“La metamorfosis del
nuevo delincuente..”
■ Las erradas políticas implementadas en 22 planes del Ejecutivo nacional.
Anthony Orono, 19 años, preso por el homicidio de Eliécer Otaiza. Gregory Torres, 20 años, internado en Tocorón, junto con su cómplice por la muerte del dirigente pesuvista. Un joven de 17 años también será presentado en tribunales por este caso.
José Ferreira, 18 años, detenido en el Rodeo II por la muerte de Mónica Spear y su esposo Thomas Berry, al igual que Jean Carlos Colina, de 19 años, supuesto autor material del doble crimen.Por el homicidio de la actriz y su esposo también hay dos menores de edad privados de libertad, de 17 y 15 años, integrantes de la banda “Los Sanguinarios del Cambur”, de Puerto Cabello.
José Guevara Sánchez, de 18 años, actualmente se encuentra detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por estar —supuestamente— implicado en el homicidio de cuatro profesores universitarios de la Unellez, hecho ocurrido hace dos semanas, en el estado Cojedes.
Y así podría continuar una innumerable lista, en razón de que cada vez es más evidente la presencia de jóvenes implicados en delitos de alto nivel. La participación de adolescentes, e incluso menores de edad, en hechos como homicidios, secuestros, robos agravados no impresiona ya a las autoridades. Cada vez es más común que el jefe de la agrupación delictiva sea un joven que, si acaso, ha cumplido la mayoría de edad.
Justamente la juventud del nuevo delincuente lo ha hecho recibir epítetos como el otorgado por el criminólogo Fermín Mármol García, de “coco seco”, al considerarlo absolutamente inmaduro, sin capacidad de respuestas claras y sin patrones morales qué seguir, aunado a la gran violencia que lleva per se, dada su impulsividad.
“Para este delincuente el más mínimo detalle significa una falta de respeto y eso te hace merecedor de la muerte. Por eso vemos situaciones en las que la víctima ha sido despojada de sus pertenencias pero igual la mataron, habría que saber qué ocurrió durante el atraco, alguna frase o algún gesto que molestó al antisocial puede significar la muerte”, asegura el experto.
Por su parte, la actuación del delincuente se define dentro de la teoría desarrollada por el sacerdote Alejandro Moreno, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y autor del libro Y salimos a matar gente: la “fórmula malandra”, la cual calcula el prestigio del delincuente en función del número de muertos y su edad.
“Si tiene más muertos que años será considerado más valiente, arriesgado, atrevido, lanzado. La crueldad, la falta de escrúpulos, de culpa van a permitir que el crimen se convierta en una cosa normal, ordinaria, sin ningún tipo de control. Ellos no tienen límites, sobre todo los más jóvenes. No hay límites sociales, respeto ante los mayores. Ellos quieren el respecto para ellos, nada más”, asegura el especialista, quien describe de esta forma al transgresor promedio venezolano, el cual ha sufrido una metamorfosis durante las últimas dos décadas, según investigadores.
El también psicólogo refiere que la corta edad del delincuente disminuye la capacidad de reflexión, de evaluar una situación concreta. Afirma que no tiene tiempo entre lo que sería el estímulo y/u ocasión a la respuesta. “Por eso estos jóvenes no tienen consideración con nada y van directo a lo que les gusta y les interesa”.
En este sentido, distintos especialistas de la conducta criminal caracterizan al nuevo antisocial como inmaduro, violento, sin consideraciones éticas y se constituye en el modelo a seguir en su propia comunidad, a diferencia del “malandro viejo”, que procuraba mantener su oficio alejado de su familia. No se enorgullecía de lo que hacía.
La diferencia fundamental con el llamado nuevo malandro radica en la edad y en los niveles de violencia. La impunidad es un factor clave en el desarrollo del joven y su actuación ilícita.
En un estudio realizado por la Comisión Presidencial para el Desarme, en la parroquia La Vega, de Caracas, hace un par de años, se reconoció el incremento de los homicidios fútiles en el país, lo que demuestra la inmadurez y la violencia de ciertas personas.
Para el exjefe de homicidios del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, comisario Luis Godoy, el problema delictivo está vinculado con una crisis social, cultural y ética que vive la sociedad. El antisocial pasó de atacar camiones blindados, robo de bancos, hurtos de vehículos a robo de automóviles y de cualquier objeto que ambicione.
