ONU: En red de casas clandestinas torturan a opositores

“Misión de la ONU confirmó
casas de tortura de la DGCIM”

“El tercer informe de la misión de Naciones Unidas afirma que se cometieron crímenes de lesa humanidad por las directrices del régimen de Nicolás Maduro…”.

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■ A un lugar conocido como “el cerro”, a 30 minutos en carro de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, se llevaba a los detenidos, todos con capucha, se les daba una pala y se les obligaba a cavar lo que serían sus tumbas.

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Luego los funcionarios simulaban dispararles echando unos tiros al aire.

Este lugar y otros 16 galpones, quintas, terrenos o sedes de ministerios han sido usados como centros clandestinos de tortura por los organismos de inteligencia en Venezuela, tanto civiles como militares, según revela el tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ordenada por las Naciones Unidas, presentado este martes.

Una víctima contó a la misión que en otra de estas casas ubicada en zona de La Mariposa, un suburbio de Caracas, estaba sentado junto a otra persona detenida que suplicaba repetidamente por su vida. Al cabo de un rato, el testigo, que estaba encapuchado y no podía ver, oyó un disparo y el sonido de un cuerpo que caía al suelo. “Los agentes de la Dgcim que lo llevaron allí empezaron a reírse y a utilizar insultos homofóbicos contra él antes de llevarlo de vuelta a Boleíta”, dice el informe.

El nuevo informe describe patrones y modos de actuación de un sistema de persecución de disidentes del Gobierno de Nicolás Maduro con base en 122 casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019 –los años de más detenciones– para los que hablaron con víctimas, testigos y exfuncionarios de los organismos de inteligencia.

“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.

“Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación”, agregó Francisco Cox, miembro de la misión.

Los investigadores presentan por primera vez detalles sobre la cadena de mando para cometer las torturas, también sobre un sistema de incentivos económicos por el número de detenciones logradas y reclutamiento de los torturadores dentro de las filas de los organismos de seguridad y también desde el brazo de los llamados colectivos, los grupos de choque armados afines al chavismo. Entre los responsables señalados por las personas entrevistadas por la Misión figuran Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores, el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo, todos del círculo más estrecho del Gobierno, mencionados porque ordenaron la detención de personas.

Los funcionarios con más menciones en el informe, sin embargo, son Iván Hernández Dala, director de la DGCIM y jefe de la casa militar que custodia a Maduro y, Gustavo González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, respectivamente, que han resistido por años la rotación en los altos cargos militares y las denuncias ya conocidas de violaciones a los derechos humanos sin ser removidos de sus cargos.

Informe de la Onu sobre Ven… by Ariana Briceño

Las casas clandestinas de tortura fueron ubicadas en:

• San Bernardino, cerca de Crema Paraíso.
• Una casa en la zona de Bello Monte.
• Una casa en la urbanización San José de Fuerte Tiuna, o muy cerca.
• Una en el Fuerte Tiuna, donde tienen sede el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.
• Un sitio conocido como Sorocaima o La Mariposa, en la zona militar de San Antonio de los Altos (estado Miranda).
• Una en una zona montañosa del municipio El Hatillo.

Familiares de las víctimas, y hasta los mismos afectados, denunciaron a los medios de comunicación que los funcionarios los trasladaban a instalaciones no oficiales para cometer estos hechos. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ignoró estos relatos.

En el informe, presentado este miércoles 16 de septiembre de 2020, indicaron que estos hechos ocurrieron entre 2018 y 2019. Aseguran que los detenidos en instalaciones no oficiales, o clandestinas, son particularmente vulnerables por la falta de supervisión.

Algunos detenidos eran trasladados a estos sitios no oficiales y permanecían desaparecidos entre cinco y siete días, alejados del mundo exterior. Sus familiares acudían a la sede de la Dgcim y no les daban información de su paradero.

“La práctica de llevar a los detenidos a estos sitios clandestinos incrementó desde 2018. Las mujeres llevadas a las casas clandestinas fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas.…”.

Según la ONU, la tortura se define como actos que causan dolor o sufrimiento grave, tanto físico como mental. Deben hacerse intencionalmente, con un propósito específico y que involucre a un funcionario público, ya sea de forma directa o indirecta. El objetivo de estos actos podría ser para obtener una confesión o para intimidar, humillar y discriminar.

