La conspiración del CNE para acabar con
la democracia venezolana persiste…
Una de las cosas más importantes que ha de aprender todo aquel que decide participar en política es saber determinar dónde están sus amigos y sus enemigos. En política, hay amigos, enemigos y adversarios. El buen político necesita saber quiénes son sus enemigos y quiénes son sus adversarios…”.
■ No es lo mismo combatir a un enemigo que a un adversario. Uno de los gravísimos errores que ha cometido la oposición venezolana, desde 1999 hasta el presente, es no saber a ciencia cierta cómo diferenciar a los adversarios de los enemigos.
[A]unque parezca un contrasentido, uno de los peores enemigos que tiene la democracia venezolana, es el Consejo Nacional Electoral. El CNE chavista/madurista se ha encargado, desde el año 2004 hasta nuestros días, de obstaculizar y entorpecer todas las iniciativas que, en materia electoral, ha tratado de llevar a cabo la oposición venezolana para tratar de resolver por la vía pacífica y constitucional la grave crisis política que enfrenta el país. La dirigencia opositora, representada por la MUD, nunca ha querido aceptar que el CNE, controlado por el oficialismo, no es un adversario, es un enemigo jurado de la democracia.
Admitámoslo de una buena vez y sin tapujos: el CNE rojo rojito, controlado por la revolución socialista desde comienzos del año 2000, ha trabajado incansablemente durante 17 años, no para fortalecer la democracia, sino todo lo contrario: para destruir la democracia y apuntalar una dictadura.
La conspiración del CNE contra la democracia venezolana, comenzó en mayo de 2000, cuando suspendieron las elecciones presidenciales. Los comicios debían realizarse el domingo 28 de mayo. Competían Hugo Chávez y Francisco Javier Arias Cárdenas (Un quinta columna del chavismo en la oposición). El proceso fue suspendido por el Tribunal Supremo de Justicia, alegando que no era posible superar las dificultades técnicas con las máquinas de votación.
El TSJ decidió en aquella ocasión la suspensión de los comicios basándose en un informe técnico presentado por el CNE, según el cual, las elecciones eran inviables por “las graves fallas que presentan los sistemas y las tarjetas de lectura de votos conocidas como flash card”.
Pero esa no era toda la verdad: la suspensión se dio porque había 36 mil candidatos inscritos en todo el país y el CNE no tenía los recursos técnicos para manipular una elección de tal magnitud. El presidente del TSJ, Iván Rincón, dijo que “no existen condiciones técnicas que garanticen en términos absolutos la confiabilidad y transparencia del acto electoral y realizar la votación en esas circunstancias sería una amenaza inminente de violación de los derechos al sufragio e información contemplados en la constitución”.
En el año 2004 los demócratas intentamos resolver la crisis política venezolana mediante un Referendo Revocatorio contra Hugo Chávez. Harto conocida es la tramoya montada por Jorge Rodríguez para obstaculizar e impedir aquella consulta popular. Primero inventó el cuento de las “firmas planas”, y luego el ideó la teoría de la “duda razonable” con lo cual retardó ad infinitum el proceso hasta hacerlo prácticamente inviable.
La misión de Rodríguez era potenciar la abstención. Cuando finalmente se hizo el Revocatorio, el 15 de agosto de 2004, Chávez ganó con 5.8 millones de votos, pero más de 4 millones de electores se abstuvieron de votar.
La conspiración del CNE para acabar con la democracia venezolana continuó en 2009. Ese año fue aprobada la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La ley fue presentada buscando dos objetivos que permitirían al oficialismo controlar los resultados de las elecciones venideras: 1) crearon las circunscripciones electorales y 2) dieron mayor peso electoral a los estados pequeños (donde la revolución siempre ha sido mayoría) en detrimento de los grandes estados (donde el oficialismo casi siempre ha perdido). De esta forma dieron legalidad a una aberración electoral evidenciada en el hecho de que Amazonas puede elegir un diputado por cada 50 mil habitantes, mientras que el Zulia elige un diputado por cada 250 mil habitantes.
En el año 2010 el CNE rojo rojito hizo de las suyas con las elecciones parlamentarias. Gracias a la manipulación de las circunscripciones electorales creadas con la Ley del año 2009, el PSUV obtuvo 5.423.324 votos, para un 48,13%, pero se quedó con 98 diputados. La Mesa de la Unidad obtuvo 5.320.364 votos, para un 47,22%, pero debió conformarse con 65 diputados. En pocas palabras, con una diferencia de apenas el 1% de los votos, el gobierno sacó 33 diputados más que la oposición.
En el año 2015, durante las elecciones parlamentarias, el CNE no modificó las circunscripciones de votación con respecto a los comicios del 2010, pero sí la cantidad de diputados a elegir en algunos circuitos con base en criterios poblacionales cuestionados por diversas organizaciones civiles.
La intención del CNE en 2015 era tratar de impedir que la oposición obtuviera las tres cuartas partes de la Asamblea Nacional, objetivo que no logró dada la magnitud de votos obtenidos por los candidatos de la MUD. Como no pudieron salirse con la suya, acudieron al TSJ, cuyos magistrados exprés, designados entre gallos y medianoche unas pocas semanas antes de los comicios, anularon la elección de los diputados de Amazonas y declararon en desacato a la AN para evitar que los diputados opositores pudieran modificar el entramado jurídico construido por el oficialismo durante los últimos 10 años para consolidar la revolución.
