“Hace poco, la dupla Bocaranda/Marquina
revelo que Padrino López, tiene cáncer”
■ Pese a las incansables diligencias de Marquina y de Bocaranda, se supo que Chávez tenía cáncer, pero no dónde, ni de qué tipo.
[S]e ignora qué tratamiento se le aplicó y quién lo indicó, porque siempre se escamoteó el informe médico. La opacidad que tantas veces venció el recién fallecido José Rafael Marquina, aumenta en tiempos de dificultades económicas y sociales, como las que vivimos en la actualidad.
Todo ocurrió el lunes 28 de septiembre cuando se conmemoró el Día Mundial del Derecho a Saber, también conocido como Día Mundial del Acceso a la Información. Y el martes 29 murió en Florida el médico tachirense José Rafael Marquina, símbolo de la lucha por sortear los muros levantados por el Gobierno para impedir que se conociera el más mínimo dato sobre la enfermedad y muerte de Chávez.
Marquina y el periodista Nelson Bocaranda burlaron el secretismo del gobierno y mantuvieron informado al país (y al mundo, que los tomó como fuentes insoslayables de aquellos acontecimientos), desde la primera intervención quirúrgica que se le hizo a Chávez en La Habana, para extraerle un tumor cancerígeno.
Marquina había nacido en San Cristóbal, estado Táchira. Era médico egresado en la Universidad de los Andes (ULA). En 1992 se fue a Miami a hacer una residencia en la Universidad de Maryland. Se graduó de internista en la Universidad de Miami e hizo un doctorado en Neumonología y Cuidados Intensivos en la Universidad Tufts, en Boston.
Hace poco, la dupla Bocaranda/Marquina salió a las arenas donde se brega por el derecho a saber, cuando revelaron que el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, padece de cáncer. El médico precisó que el militar estaba recibiendo tratamiento en La Habana “por un cáncer en la próstata con metástasis en el pulmón y en los huesos”. Frente a este caso, el Gobierno mantuvo el secretismo que observó durante el trance de la gravedad de Chávez, y las consiguientes reuniones de gobierno que tenían en la capital cubana, en las que se decidió la selección de Nicolás Maduro como sucesor del agonizante. Todo eso se hizo a espaldas del país y con la intención expresa de mantenerlo al margen de estos asuntos, cruciales para su devenir.
El absceso pélvico
Pese a las incansables diligencias de Marquina y de Bocaranda, se supo que Chávez tenía cáncer, pero no dónde, ni de qué tipo. Se ignora qué tratamiento se le aplicó y quién lo indicó, porque siempre se escamoteó el informe médico. Por ese camino, ocultaron cuánto costó el procedimiento y qué dotación médica y quirúrgica se hubiera podido hacer a los hospitales nacionales con la erogación.
La determinación de opacidad condujo a que las “informaciones” sobre la enfermedad del Presidente no fueran ofrecidas por especialistas, sino por funcionarios, que daban la impresión de estar inspirados en Los tres chiflados, puesto que se contradecían y no dudaban en desmentirse públicamente.
Como no había acuerdo entre los voceros del Gobierno (lo mismo, por cierto, que ocurrió con respecto al lugar de nacimiento de Maduro), la fuente oficial era una cornucopia de divergencias –cuando no evidentes mentiras- y el vacío era ocupado por los rumores. La atención se concentró en los despachos de Marquina y de Bocaranda, únicos con buenos datos y credibilidad.
A la conspiración para arrebatarle al país el derecho a Saber se sumó entusiastamente Venezolana de Televisión, que el 18 de febrero de 2012, cuando Chávez regresó a Venezuela, transmitió las declaraciones de una enfermera del Hospital Militar, según la cual el paciente habanero había llegado caminando: “No llegó en camilla, ni en silla de ruedas, ni intubado”. Es la fecha que ignoramos cómo se produjo ese regreso en realidad.
Sin excepción, todos los medios de comunicación del Estado son garantes de la opacidad, en aquel momento y hasta la fecha. Más que informar, su misión es asegurarse de que los datos que circulan a contravía del secretismo del gobierno sean desvirtuados. Con ese objetivo se prestan para el insulto y la amenaza a dirigentes de la oposición, así como a periodistas independientes.
El engaño sostenido, con respecto a los males físicos de Chávez, había sido la tónica desde mayo de 2011, cuando aquel suspendió una gira por Brasil, Ecuador y Cuba, por tener “una rodilla hinchada”. El 10 de junio, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro dijo que su jefe había sido operado de un “absceso pélvico”. Ningún médico confiable informó al país de lo que estaba pasando con el Presidente ni cómo podía influir su quebranto en las labores de Estado.
