Una “aportación” ninguneada bajo
pretexto de soberanía nacional
El envío de mano de obra especializada para realizar trabajos remunerados en el extranjero es hoy una de las principales fuentes de ingreso e influencia política del gobierno de Cuba. La Habana alquila profesionales, desde cirujanos hasta espías y soldadores navales, a docenas de países, sobre todo en África y América Latina. Es difícil determinar la cuantía exacta de este negocio. Las estadísticas que las autoridades cubanas proporcionan no son fiables y el asunto está envuelto en la opacidad que suele caracterizar a los regímenes del socialismo real.
La emigración de personal cualificado no plantearía problemas jurídicos y morales si se tratara de personas que, motu proprio, hubiesen decidido trasladarse al extranjero por razones familiares o en busca de nuevos horizontes profesionales. Pero en este caso se trata de una política sistemática de exportación y explotación de seres humanos, a los que primero se les proporciona formación académica (supuestamente gratuita), luego se les prohíbe viajar porque han realizado estudios superiores (salvo autorización previa y en condiciones especiales) y por último se les ofrece un puesto remunerado en otro país (adonde casi nunca podrá acompañarles su familia).
La clave del sistema está en el beneficio económico que percibe el régimen de La Habana. A estos profesionales se les asigna un salario nominal en dólares, acordado entre las autoridades cubanas y el país anfitrión. El gobierno de Cuba cobra la totalidad del importe y les entrega a los trabajadores y sus familias una fracción, que la mayoría de las veces no llega ni a la quinta parte del total. La plusvalía restante pasa a las arcas del Estado, sin que se aclare muy bien por qué concepto cobra esta gabela.
Esta política vulnera los derechos de los profesionales y sus familias al violar varios pactos y tratados internacionales que Cuba ha suscrito en el marco de las Naciones Unidas. En particular, conculca los principios que proclaman los artículos 13 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (sobre el derecho a entrar y salir libremente del país y a percibir igual salario por trabajo igual), los acuerdos sobre el tráfico de personas, el Convenio contra la esclavitud de 1926, que condena la servidumbre de la gleba (obligación de prestar determinados servicios, sin libertad para cambiar de condición), y diversos pactos auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección del salario y la prohibición del trabajo forzoso como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico.
Estas prácticas son consecuencia directa del ordenamiento jurídico de la isla, donde la violación de los derechos individuales no es circunstancial, sino que está enquistada en las propias leyes. Según la Constitución cubana, sólo los derechos colectivos son legítimos y tienen absoluta prioridad. El Estado, dueño de vidas y haciendas, es el único derechohabiente posible. Y resulta que el Estado está en manos de la dirigencia del partido único, que detenta el poder y monopoliza la riqueza a su antojo.
Quienes logran escapar de este sistema de explotación neoesclavista, que tan pingües beneficios les reporta a los jerarcas de La Habana, rara vez acuden a los tribunales internacionales a reclamar sus derechos y exigir que el gobierno cubano les devuelva el dinero indebidamente confiscado. El miedo, la familia que quedó en la isla, la dificultad de emprender una nueva vida en el exilio, el alto costo de los trámites judiciales: todo conspira para mantener en funcionamiento la maquinaria de exportación y aprovechamiento de los profesionales cubanos.
Sin embargo, cualquier demanda judicial de los perjudicados por esa política podría lograr el respaldo de diversas agrupaciones del exilio y tendría muchas probabilidades de prosperar ante la OIT y otras instancias. Sería un primer gesto para iniciar la recuperación de la soberanía personal de 11 millones de súbditos, hasta ahora ninguneada con el pretexto de la soberanía nacional. Y sin duda marcaría el principio del fin de la trata de cubanos.
Por: Miguel Sales Figueroa
Politica | Opinión
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lunes 26 de noviembre, 2012
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