Un libro anónimo caldeó la
agenda política de Yaracuy
■ En 228 páginas habla de una trama en la que figura hasta Walid Makled pero como otras veces, ahora nadie quiere que lo relacionen con él.
Ahora vinculan al gobernador de Yaracuy en la trama de Walid Makled. Unas supuestas facturas vienen sugiriendo que Julio León Heredia llegó a la Gobernación con aportes del grupo Makled. Se trata de tres recibos de pago que desde 2011 iban y venían en correos electrónicos y libros anónimos hasta que finalmente cerraron el año pasado en la Fiscalía General de la República, a través de una denuncia formulada a nombre de una fundación llamada Ombudsman.
Certificadas con la firma de Makled, las facturas suman un aporte de 12,9 millones de bolívares fuertes destinados “para gastos comunicacionales de la campaña electoral del candidato del PSUV a la Gobernación del Estado Yaracuy, Sr. Julio León Heredia”.
Si esos documentos corresponden con la realidad, al menos una parte de la primera campaña electoral de León Heredia corrió por cuenta de un ciudadano que la propia Fiscalía imputa por narcotráfico y otros delitos. Eso planteó Robert Alvarado en la denuncia que consignó el pasado 18 de septiembre ante el Ministerio Público a nombre de la Fundación Ombudsman y por eso mismo, pidió que se investigue el caso.
No es el único, sin embargo, que ha puesto el nombre de León Heredia en tela de juicio: lejos de los medios y del debate político diario, en Yaracuy hace rato que insinúan vínculos peligrosos dentro del palacio de gobierno. Los primeros señalamientos sorprendieron en un libro de carátula roja, que apareció y desapareció repentinamente a finales de 2011, con 228 páginas cargadas de fotos, órdenes de pago y registros mercantiles de empresas señaladas en corrupción y nepotismo.
En medio de ese festival de denuncias, el libro sacó a la luz pública las supuestas facturas que la gente de León Heredia dio a Makled como respaldo de sus tres donativos: 3,2 millones de bolívares fuertes el 4 de julio de 2008 en tiempos de las primarias internas del PSUV, 5,7 millones el 9 de agosto de 2008 ya como candidato oficial de Chávez y, finalmente, 4 millones más el 2 de septiembre de 2008.
La conexión:
El intermediario fue el asesor publicitario de la Gobernación, su firma suscribe las facturas junto con la de Makled. Según esos papeles, Makled le dio el dinero al gobernador a través del empresario Eladio Pacheco, que en el Registro Nacional de Contratistas aparece al frente de Páramo, Producciones y Eventos, la productora de televisión del gobierno de Yaracuy.
A través de las cámaras de Pacheco, el gobernador ha venido apareciendo todos los jueves a las 8:00 de la noche en la televisión local con su programa Rindiendo cuentas y, a través de las cámaras de Pacheco, antes salía al aire otro gobernador vinculado precisamente con Makled: Luis Felipe Acosta Carlez.
Emulando los domingos de Aló Presidente, el ex gobernador de Carabobo fue uno de los primeros mandatarios regionales en sacar su Aló mi pueblo precisamente de la mano de Eladio Pacheco y otra de las compañías que tiene registradas. Fue en uno de esos programas cuando -paradojas de la vida- el general Acosta Carlez presentó a un Makled poco conocido como un empresario socialista, que lo acompañaba al aire para donar 5 millones de bolívares fuertes para su gestión.
Walid Makled era en esos días un empresario comprometido con la revolución, un patriota que en 2002 puso sus camiones a la orden del Gobierno para vencer el paro petrolero. Muchos dirigentes se arrimaron a él y entre ellos creen que también figuró el entonces presidente del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy. “León Heredia contactó a Acosta Carlez y solicitó su ayuda para conseguir con Makled ese financiamiento”, apunta el llamado libro rojo.
A partir de ese momento llegó la ayuda del grupo Makled para la campaña de Yaracuy. A partir de ese momento coincidió el dirigente del PSUV, Julio León Heredia, con el empresario Eladio Pacheco y, a partir de ese momento, diseñaron una campaña que no escatimó en anuncios de prensa y propaganda en las estaciones de radio y televisión local.
