“Los dineros desaparecieron con
Arias Cárdenas hacia la nada..”
El gobierno regional asumido por Arias Cárdenas en el Zulia desde el año 1996 hasta el primer trimestre del 2000 no fue una de las mejores gestiones que haya realizado gobernante alguno, tal como pretende inculcarlo entre la opinión pública el propio pregonero “por ahora” oficialista, para alabarse a sí mismo ante el descuido de la memoria colectiva, sino que por el contrario ha sido considerado por políticos y analistas como uno de los más corruptos de la historia de la administración pública nacional.
Ubicándonos un poco para esa fecha, el ahora diputado del Parlatino, Rodrigo Cabezas, denunció en ese entonces sendas irregularidades administrativas en diferentes instancias de la gestión del teniente coronel, entre las que estaban involucrados 17 organismos dependientes y sus funcionarios que hoy forman parte del círculo de apoyo de la candidatura “revolucionaria”.
Quizás ahora nadie las recuerde pero fueron muchas denuncias, algunas incluso fueron congeladas por ciertos reductos marañeros de la cuarta, luego de ser estudiadas por la Comisión de Contraloría del Congresillo de Luis Miquilena, en tiempos inmediatamente posteriores a la Constituyente.
Extrañamente había desaparecido el expediente en Fiscalía en julio de 1999. Hicieron falta 10 meses y un infinito número de diligencias para lograr que el extraviado expediente número 98-7111, donde se encontraban expuestas las irregularidades cometidas por el exmandatario local, apareciera en un tribunal zuliano, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Transición. El juez rector del Zulia para la época, Nelson Rincón Finol, se lavó las manos, “Nunca tuvimos información sobre su destino”.
Luis Miquilena, presidente para entonces del Congresillo decía cada vez que le tocaba visitar la región, que la gente no paraba de hacerle denuncias en la calle sobre el desfalco en la Lotería del Zulia y el Saviez. La presunta corrupción superó los 54 millardos de bolívares, más otros 20 millardos que fueron manejados de forma discreta según hizo constar el contralor regional para la época, Andrés Cruz.
No fue fácil para el diputado regional Rodrigo Cabezas, quien fue prácticamente aislado por esas mafias del poder de la justicia en el Zulia. Discípulo de Luis Hómez, le tocó enfrentar al fiscal Javier Elechiguerra, por cuanto había sido abogado del exgobernador Arias Cárdenas. “Acudo al Ministerio Público porque no tengo otra instancia para pedir justicia”, dijo acompañado del abogado Lisandro Cabello, en plan de solicitar la designación de un fiscal especial para que actuara en la culminación de la averiguación.
En nota escrita por el periodista Gerardo Prieto en el diario Panorama, Miquilena acusó a Elechiguerra de actuar por presiones de Arias. Sospechaba que el entonces Fiscal recibía cheques del gobernador del Zulia, mientras se desempeñaba como Procurador de la República. Afirmó que el Fiscal actuaba contra su persona atendiendo presiones del principal adversario político del presidente Hugo Chávez.
“El candidato Arias Cárdenas utiliza todos los medios a su alcance para dañar la imagen de sus contrincantes, esconder sus verdaderos intereses y comprar conciencias a través del chantaje y el soborno” fue la declaración de Miquilena en los álgidos días de la creación de nuestra Carta Magna de 1999, en esa efímera y casi anulada batalla que se llevó a cabo contra la corrupción en el Zulia.
Cabe destacar que el profesor Cabezas ya había denunciado en 1998 a Arias Cárdenas por malversación de fondos públicos (15 millardos), por concertación de contratos con privados, violación de la Ley de Licitaciones y por la entrega de dinero al partido Copei para la compra de su sede en una esquina de la avenida Dr. Portillo.
Los parlamentarios, Rodrigo Cabezas, Roberto Quintero y Betty Zuleta, responsabilizaron igualmente a la insufrible gestión de saldar deudas con 194 apartamentos de las torres del Saladillo que detentaba el CRU y que le fueron arrebatados a decenas de familias zulianas por el mismo hombre acusado de hacer desaparecer expedientes y por pagar para ocultar pruebas.
12 años después ninguno de los damnificados del Sur del lago ha visto una obra, la reparación de una escuela o un bolívar de los 450 millones que le entregó el presidente Chávez cuando lo llamó para levantar esa zona devastada por la vaguada del 2011. Los dineros desaparecieron hacia la nada.
Por: DÁMASO JIMÉNEZ
@damasojimenez
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EL UNIVERSAL
martes 20 de septiembre de 2012
