ROBERT ALVARADO: Guerra a jueces corruptos de Aragua

Estamos inmersos en la mafia
del “terrorismo judicial”

 

■ Esta semana abundaron los epítetos contra el sistema de justicia venezolano, tras denuncias del uso del Poder Judicial en Venezuela para acosar a la disidencia, en mi opinión Alberto Federico Ravel encabeza la lista con el término “terrorismo judicial”, que le quitó prestado a mi amigo José Luis Centeno.

También merece especial mención el colega Carlos Ayala, quien desde Ginebra y a nombre de la Comisión Internacional de Juristas aseguró “que el Gobierno politiza la institución para justificar la represión de las protestas y la violación de derechos humanos”, enfatizando, “La justicia venezolana es sumisa a los dictados del Gobierno”. Henrique Capriles estuvo lapidario: “No son jueces, son mandaderos del gobierno con su justicia podrida”, pidió reflexión ante “el parapeto de justicia podrida”; Leopoldo gritó “La madrugada de hoy (jueves), luego de recibir una llamada, la jueza Adriana López vendió su conciencia al poder corrupto ratificando la medida de mantenernos presos”; Aveledo masculló algunas palabritas sobre “instigación penal”, mi buena amiga María Corina Machado, al referirse a Leopoldo dijo que es “un preso de conciencia y una persona privada de su libertad por levantar su voz contra este horror”. En la plegaria de la comunidad ucevista por los presos políticos, el presidente de la Apucv, Víctor Márquez, “Denunció que se pretende culpar, sin pruebas, a todo aquel que este contra el Gobierno, y nadie se salva de ser acusado”; luego entonces tienen razón Ravel y Centeno al hablar de “terrorismo judicial”, tesis corroborada por el Diputado Abelardo Díaz al denunciar a Vielma Mora por falsa atestación contra el alcalde Ceballos y por la defensa del ex Alcalde de San Diego, Vicenzo Scarano, y su jefe policial, Salvatore Lucchese, al denunciar ante la ONU la forma irregular de cómo los detuvieron por órdenes de la Sala Constitucional.

Peor aún, la tesis que sostienen Ravel y Centeno sobre el “terrorismo judicial” existente en Venezuela, se demuestra con los fehacientes indicios de que la Fiscal General de Venezuela, LUISA ORTEGA DIAZ, avala la restricción de derechos fundamentales como si se hubiese decretado un estado de excepción en Venezuela. Esto no es algo nuevo en Venezuela, es decir, que el Ejecutivo use el poder judicial para aniquilar la disidencia en Venezuela no es algo que deba sorprendernos, no hablo de la archí mentada IV República, me refiero a la V República y sus métodos fascistoides inducidos desde Cuba, con inclusión de retaliaciones judiciales con procesos penales como el instrumento predilecto para avasallar a la oposición. No porque en la actualidad esa realidad sea más obvia, deja de ser una situación con secuelas de vieja data orquestadas desde circuitos judiciales penales como el del Estado Aragua, de infeliz memoria por casos como el de los comisarios Vivas, Forero e Iván Simonovis, a quien el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Aragua le ha negado en cuatro oportunidades una medida humanitaria, demostrando que este gobierno no es tan humano ni justo como dicen sus partidarios, viniéndose a prestar para esta patraña de exterminio judicial no sólo la Sala Constitucional sino tribunales en estados como Barinas y el Táchira, donde por influencias políticas mandaron a la picota a 8 inocentes por la Masacre de Campo C.

Lo que empezaron a vivir más de doscientos estudiantes, Leopoldo, Ceballos y Lucchese, junto a todos sus familiares y amigos, en lo que va del año 2014, lo viene sufriendo uno de mis defendidos desde hace 6 años que lleva preso sin juicio, a quien le han diferido la audiencia de apertura del juicio oral y público en 67 oportunidades, pero no son 6 años, son 9 años los que lleva preso sin juicio ni sentencia tomando en consideración que no le permiten optar a medidas alternativas al cumplimiento de la pena, porque simplemente lo mantienen en un limbo judicial al no hacerle el juicio ni dictarle sentencia; con un franco y progresivo deterioro de su estado de salud, lo cual no ha sido obstáculo para que le hayan negado una medida humanitaria más veces que a Iván Simonovis, algo que tiene claro mi amiga Boni, con quien lo he comentado en los pasillos de la guillotina judicial de Venezuela. Hablamos de KAMEL SALAME AJAMI, a quien se le sigue una causa penal en el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, a cargo de la jueza provisoria MARY CARMEN AMARISTA HERRERA. El encarcelamiento de KAMEL fue una “acción premeditada” del gobernador del estado Yaracuy, JULIO LEÓN HEREDIA, ante el éxito político de este popular y querido yaracuyano en las elecciones regional del 2008 como candidato a Alcalde del Municipio San Felipe, ese fue su pecado, incursionar en política y hacerlo bien en favor de sus paisanos, quienes tienen claro que está preso por haber ganado las elecciones.

