El poder popular en la práctica
resulta ser un golpe de Estado

¿Vivimos en democracia o en alguna otra cosa que todos prefieren no llamar por su nombre? Terrible incógnita que el propio Hugo Chávez se encargó de despejar hace pocos días ante los micrófonos y las cámaras de una de sus habituales cadenas de radio y televisión. En esta ocasión, victorioso, sonriente y feliz como nunca a pesar de su enfermedad, enarboló de nuevo su pequeña edición azul de la Constitución para nada menos que explicar por qué las comunas, que ya han comenzado a levantarse inexorablemente en el horizonte nacional, son, desde todo punto de vista, constitucionales. Para ello, tomándose su tiempo, leyó el artículo 5 del texto constitucional. Se refirió entonces a cómo en la de 1961 se establecía que la soberanía nacional radica en el pueblo, “quien la ejerce mediante el sufragio”, es decir, mediante una delegación de su legítimo y soberano poder, pero que la actual, si bien reitera que esa soberanía radica efectivamente en el pueblo, advierte que su ejercicio lo hace el pueblo “directamente”, sin necesidad de intermediarios.

Esa tarde, Chávez sencillamente trató de meter su dedo presidencial en la llaga del momento. La manera más directa y demoledora que encontró para definir con claridad la naturaleza del régimen que nació con esa Constitución del año 2000. Y su mejor forma de anunciar un nuevo amanecer, el reordenamiento de la geografía del poder, para por fin hacer realidad la supremacía absoluta del pueblo, cuya máxima expresión, a partir de ahora, son y serán las comunas y los consejos de educación, de producción y de todo lo que pueda asociarse a ellas. Con su debido e implacable corolario: la desaparición de las alcaldías, de las gobernaciones y de todos los cargos a los que tradicionalmente accede el ciudadano de acuerdo con los mecanismos electorales.

Vaya, que desde este momento clave de nuestra historia, todo el poder comienza a pasar a esta suerte de soviets criollos, las comunas, en plena y efervescente edificación revolucionaria.

Este es el trasfondo teórico de lo que en la práctica resulta ser un golpe de Estado impuesto por una supuesta mayoría. Recuérdese que, en el referéndum del 2 de diciembre de 2007, los electores le negaron a Chávez la opción de sustituir lo que quedaba en Venezuela de democracia burguesa por una radicalmente distinta democracia socialista. Maniobra cuyo sustento son las cinco leyes orgánicas relacionadas con las comunas y con el llamado poder popular, dictadas después del referéndum al amparo de una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional para remediar los desastres ocasionados por el Niño, la Niña y otras tantas calamidades naturales. Su verdadera finalidad, sin embargo, era la instauración de una sociedad comunal.

La más grave consecuencia de esta brusca alteración de la estructura del Estado y de la sociedad será la abolición del pasado, aunque no tan gradualmente como lo estaban haciendo hasta ahora, porque a estas alturas del proceso ya no hay razón alguna para demorar las rupturas que vendrán.

Y así, más pronto de lo que muchos se imaginan, irán desvaneciéndose en la niebla los residuos jurídicos del pasado burgués aún vigentes, comenzando por el derecho de propiedad, fundamento de la estructura económica liberal imperante en el país desde la fundación de la República.

Por supuesto, esta situación no es ajena a la indiferencia con que muchos dirigentes de la oposición han venido pasando por alto los constantes abusos del poder y las frecuentes violaciones de los derechos del ciudadano. Pérdida sistemática de la vista y del oído desde los tiempos de la Coordinadora Democrática, la Mesa de Negociación y Acuerdos, y el referéndum revocatorio, hasta el día de hoy, cuando a menos de 2 meses de las elecciones regionales, otros muchos dirigentes y muchísimo pueblo coinciden en señalar la necesidad de imprimirle un firme golpe de timón a la conducción de una oposición complaciente, que a pesar de estos 14 años de revolución bolivariana, insiste en portarse bien y limitar sus propuestas a querer hacer bien lo que los gobernantes chavistas hacen mal. Disparates cuya manifestación más grosera y ofensiva es que para no alterar la normalidad que desea el régimen, los representantes de la MUD ante el CNE hayan reducido su misión a certificar la transparencia del árbitro, como en su momento declaró Teresa Albanes desde Washington. Cómodo mirar en otra dirección para no sentirse obligados a afrontar la responsabilidad de ver cómo el crepúsculo de la democracia, paso a paso, se ha hecho amenaza que ya se cierne, ominosa, sobre Venezuela.

Por: ARMANDO DURÁN
Política | Opinión
EL NACIONAL
LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2012