El experto ve con preocupación no solo la prematura edad a la que están ingresando jóvenes a las bandas organizadas, aproximadamente a los 14.. Para él la situación es aún más crítica, ya que el joven actual nace en medio de la banda, se cría en medio de la banda, observando patrones inadecuados de conductas, viendo cómo la persona que tiene la mejor moto, las mejores mujeres se constituye en el líder de la comunidad.
“Nadie cuestiona cómo alcanzó estos logros, eso no importa, es un problema complejo, social, cultural, de lo que se acepta sin cuestionarse, que solo se agrava con la impunidad”, destaca el criminólogo, quien recuerda que en la década de los 80 los números de resolución de los casos por parte de la PTJ rondaban el 82% de efectividad. Hoy esta realidad se ha revertido.
De acuerdo con cifras oficiales, los niveles de impunidad en el país son superiores al 90%, lo que equivale a que de 100 casos, solo 10 son resueltos por las autoridades y los responsables castigados, lo que le otorga gran ventaja al delincuente, que sabe que puede actuar a sus anchas debido a las limitaciones del Estado para enfrentar el problema.
“El castigo no existe, el miedo que deben tener hacia las autoridades lo tienen es hacia otra banda, otro enemigo que pueda atravesarse en su camino”, refiere Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).
Por su parte, Mármol García destaca la carencia de recursos con la que disponen los organismos de seguridad para revertir esta situación. “Se calcula que el déficit de hombres, de funcionarios de investigación, está en 300% y de funcionario de prevención, de patrullaje, en 70%. Aunado a la gran facilidad que tiene el delincuente actual de encontrar armas y municiones la situación no es sencilla”.
En los últimos años, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pasó de tener uno de los mejores índices de resolución de casos a contar con un importante déficits de recursos humanos y materiales, tal cual recoge el criminólogo Javier Gorriño en su último libro Reflexiones sobre la Venezuela insegura, donde hace un recorrido por la trayectoria del organismo de investigación, rechazando en la actualidad la politización del principal organismo de investigación del país.
Para los expertos, las causas principales de este quiebre delictivo está vinculado con políticas públicas erradas en materia de seguridad que se reflejan en los ya 22 planes desplegados desde el Ejecutivo nacional y la docena de ministros que han pasado por la cartera de Interior y Justicia, sin contar con los cambios en la directiva del Cicpc.
“Son 15 años de políticas públicas equivocadas. No se hizo lo que se tenía que hacer. El Gobierno sistemáticamente, desde el primer año, se dedicó a las políticas sociales, de prevención. En el Plan de la Patria se desestima el uso de la policía por considerarla una política de derecha, no se reprime, no se hacen cumplir las leyes. Tenemos a un presidente que le dice bienandros a los malandros”, explica Roberto Briceño.
El director de la OVV señala que solo en los dos primeros años de Gobierno del presidente Chávez se duplicó la cifra de homicidios con respecto al último año del mandato de Rafael Caldera.
“De cuatro mil 50 homicidios, en 1998, se pasó a 8.028, en el 2000, —según las cifras más conservadoras—. En ese instante se comienza a ver un cambio, se expresa la impunidad, cantidad muy grave de víctimas y victimarios. En el 2000 se establece una tendencia creciente en las cifras de homicidios que no se ha detenido”, observa el sociólogo.
La incorporación del Código Orgánico Procesal Penal, a principios del 2000, es otro elemento que apunta el comisario Luis Godoy, quien asegura que el texto legal vino a terminar de implosionar el sistema de justicia venezolano. “El Copp es un texto demasiado avanzado para el país. Es como colocarle un motor Ferrari a un carro normal, es imposible lograr los objetivos”.
Por su parte, el padre Moreno ubica el punto de quiebre del sistema en 1989, durante los hechos del Caracazo. “El 27 de febrero sabemos perfectamente que algo se quebró. Ese fue un día terrible para la solidez de las instituciones del país, se mostró que nadie iba a poder controlar la actuación de grupo en un momento determinado”, explica el sacerdote.
En el 2012, el Ejecutivo, a través del vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, en la presentación de la Memoria y cuenta realizada en la Asamblea Nacional, admitió que en el país se registraron, en el 2011, 16 mil 30 homicidios. Hoy, organizaciones civiles aseguran que la cifra es superior a los 25 mil. Cada año las estadísticas ascienden y los hechos cada vez son más estremecedores.
Por: Sabrina Machado
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martes 10 de junio de 2014
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