En el año 2016 las reptoras del CNE anularon todas las posibilidades para que la oposición pudiera convocar y llevar a cabo un Referendo Revocatorio contra Maduro. Tibisay Lucena, miembro del directorio del CNE desde el año 2005 y su presidenta desde 2006, junto con otras tres reptoras proclives al oficialismo, trabajó afanosamente para evitar que hubiese revocatorio.
No sólo eso, Lucena y las reptoras suspendieron las elecciones de gobernadores y consejos legislativos previstas de acuerdo con la Constitución para 2016. Las reptoras se burlaron de los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia que deben regir —según la Constitución de la República— el sistema electoral venezolano.
Investigadores del Proyecto Integridad Electoral Venezuela señalan que Ley Orgánica de Procesos Electorales prescribe que la convocatoria de elecciones «es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de la elección para los cargos de elección popular en concordancia con los períodos constitucionales legalmente establecidos», pero desafortunadamente, las reptoras del CNE han convertido el ejercicio de esta potestad en una perniciosa discrecionalidad del CNE para decidir cuándo se convocará a una elección.
La conspiración del CNE para acabar con la democracia venezolana ha llegado a su máxima expresión en este año 2017, cuando en una clara violación a lo establecido en la Constitución y las leyes, las reptoras dieron el visto bueno a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente a todas luces ilegal e inconstitucional.
Lucena y compañía pretenden realizar dos procesos electorales en un plazo máximo de 90 días para elegir corporativa e indirectamente a 549 constituyentistas, en comicios de segundo grado no previstos en la Constitución, para que le hagan el mandado a Nicolás Maduro y redacten un nuevo texto que permita al inquilino de Miraflores acabar con la elección directa de gobernadores y alcaldes, la Asamblea Nacional, la inmunidad parlamentaria, la división político territorial del país y las libertades civiles e individuales.
Vistas así las cosas, no hay ninguna duda de que el enemigo a vencer por los demócratas de Venezuela, en los actuales momentos, no es otro que el Consejo Nacional Electoral y sus cuatro reptoras vendidas y entregadas a los deseos de Nicolás Maduro y sus 40 ladrones. De muy poco sirve en la actualidad hacer marchas y protestas hacia la Defensoría del Pueblo o hacia el Canal 8. Todas nuestras baterías y nuestros esfuerzos de lucha deben estar enfilados hacia el CNE.
El objetivo primordial, en estos aciagos momentos, es evitar a cómo de lugar que aquí haya elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente írrita. El TSJ puede decir lo que le da la gana. Pero todos sabemos que la Constituyente convocada por Maduro y su combo es inconstitucional. Nuestra obligación es impedir que el CNE siga haciendo con la Constitución y las leyes lo que se le da la regalada gana.
Hay que combatir y denunciar al CNE y a sus reptoras. Combatirlas en el plano político y en el plano jurídico. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, debe solicitar inmediatamente el enjuiciamiento de las 4 reptoras por violaciones a la Constitución y solicitar su detención inmediata, órdenes de captura incluidas, porque están en flagrancia. La AN debe designar 4 nuevos rectores mañana mismo. Ojalá no haya diputados vendidos que no asistan a la sesión como ya ocurrió. La MUD debe solicitar la suspensión de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ante el TSJ, por las mismas causas por las que se suspendieron las presidenciales del año 2000.
Hoy día, hay tantas o más razones para suspender las elecciones como se hizo en el 2000. Los comicios de 2000 se pospusieron porque había más de 36.000 candidatos inscritos. En 2017 hay más de 30 mil candidatos, según dijo el propio Maduro. Las elecciones de 2000 fueron suspendidas porque se encontraron dificultades técnicas y poca disponibilidad de tiempo. Lo mismo pasa con las elecciones para la Constituyente en 2017. Y agreguen a eso que son inconstitucionales.
El presidente del TSJ en el año 2000, Iván Rincón dijo que “no existen condiciones técnicas que garanticen en términos absolutos la confiabilidad y transparencia del acto electoral”. Lo mismo está pasando hoy día. Rincón dijo en el año 2000 que realizar la votación en esas circunstancias sería “una amenaza inminente de violación de los derechos al sufragio e información contemplados en la constitución”. Exactamente lo mismo está pasando ahora.
Cuando le informaron que las elecciones del 28 de mayo de 2000 serían suspendidas, Hugo Chávez dijo: “celebremos que el TSJ, en una muestra de independencia haya decidido, pensando únicamente en el interés nacional, postergar las elecciones para garantizar que el proceso ofrezca seguridad y confianza a todos los venezolanos”.
Los demócratas debemos trabajar a partir de este momento para impedir a cómo de lugar que haya elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Las únicas elecciones que queremos los venezolanos son las presidenciales, con las cuales podremos sacar a Nicolás Maduro del poder y comenzar el proceso de recuperación del país. No podemos hacer elecciones presidenciales limpias y transparentes con el actual directorio del CNE. El enemigo a vencer en esta primera etapa, por tanto, es el CNE y sus 4 reptoras. No perdamos el foco.
*Gustavo Azócar, Profesor universitario (ULA Tàchira), escritor y periodista en el estado occidental venezolano del Táchira; Consultor Politico y Conferencista internacional.
Por: Gustavo Azócar A.
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Politica | Opinión
San Cristóbal, sabado 03 de junio de 2017
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