”, y “Makled está preparado para implicar a ministros y militares”.

Noriega advirtió a Colombia que “está obligada a asegurarse de forma determinante que Makled no será torturado si es entregado a Venezuela, como signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”.

Las presiones en Estados Unidos para que Colombia envíe a Makled a Nueva York podrían incrementarse notablemente en las próximas semanas, sobre todo a partir de enero, cuando el Congreso esté bajo control republicano.

El representante republicano por Florida Connie Mack envió a mediados de esta semana una misiva a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y al fiscal general, Erick Holder, en la que pide explicaciones por la tardanza de Washington en formalizar la petición de extradición.

Mack expresó “extrema preocupación” y “descontento” por el manejo del caso Makled por el gobierno de Obama.

Es un caso “que podría haber expuesto a la luz mucho del mal comportamiento de Hugo Chávez y su gobierno”, y ahora que será extraditado a Venezuela “perderemos información vital”.

Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, criticó al Gobierno de Colombia por una decisión que “no transmite confianza sobre el compromiso en la lucha contra las drogas”.

“El gobierno de Obama debe, con firmeza y resolución, demandar que Makled sea enviado a Estados Unidos”, dijo Joel Hirst, experto del influyente Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de pensamiento con sede en Nueva York. “Una nueva Cámara con mayoría republicana puede recordarle a Santos que la aprobación del Tratado de Libre Comercio puede estar cerca, pero sólo si evita que las políticas regionales interfieran con su compromiso de acabar con el tráfico de drogas”.


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