La “Misión” critico sectarismo
en organismo electoral
■ Informe pone en entredicho la democracia en Venezuela.
■ Largo período de “miembros de mesa” facilita el fraude.
■ Maduro no podía ser candidato porque la constitución lo prohíbe.
■ El indicado para cubrir el puesto de Hugo Chávez era Diosdado Cabello.
■ Misión europea cuestiona desvío en participación de ciudadanos en comicios.
■ Los organismos públicos ordenaron a los funcionarios votar por el oficialismo.
■ La misión afirma que han visto hechos que pueden ser constitutivos de varios delitos.
■ El ventajismo fue detectado en comicios de abril: “Existe una forzada identificación del Estado con los objetivos del PSUV”
Juristas coinciden en que el documento del Instituto de Altos Estudios Europeos pone en duda internacionalmente la legitimidad de Maduro
El informe final elaborado por el Instituto de Altos Estudios Europeos subraya “tendencias preocupantes hacia la ingobernabilidad en el país”. Uno de los redactores destacó el “derroche basado en una falsa prosperidad” y un “desarrollo incapaz de consolidarse bajo el manto de la corrupción”
En tela de juicio queda la democracia en Venezuela con el informe que divulgó esta semana el Instituto de Altos Estudios Europeos sobre las elecciones presidenciales del 14 de abril, en el que se concluye que los comicios en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador con una diferencia de 224.268 votos son nulos.
Esta es la opinión del ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV Jorge Pabón y de los constitucionalistas y profesores universitarios Víctor Hernández Mendible y Pedro Afonso del Pino, quienes coinciden con el argumento central del informe: el Tribunal Supremo de Justicia no debió avalar que Maduro -que fungía como presidente encargado debido a su condición originaria de vicepresidente- pudiese ser candidato presidencial y dirigir el Ejecutivo nacional simultáneamente.
“Este documento da en el punto central de los sistemas democráticos, que es la legitimidad de origen de los gobernantes, pues pone en duda si Maduro llegó al poder de forma legítima o por razones distintas a la voluntad popular.
El informe deja al descubierto que las elecciones en Venezuela fueron manipuladas por el Ejecutivo y por el órgano encargado de regular el proceso electoral”, señaló Pabón.
Para el ex decano es de gran importancia el hecho de que a los acompañantes internacionales que suscriben el informe los acreditó el Consejo Nacional Electoral. “Estas personas fueron invitadas por el propio CNE, y es bien sabido el celo que tuvo el ente electoral para impedir una objetiva observación. Es decir, estas personas fueron las que el organismo comicial consideró amigas, pero fue tan grotesca la situación que observaron que decidieron dejar de lado el pacto de confidencialidad al que habían llegado”, indicó.
Hernández Mendible acotó que no es casual que el informe haya sido emitido justo cuando Maduro está de gira en Europa. “La percepción internacional es que en el país hay un resquebrajamiento de la democracia. No en vano el Gobierno se empeña en buscar aceptación internacional.
Lo que pasa es que en la práctica la comunidad internacional está manejando el gobierno de Maduro como un hecho consumado aunque haya dudas sobre la elección”, señaló.
Afonso del Pino aseveró que son precisamente los poderes públicos en Venezuela los que deben dar muestras de transparencia a los venezolanos y a la comunidad internacional.
“El Gobierno, que tiene ya un plomo en el ala, debe ser el primer interesado en aclarar cualquier duda sobre la legitimidad de origen”, aseveró.
Pabón y Hernández Mendible coincidieron en que, tal como dice el informe, la elección de Maduro es nula. Afonso del Pino, por su parte, señaló que la tesis de la nulidad derivada desde la postulación es un argumento válido, pero no suficiente para dar por nulo un proceso electoral. Advirtió que se debe esperar la decisión del TSJ sobre las impugnaciones que reposan en la Sala Electoral desde hace un mes.
IAEE aclara incidente en Montalbán:
Los observadores recogieron los testimonios del incidente ocurrido en el Liceo Aplicación, Montalbán.
En un correo electrónico el IAEE aclaró que en el informe final no se refirieron al diputado del PSUV Robert Serra. “En ningún lugar de nuestro informe se señala que la persona portadora de las cédulas fuera un parlamentario; tampoco se da un nombre propio a la persona que sí citamos y que se presentó como parlamentario ante la misión y ante los medios”, escribió la directora del IAEE, Claudia E Salcedo Baquero. La prensa escrita y Globovisión registraron cómo Carlos Sierra (no Robert Serra, como se escribió ayer) pretendía que miembros de la Misión Negra Hipólita sufragaran en Montalbán.
IAEE relató: “Al lugar llegaron más de 4 autobuses y una ambulancia con aproximadamente 70 personas, habitantes de la calle en estado de vulnerabilidad e incapacidad, en compañía de una persona en cuyo poder estaban varias cédulas, otra persona que se identificó como un parlamentario y un cortejo de motorizados armados”.
