“El único sondeo en marcha es
el de las firmas aseguradoras..”

Están dispuestos a contar a El Nacional lo que saben… con la condición de no revelar sus nombres. “Me pueden cerrar el local”, dice uno. “Yo no tengo miedo por mí”, dice otro, “pero hay pranes que hacen seguimiento a mi familia”. La reunión tiene lugar en una panadería en el sector Santa Irene de Punto Fijo, estado Falcón. A pocos días de cumplirse un semestre de la tragedia de la refinería de Amuay, recojo testimonios acerca de las vivencias posteriores al siniestro. De pronto, se va la luz. En la penumbra contengo la respiración; me preparo para escuchar mentadas de madre y manotazos a las mesas.

Pero no ocurre nada de eso. Para mi asombro, los parroquianos continúan en sus diálogos sin la más mínima alteración. ¡Están acostumbrados! En Punto Fijo, me explican con toda tranquilidad, hay varias interrupciones de energía al día. Sin programación.

Sin aviso. Sin indemnización por las pérdidas. Simplemente, cesa el fluido eléctrico. Cuatro y cinco veces al día. Eso explica la abundancia de pequeñas generadoras de energía, emplazadas frente a los comercios en las avenidas del centro de la ciudad, que obstaculizan el tránsito en la aceras y generan contaminación sónica y ambiental, esto es, ruidos y olor a monóxido de carbono.

Entre oscuranas y parpadeos de la iluminación, tomo notas. Varios vecinos de la refinería (que, asombrosamente, se ubica en una zona muy poblada) confirman que días antes del siniestro, ocurrido el 25 de agosto del año pasado, percibían más olor a gas de lo que es habitual. “Quien tiene el olfato hecho, nota las variaciones. Y en esos días el olor era tremendo”.

A seis meses del accidente, el peor en toda la historia de Pdvsa y el segundo más grave del mundo en los últimos 25 años, no hay un informe confiable donde quede establecido el número de víctimas (los voceros del Gobierno dieron cifras diferentes, todas inferiores a los 50 muertos); las causas del siniestro y los responsables, en el caso de que hubiera obedecido a fallas humanas; la magnitud de los daños a viviendas y comercios, ni el monto de la inversión necesaria para las reparaciones.

A pesar de que, tanto el presidente Chávez como el ministro de Energía, Rafael Ramírez, aseguraron que se procedería inmediatamente a una indagación de los hechos, de esta no se ha sabido nada. “Las investigaciones de lo ocurrido en Amuay son serias y requieren de un tiempo técnico. Con la seriedad del caso llegaremos a las conclusiones y se harán públicas”, dijo Chávez. Es evidente que seis meses no completan ese “tiempo técnico”. Mis informantes aseguran que el único sondeo en marcha es el de las firmas aseguradoras.

A falta de una pesquisa seria, apelamos a las experiencias individuales. De ellas se concluye de, tras los primeros días, cuando se presentaron en la zona el Presidente y otros altos funcionarios, el caso tomó una deriva de improvisación y falta de transparencia. Un hombre, cuya identidad debemos guardar, fue al Hospital Rafael calles Sierra, el 26 de agosto a las 11 de la mañana, a buscar a su hermano. A esa hora le dijeron que habían llegado 115 cadáveres. Ninguno era el de su familiar, que siguió buscando en clínicas, donde también había muertos y heridos. Al tercer día lo consiguió, junto con otros cuerpos, debajo de unos escombros. Para ese momento, el régimen llevaba rato diciendo que la cosecha fatal era de 41, 44, 49 “compatriotas”.

No solo el saldo de las víctimas mortales resultó contradictorio según los diversos voceros, también el número de viviendas dañadas varió al compás de la fogosidad de la fuente: a pocas horas de la tragedia, el entonces vicepresidente Jaua, habló de “209 casas afectadas”; un mes después, Chávez dijo que eran “un millar”, mientras Rafael Ramírez precisó que eran “unas 1.691”. Para esta fecha hay muchas viviendas sin reparar y no son pocos los propietarios de locales comerciales que aun no han sido resarcidos por las pérdidas que les ocasionó la devastadora explosión.

Muchos tienen miedo ­y con sobrada razón- de alzar su voz de reclamo. No es el caso de Dulce Sánchez, la empleada doméstica cuya madre perdió la casa que tenía en Creolandia y todavía no ha logrado que Pdvsa le cumpla.

“La directora de la Alcaldía de Los Taques me preguntó: `Bueno, ¿y ustedes no trabajan?, ¿no pueden terminar de construir la casa?’.

Y yo le contesté: `Sí trabajamos.

Y podríamos hacer el solar, pero resulta que la casa y la cerca las tumbó Pdvsa”.

Por: MILAGROS SOCORRO
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EL NACIONAL
DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 2013