Las dudas:
Esta semana no fue posible dar con el empresario Eladio Pacheco. Aunque se intentó contactarlo, en ninguna de las empresas que el Registro Nacional de Contratistas señala a su nombre hubo manera de preguntarle si reconoce los documentos que lo señalan como puente entre Makled y León Heredia.
Tampoco se pudo localizar al propio León Heredia; en la gobernación explicaron que pronunciarse sobre eso sería retomar una retahíla de denuncias lanzadas al boleo, que los adversarios del mandatario sacaron a relucir a finales del año pasado como parte de una campaña sucia contra su reelección.
Quien sí ha venido hablando sobre el tema es el diputado y ex gobernador de Yaracuy, Juan José Caldera, porque cree que los documentos y el nivel de detalles que manifiesta el llamado libro rojo no pudieron haber salido de otra parte que de las propias filas del gobernador. “¿Es cierto que Makled aportó 12,9 millones de bolívares a León Heredia?”, pregunta. “Si no lo es por qué no ha sido desmentido y si es cierto, cuál era la relación para que el gobernador haya recibido esa gruesa suma como contribución a su campaña”.
El dirigente de Convergencia cree que si la Asamblea Nacional se preocupó por atender el video en el que el diputado Juan Carlos Caldera aparece recibiendo 40.000 bolívares en efectivo, los poderes públicos de Yaracuy y del país, en general, no pueden ignorar una denuncia que pide precisar si León Heredia recibió casi 13 millones de bolívares fuertes, para articular la campaña electoral de un estado en el que no hay más de 700.000 habitantes.
“Al parecer el libro fue recogido por las autoridades regionales con el propósito de silenciar las graves acusaciones que allí se hacen y que no han sido investigadas”, cuenta. “Personalmente no estoy en capacidad de suscribir las denuncias que allí se hacen, pero indudablemente constituyen notitia criminis y deberían ser investigadas por las autoridades”.
El escándalo:
Cuando su contenido apenas era un rumor, Makled descartó la veracidad de las denuncias del libro que lo vincula con el gobernador de Yaracuy. Si bien las supuestas facturas llevan su firma, a través de su defensa afirmó -hace un año- que no tenían que ver con su caso ni con los delitos que le imputan.
Aunque excomulgado del estado Yaracuy, el llamado libro rojo ha hecho mucha bulla. Con un título escandaloso, sin casa editorial conocida y firmado por un tal Joel Figueroa del que nadie da pistas, el texto ha caldeado la política local e incluso ha reavivado viejas rencillas que vienen de las elecciones regionales de noviembre de 2008.
León Heredia se estrenó como gobernador en esos comicios y, en paralelo, en la capital de ese estado detuvieron a uno de los candidatos a la Alcaldía de San Felipe: Kamel Salame, quien aún hoy insiste en que permanece preso por haber denunciado que le robaron las elecciones.
A Kamel Salame -a quien incluyeron en las últimas listas de presos políticos- se le conocía como un empresario exitoso. Apenas se sabía de los negocios y supermercados que tiene su familia, pero en política era un novato: nunca se le había visto fundando partidos o sobre una tarima ofreciendo mítines.
En 2008, sin embargo, se mantuvo a la vanguardia de las denuncias que terminaron por destituir al entonces gobernador de la región, Carlos Giménez, y frontalmente en campaña por la Alcaldía de San Felipe, luego siguió con la retahíla de señalamientos pero esta vez contra León Heredia, a quien acusó de haber nombrado a su cuñado, Alex Sánchez, como gobernador interino mientras se lanzaba a la campaña.
La respuesta:
Cuatro años después León Heredia es el que responde. Cuando los chismes en su contra se convirtieron en una denuncia formal inscrita ante el Ministerio Público, el gobernador responsabilizó el 29 de agosto del año pasado a Kamel Salame de fraguar una campaña de descrédito desde la cárcel.
