Maduro calificó a la derecha de
“alocada, desorbitada, y enloquecida..”

■ Oposición venezolana pide celeridad en las auditorías.

■ Oposición venezolana prevé impugnación total o parcial de elecciones.

La decisión del líder opositor Henrique Capriles de impugnar los resultados de los comicios del 14 de abril y de no participar a la auditoría del proceso electoral en el caso de que no se cumplan las condiciones que demandó, ha crispado las tensiones en el país, mientras el oficialismo insiste en señalar a opositores de promover planes de desestabilización.

La posibilidad de que la crisis política que enfrenta el país encuentre un camino de distensión se alejó cuando Capriles anunció en la víspera que impugnará legalmente la votación ante la negativa de las autoridades electorales de auditar las papeletas, las actas y los cuadernos de votación.

Aunque el dirigente opositor se mostró pesimista de que su solicitud de impugnación sea aceptada por un Tribunal Supremo de Justicia señalado de simpatizar con el oficialismo, dijo, en una entrevista en el canal de noticias Globovisión, que persistirá en sus denuncias de supuestas irregularidades electorales con las aspiración de que haya una “nueva elección”.

Tanto la auditoría como el proceso de impugnación son vistos por analistas como las salidas para solventar la crisis política que se desató luego de las pasadas elecciones en las que Nicolás Maduro logró 7,5 millones de votos, superando por un estrecho margen de unos 200.000 sufragios a Capriles.

Mientras la oposición mantiene la pugna electoral y la postura de desconocer a Maduro como presidente, el oficialismo también ha recrudecido los ataques contra algunos adversarios del gobierno que son señalados de promover planes desestabilizadores.

Un estadounidense fue acusado el jueves de crear agitación a nivel nacional en un plan en el que estaría vinculado un grupo de jóvenes opositores.

El diputado oficialista Pedro Carreño, presidente de la comisión legislativa que se creó para investigar las violentas protestas ocurridas luego de las elecciones, exigió el viernes a la Fiscalía General actuar con celeridad para procesar a los opositores implicados en esos actos, entre los que ha sido incluido Capriles.

“Exhortaremos al Ministerio Público a que se impongan las sanciones correspondientes. Solicitaremos primero a la instancia competente la incautación de todos los bienes a los responsables, que se les congelen las cuentas y la medida de prohibición de enajenar, gravar, vender o cederlos para que sean confiscados y con ellos resarcir los daños al patrimonio público y a los particulares. Estamos frente a una derecha reaccionaria, corrupta e infame”, dijo Carreño en una entrevista en la televisora estatal.

Carreño desestimó el anunció que realizó Capriles, pues dijo que la “oposición carece de pruebas para impugnar las elecciones” ante las autoridades judiciales.

En la Asamblea Nacional, el presidente del cuerpo legislativo, diputado oficialista Diosdado Cabello, le prohibió el derecho de palabra a los congresistas opositores hasta que reconozcan a Maduro como presidente constitucional.

El diputado opositor Eduardo Gómez Sigala cuestionó las actuaciones de Cabello, y dijo, en declaraciones difundidas el viernes en el diario local El Universal, que “estamos frente a la disolución del estado de derecho, frente a un golpe de facto en la Asamblea avalado por el señor Maduro, que lo que hace es añadir mayor ilegitimidad en este país”.

Gómez Sigala indicó que la legitimidad de Maduro se resolvería con un proceso de auditoría, como lo ha planteado la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, ya que “de lo contrario va a continuar la ilegitimidad, la inestabilidad, la intranquilidad de un país que no se va a detener frente las denuncias que se han venido haciendo”.

El plazo máximo para presentar el recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia es el 6 de mayo, es decir en los 15 días laborables siguientes a la elección. Hasta ahora los líderes opositores no han dicho cuando lo harán.

Tras desconocer la victoria de Maduro la oposición demandó auditar los resultados, a lo que las autoridades electorales respondieron el 18 de abril que revisaría 46% restante de las cajas de votación. Por la ley venezolana en cada proceso electoral se debe auditar 54% de las cajas electorales.

El Consejo Nacional Electoral había dicho que esta semana anunciaría el comienzo de esa auditoría, pero hasta el momento ha mantenido silencio. La revisión fue aceptada por Maduro el mismo día de su victoria al decir que podían abrirse todas las cajas y contarse nuevamente los votos.

Pero desde entonces voceros del gobierno y del CNE han dicho que esa auditoría se hará solo con las actas que emiten las máquinas, sin mencionar los cuadernos de votación.

El ex diplomático venezolano ante Naciones Unidas, Milos Alcalay, afirmó el viernes a la AP, en entrevista telefónica, que “cualquier gobierno sensato tiene que buscar mecanismos en donde pueda reflejar su credibilidad como institución que ganó las elecciones sino el gobierno de Maduro quedará aislado ante la comunidad internacional”.

