Esperan que se haga justicia por
la muerte de sus 10 parientes
■ Eloisa Barrios aún tiene la esperanza de que se cumplan las medidas de protección emitidas por la CIDH y que cesen las amenazas contra los demás miembros de su familia.
Entre el asesinato del primero y el último miembro de la familia Barrios pasaron 14 años, 8 meses y 17 días. Los 27 sobrevivientes de este núcleo familiar aún esperan que se haga justicia por la muerte de los 10 parientes y que el Estado cumpla con su obligación de garantizarles la vida.
A Eloisa Barrios aún se le quiebra la voz cuando recuerda cada uno de los episodios y las circunstancias en las que sus familiares fueron asesinados. Ella es hermana de cuatro de las víctimas y tía de seis.
Además del luto, sobre sus hombros también recae el peso de una batalla legal que ha librado contra la justicia sin éxito y que ha llevado a instancias internacionales a pesar de los obstáculos. Teme por su vida, pero asegura que no descansará hasta que se haga justicia.
“Hemos vivido en varios sitios, hemos tenido que dejar el lugar donde vivimos, movernos constantemente porque en vista de que el Estado no ha cumplido con las medidas de protección, uno toma las previsiones y busca resguardarse”, dijo Barrios.
A siete de las víctimas de su familia las mataron en Guanayen, un pueblo al sur de Aragua.
Dos más murieron en Cagua y el primero de ellos fue hallado muerto en el hospital de Barbacoa, también en ese estado.
En la población donde todo comenzó sólo quedan cuatro miembros de esa familia, de los cuales tres son menores de edad.
El abogado:
El defensor Luis Aguilera, que ha sido el apoyo legal de la familia Barrios, considera que todo lo que ha ocurrido a raíz del asesinato de Benito Antonio Barrios en 1998 es consecuencia de la impunidad que hay en Venezuela: “El Estado ha violado las ocho resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no ha garantizado la vida de los integrantes de la familia Barrios, tampoco se les ha indemnizado y ocho de los expedientes apenas están en fase de investigación”.
Aguilera señaló que el Estado está obligado a diseñar las medidas de protección que debe adoptar para proteger a los Barrios, pero en la última audiencia, celebrada el 29 de mayo en San José, Costa Rica, el representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano, Germán Saltrón, se excusó diciendo que el Estado no podía protegerlos a todos porque no tenía la dirección exacta de las 27 personas que quedan de la familia.
“Vivimos preocupados, en zozobra. De noche casi no dormimos pensando que en cualquier momento nos llamarán para decir que mataron a otro de nuestra familia. Yo le pido al Estado que se haga justicia y que todo se aclare porque han pasado tantos años en esta lucha y no hemos encontrado protección. Yo considero que desde el asesinato de mi hermano Luis Alberto Barrios, las demás muertes han sido por venganza, por las denuncias de que hemos hecho”, dijo la mujer en su casa en la capital de Aragua.
Los representantes legales de la familia Barrios organizan un documento con todos los datos y direcciones actualizadas de los miembros que deben ser protegidos por el Estado y lo consignarán ante la CIDH para dejar registro de lo solicitado por Saltrón.
Sin embargo, aún esperan que el Gobierno pueda garantizar que a los hombres de la familia que quedan no les ocurra nada. De los hermanos de Benito, Luis, Narciso y Juan José sólo queda vivo Pablo Barrios. A Eloisa le preocupan su hijo Víctor Daniel y algunos de sus sobrinos mayores.
Caso emblemático:
En Venezuela, la organización Cofavic ha respaldado a los miembros de la familia Barrios para que se haga justicia y cesen las amenazas y homicidios en su contra. “El caso de la familia Barrios es atípico por el incremento de la violencia que hubo durante el litigio internacional. Llegó a esas instancias por tanta impunidad y por el proceder de los grupos parapoliciales en Aragua, aunque este conflicto no ha sido exclusivo de ese estado, pero que en Venezuela el fenómeno tiene que ver con la debilidad institucional”, dijo Liliana Ortega, directora de Cofavic.
La defensora de derechos humanos señaló que han catalogado el caso como “el exterminio de la familia Barrios”, debido a la cantidad de personas que han sido asesinadas y amenazadas en varias circunstancias y situaciones.
Ortega denunció el recrudecimiento de la violencia después de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los Barrios porque después de la emisión de medidas provisionales de protección fueron asesinados ocho de las diez víctimas.
Por: THABATA MOLINA
ROSTROS DE LA VIOLENCIA
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LUNES 10 DE JUNIO DE 2013