Los encargados de blindar el secreto la dieron entonces por hablar de “lesión”. Sin más detalles. El 24 de diciembre, el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dijo que Chávez estaba en reposo absoluto; y al rato Maduro lo dejó en ridículo asegurando que “estaba caminando y haciendo ejercicios”. El 4 de marzo, el mismo Villegas –a quien la prensa llamaba ministro de Desinformación- dijo que al yacente le estaban dando “quimioterapia de alto impacto”…horas después de que Douglas León Natera, director de la Federación Médica de Venezuela (FMV), había explicado que alguien en las condiciones del “comandante” no podía ser sometido a ese tratamiento, “que solo complicaría las cosas”. En fin, todo era así. La chapuza era flagrante.
Si firma decretos, que hable
Mientras tanto, Chávez, que según Marquina y Bocaranda estaba en una postración que le impedía siquiera mantenerse despierto, “firmaba” decretos a dos manos. Por prodigio tal,Elías Jaua fue designado canciller de la República.
“Si el Presidente puede firmar decretos, yo lo llamo a que aparezca y le hable a Venezuela”, dijo Henrique Capriles Radonski. Pero el infatigable decretador mantuvo silencio. Quienes sí hablaron para cubrir de insultos y amenazas a Capriles fueron los que rodeaban la cama de hospital y salían de allí a mostrar la firma –imposible, según médicos consultados por los medios- que aprobaba diversas medidas económicas, como la devaluación del bolívar.
Chávez “firmaba” cartas y “sostenía conversaciones de horas” con Arreaza (quien juró que el suegro mandaba “más que un dínamo”) y el propio Maduro, pero no hizo ni una grabación de audio.
El objetivo de las obvias patrañas era comunicar que Chávez siempre estuvo al frente del gobierno.
No por nada El País, de Madrid, al dar la noticia del fallecimiento, el 5 de marzo de 2012, anotó “…era el final de una agonía que empezó en junio de 2011, cuando en La Habana le fue diagnosticado un cáncer cuya evolución se mantuvo en el secretismo, a fin de prolongar lo más posible la influencia del exteniente coronel sobre el electorado venezolano”.
Las cifras son caca
La opacidad que tantas veces venció el recién fallecido José Rafael Marquina, aumenta en tiempos de dificultades económicas y sociales, como las que vivimos en la actualidad. Es lo que demuestra el reportaje publicado por el periodista Edgar López, en El Nacional, el domingo 27 de septiembre.
“Los organismos del Estado encargados de cada área se negaron a precisar: cantidad de territorio indígena demarcado, número de jueces titulares y provisorios, memoria y cuenta de los ministerios, atención a las víctimas de delitos, índices de criminalidad y homicidios, cantidad y procedencia de los alimentos importados, número de fundos zamoranos, estadísticas de adjudicación de tierras, matrícula universitaria, muertos y heridos en las cárceles, resultados de los planes penitenciarios cayapa, chamba y cambote, número de viviendas construidas entre 2001 y 2014 y de títulos de propiedad entregados, así como la cantidad de derrames petroleros y de vertederos de desechos sólidos a cielo abierto”.
Tal como demuestra López en su indagación reporteril, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus distintas salas, ha dado sustento a prohibiciones tajantes. “Los archivos de los órganos del Poder Ciudadano son secretos, según sus respectivas leyes. El Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional establece que el registro de sus actividades es confidencial y que solo pueden acceder al salón de sesiones los periodistas del canal de televisión de la Asamblea Nacional”.
Con sentencias del TSJ el régimen canceló las garantías del derecho constitucional de acceso a la información pública. Y no se puede indagar el salario base y otras derogaciones de sus funcionarios; no se puede exigir la publicación de los boletines epidemiológicos correspondientes; no es posible el acceso a los archivos del Consejo Nacional Electoral; no se puede conocer la inversión hecha en los últimos años en materia de publicidad gubernamental; ni las estadísticas sobre la criminalidad en Venezuela; ni los pormenores de la adquisición de unidades eléctricas para atender la crisis de suministro en 2010; ni la lista de empresas a las cuales se les había aprobado divisas en 2013, ni los bloqueos de Internet perpetrados por la Cantv.
Tampoco se puede exigirle el presidente del BCV, Nelson Merentes, que publique los indicadores de inflación, escasez, balanza de pagos y producto interno bruto. Ni al Servicio Autónomo de Registros y Notarías que suministre información relacionada con supuestos hechos de corrupción.
