Artillería de Oficio
■ En Venezuela no se puede hablar sobre la injustificable crisis de la salud porque la información ha sido sometida al poder político y se ha convertido en pura manipulación y propaganda, esta última en sus dos variantes: la exaltación (el culto a la personalidad) y la difamación (el supuesto terrorismo psicológico practicado por los denunciantes).
Tampoco se puede hablar la verdad sobre la inseguridad, el desabastecimiento, la pobreza, el desempleo y la inflación, ni hay estadísticas oficiales confiables. Los medios de comunicación son para la sociedad fines en sí mismos, hechos que ayudan a su evolución, a sus cambios de percepción, de opinión.
Precisamente allí está el detalle. El gobierno tiene una concepción controladora, que es el sello ideológico indeleble de los regímenes totalitarios, antidemocráticos y comunistas. La pluralidad empresarial es la única garantía razonable para la pluralidad de opinión, que es el respiradero natural de las sociedades libres, pero ya no existe como tal por la concentración de medios favorables al poder socialista que es absolutamente aplastante. Algo así como de nueve a uno. Queda El Nacional, un solo periódico de circulación nacional verdaderamente independiente, y uno o dos regionales, pocas emisoras de radio cada vez más temerosas frente a un hegemónico imperio multimedia que aspira a “sovietizar” el ejercicio de la profesión periodística. Lo están logrando, al arrebatarles concesiones a medios audiovisuales no manipulables, asfixiando a medios impresos independientes, acosándolos a través de acciones judiciales refrendadas por un Tribunal Supremo de Justicia sometido por el Ejecutivo a la obediencia, y situado en el último lugar de las instituciones según la estimación de los venezolanos.
Justicia ¡no hay! Terrorismo judicial ¡sí hay! Impiden a los periódicos el acceso a las divisas para obtener papel para forzarlos a vender a “empresarios revolucionarios” anónimos, cuya misión es crear una realidad alterna a través del control político de lo que se publique. El despido de Rayma y la eliminación de su viñeta diaria en El Universal es el ejemplo más palpable de cómo se ejecuta la muerte de la información y la opinión.
Para colmo, pretenden aprobar un proyecto de Ley de Comunicación Social con ribetes estalinistas, para desconocer la actual Ley de Ejercicio del Periodismo. Toda regulación legal de ese tipo representa una indeseable intervención del poder político sobre la actividad profesional, en este caso, de los periodistas, y resulta lesiva tanto para la libertad de informar como para el derecho de recibir información. Eso subvierte gravemente la filosofía democrática: son los medios de comunicación los que cumplen el papel de controladores del poder, nunca al revés, por eso, el esperpento de ley, de naturaleza tan hostil a las libertades, debe ser rechazado.
El texto de ley presentado en la Asamblea Nacional extrema los males intervencionistas y lesiona profundamente los derechos de los gremios; impondrán la acreditación mediante el correspondiente carnet del PSUV, se apropiarán del derecho de decidir quién es periodista y quién no, algo que recuerda a los tribunales de honor que enjuician conductas globales y opiniones acerca de si un colegiado ostenta la dignidad suficiente para pertenecer a un gremio o profesión.
Todo intervencionismo del Estado en materia de libertad de expresión es ilegítimo. Si no fuera por las redes sociales, y sobre todo, por el Twitter, que es la única arma a disposición de la disidencia, tendríamos un desierto informativo estremecedor.
*Marianella Salazar. Periodista. Editora revista CARAS de TELEVISA. Conductora de Hoy por Hoy La Nueva Mágica 99.1FM.
Por: MARIANELLA SALAZAR
msalazar@cantv.net
@AliasMalula
Política | Opinión
miércoles, 24 de septiembre 2014
EL NACIONAL
