“Sin protesta no hay salida..”
■ Es indudable que en Venezuela se ha tratado de imponer un modelo autocrático de líder, pensamiento y partido único, un totalitarismo militarista que ha fracasado.
Al margen de la Democracia y del Estado de Derecho, una casta corrupta ha pretendido adueñarse del país. Los nefastos resultados están a la vista y todos los padecemos. No hay legitimidad de origen porque la vía electoral está secuestrada por el abuso y la arbitrariedad de quienes creen que el Estado son ellos y que no hay límites entre el interés de todos y el interés del partido, que de forma absoluta quieren imponer su pensamiento, caracterizado por la intolerancia a expresiones políticas diferentes.
Tampoco existe legitimidad de desempeño democrático porque todas las instituciones están al servicio del Psuv, al extremo de que en la última sentencia del TSJ se convierte a la Fuerza Armada Nacional en un brazo armado al servicio del pensamiento chavista. Tal cual como quedó ratificado en el lamentable discurso que pronunció el General Padrino López en la Asamblea Nacional con motivo del 5 de julio.
No hay un Poder Judicial independiente, garante de la legalidad sino, por el contrario, existe un sicariato judicial mediante el cual se criminaliza y se persigue a la protesta y la disidencia.
Tampoco hay una Asamblea Nacional que cumpla la labor legislativa y contralora prevista en la Constitución. A pesar de haber obtenido más de la mitad de los votos (53%), inexplicablemente la oposición tiene menos diputados que el oficialismo y es sistemáticamente atropellada e irrespetada por la “mayoría” oficialista, que ha llegado inclusive a los extremos de despojar del fuero parlamentario a diputados que consideran incómodos por sus opiniones y críticas al régimen. No existe un Poder Electoral equilibrado e independiente.
El modelo económico del Estado centralista y propietario ha generado la inflación más alta del mundo, escasez de bienes y colapso de los servicios públicos, así como la percepción de que somos el país con más alto índice de corrupción y de falta de transparencia en la administración de los dineros públicos.
El control de cambio y los conflictos internos del alto gobierno han puesto al descubierto entramados de corrupción con la asignación de divisas para importaciones, negocios turbios en torno al pago de la deuda externa y del endeudamiento de la nación. Ejemplo de ello es la denuncia sobre los más de 20.000 millones de dólares entregados por Cadivi a empresas de maletín.
La inseguridad ciudadana, producto de la corrupción y la impunidad, han convertido a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo, con mayor índice de homicidios. Todo ello, unido a un sistema penitenciario, policial y judicial absolutamente corrompido.
La violación sistemática de los derechos humanos ha sido ampliamente documentada y denunciada en todos los organismos internacionales, en especial, con motivo de las 42 víctimas mortales de las protestas sociales que sacudieron al país a principios de año y la brutal represión con la que el régimen arremetió contra los manifestantes.
A esto se suma la arbitraria e ilegal detención de Leopoldo López, y los acaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.
La falta de libertad de expresión, de prensa y de información a través del cierre de medios y de la compra de muchos de ellos por testaferros boliburgueses cómplices de altos funcionarios es una forma no solo de controlar la opinión pública sino también de comprar protección e impunidad para los negocios ilícitos que se realizan desde las altas esferas de poder de este estado delincuente.
La terrible situación que sufre el país nos obliga a ser más combativos que nunca para lograr el cambio político que necesitamos. Como hemos dicho siempre: sin protesta no hay salida, es decir, el descontento mayoritario que recogen las encuestas en estos momentos, debe organizarse y movilizarse. La unidad de todos los que quieren el cambio es fundamental e indispensable. En la diversidad, pero sin descalificaciones y con respeto, debemos discutir las diversas propuestas políticas para sacar al país del atolladero en el que se encuentra y para que la oposición cumpla, sin ninguna duda, su rol opositor. No es momento de recriminaciones y descalificaciones para debatir las diferencias dentro de la oposición. Podemos hacerlo de manera constructiva y asumiendo que todos tenemos el deber y el compromiso de propiciar los urgentes cambios que en esta hora difícil , reclama la nación.
Cualquier solución pasa por los votos, por ello debemos exigir la designación de los rectores del CNE cumpliendo a cabalidad la norma constitucional para garantizar un árbitro electoral confiable e idóneo. Ya sea para la elección de una Asamblea Constituyente o de diputados a la Asamblea Nacional o hasta del presidente de la República. La salida siempre pasará por la vía electoral.
De acuerdo a los estatutos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 , la misma “es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público”.
Estamos frente a una emergencia nacional por la crisis institucional, económica, social y política que vivimos. La ruta constituyente puede ser un espacio para el diálogo, la reconciliación , el reencuentro, para restablecer la democracia y el Estado de Derecho, para desarrollar de manera progresiva los derechos económicos, sociales , culturales y ambientales vigentes en la actual Constitución. No se trata de un evento para aumentar la crispación y la confrontación polarizante, para que una parte del país aplaste a la otra. Se trata de un proceso de consulta democrática, de abajo hacia arriba. Eso es lo que proponen Voluntad Popular y Leopoldo López y ello puede marchar en paralelo con la propuesta del Congreso Ciudadano y la lucha por un mejor país a través de gremios, sindicatos, partidos y sociedad civil. Es decir, cada quien en lo suyo y desde su perspectiva, pero todos juntos, unidos, buscando una salida incluyente, en paz y en democracia, frente a un modelo de Estado autoritario, antidemocrático y militarista, que ha perdido el liderazgo y la capacidad de gobernar y satisfacer las necesidades mínimas existenciales de las grandes mayorías del país.
Para quienes, contra toda evidencia, sostienen que aún no están dadas las condiciones para una asamblea constituyente, preguntamos ¿Qué hay que esperar? Que este régimen cleptocrático y kakistocrático termine de destruir a Venezuela?
Sin ninguna duda: éste es el momento constituyente.