Pran de Uribana poseía
varias armas de guerra
■ El 84% de los muertos en Uribana eran menores de 35 años.
Caracas.- Henry Antonio López Colmenares, de 35 años de edad, fue el pran (cabecilla) de la cárcel de Uribana (Lara) hasta el pasado 25 de enero cuando sus compinches lo asesinaron durante una reyerta, en la cual murieron 58 privados de libertad y 108 quedaron heridos, según cifras extraoficiales.
“El Chueco”, como lo apodaban, cayó preso en mayo de 2009. Lo agarraron en Barquisimeto (Lara). En esa ocasión el vocero del Cicpc dijo que Henry Antonio dominaba la zona oeste de Barquisimeto junto con otros 15 delincuentes.
Tras su detención, a “El Chueco” le imputaron dos delitos: ocultamiento de armas de guerra y resistencia a la autoridad, según sentencia 615 del Juzgado Primero de Control de Barquisimeto.
En el área donde estaba recluido poseía un pool en el que jugaba con sus compinches. En su habitación guardaba parte de su arsenal, compuesto por armas largas y cortas que en ocasiones extendía en su cama para alguna exhibición particular, tal como se aprecia en fotografías a la cuales tuvimos acceso.
Las armas de “El Chueco”:
Las armas cortas eran objeto de su consentimiento como si se tratara de mascota; tanto, que para ellas tenía varias carcazas de colores fuertes, según testigos.
El día del enfrentamiento en el Centro Penitenciario de la Región Centro-Occidental, mejor conocido como la cárcel de Uribana, “El Chueco” estaba en la zona de máxima seguridad, un galpón situado en un cerrito del penal desde donde dispararon hacia el patio central, dando muerte al efectivo de la Guardia Nacional Álvaro Viloria.
Se dice que el disparo provino de un fusil R-15 perteneciente a Henry Antonio López Colmenares y con el cual se tomó algunas fotos.
Los jóvenes:
El 84% de las víctimas que se registraron el 25 de enero dentro de Uribana, son personas menores de 35 años, quienes eran jóvenes que podrían ser rehabilitados y ser útiles para la sociedad, en su mayoría murieron a consecuencias de disparos de armas largas. Sólo un pequeño porcentaje falleció por armas cortas, blancas y otros motivos.
Aunque la ministra de Servicios Penitenciarios, María Iris Varela no quiso y hasta se rehusó a dar cifras oficiales de los fallecidos, alegando que no puede hablar que todos los fallecidos se dieron en el momento en que los funcionarios estaban dentro del penal y van a esperar el término de las investigaciones, se sabe que la cifra oficial es de 62 personas fallecidas.
La lista se encuentra a disposición de todo público, en un autobús que estacionan en la parte de afuera del centro penitenciario de Centro Occidente, mejor conocido como Uribana.
La ministra indicó que según los resultados de las autopsias realizadas, algunos de los fallecidos tienen una data de muerte de 34 a 36 horas, manifestando que sus muertes se habrían registrado antes del episodio ocurrido el 25 de enero.
Sin embargo trascendió a través de los mismos familiares y de algunos expertos que observaron los cadáveres en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda que todos los fallecidos eran de ese mismo día. Cabe destacar que 55 de los 61 cuerpos que fueron vistos esos días presentaron orificios producidos por armas largas, dos con disparos de escopetas, dos con orificios producidos por el paso de un proyectil de arma corta, uno con un arma blanca (se cree que con cuchillo), otro presentó traumatismo craneoencefálico.
Se estudia si cayó y se golpeó tratando de escapar de la balacera o si los mismos internos lo lanzaron de algún lugar. El domingo 27 de enero, cuando se hizo un primer recorrido por dentro del penal, una vez que fue evacuado, encontraron el cuerpo de una persona carbonizada que se uniría a la lista de las víctimas fatales, según Varela por la posición del cadáver fue quemado después de fallecido, pero su causa de muerte aún no ha sido develada.
89% de los fallecidos presentaron heridas producidas por armas largas, así mismo en este terrible episodio, en donde 62 personas perdieron su vida, el 84% eran personas menores de 35 años de edad, muchos de ellos procesados, por delitos de robo, droga, homicidio y secuestro. Estaban dos personas de la hermana república; eran colombianos.
Entre los muertos que presentaron heridas con armas largas se encuentra Henry Antonio López Colmenárez (35) “El Chueco” quien era el segundo pran del área de media y se había vuelto el principal de máxima una semana antes del desalojo. El pastor evangélico Mario Segundo Camejo Flores (51) quien era uno de los garantes de los derechos humanos de todos los privados de libertad y el funcionario de la Guardia Nacional David Enrique Alvarado Viloria (20), quien estaba de escudero y según algunas versiones fue el primero en recibir el disparo.
Dentro de la cárcel de Uribana, el día miércoles 30 de enero, se realizó la planimetría del suceso. Estuvieron presentes los expertos del Laboratorio Criminalístico del Cicpc, así como la Unidad Criminalística del Ministerio Público, quienes han trabajado de la mano el caso, pero las investigaciones las llevan de forma paralela. Aunque se supone que para que estos expertos trabajen, las evidencias no deben ser removidas, pues se contamina el sitio del suceso, pero el domingo 27 se observó cómo en tobos y termos de aguas fueron sacados por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) gran cantidad de conchas de armas largas que estaban regadas en el campo y en la pista del centro penitenciario de Uribana.
El pran se fue con los suyos:
Edwin “El Gordo”, máximo líder de la cárcel de Uribana, fue una de las personas que logró evadir la balacera. En un principio se rumoró que estaba herido y había sido sacado hasta el Hospital Central, pero todo fue una confusión. Ese día murió su mano derecha “El Chueco”.
Se conoció que ambos eran las personas que estaban al frente de la mesa de negociación y habían hablado con las autoridades para la revisión y conteo de los privados de libertad de Uribana. Una vez que la ministra Varela anunció el desalojó total del penal, los primeros en salir de la cárcel fueron Edwin “El Gordo”, junto a parte de sus escoltas llamados “pistoleros y luceros” en el argot carcelario. Fueron trasladados en un autobús aparte y enviados a la Cárcel Nacional de Trujillo
Por: Eligio Rojas
Oficialismo | Psuv
Politica | Opinión
Judicial | TSJ
Judicial | Cárceles
24 de febrero de 2013
