La Fiscalía fortalece el caso y el
juicio empieza el 7 de noviembre
■ Juez ratifica fecha de juicio.
■ Juez rechaza petición de los narcosobrinos y admite todas las pruebas en su contra.
■ Desesperados, Sobrinos de Cilia Flores piden nuevamente al juez eliminar citaciones hechas por la fiscalía a sus contactos.
New York.- Un juez federal ha asestado un duro golpe a los sobrinos de la familia presidencial de Venezuela, al dictaminar que sus supuestas confesiones de una transacción mayor de cocaína se podrán presentar durante su juicio.
En un fallo de 2 páginas, el juez de distrito federal Paul Crotty del Distrito Sur de Nueva York falló el miércoles que las confesiones de los primos Efraín Campo y Francisco Flores a agentes de Administración para el Control de Drogas (DEA) han sido tomadas en cumplimiento con las leyes de Estados Unidos. La tía de Campo y Flores está casada con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
“[El agente especial] González testificó de modo creíble que cada uno de los acusados leyó los formularios de derechos Miranda en español, cada uno de ellos indicó haber entendido, y luego ambos firmaron”, escribió Crotty en su fallo, refiriéndose al agente de la DEA que recibió las confesiones. “El señor Campo Flores comentó incluso cuando se le preguntó si entendía el formulario que él era abogado”.
El dramático fallo es una victoria significativa para la fiscalía federal, la cual parecía en una posición débil luego de que una audiencia de dos días el mes pasado provocó cuestionamientos sobre si las llamadas confesiones voluntarias habían sido coaccionadas en realidad, y si dos de sus fuentes confidenciales principales eran creíbles.
Campo, de 29 años, y Flores, de 30, han sido encausados por conspiración para entrar de contrabando 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos en este caso de carga política, el cual provoca cuestionamientos sobre el papel de la élite de Venezuela en el contrabando de narcóticos. Se espera que el juicio comience el 7 de noviembre.
La administración de Obama, la cual dijo que el gobierno venezolano ha “fallado de forma demostrable” en cumplir con acuerdos internacionales antinarcóticos, ha aumentado sus medidas en contra de supuestos traficantes en los círculos gobernantes de Venezuela, incluyendo al ministro de justicia venezolano, el general Néstor Reverol.
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Maduro ha calificado de “conspiración” los cargos de droga presentados por Estados Unidos. Su esposa, Cilia Flores, es abogada y miembro de la Asamblea Nacional. Ella ha acusado a los agentes del gobierno de Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos.
El fallo del juez Crotty refuerza el caso de la fiscalía, el cual incluye las supuestas confesiones de una compleja conspiración para introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos.
De acuerdo con las confesiones, Campo dijo que ellos planeaban conseguir la cocaína de manos de los rebeldes colombianos. Al preguntarles por qué se había involucrado en el asunto, Flores dijo: “Para hacer dinero”, de acuerdo con documentos de la fiscalía. Flores dijo que el acuerdo era por un valor de $5 millones, de los cuales él esperaba recibir $560,000.
“Campo dijo además que él podía haber sacado las drogas del aeropuerto con mucha facilidad gracias a quién él es y al acceso que él tiene al aeropuerto”, escribieron agentes de la DEA en un informe que detallaba la supuesta confesión. El aeropuerto al que se refieren es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en las afueras de Caracas.
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Pero en la audiencia de dos días celebrada el mes pasado, los abogados de la defensa revelaron serios problemas de credibilidad en el caso de dos de las fuentes confidenciales clave de la fiscalía, quienes ayudaron a llegar a un acuerdo con los acusados para entrar la cocaína de contrabando. Y la fiscalía federal todavía no tiene pruebas contundentes que vinculen a los sobrinos con la presidencia.
La defensa alegó que las fuentes confidenciales destruyeron pruebas que podían haber ayudado en el caso, incluyendo grabaciones donde ellos explicaban que “no tenían la capacidad ni la habilidad para ejecutar” los planes. Campo y Flores dijeron que habían sido “entruchados” por los informantes, quienes los contrataron para hablarles de un lucrativo negocio de narcóticos, y que los informantes habían dicho que ellos suministrarían los aviones, la cocaína y el comprador.
Con su fallo, el juez Crotty está diciendo en esencia que permitirá que el jurado determine la credibilidad de las confesiones y las grabaciones.
Nadie disputa que la destrucción de evidencia es un cargo serio, escribió Crotty.
“Pero eso no es lo que pasó aquí”, escribió. “Las grabaciones no faltan porque las fuentes confidenciales u otra persona las haya destruido, sino porque nunca fueron hechas”.
En detalles:
Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas enviaron una carta al juez Paul Crotty donde responden a la misiva presentada por el gobierno este 11 de octubre, en la cual la fiscalía deja claro que las citaciones judiciales enviadas a los contactos de los acusados en Caracas, por correo electrónico para que testifiquen ante el Gran Jurado son legales y ajustada a las leyes.
Los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas sostienen que el Gobierno no ha abordado ninguna de las numerosas autoridades citadas en la carta de los demandados, lo que demuestra que sus citaciones son inválidas e impropias. Asimismo sostienen, que la fiscalía “sorprendentemente ha citado en lo absoluto ninguna ley, norma, o caso. Sólo se limita a afirmar, sin ningún tipo de apoyo, que los envíos de citaciones por correo electrónico son una práctica común.”
Los acusados piden al juez rechazar los argumentos en la carta del Gobierno motivado a que los mismos son ilegales. Manifiestan que la afirmación del gobierno de enviar las citaciones a Caracas son erróneas, porque violan la Regla 17 de citaciones, que establece que dichos instrumentos deben ser entregados personalmente.
Los abogados de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro aseguran que el Gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad para acosar los contactos de los acusados con citaciones emitidas por un Gran Jurado en este distrito.
Insisten que en las citaciones el gobierno pretende engañar a los ciudadanos de una nación extranjera a viajar a los Estados Unidos bajo la autoridad falsa.
Igualmente rechazan la explicación de la fiscalía según la cual los testigos que fueron interrogados en la audiencia de pruebas realizada el 8 y 9 de septiembre fueron citados por correo electrónico.
Dicen que el gobierno está enviando correos al azar a ciudadanos de un soberano extranjero en violación de las Reglas Federales de la Justicia, inclusive a las propias reglas y procedimientos escritos por un Departamento completamente diferente.
Por: Maibort Petit
@maibortpetit
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Nueva York, miercoles 12 de octubre 2016
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