Tiempos de cambio
El caso del diputado Juan Carlos Caldera permite que abordemos un poco más en frío el problema del financiamiento de las campañas electorales en Venezuela, un país donde la política se ha convertido, lamentablemente, en un producto muy caro, no apta para que en ella salgan triunfantes quienes carecen de recursos económicos.
Frente a este asunto hay mucha doble moral. Mucho doble discurso, mucha charlatanería hipócrita, porque sin ayuda de particulares es imposible hacer frente a los gastos que involucra la actividad política, tanto la rutinaria como la que se realiza en tiempos de campaña electoral. A menos, como ocurre en Venezuela, que partido y gobierno sean prácticamente la misma cosa a la hora de hacer proselitismo a favor del candidato oficialista con la “ayudita” del presupuesto nacional.
Muchas de las voces que acusan, de los dedos que señalan al diputado Caldera seguramente no podrían lanzar la primera piedra en cuanto al uso que se hace de recursos públicos en las campañas electorales. Y no se trata de salir como abogado del diputado Caldera, quien ciertamente hizo algo políticamente incorrecto pero a la vez muy rutinario en Venezuela, como lo es pedir o aceptar apoyo económico para financiar una actividad política. Su inocentada hoy lo coloca en la encrucijada más difícil de su aún corta vida, víctima como es de una trampa bien montada y aún por develarse, mientras seguramente otros, haciendo leña de árbol caído, siguen echando mano de los recursos de todos los venezolanos para favorecer la candidatura del continuismo. Esa es la pura realidad. Doble moral, doble discurso frente a este asunto.
Mucho antes de que ocurriera el lamentable episodio que hoy pone contra el paredón al diputado Caldera, he dicho de manera pública e inequívoca que soy partidario del financiamiento público de las campañas electorales, como vía para hacer más democrática y participativa nuestra sociedad. A la larga, el financiamiento de particulares, sobre todo cuando “se bajan” con grandes cantidades de dinero, termina saliendo más caro al país que un aporte público proporcional a los partidos, de acuerdo con su votación.
El financiamiento público también permitiría un mejor control de las finanzas partidistas, y en buena medida sería uno de los antídotos para atacar dos fuentes de financiamiento que causan estragos, la corrupción y el narcotráfico, siempre al acecho para colarse por cualquier rendija, por pequeña que sea.
Además del financiamiento público tendría que establecerse en Venezuela lo que es moneda corriente en América Latina, y particularmente en Brasil, donde los partidos tienen espacios gratuitos en los medios. Aquí sería suficiente que ese espacio se otorgue en medios oficiales, tanto en radio como en televisión, dada la gran cantidad de canales de TV y emisoras de radio que forman parte del llamado sistema nacional de medios públicos, un instrumento que hoy está subordinado a los intereses electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Tal vez parezca extemporáneo hacer este planteamiento, pero creo que es un asunto medular en nuestra sociedad, porque gracias al discurso antipolítico y antipartido que tiene buena audiencia, todo lo que suene a financiamiento público de la política es visto como dinero perdido, como privilegio o sencillamente como una herejía. Es muy fácil condenar a quien recibe dinero de particulares mientras las arcas públicas, las oficinas de los ministerios, los carros de las empresas del Estado, los medios de comunicación estatales y hasta los espacios que asigna la Ley Resorte forman parte de la logística del candidato a la reelección. La propia manguangua electoral.
Por: VLADIMIR VILLEGAS
vvillegas@gmail.com
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