Primero Justicia exige investigar
a candidatos oficialistas
■ Capriles exige recursos.
■ PSUV no ha recibido denuncias contra sus gobernadores.
■ Luis Reyes Reyes negó que impulsen la inhabilitación de Henri Falcón para sacarlo del juego en Lara.
La Dirección Nacional del PSUV no ha discutido ni ha recibido denuncias contra los gobernadores oficialistas por parte de ciudadanos o de la militancia. La vicepresidenta del PSUV-Los Llanos, Antonia Muñoz, dijo que desconoce las imputaciones hechas por el secretario de propaganda del PCV, Carlos Aquino, contra 4 mandatarios regionales (Cojedes, Bolívar, Anzoátegui y Sucre), por lo que se abstuvo de referirse a casos específicos.
Los gobernadores no reaccionaron. Sin embargo, a título personal, Muñoz considera: “Todos los funcionarios están obligados a rendir cuentas ante el pueblo, la Contraloría General y organismos del Estado, de manera anual o semestral, y nadie debe sentirse ofendido porque evalúen sus gestiones”.
Muñoz indicó que propuso a la dirección nacional que el PSUV se convierta en “contralores políticos” de los gobernadores afines, no para vigilarlos o destruirlos, sino para que desarrollen una buena gestión.
“Los gobernantes tienen que informar sobre cuánto vale una obra, cuál es el tamaño de una capa de asfalto, la medida de una acera, para que así las comunidades, el ciudadano, y el PSUV puedan verificar si se cumple con estas disposiciones y corregir cuando sea necesario.
La contraloría debe extenderse a los consejos comunales que ahora reciben fondos públicos, y ese papel puede hacerlo el PSUV sin invadir competencias de la Contraloría General o de las contralorías internas de las organizaciones sociales o de entes del Estado; el fin es ser estricto en la administración de los fondos”.
“Ahora que el Presidente propuso la eficiencia, la regla de oro es que todos están sujetos a evaluación en cualquier momento y la responsabilidad debe ser asumida.
La supervisión, no obstante, no es una suerte de chantaje ni de seguimiento policial, sino con un fin administrativo para avanzar. Ignoro si el PCV tiene razones para mencionar a determinadas personas, pero todo gobernante, desde los consejos comunales hasta el máximo gobernante, está sujeto a supervisión. La contraloría no debe ser para el chantaje ni para la discriminación política. Toda administración debe someterse a la auditoría”.
Solvencia estatal:
Como ex gobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz fue víctima de ataques con fines electorales, a pesar de que la Contraloría General determinó que no tenía responsabilidad en las obras inconclusas de los Juegos Llanos 2007. Por ello propuso que los estados sean supervisados anualmente y que se les entregue un certificado a quienes cumplan.
“Así uno sale limpio y los enemigos personales y políticos no inventarían historias. Me sentí maltratada cuando me acusaron de haber recibido 240 millones de bolívares para los juegos, cuando, en verdad, trabajamos a duras penas con 167 millones; no pudimos terminar la obra por falta de recursos, no porque me lo robé”, dijo.
El candidato del PSUV en Lara, Luis Reyes Reyes, negó que hubiera un plan contra el gobernador Henri Falcón: “Primero; la Asamblea no inhabilita, investiga y pasa el caso a la Contraloría y Fiscalía. No sigo el caso, pero el PSUV no tiene interés en que el gobernador sea inhabilitado”.
No ven rostros:
La diputada Nancy Ascencio (PSUV-Bolívar), presidente de la subcomisión que averigua irregularidades en los institutos autónomos, respondió al PCV que no hacen distinciones al admitir los reclamos: “Contraloría ha impuesto responsabilidad política a alcaldes del PSUV, porque no vemos rostros, sino las denuncias”.
Ascencio alegó que no actúan por “momentos políticos”, como dijo Carlos Aquino, sino por metas. “En un año electoral aumentan los casos porque todos quieren denunciar. Contraloría trabaja con un plan operativo anual y el objetivo es resolver 726 casos este año. Ya cerramos más de 400 y quedan 300 en este período”, dijo.
El concejal metropolitano Máximo Sánchez (PJ) presentó un oficio en Contraloría, en el cual exige que no se soslayen las denuncias formuladas ante la Fiscalía y la Contraloría contra los candidatos a gobernadores, diputados y dirigentes oficialistas: “La Comisión actúa con celeridad contra Henri Falcón y Morel Rodriguez, por lo que solicitamos el mismo trato para Ramón Rodríguez Chacín, Néstor Reverol, Henry Rangel Silva, Tareck el Aissami, Juan Barreto y Diosdado Cabello, entre otros”.
En el período legislativo pasado, Contraloría cerró el expediente contra Cabello.
Capriles exige recursos:
Henrique Capriles considera que los recursos que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Miranda para el pago de los aguinaldos (300 millones de bolívares) son insuficientes. Señaló que el Gobierno discrimina con los recursos, pues Aragua recibió 400 millones de bolívares para los aguinaldos, 100 más que Miranda, a pesar de que es un estado más pequeño, con menos trabajadores. Este reclamo luego se trasladó a Twitter y creó una polémica entre Capriles y el diputado Diosdado Cabello. Capriles escribió: “Si Al Capone devolviera los reales que se robó en Miranda pagaríamos los aguinaldos de los trabajadores del país y sobrara plata!”.
Cabello respondió: “3.900 millones de bolívares le entregó el gobierno al pillo de Miranda y dice que no tiene plata para pagar aguinaldos, eres un pillo”.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
MARU MORALES
hlugo@el-nacional.com
mmoralesp@el-nacional.com
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VIERNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2012
