El Calabozo de la Libertad
■ Escribo estas líneas el sábado 7 de diciembre a las 6 de la mañana, justo 24 horas antes de que inicie el proceso electoral en el cual los venezolanos elegiremos a 335 alcaldes y cerca de 2500 concejales en todo el país.
El CNE ha informado ayer que el 99% de las mesas electorales fueron instaladas satisfactoriamente y que todo se encuentra completamente listo para llevar a cabo un proceso electoral que el rector Vicente Díaz catalogó como el más ventajista y abusivo de toda la historia.
En mi humilde opinión, todos los procesos electorales que hemos vivido en Venezuela desde 1999 hasta la fecha, se han caracterizado por el abuso de poder y el ventajismo descarado del gobierno. Siempre dije que Hugo Chávez era el campeón del abuso y del ventajismo porque usó todo el poder del Estado y lo puso al servicio de su partido político. Pero creo que Maduro le quitó el campeonato a Chávez y lo destronó en materia de abuso y ventajismo.
En Venezuela urge una La Ley de Garantías, como la que fue aprobada en Colombia en el año 2005 “para garantizar el principio de igualdad entre candidatos que aspiran a cargos de elección popular”. Y eso sólo será posible cuando en el 2015 ganemos la mayoría en el Asamblea Nacional.
En Colombia, donde se celebrarán elecciones en mayo del próximo año, la Ley de Garantías empieza a regir seis meses antes de los comicios.
Eso significa que desde el pasado 9 de noviembre hay restricciones para gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, quienes no pueden celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos ni inaugurar obras públicas donde participen candidatos.
La Ley de Garantías de Colombia tiene expresas prohibiciones, tanto para el Presidente de la República, como para el Vicepresidente, y mucho más cuando se trata de un Presidente que aspira a la reelección, como es el caso de Juan Manuel Santos, quien ya anunció públicamente sus aspiraciones.
Esta restricción rige a partir de que el presidente o vicepresidente manifieste su voluntad de reelegirse y prohíbe la asistencia a actos de inauguración de obras públicas. Tampoco pueden entregar personalmente bienes estatales, recursos estatales, dineros del erario o donaciones de terceros. A su vez, no pueden referirse a candidatos o movimientos políticos en disertaciones o presentaciones que hagan como jefes de gobierno. Y lo mejor de todo: no pueden utilizar en la
publicidad del Estado, sus logos ni los bienes del Estado para su campaña electoral.
La Ley de Garantías de Colombia, también tiene expresas prohibiciones para Alcaldes y Gobernadores. Cuatro meses antes de cualquier elección (presidencial, Congreso, autoridades locales, atípicas), gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas a nivel territorial no podrán celebrar convenios interadministrativos para ejecución de recursos públicos, participar o promover reuniones de carácter proselitista, destinar recursos
públicos a reuniones proselitistas, inaugurar obras públicas donde participen candidatos o sus voceros, utilizar bienes muebles o inmuebles para actividades de carácter público, modificar nómina, excepto faltas definitivas.
Pero eso no es todo. La Ley de Garantías de Colombia, establece además severas restricciones a servidores públicos. A todos los funcionarios se les aplican las mismas prohibiciones con el fin de evitar que utilicen las instituciones estatales o los recursos públicos para favorecer a determinado candidato o grupo político. De esta manera los funcionarios estatales no pueden presionar a sus subalternos para que respalden campañas políticas ni a candidato alguno; como tampoco pueden difundir ni publicitar propaganda electoral.
Para evitar que quienes ocupan altos cargos públicos los utilicen en favor de algún candidato o campaña, se les prohíbe apoyar ascensos, promociones o bonificaciones. A la vez, hay limitantes para ofrecer o entregar beneficios mediante obras o acciones administrativas a comunidades, pues existe el riesgo de que se haga con el fin de influir en la intención de voto de la ciudadanía.
La Ley de Garantías de Colombia establece restricciones a todas las entidades estatales. Las prohibiciones empiezan a regir cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, programadas para el 25 de mayo de 2014. La ley es tan severa, que en el caso de que el presidente de la República busque reelegirse, como lo pretende Juan Manuel Santos, las restricciones se aplican a partir del 25 de noviembre sólo para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La ley establece que no se pueden aumentar los recursos para publicitar programas de gobierno ni para propaganda política. También se suspenden los cambios en las nóminas, excepto en casos de faltas definitivas, muerte, renuncia irrevocable o aplicación de las normas
de carrera.
De igual forma, se suspende la contratación directa por parte del Estado, salvo en ámbitos de seguridad y defensa del Estado, crédito público, emergencias educativas, sanitarias o desastres naturales; reconstrucción de infraestructura en casos de emergencias o los gastos que realicen entidades sanitarias u hospitalarias.
Una Ley de Garantías como esa hace mucha falta en Venezuela. De esta forma podríamos tener un proceso electoral mucho más limpio, mucho más
transparente y menos abusivo como los que hemos tenido desde 1999 cuando el oficialismo llegó al poder.
Ya lo sabes: el 8 de diciembre, vota. La pelea es peleando. Que Nadie se rinda.
Por: GUSTAVO AZÓCAR A.
elnegroazocar@gmail.com
Politica | Opinión
San Cristóbal, 07 de diciembre de 2013
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