La hora del entendimiento:
El informe final de la Misión Electoral en Venezuela, presentado por el Instituto de Altos Estudios Europeos en colaboración con Rediunipaz, desmitifica las supuestas fortalezas electorales de ese sistema y subraya algunas tendencias preocupantes hacia la ingobernabilidad en ese país.Los últimos datos económicos, los grandes niveles de desabastecimiento y la crisis política desde las elecciones de abril, llevan a Venezuela a eso que llaman los expertos “Estados fallidos”, por exceso; por una capacidad obscena para el “derroche” basada en una falsa prosperidad económica al “debe”; con una élite política y social que asume el “Estado como botín”; y un desarrollo social muy loable, pero incapaz de consolidarse bajo el manto de la corrupción, la inviabilidad presupuestaria y la inseguridad, física y jurídica.
Ha llegado el momento de los sectores más institucionales y moderados de ambos bandos para que abran vías de acuerdo entre dos proyectos nacionales condenados a entenderse en ámbitos como la recomposición política, el déficit público y monetario, la distribución eficiente de los productos básicos, la nueva política energética y la seguridad como principal inquietud ciudadana.
Este pacto requiere superar el cisma político y social poselectoral. Evitar, por parte de la oposición, una progresiva marginalización, propiciando una radicalidad antisistema con una respuesta deslegitimadora hacia Maduro. Y, por el Gobierno, no caer en la deriva autoritaria para contestar las acusaciones de falta de limpieza y transparencia democrática e, incluso, como una fórmula para cerrar con mano firme los peligros reales de la división interior.
Este programa tendría que basarse en una salida transicional a la inestabilidad política e institucional, pero con el objetivo de consolidar el progreso alcanzado en las clases más populares, acabando con el derroche, la corrupción oficialista y la utilización descontrolada de los recursos petroleros, propiciando un sistema productivo propio y estable, sin caer en una prosperidad social financiada al “debe” de la compra sistemática de productos y servicios en el exterior. Dar una base sólida al proyecto y propiciar normalidad en el debate político y parlamentario, desterrando la crispación, la violencia y el insulto como práctica habitual.
Esta solución podría ser llamada gesto de debilidad por el integrismo chavista y, a la vez, una aceptación implícita de Maduro como presidente, por sectores del conservadurismo en la oposición. Pero podría ser salida de emergencia para acudir en socorro de esa ciudadanía que empieza a estar harta de esta situación y también una fórmula para impedir el camino de Venezuela hacia el precipicio.
Informe de la misión internacional, de 28 páginas:
Los observadores del Instituto de Altos Estudios Europeos, cuyo informe del 14A pone en duda la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República, participaron en los comicios del 7-O y consultaron varias fuentes para producir “alertas tempranas” sobre “posibles riesgos contra el Estado de Derecho, los derechos humanos, la democracia y la paz”.
En esta segunda entrega del informe de la misión internacional, de 28 páginas, el IAEE evalúa los colegios electorales y valora que, a diferencia del 7-O, cuando las colas duraron entre 3 y 5 horas, el 14A no vieron “congestiones”; el tiempo promedio de votación varió entre 20 y 30 minutos y a las 11:00 horas corroboraron que había votado 50% del registro de los 17 centros visitados. No obstante, les preocupó que los mismos miembros y testigos de mesa hayan participado en octubre de 2012 y en 2013, por cuanto se produce “una profesionalización del deber ciudadano”.
En consecuencia, dicen: “Es deseable que los electores sean elegidos para formar parte de las juntas y mesas electorales de una forma aleatoria y eventual, pues el ser elegido por un período tan largo facilita el fraude electoral e impide a otros el ejercicio de este deber y derecho ciudadano”.
El 25 de marzo de 2012 el PSUV instaló la Escuela de Formación de Testigos, lo que le permitió instruir a 134.000 expertos electorales para el 7-O y contar, de manera adicional ese día, con 32.600 testigos de mesa porque al momento de instalarse estas no estaban presentes los representantes de la oposición. La “maquinaria roja” colocó el 14A a 117.054 militantes como miembros y testigos en 13.654 centros de votación, bajo la supervisión de 39.038 jefes de patrullas, según reportes de la mencionada escuela.
Violación de leyes:
Durante los recorridos por 17 colegios electorales en Táchira, Mérida, Zulia y Distrito Capital, la misión europea comprobó la comisión de delitos electorales: a menos de 300 metros de los centros había grupos con megáfonos y sonido “invitando a votar por Maduro”. La norma comicial prohíbe hacer propaganda el día de la elección.
“Una parte de los coordinadores de colegios o funcionarios señalaron su pertenencia al PSUV como miembros activistas del partido de gobierno con cargos directivos (violación del artículo 36 del Reglamento Electoral)”.
En el informe denuncian el ventajismo del Gobierno al usar los organismos del Estado para posicionar un candidato y el proyecto político, en detrimento del equilibrio de poderes que debe haber en una democracia.
“Existe una forzada identificación de una gran parte de los directivos y, por ende, de la práctica totalidad de la estructura administrativa interior del Estado con los objetivos del PSUV y de su candidato Nicolás Maduro Moros”, indica el informe, que observa una violación de la Constitución (artículos 141 y 145, que señalan que el Estado y los funcionarios no están al servicio de parcialidad política) y del Reglamento Electoral.
Entre otras fallas detectadas señalan: la inexistencia de boletines de información oficiales sobre participación y desarrollo de la jornada; el cierre de centros durante la auditoria ciudadana; “vaguedad e indeterminación de la ley sobre número de asistentes a la verificación ciudadana”; y “el secretismo dentro del Consejo Nacional Electoral” sobre los resultados de los comicios en Venezuela.
