Gobierno alega no haber
“encontrado” evidencias
■ Brasil realizaba operación antimineros
■ La indiferencia tuvo participación en el crimen de Amazonas.
■ El Gobierno brasileño pidió a autoridades venezolanas información sobre el hecho.
■ La masacre en el Alto Ocamo deja ver la desprotección en la que se encuentran los yanomamis.
■ Aunque se quisiera ocultar el asesinato de un grupo de indígenas en las cabeceras del Ocamo, el crimen ya reveló a un cómplice: la indiferencia. A pesar de las reiteradas pruebas del ingreso de mineros brasileños al territorio venezolano, no ha habido acciones de contención efectivas por parte del Gobierno nacional.
Hubo muchos avisos antes del relato que el lunes dio a conocer la organización Horonami, cuando a principios de julio un grupo de garimpeiros disparó desde un helicóptero en contra de yanomamis de Irotatheri. Los mineros lanzaron bombas posiblemente granadas para luego incendiar el shabono. Cuentan que tres hombres que estaban de cacería escaparon, y constataron, al regresar, que murieron todos, “personas y animales”.
Horonami, que representa a la etnia, explica que el número de indígenas asesinados es indeterminado. Afirma que miembros de la comunidad Hokomawe, que se trasladaban a Irotatheri para una visita, encontraron el shabono quemado y los cadáveres en el suelo. Con lo relatado por estos testigos, y lo que contaron los tres sobrevivientes, Horonami reconstruyó lo ocurrido y lo denunció a finales de julio ante la 52ª Brigada de la Guarnición Militar del Ejército, en Puerto Ayacucho. A mediados de agosto se realizó una asamblea en Parima B con 300 indígenas y una comisión que fue a investigar.
El 27 de agosto, luego de recabar la información, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Superior de Puerto Ayacucho y la Defensoría del Pueblo.
Por unos días en Puerto Ayacucho circularon rumores y algunos voceros intentaron desprestigiar lo relatado por los yanomamis, a quienes tildan de fantasiosos.
Pero la presencia de un sobreviviente de la masacre que logró llegar herido desde Irotatheri a la comunidad yanomami Onkiola, en Brasil, y el conocimiento que de ello tuvieron la organización Hutukara (hermana brasileña de Horonami) y el Instituto Socio ambiental de Brasil, confirmó la seriedad de la denuncia. Ahora la investigación también se lleva a cabo desde Brasil, a cargo de la Fundación Nacional del Indio, homólogo del Ministerio para los Pueblos Indígenas, el cual destacan también ha conocido oportunamente otras denuncias.
La cultura como excusa:
Rasgos culturales de los yanomamis, junto a algunos prejuicios, estimulan la descalificación de tan grave suceso. Los indígenas solo cuentan hasta el número tres y el resto son “muchos”. Es decir: que no habrá exactitud en cuanto a la cifra de asesinados, por lo que es aventurado asegurar que fueron 80. Sin embargo, calculan que esa es la cantidad que habitaba en el shabono y, según el relato, murió la mayoría.
Expertos explican que los yanomamis creman a sus muertos de inmediato y además existe lo que llaman “la obliteración de los nombres”; o sea: cuando una persona muere no se le nombra nunca más. Ello impide la posibilidad de recabar los nombres de los que murieron.
Además, está la limitación de la distancia. Desde Parima B, que ya es lejos de Puerto Ayacucho, esperan cinco o seis días de camino por la selva hasta llegar a la zona donde ocurrió la tragedia. Ello sin contar que han transcurrido dos meses, y si los cuerpos no fueron cremados, pudieron ser devorados por animales.
“A pesar de todo esto esperamos que se haga una investigación imparcial y profunda, para lo que se requiere voluntad política. Hasta ahora sólo se han realizado sobrevuelos por la zona, que es como buscar una aguja en un pajar. Hay que bajar, caminar y llegar al sitio”, dijo el vicario apostólico de Puerto Ayacucho, monseñor José Ángel Divassón.
Para el obispo, esta investigación merece realizarse de manera rigurosa, no solo por la gravedad de la denuncia, que involucra a ciudadanos venezolanos y porque es un asunto de soberanía, sino porque hay suficientes elementos que confirman la presencia de mineros brasileños en la zona desde hace años, lo cual, afirma, ha sido desde siempre del conocimiento de las autoridades.