Oposición espera auditoría:

La oposición venezolana espera este viernes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie sobre la auditoría de las elecciones del 14 de abril que se comprometió a hacer, a la vez que se prepara para impugnar los resultados “en los próximos días” ante la justicia.

“El paso siguiente es la impugnación que tiene que ser en los próximos días. Vamos a impugnar las elecciones con todas las pruebas, con todos los elementos que ya tenemos”, anunció el líder opositor Henrique Capriles en la noche del jueves en una entrevista con la cadena privada Globovisión.

Este viernes, el secretario ejecutivo adjunto de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina, explicó ante corresponsales extranjeros que el límite para presentar la impugnación es el 6 de mayo -pasados 15 días hábiles desde la proclamación del chavista Nicolás Maduro ante el CNE el 16 de abril-.

Medina explicó que la oposición está recabando todas las pruebas y que “la próxima semana” podría hacer efectivo el recurso. “Vamos a agotar todas las instancias nacionales y luego iremos a las instancias internacionales”, explicó Medina, que puso como ejemplo a la Corte Internacional de Derechos Humanos ( Corte CIDH), de la que Venezuela pidió retirarse el 11 de septiembre pasado, pero que se hará efectivo en el plazo de un año.

Por su parte el chavista Nicolás Maduro, investido presidente la semana pasada en medio de las críticas opositoras y quien niega categóricamente que haya habido fraude electoral, siguió recorriendo el petrolero estado Zulia (noroeste) con todos sus ministros, en el denominado “gobierno de calle” que inició el jueves y con el que promete recorrer el país.

Maduro, que ha empezado a dejar atrás el tono místico que caracterizó su campaña en torno a la figura del fallecido Hugo Chávez, visitó un parque eólico y calificó a la oposición de “derecha alocada, desorbitada, enloquecida” y a sus líderes de “vagos que no trabajan” y que sólo piensan “en la maldad que harán”.

Capriles, el gobernador del estado Miranda (norte) que no reconoce su estrecha derrota electoral -1,8 puntos porcentuales- ante Maduro en las elecciones del 14 de abril, tomó la decisión de impugnar los resultados después de que el jueves venciera el plazo que le dio al CNE para iniciar la auditoría que se comprometió a hacer “ante todos los venezolanos y el mundo”.

Tras varios días de movilizaciones y protestas de la oposición -que se saldaron con nueve muertos de los que el gobierno culpa a Capriles- el máximo órgano electoral anunció una auditoría ampliada de las elecciones presidenciales, atendiendo a una petición opositora.

Sin embargo, hasta ahora el CNE no ha divulgado una fecha de inicio ni las condiciones en las que se hará esa auditoría.

Según la prensa local, los cinco rectores del CNE -cuatro de ellos cercanos al chavismo y uno a la oposición- se reunieron el jueves por la tarde, pero no trascendió ninguna comunicación.

El diputado chavista Pedro Carreño, presidente de la comisión mixta que instaló la Asamblea Nacional para investigar los hechos violentos tras las elecciones, dijo este viernes que la impugnación “carece de fundamento jurídico porque no existen pruebas que sustenten la comisión de algún delito electoral ni que deslegitimen la transparencia del proceso”.

Según explicó el abogado constitucionalista y analista político Tulio Álvarez, la oposición tiene que reunir todas las pruebas jurídicas y presentar la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que deberá o no admitirla e iniciar el proceso, que no tiene límite de duración y podría alargarse años.

“Depende del tipo de vicio que se alegue, podrían (los opositores) solicitar la repetición parcial (en algunas mesas o centros electorales) o total de las elecciones”, explicó a la AFP Álvarez, que no ve muchas posibilidades de que el recurso prospere. Según Medina, la oposición pedirá ambas opciones.

“Lo que pudiera pasar es que sea rechazado el recurso, declarado sin lugar y entonces (la oposición) arremeterá contra las instituciones del Estado, porque ellos no tienen pruebas de nada”, declaró por su parte Carreño.

Capriles, que denunció de nuevo el jueves irregularidades supuestamente ocurridas en los comicios y expresó su escepticismo en cuanto a la independencia del sistema judicial venezolano, no descarta participar en la auditoría del CNE en paralelo al proceso de impugnación.

Para ello la auditoría debe ser hecha “en los términos que yo he dicho: para verificar huellas, para verificar firmas”, explicó el líder opositor, que reiteró que no acudirá a una verificación “chimba” (mal hecha). AFP

Por: FABIOLA SANCHEZ
Associated Press

Por: FABIOLA SANCHEZ
Associated Press
Jordi Miro/ AFP
corresponsal en caracas
Politica | Opinión
Elecciones Sufragio2013
viernes 26 de abril del 2013