Ex represor cubano mantiene
bajo perfil en Miami

Crescencio Marino Rivero, un temido ex jefe de prisiones cubano que recientemente se estableció en el sur de la Florida junto con su esposa, una ex oficial de migración, habría ordenado hace sólo dos años la agresión contra la hija de un disidente pacífico en Santa Clara, según fuentes consultadas por El Nuevo Herald. En Miami, sin embargo, mantiene un bajo perfil lo que le había permitido pasar inadvertido.

Rivero, de 71 años, ha sido calificado por activistas y ex presos políticos como un hombre particularmente agresivo y a menudo desagradable. Las denuncias también coinciden en señalarlo como un personaje que se aprovechó de su alto rango en el Ministerio del Interior para someter a los disidentes a tratos crueles e inhumanos.

“En dos o tres ocasiones estuvo en mi casa amenazándonos”, recordó Magda Monteagudo Barrio, esposa del opositor Rafael Pérez González. “Por eso nosotros pensamos que fue Rivero quien ordenó una agresión que sufrió mi hija cuando estaba embarazada”.

La agresión ocurrió en junio del 2010 y en septiembre de ese año Rivero y su esposa estaban viajando a Estados Unidos, explicó Monteagudo.

Rivero se jubiló aproximadamente hace siete años como coronel del Ministerio del Interior. Después de su retiro, él y su esposa Juana Ferrer, de 65 años, realizaron unos tres viajes desde Cuba para visitar a una hija que vive en el suroeste del Condado Miami-Dade. En su cuarta visita la pareja decidió establecerse definitivamente e iniciar los trámites de rigor para obtener un estatus legal en el país. El ex coronel es actualmente residente legal de Estados Unidos.

Un reportero de El Nuevo Herald intentó entrevistar el miércoles a Rivero. Cuando el reportero tocó la puerta del apartamento donde vive, una mujer que se identificó como la hija de Rivero abrió la puerta y dijo escuetamente que su padre no haría declaraciones públicas ni tendría contacto con los medios.

“El no va a hablar con la prensa”, indicó la mujer. Luego se escuchó la voz de un hombre mayor que, desde el interior de la vivienda, le ordenó a la joven que no siguiera hablando.

“Cierra esa puerta ya”, dijo el hombre, presumiblemente Rivero.

Al menos dos abogados de inmigración, Santiago Alpízar y Wilfredo Allen, han cuestionado abiertamente la forma en que Rivero y su esposa consiguieron permisos de residencia. Ambos ocuparon puestos en el gobierno cubano, eran miembros del Partido Comunista y enfrentan acusaciones de acoso y maltrato.

Todos los cubanos tienen la posibilidad de quedarse una vez que ponen pie en territorio de Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser expulsados si mienten o tergiversan sus testimonios con el propósito de obtener el permiso correspondiente de residencia y ciudadanía.

“Personas como Rivero no pueden vivir en Estados Unidos con total impunidad”, comentó Alpízar. “Está viviendo cómodamente en Miami y a costa de los impuestos que nosotros pagamos”.

Vecinos del área aseguraron haber visto “en raras ocasiones” a Rivero. Una mujer que prefirió mantener su nombre en el anonimato indicó que las pocas veces que coincidió con Rivero en el vecindario fue cuando éste sacaba la basura muy temprano en la mañana. Otro vecino lo describió como un hombre distante y poco comunicativo.

El historial de Rivero se conoce por testimonios de algunos ex presos políticos cubanos y activistas que abogan por el respeto de las libertades individuales.

Rivero trabajó para la Seguridad del Estado cubano en las décadas de 1960 y 1970. Posteriormente fue promovido a director de reeducación de las prisiones juveniles de la provincia de Villa Clara, un puesto de absoluta confianza y al que sólo acceden funcionarios de carrera.

En 1994 Rivero ya era jefe de prisiones en la provincia en un momento particularmente sensible y cuando se reportaban frecuentes abusos contra los presos políticos.

Sobre la esposa de Rivero ha trascendido que se trata de una mujer que llegó a teniente coronel del Ministerio del Interior. Algunos disidentes aseguran que participó junto con su marido en actos de repudio y amenazas contra la oposición pacífica.

Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010, indicó que Rivero siguió colaborando con el gobierno cubano después de su retiro. Añadió que era conocido su liderazgo en la directiva de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

“Rivero estuvo involucrado en los actos contra [Rafael] Pérez y su familia”, manifestó Fariñas en una conversación telefónica desde su casa en Santa Clara. “El, junto con un grupo de represores, han dado golpes y amenazas. Rivero tenía el rango más alto de ese grupo porque es un coronel retirado del Ministerio del Interior”.

La situación de Rivero y las condiciones de su estatus en Estados Unidos recuerdan el caso de Eriberto Mederos, un ex enfermero del Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra), que fue hallado culpable de mentir sobre su pasado en las solicitudes de ciudadanía estadounidense.

Mederos fue reconocido por varios exiliados en Miami como un torturador de prisioneros políticos en Cuba. El ex enfermero murió en el 2002 debido a un cáncer. Su deceso ocurrió justamente cuando un tribunal debatía su situación legal y evaluaba la posibilidad de una sentencia de cárcel.

Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, radicada en La Habana, manifestó que el caso de Rivero se suma al de otros colaboradores y funcionarios del gobierno cubano que intentan ocultar su identidad para proteger su futuro y vivir cómodamente.

“Aquí en nuestra comisión estamos a favor de la reconciliación nacional”, afirmó Sánchez. “Pero esto no debe incluir los casos en que se han cometido crímenes y abusos porque éstos deben ser ventilados en procesos justos”.

Por: Juan Carlos Chavez
Juan Tamayo
jcchavez@elnuevoherald.com
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