Fiscalía investiga desvíos de
fondos públicos hacia Pdvsa
■ Investigan al jefe de la ANSES por el desvío de $ 835 millones.
■ La precandidata del frente Unen pidió investigar presuntos pagos irregulares a la petrolera venezolana PDVSA.
■ Un fiscal de Argentina pidió abrir una investigación al titular de la Administración de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, por supuesto desvío de fondos hacia la petrolera estatal venezolana Pdvsa, informaron medios locales.
El fiscal federal Federico Delgado dio así curso a una denuncia realizada por Elisa Carrió y Fernanda Reyes, dos dirigentes de la opositora Coalición Cívica, que alcanza, además de a Bossio, al secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Delgado solicitó a la Justicia formalmente iniciar una investigación, pedido que recayó en el magistrado federal Julián Ercolini.
El diario La Nación, de Buenos Aires, informó en su versión digital que se sospecha del desvío de fondos desde la Anses, organismo que administra los recursos del sistema de previsión social argentino, hacia Pdvsa a partir de resoluciones gubernamentales publicadas en el Boletín Oficial.
Según el periódico, mediante esas resoluciones se emitieron instrumentos financieros por unos mil 552 millones de dólares suscritos por la Anses.
Esos instrumentos financieros estaban destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y a la estatal Energía Argentina para que estas empresas cancelaran deudas con Pdvsa.
Según un escrito del fiscal, la norma que habilita la emisión de deuda pública es del 18 de octubre de 2012, mientras que la operación misma de emisión data del 18 de enero de 2012.
La resolución sobre la operación fue publicada en el Boletín Oficial, el pasado 28 de junio, según Delgado.
Al hacer su denuncia, Carrió y Reyes habían hecho notar que los instrumentos financieros (letras del Tesoro) se habrían emitido nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno.
Según las dirigentes opositoras, la maniobra podría constituir una operación que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado.
La emisión, apuntaron, se realizó sin ley que lo habilite y sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos e intereses.
El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Diego Bossio, será investigado en la Justicia por un presunto delito en el desvío de fondos destinados al pago de jubilaciones hacia otros fines como la cancelación de deuda con la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).
Así lo dispuso ayer el fiscal federal Federico Delgado al formular el “requerimiento de instrucción” en una denuncia formulada por la diputada Elisa Carrió y la candidata a senadora Fernanda Reyes y que también alcanza a los secretarios de Finanzas y de Hacienda, Adrián Cosentino y Juan Carlos Pezoa, respectivamente. Esto significa que quedó formalmente abierta una causa penal para determinar si esos funcionarios públicos cometieron algún tipo de delito.
El fiscal elevó su dictamen al juez federal Julián Ercolini y le sugirió requerir cuatro expedientes administrativos al Ministerio de Economía y pedirle a la Auditoría General de la Nación (AGN) que designe un grupo de expertos para dar su opinión técnica sobre la maniobra denunciada.
Carrió y Reyes denunciaron no sólo el desvío de los fondos sino que éste fue hecho sin un instrumento legal que lo autorizara. Para ello se basaron en cuatro resoluciones publicadas hace un mes en el Boletín Oficial (el 28 de junio pasado) pero firmadas ocho meses antes, en octubre de 2012. Además, sostuvieron que se comenzaron a aplicar en enero de 2012, antes de la firma de las resoluciones.
Dos de las resoluciones, la 341/2012 y la 84/2012, suscriptas en forma conjunta por los secretarios de Finanzas y Hacienda, impusieron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino la suscripción de una letra del Tesoro nacional por un total de 835 millones de pesos, con fecha de emisión en el 28 de noviembre de 2013 y vencimiento un año después.
Las otras dos resoluciones cuestionadas, la 290/2012 y la 75/2012, también fueron firmadas en forma conjunta por ambas secretarías de Estado y dispusieron la emisión de sendas letras del Tesoro en dólares. La primera de ellas, a favor de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) por un monto de 1.378.357.753 dólares con el objetivo de asegurar la cancelación de obligaciones asumidas con PDVSA a través del contrato firmado el 22 de marzo del año pasado entre la empresa estatal ENARSA y CAMMESA.
La segunda de las letras fue emitida a favor de ENARSA por un total de 21.642.247 dólares y para cancelar obligaciones de esta firma estatal que funciona bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal con la empresa petrolera venezolana.
“En palabras de los denunciantes, sin ley que lo habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etc …, se habrían emitido letras nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno o bien que tal vez se trate de una operatoria que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado”, sostuvo el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Si bien Delgado no puso en su dictamen calificación legal alguna, Carrió y Reyes habían hablado en su denuncia de un posible fraude a la administración pública y mencionaron otros dos delitos que podrían haberse cometido: violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, además de una eventual violación a la ley del sistema integrado de jubilaciones y pensiones.
Las denunciantes calificaron de “situación oscura y sospechosa” la “burda” operatoria denunciada y dijeron que debe ser investigada para “preservar el patrimonio público” y “sostener la publicidad de os actos de Gobierno” y no ocultarlos a la ciudadanía.
La precandidata del frente Unen:
El fiscal federal Federico Delgado dio curso a una denuncia de las dirigentes de Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernanda Reyes por presuntos pagos irregulares de ANSES a la petrolera venezolana PDVSA con fondos del organismo previsional. Además de Bossio, la presentación apunta al secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, “por el posible desvío de dinero a través de cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta, las cuales habrían sido publicadas después de ocho meses en el Boletín Oficial”.
Se trata de la suscripción de Letras del Tesoro por 835 millones de pesos, 1.378.357.753 de dólares y 21.642.247 dólares tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino.
La Anses rechazó hoy la denuncia y defendió la legalidad del manejo de dinero. Admitió la existencia de tres resoluciones conjuntas de la Secretaría de Finanzas y Hacienda, pero advirtió que la suposición de que todas corresponden a suscripciones del FGS parte de la única base de haber sido suscriptas el mismo día. “Eso es falso. Igualmente falso y absurdo es hablar de desvío de fondos”, sentenció el organismo en un comunicado.
“El FGS sí ha efectuado una suscripción de una letra del Tesoro Nacional el 28 de noviembre de 2012, por un valor nominal de ochocientos treinta y cinco millones de pesos y por un plazo de 365 días”, reconoció. Observó, no obstante, que eso constituye “una práctica habitual” y aseguró que en la operación intervinieron “en forma previa las áreas técnicas competentes, afirmando que el rendimiento es adecuado y razonable para el sistema financiero”.
“También es absolutamente falso sostener que el FGS haya suscripto letras a favor de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), así como a favor de ENARSA. El FGS no financia títulos destinados a la petrolera PDVSA”, afirmó.
Según la nota, Bossio solicitó al presidente de la Comisión Bicameral, el diputado Eric Calcagno, una “pronta visita al Congreso a los fines de ampliar toda la información que los legisladores requieran”.
Por: Lucio Fernández Moores
Redacción/EFE
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Miércoles 31 de julio 2013
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