En Cuba la élite militar controla
las empresas claves del Estado
La alianza de Gobierno entre el debilitado chavismo y la cúpula militar en Venezuela, basada en el control castrense de las áreas más sensibles del aparato gubernamental, ya se expandió a los sectores claves de la economía: petróleo y minería.
■ La situación política en el interior del régimen venezolano tiende a complicarse y este hecho se refleja en su actividad internacional.
[D]esde finales del año 2015, la diplomacia chavista planificó un viaje de Nicolás Maduro a Nueva York aprovechando que Venezuela asumiría la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de febrero. Mejorar la maltrecha imagen internacional de Maduro era el principal motivo de la visita. El representante permanente del Gobierno de Maduro ante la ONU, Rafael Ramírez, negoció y organizó para el 15FEB16 una sesión especial del Consejo que sería presidida por Maduro, para la cual se acordó con gobiernos antiestadounidenses realizar una suerte de enjuiciamiento a la política exterior de EEUU. El “respeto de los propósitos y principios” de la ONU fue el título escogido por Ramírez para la sesión organizada para que su jefe ganara titulares de prensa en el privilegiado escenario del Consejo de Seguridad. El programa elaborado para Maduro incluía una velada musical en el salón de sesiones de la Asamblea General, donde la estrella musical internacional del chavismo, Gustavo Dudamel, dirigiría la Orquesta Sinfónica de Venezuela movilizada a EEUU especialmente para la ocasión.
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Llegado el 15FEB16, Maduro no viajó a EEUU. El Consejo de Seguridad realizó la prevista sesión especial pero bajo la presidencia de la canciller de Maduro, Delsy Rodriguez, quien pronunció un discurso inusualmente largo para un ministro en este tipo de reunión. Probablemente Rodríguez leyó el texto que había sido preparado para Maduro. En horas de la noche, la canciller chavista acompañada del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, fue la anfitriona en la deslucida gala con Dudamel. En los pasillos de la ONU quedó la impresión de que algo debía estar ocurriendo en Venezuela que impedía que Maduro fuera a Nueva York.
Por cierto, el 14FEB15, día antes de la planeada visita a la ONU, Maduro tenía previsto desplazarse al estado Cojedes, al centro de Venezuela, hasta donde viajó un ejército de vicepresidentes y ministros para participar en un acto-programa de televisión. Las actividades de Maduro en Cojedes fueron suspendidas a última hora sin explicación oficial.
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La alianza de Gobierno entre el debilitado chavismo y la cúpula militar en Venezuela, basada en el control castrense de las áreas más sensibles del aparato gubernamental, ya se expandió a los sectores claves de la economía venezolana: petróleo y minería. A la usanza cubana, donde la élite militar controla las empresas del Estado, el régimen chavista propició que aparte de su rol castrense el Ministerio de la Defensa actuara también como un holding corporativo con, por ejemplo, empresa de transporte, vigilancia de valores, un banco comercial y hasta un negocio de envasado y comercialización de agua potable, todo ello financiado con recursos del tesoro público.
Según la analista de temas militares Rocío San Miguel, en los últimos cinco años ha ascendido 886 oficiales al rango de general en Venezuela. Como se recordará, el chavismo mediante la Constitución Bolivariana eliminó el control parlamentario sobre los ascensos castrenses, los cuales ahora dependen sólo de la decisión presidencial. El número total de generales activos en Venezuela es un secreto oficial, pero las estimaciones de San Miguel lo colocan en más de un millar. La cifra no pareciera guardar correspondencia con promedios internacionales que relacionan el tamaño de los países y sus ejércitos con el número de cargos de generalato y almirantazgo. Según un reciente reporte del portal brasileño Defesa.net, con base en cifras oficiales del año 2015, en Brasil existen sólo 273 oficiales-generales distribuidos en las tres armas.
Desde el Ministerio de la Defensa, a lo largo del régimen chavista, una importante cantidad de oficiales han pasado a ejercer funciones de alto y medio nivel en todo el aparato gubernamental, incluyendo la estrecha vigilancia a las factorías privadas.
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Con fecha 10FEB16, Maduro dictó el decreto 2.231 mediante el cual “autorizó” la creación de una empresa bajo total control del Ministro de la Defensa, con las liberalidades de una “compañía anónima”, la cual tendrá como propósito incursionar en negocios petroleros, gasíferos y mineros. El sigilo con el cual fue tomada la medida despertó toda suerte de sospechas en el mundo político venezolano, incluso dentro de sectores oficialistas, máxime cuando la designación de la junta directiva de la empresa estará en manos del Ministro de la Defensa. Pese a la privatización de la explotación petrolera impuesta por Hugo Chávez bajo el cínico título de “verdadera nacionalización petrolera”, en Venezuela la producción y comercialización de crudo está reservada al Estado. Expertos en derecho petrolero consultados opinan que el Decreto 2.231 es abiertamente violatorio de normas constitucionales y legales que regulan la actividad minera y petrolera.