La violencia sexual o de género también puede equivaler a la tortura o a un trato cruel, inhumano o degradante. La Misión asegura que esto incluye la violación, las amenazas de violación al detenido o a sus familiares, la desnudez forzada, el contacto con los órganos sexuales, los golpes o las palizas a los órganos reproductivos y las amenazas de mutilación genital.

La Misión registró que en las celdas de la Dgcim se cometieron 77 torturas.

De acuerdo con las investigaciones estos hechos fueron cometidos para que los detenidos revelaran contraseñas telefónicas y sus redes sociales, para obligarlos a incriminarse o a culpar a otros.

El Foro Penal Venezolano documentó 250 casos de tortura de disidentes militares y asociados entre 2014 y 2020, cita el informe.

A continuación, los tipos de tortura que destacaron en el informe de la ONU, cometidos entre 2014 y 2018:

En la sede de Boleíta:

• La Misión documentó que la tortura evolucionó entre 2014 y 2020. Fueron más agudas en 2017, el año en el que se registraron intensas protestas en el país en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
  
• Los detenidos fueron golpeados con bastones y objetos afilados, dejando marcas visibles, huesos rotos y órganos dañados.
• Amarraron las esposas excesivamente apretadas y provocaron cortes en las muñecas de las víctimas.
• Asfixiaron a civiles o militares con sustancias tóxicas y en agua.
• Los detenidos fueron puestos en posiciones de estrés como “el pulpo” (les amarran un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar brazos y pies) y “la crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas).
• Luz constante en el aislamiento, prohibición del uso de los baños. A los detenidos los mantenían con los ojos vendados.
• Violencia sexual y basada en género, incluyendo desnudez forzada, amenazas de violación y violación.
• Cortes y mutilaciones incluyendo en la parte inferior de los pies y las uñas.
• Choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo y genitales.
• Privación de comida y agua. Comer del suelo, alimentación forzada de heces.
• Tortura psicológica, incluyendo amenazas de muerte a la víctima y a sus familiares.
• Algunas torturas provocaron lesiones físicas graves o permanentes, como pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductiva, sangre en la orina y costillas rotas.
• El capitán Rafael Acosta Arévalo murió mientras estaba bajo custodia de la Dgcim.
• Se documentó el caso de una detenida que fue golpeada, a pesar de haberle dicho a los oficiales que estaba embarazada. Sufrió un aborto espontáneo.
• En tres de los casos investigados cometieron actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos, humillarlos o castigarlos.
• Los oficiales sometieron a los detenidos a desnudez forzada, incluso durante días.
• Los custodios amenazaron con violar a los detenidos con bates y palos.
• Administraron descargas eléctricas y golpes, incluso en los testículos.
• Los funcionarios sometieron a los detenidos a una práctica que denominaron “dar teta”. Consistía en en golpearlos con un bastón que tenía escrita la palabra teta.
• La mayoría de las víctimas no fueron llevadas a un médico antes de ir al tribunal. En algunos casos médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) evaluaron a los detenidos y certificaron que estaban en buenas condiciones físicas aunque tenían lesiones visibles.
• En algunas ocasiones los médicos del Senamecf obligaban a los detenidos a firmar documentos en los que certificaron que estaban en buenas condiciones físicas.
• Las celdas de la Dgcim están en sótanos sin ventilación ni luz natural. Miden aproximadamente 2,75×2 metros y tienen entre dos o tres ocupantes. La luz artificial está encendida las 24 horas del día y los detenidos no tienen noción del tiempo.
• Hay una celda de castigo conocida como “el cuarto de los locos”, con las paredes acolchadas. En ese lugar los detenidos, relataron, duerme en el piso y no tenían acceso al baño, debían hacer sus necesidades en bolsas de plástico, que les cambiaban una vez a la semana. Los funcionarios les llevaban comida, en pocas porciones, una o dos veces al día.
• Otras celdas de castigo fueron identificadas como “el ascensor” y “el cuarto de torturas con agua”, también conocido como “el submarino”, donde se sumerge a los detenidos en tanques de agua.

*Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Por: Florantonia Singer/Human Rights Watch
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Caracas, martes, 20 de septiembre de 2020

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