Sin referirse a él con su nombre, el mandatario regional declaró en San Felipe que “detrás de las denuncias está un conocido narcotraficante y pirata de carretera, ligado a sectores políticos y con abogados contratados en el estado Barinas”, a lo que Salame respondió en declaraciones a los medios desde su sitio de reclusión de Barinas, que “el que está cuestionado ante la opinión pública nacional por su presunta vinculación con el narcotráfico es el gobernador Julio León Heredia”.
Los abogados de Salame dicen no saber de dónde salió el ya célebre libro rojo de Yaracuy pero frente a las declaraciones del gobernador, aclaran que su cliente lleva cuatro años esperando juicio no por narcotráfico sino por una gandola robada, que apareció con 660 bultos de cigarrillos en el mismo comando de campaña que durante la semana de las elecciones permanecía custodiado por la propia policía regional.
Si bien admiten que Salame fue imputado por lavado de dinero, agregan que se trata de un error procesal. “Lo acusan de legitimación de capitales porque no encontraron cómo justificar sus estados de cuenta”, dice Lilia Camejo en nombre del equipo de abogados de Salame. “Pero resulta que esos fondos sí se sabe de dónde salieron: venían de la hipoteca de un terreno que no incluyen como garantía, porque el gobernador de Yaracuy lo entregó -aun sin juicio- al Ministerio de Interior y Justicia como un bien supuestamente recuperado del narcotráfico”.
“¿Cómo es que recuperaron el terreno de un narcotraficante si la propiedad estaba hipotecada en Sofitasa, en cuya junta directiva destacaba Adelis Chávez, hermano del Presidente de la República?”, advierte. “¿Quiere decir que toda la directiva de ese banco estaba involucrada con narcotráfico y lavado de dinero?”.
El juicio sigue:
El proceso continúa tras casi 10 meses de audiencias. El juicio contra Walid Makled, seis de sus empleados y tres de sus hermanos, sigue a pesar de que ha sido interrumpido durante las últimas dos semanas por ausencia del juez.
Las últimas cuatro audiencias pautadas para esta y la semana pasada no se efectuaron porque el juez 20 de juicio, Alí Paredes, no ha asistido por razones de salud.
Los imputados han venido señalando retrasos en el proceso. Aldla y Basel, dos de los hermanos de Walid Makled, hicieron una huelga de hambre entre el 20 y el 25 de enero en protesta por los cuatros años que llevan presos sin sentencia.
Aldla y Basel Makled fueron detenidos el 13 de noviembre de 2008 e imputados junto a su hermano Walid, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales, asociación para delinquir y sicariato en grado de determinador en perjuicio del periodista Orel Sambrano y el médico Francisco Larrazábal.
A lo largo del proceso judicial solo ha habido un sentenciado. Se trata del capataz de la finca El Rosario de Tocuyito, Luis José González, el único que aceptó los cargos en su contra.
Los otros 10 señalados continúan asistiendo a las audiencias. Entre ellos destaca Alex, el mayor de los hermanos Makled, quien recibió en mayo del año pasado una medida humanitaria de casa por cárcel tras sufrir un accidente cerebrovascular en la cárcel.
Las autoridades colombianas extraditaron a Walid Makled a Venezuela en mayo de 2011; sus hermanos entretanto ya llevaban más de dos años presos en El Helicoide de Caracas, por las casi 400 panelas de cocaína que en noviembre de 2008 aparecieron en su finca de Tocuyito, estado Carabobo.
A lo largo del juicio, los fiscales han ido presentando a los testigos que encontraron la droga. La defensa, sin embargo, ha criticado que buena parte de las personas que llamaron a declarar no fueron incluidas en el expediente.
El general Clíver Alcalá Cordones, por ejemplo, no ha sido incluido en la lista de testigos. Tampoco el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el ex presidente del Instituto Nacional de Aviación Civil, Giuseppe Yofreda, y Haisam Alaisami, primo del gobernador de Aragua, Tarek El Aissami.
Por: Joseph Poliszuk
jpoliszuk@eluniversal.com
POLÍTICA | OPINIÓN
EXPEDIENTE|YARACUY
OPOSICIÓN | MUD
CIUDAD | CARACAS
domingo 3 de febrero de 2013
EL UNIVERSAL
Tweets about “ROBERT ALVARADO: 70 años no son cuentos”