Pues bien, a KAMEL SALAME AJAMI no sólo le quitaron la libertad desde hace más de 6 años, digo, desde hace más de 9 años, con la colaboración de jueces y fiscales corruptos, como también se lo hicieron este año a estudiantes, muchos de ellos menores de edad, a Leopoldo, Ceballos, Scarano y Lucchese; a KAMEL, además de la libertad, lo despojaron de todas sus propiedades, le quitaron la tranquilidad a su familia, porque al gobernador JULIO LEÓN HEREDIA se enamoró de la casa que le servía de hogar principal, este reyezuelo echó de ahí a su mujer y sus menores hijas para quedarse con esa vivienda, así de simple, la misma residencia donde se reunió con IRIS VARELA para organizar un Plan Cayapa en favor de procesados de la Cuarta de Yaracuy, ¿quién lo iba a creer?. Señores, lamento ponerme cursi, pero estábamos inmersos en el “terrorismo judicial” y no nos habíamos dado cuenta, hasta ahora que se escuchan lamentos y denuncias diferentes la del dirigente político y empresario yaracuyano, KAMEL ALAME AJAMI, a quien le decían exagerado al hablar de las irregularidades de un proceso penal al cual lo sometieron sin las más mínima garantía. Y que hablar de sus condiciones de reclusión, de la atención a su delicado estado de salud, de las agresiones a su integridad física, moral, mental y psicológica, del trato denigrante, humillante, a sus familiares, trabajadores y amigos, igual o peores a los que están viviendo todas los paisanos nuestros, sobre todo esos chamos estudiantes, a quienes flagrantemente le están violando los derechos humanos, cosas horrendas según me he enterado viendo las fotos y demás pruebas que gentilmente me ha mostrado mi gran amiga LILIAN CAMEJO del Foro Penal Venezolano.

Ante este dantesco escenario que ha enlutado y mantiene en zozobra injustificadamente a miles de venezolanos, hay acciones del Poder Judicial con las que le entra un fresquito a uno, uso esta parábola para no pecar de ingenuo creyendo en los actuales administradores de justicia, pero el hecho es que ni a ellos mismos les resulta posible ocultar las atrocidades de algunos jueces corruptos. El miércoles me sorprendí con una sentencia de la Sala Constitucional, la misma que metió presos a Ceballos, Scarano y Lucchese, cuando en respuesta a una acción de amparo que introduje por ante esa instancia el 9 de abril del presente año, Caso N° AA50T2014000360, aún no salgo de mi asombro, la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, en Sentencia N° 606, del 03 de junio de 2014, suscrita por la Presidenta del TSJ, GLADYS M. GUTIERREZ ALVARADO, y la paisana de KAMEL, LUISA ESTELA MORALES LAMUÑO, “ADMITE la demanda de amparo interpuesta por” mí, “ADMITE” no sólo que la Corte de Apelaciones del Estado Aragua en el caso de KAMEL SALAME AJAMI “mantiene vigente una lesión a los derechos constitucionales de TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EL DEBIDO PROCESO y LA LIBERTAD (…) que al día de hoy no cesado”, sino también que “la abogada MARY CARMEN AMARISTA HERRERA”, en el caso de mi defendido, ha mostrado una “CONDUCTA OMISIVA, NEGLIGENTE E INDECORASA”. Como reza un viejo adagio romano, nadie está obligado a declarar en favor de su propia torpeza, pero según esta sentencia o en el Tribunal Supremo de Justicia se están lavando las manos o está tirando por un barranco a los magistrados de la Corte de Apelaciones y a la Jueza 5° de Juicio del estado Aragua, porque, como se dice en el argot carcelario, le tienen una “culebra montada” a KAMEL SALAME AJAMI. Buen inicio para una guerra declarada por las atrocidades cometidas en este caso, porque si no lo sabían, estoy en guerra con jueces corruptos del estado Aragua.

Cualquiera información o sugerencia por mis direcciones electrónicas robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704.

Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!

Por: Robert Alvarado
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robertveraz@hotmail.com
robertveraz@gmail.com
Tlf. 0414-071-6704
@robertveraz
Caracas, sábado 6 de junio, 2014

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