El teórico del protochavismo radical Toby Valderrama escribió el 17FEB16 en su portal El Arado y el Mar: “No se conoce muy bien cuál es la finalidad de esta empresa, pero todo apunta a una manera de privatizar el petróleo y las minas sin las trabas políticas, espirituales, legales que tendría PDVSA para una entrega descarada al capitalismo”.
La larga lista de actividades para las cuales se faculta a la empresa CAMIMPEG dibuja a una teórica gran prestadora de servicios a empresas petroleras, pero igualmente retrata a una empresa de explotación minera, gasífera y petrolera. El fisco venezolano no está en capacidad de financiar la capitalización de una empresa como la creada por los militares venezolanos la cual, en cambio, podría comenzar a recibir concesiones petroleras y mineras negociables con empresas y gobiernos extranjeros interesados, por ejemplo, en explotar oro o diamantes en las selvas venezolanas.
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A poco menos de 13 kilómetros de la línea fronteriza que separa a Colombia de Venezuela, las FARC realizaron el 18FEB16 una concentración de varias centenas de combatientes vistiendo uniformes de campaña, llegados desde territorio venezolano y de diversas zonas del oriente y la costa colombiana. Desde Cuba, en un vuelo directo desde La Habana a Valledupar y luego en helicóptero bajo protección de la Cruz Roja Internacional, Iván Márquez, Jesús Santrich, Joaquín Gómez y Rodrigo Granda arribaron al caserío Conejo en el municipio Fonseca de La Guajira. Para su movilización terrestre fueron utilizadas camionetas de alta cilindrada, probablemente blindadas, que portaban matrículas venezolanas. El viaje de los jefes de las FARC a La Guajira fue autorizado por el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual ordenó a sus fuerzas militares despejar la zona. Lo que oficialmente debió ser sólo una reunión de los jefes de la FARC con sus tropas para informarles sobre los alcances de las negociaciones en La Habana, se convirtió en un mitin político donde los jefes guerrilleros escoltados por centenas de hombre y mujeres fuertemente armados con fusiles de asalto, arengaron a militantes llegados al lugar en lujosos autobuses.
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Desde el año 2015, a medida que las negociaciones en La Habana se han ido concretando, el Gobierno Santos autorizó la movilización desde Cuba de cabecillas de las FARC para sostener reuniones con la “guerrillada”, en lo que eufemísticamente fueron denominadas como “visitas pedagógicas” para “socializar” los acuerdos. Las movilizaciones de los guerrilleros implican complejas y costosas operaciones que involucran a la Cruz Roja Internacional, así como a los gobiernos de Colombia, Cuba, Noruega y Venezuela. Según fuentes oficiales, hasta la fecha han sido autorizados cinco viajes a Colombia de los negociadores de las FARC con ese propósito. El primero hecho público, habría ocurrido los días 15 y 16MAY15 con la presencia de los “comandantes” Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape en aislados municipios en los departamentos de Antioquia y Florencia. Salvo por la cobertura del canal de propaganda castrochavista Telesur y por los sofisticados medios con que las FARC cuentan en Internet, la reunión de los jefes de las FARC con sus tropas pasaban usualmente desapercibidas. La situación cambió el 18FEB16 cuando la reunión se celebró en La Guajira y su formato rebasó el de un encuentro interno, lo que rápidamente se divulgó por los medios de comunicación creándole al Gobierno Santos una situación difícil de opinión pública y dando gráficos argumentos a quienes se oponen radicalmente a los acuerdos con las FARC. Tras ordenar el fin de las “visitas pedagógicas”, el 19FEB16 Santos afirmó que “no habrá proselitismo político, ni tendrán efecto los beneficios jurídicos mientras las FARC estén armadas”.
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El acto en Conejo fue el primer evento organizado abiertamente y en conjunto por el brazo armado de la guerrilla y sus organizaciones legales (“sociales” y “culturales”) incluyendo al partido Unión Patriótica, con vistas a la futura actividad política partidista de las FARC. Panfletos firmados por el Frente 59 de las FARC que opera en La Guajira, llamaban a “convertir cada organización comunitaria en un comité de implementación y verificación de los acuerdos”. Con armas y municiones, los guerrilleros de las FARC ya están haciendo campaña política, sin esperar la firma de los acuerdos.
Las FARC escogieron La Guajira como zona experimental para su nueva estrategia. No pareciera casual ahora que La Guajira colombiana de pronto se convirtió en tema de denuncias internacionales sobre la secular y dramática situación de las comunidades indígenas. Incluso, la exsenadora y operadora política Piedad Córdoba, con el apoyo del gobierno chavista por medio de Telesur, realizó a principios del mes de febrero una publicitada visita a la región acompañada de la activista guatemalteca Rigoberta Menchú.
*Edgar C. Otálvora. es el nombre público de Edgar Omar Contreras Otálvora. Intelectual, periodista de análisis, político venezolano que ha ejercido funciones oficiales de alto gobierno y diplomáticas.
Por: Edgar C. Otálvora
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Caracas, lunes 20 de febrero, 2016
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