Circuitos electorales trazados en la sombra
Por limitaciones de ley, no es posible: hacer contraloría ciudadana sobre hidrocarburos gaseosos, transporte ferroviario, servicio eléctrico, ciencia y telecomunicaciones; así como conocer los índices de pobreza (el INE solo publica datos viejos, que no dan cuenta de la realidad, como decir que en Venezuela 8,8% de la población es de pobres extremos, mientras la medición de varias universidades indica que para agosto de 2014 la pobreza extrema ascendió a 24%).
Naturalmente, tal como establece López, la manipulación de estadísticas oficiales afecta seriamente las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en lo relacionado
con la distribución de diputados de acuerdo con los índices poblacionales. “El Consejo Nacional Electoral definió el número de parlamentarios por circuito con fundamento en proyecciones poblacionales que no son las que tiene el INE en su página web. Sencillamente, alegaron haber utilizado otro estudio del INE que no es público. Si la guía fueran los datos públicos del INE, la distribución de diputados sería distinta y más beneficiosa para la oposición”.
El fantasma del default
Si el comportamiento de la economía venezolana tuviera un Marquina, quizá no habría tantos rumores sobre el estado de sus finanzas y su capacidad de pago. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo -que gracias al boom petrolero recibió, entre 2005 y 2013, más de 641.000 millones de dólares-, es objeto de sospechas interrogantes sobre sus ahorros en divisas, los precios del crudo se han desplomado en cuatro años.
Razones tienen los acreedores para estar nerviosos. Y todas recalan en la opacidad y el secretismo. A partir de 2005, el gobierno venezolano creó una maraña de fondos parafiscales que administra el Ejecutivo discrecionalmente. Nadie conoce cuánto tienen esos fondos ni mucho menos la contabilidad. Como también permanece bajo llave la verdadera cuantía de exportaciones petroleras, que suponen 96% de las divisas del país.
Esa discrecionalidad se ha expresado escandalosamente en las decisiones, políticas e incluso leyes que el régimen chavista ha impuesto sin sentirse en la necesidad de dialogar ni debatir, así como también en la enorme cantidad de recursos que Chávez comprometió personalmente, sin más asesoría que los prontos que le venían sobre todo en presencia de las cámaras de televisión.
Así como es un enigma la inflación de septiembre, se ignora la real dimensión de la escasez de bienes básicos, los datos de la balanza de pagos, el resultado del PIB, los números de la producción y la exportación petrolera de todo el año. Y para tener idea de las importaciones, hay que apelar a la información de aduanas.
Exactamente lo mismo con las compras de armas a Rusia, habida cuenta de que el Gobierno bolivariano es el mayor comprador de armas y equipo bélico ruso en América Latina. No se han difundido apropiadamente la cantidad, modelo y costo de los equipos militares adquiridos por Venezuela. Se ignora, pues, los verdaderos gasto por este concepto; qué se ha comprado, exactamente; cuántas son las unidades; si las adquisiciones son acertadas; si es cierto que el equipamiento incluye chatarra, como se ha dicho. Nadie explica por qué se han accidentado los helicópteros rusos, siniestros que han cobrado la vida de más de 30 personas. Vale recordar que la anterior Asamblea Nacional decretó la confidencialidad de los acuerdos militares suscritos con Rusia y Bielorrusia.
La desconfianza que genera el régimen de los entaparados ha sido medida por el Banco Mundial cuyos indicadores –voz y rendición de cuentas; estabilidad política y ausencia de violencia; efectividad gubernamental; calidad regulatoria; estado de derecho, y control de la corrupción–, ubican a Venezuela entre los peores índices latinoamericanos: con un promedio de 10,54, esto es, muy por debajo de los 50 puntos que, en escala de 100, definen un nivel medio, o aceptable.
Esta percepción abarca, en palabras de la experta en política internacional, Elsa Cardozo, “los procesos electorales de creciente opacidad al escrutinio interior y exterior”.
–Se llegó al punto- apunta Cardozo- en que, tanto las opacidades y denuncias de irregularidades como el muy estrecho margen con el que fue proclamada la victoria de Maduro dieron lugar a fundadas dudas sobre el escrutinio.
El manto para tapar lo que está ocurriendo arropa los acuerdos y contrataciones suscritos por Venezuela; y “se extiende a la ejecución y cumplimiento de esos tratos, de modo que se han abierto grietas de desconfianza por incumplimientos”, observa Elsa Cardozo.
Como se ve, es inmensa la tarea que nos aguarda de investigar y exponer a la luz tanta información relevante para el país.
*Milagros Socorro; Periodista y escritora venezolana, su obra va de la narrativa breve, pasando por la literatura testimonial, a la novela. Premio Nacional de Periodismo y columnista de El Nacional.
Por: Milagros Socorro*
@MilagrosSocorro
msocorro@el-nacional.com
Politica | Opinión
Caracas, 21 de octubre 2015
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