Una relación de amor y odio:
El obispo de Puerto Ayacucho explica que la relación entre los garimpeiros y los indígenas no es fácil de comprender. “Cuando llegan los mineros son pocos y necesitan de los indígenas. Les dan bienes y los yanomamis los guían por la selva o los ayudan a construir sus helipuertos. Luego esta relación de vecindad comienza a deteriorarse, cuando aumenta el número de garimpeiros, estos se sienten más poderosos y ya no quieren seguir dando cosas. Además, ha habido conflictos por las mujeres yanomamis. Eso fue lo que pasó en Haximú y creemos que fue lo que ocurrió en Irotatheri”.
La masacre de Haximú ocurrió hace 19 años y trajo consecuencias a escala internacional.
El abogado Luis Bello, quien llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, indica que en el acuerdo de solución amistosa que se firmó en 1999, uno de los puntos fundamentales es el establecimiento de mecanismos de control bilateral para vigilar la entrada de garimpeiros en territorio venezolano. “En consecuencia, los actuales hechos podrían determinar la responsabilidad del Estado venezolano por el incumplimiento del acuerdo de vigilancia”, afirmó Bello.
Marcos de Oliveira, coordinador adjunto del programa Río Negro, del Instituto Socio ambiental de Brasil, indicó que en los últimos meses se ha llevado a cabo la operación Xawara, para el control de la minería del lado brasileño. Ello, según el monseñor Divassón, ha podido empujar aún más a los mineros al lado de Venezuela. Por eso Oliveira afirma que en este momento se impone la cooperación binacional. “El intercambio de informaciones y, sobre todo, la ejecución conjunta de acciones de inteligencia, puede hacer la diferencia.
Cuidar la frontera es complicado, porque por allí pasa toda la búsqueda del oro, es una zona grande y de difícil acceso. Para ello es fundamental incorporar a las asociaciones indígenas”.
Por ahora todos los ojos están en la comisión que investiga lo ocurrido. Seriedad y profundidad, como exige la Iglesia, harán la diferencia para que no se repita, otra vez, la tragedia de Haximú.
El Gobierno brasileño:
El ataque y la supuesta matanza de yanomamis en el sector Alto Ocamo, en Amazonas, ocurrió de forma simultánea a una operación policial y militar contra los mineros conocidos como garimpeiros que operan ilegalmente del lado brasileño.
Esta actividad fue denominada Xawara, término con el que se designa en dialecto yanomami a las emanaciones ocasionadas por la precipitación de oro a través de la quema de mercurio.
La operación fue notificada a las fuerzas militares venezolanas en Amazonas. El Procurador General de Brasil, Rodrigo Timoteo, indicó que el despliegue de agentes finalizó con la detención de 25 personas, 44 órdenes de captura y el decomiso de 6 kilos de oro.
Entre los detenidos figuran 3 pilotos civiles que también trabajan para organizaciones que llevan drogas hacia Surinam y países de África Occidental, y trasladan insumos para la extracción del metal precioso.
También está en la lista Pedro Emiliano García, implicado en la Masacre de Haximú, ocurrida en 1993.
Las primeras informaciones sobre la supuesta matanza llegó a la FAN a mediados de agosto. Para ese momento, había transcurrido más de un mes desde la fecha en que habría sucedido el crimen.
Se hizo un reconocimiento aéreo en la choza, supuestamente atacada, y aunque se constató el uso de explosivos, no hallaron cadáveres.
Ayer salieron una vez más funcionarios del Ejército, GN, Cicpc y Fiscalía para constatar las informaciones. Se desconocen los resultados de la investigación.
El ministro brasileño de Relaciones Exteriores dijo que la embajada de su país en Caracas pidió a las autoridades información que confirme lo ocurrido y la posible vinculación de mineros ilegales.
La Fundación Nacional del Indio indicó que la presidenta de ese organismo, Maria Azevedo, se reunió con el embajador de Venezuela en ese país y con un responsable de la cancillería, Antonio Simoes, el viernes para obtener información sobre el hecho.
Maldonado: No hay evidencias:
La ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, declaró a VTV que luego de la investigación iniciada el viernes sobre una supuesta matanza de 80 yanomamis en Momio, estadoAmazonas, no encontraron evidencias que demuestre la masacre. Pinto Gutiérrez, jefe del Comando Regional n° 9, dijo que “todo está bien” en las 4 comunidades yanomamis visitadas hasta ahora.
Por: ALIANA GONZÁLEZ
agonzalez@el-nacional.com
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EL NACIONAL
DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2012
