Un grupo de niñas, fueron arrojadas a
un pozo con serpientes venenosas
■ Fiscalía “investigará” asesinato de yanomamis en Amazonas.
■ Genocidio de Yanomamis es una muestra de la inseguridad fronteriza.
■ Liborio Guarulla exigió diligencia a las autoridades en las investigaciones.
■ Masacre denunciada por ONG pone en tela de juicio acuerdo asumido ante CIDH.
En su columna de este viernes en Quinto Día, Sebastiana Barráez recoge la versión dada por los tres sobrevivientes del brutal ataque y asesinato de 80 yanomamis a manos de garimpeiros brasileros, buscadores de oro. Se refiere también a la respuesta oficial – según la ministra Nicia Maldonado, el ministerio no tiene “información o confirmación al respecto” – una respuesta similar, recuerda Barráez, a la dada en el caso de la denuncia del asesinato de 6 yanomamis a principios de julio pasado.
Según los tres sobrevivientes, que salvaron sus vidas porque se encontraban de cacería: “… los mineros brasileros convirtieron el lugar en un objetivo militar. Usaron fusiles de alto calibre y granadas. Después los garimperios empezaron a comprobar quiénes de los heridos estaban vivos; a algunos los ahorcaron y a otros los abrieron en canal como se hace con las reses en el matadero. Un grupo de mujeres, casi niñas, entre 12 y 20 años, habrían sido arrojadas vivas a un pozo con serpientes venenosas para que murieran a causa de las mordeduras. Terminada “la faena”, los garimperios le prendieron fuego a las viviendas”.
Dice Barráez:
“Los tres sobrevivientes declararon en la fiscalía, quizás con la esperanza que se haga justicia ante el horrendo crimen que les acabó toda la familia. Hay silencio en los entes oficiales. El Ministerio indígena parece ocupado en no hacer mayor escándalo hasta que se termine la campaña electoral. La Federación Indígena sí les está dando apoyo. Y ayer jueves en horas de la mañana se efectuó una reunión con militares en el aeropuerto de Puerto Ayacucho para tomar acciones al respecto”. Y por su parte, “Luis Shitiwe, secretario ejecutivo de la organización Horonami, que es un movimiento de defensa de los derechos yanomamis, ha dado gritos que se han difuminado en el viento”.
La masacre ocurrió al sur del estado Amazonas, cerca de la frontera con Brasil, en el municipio Alto Orinoco. “Hasta el lugar”, dice la periodista, “sólo se llega vía aérea hasta Parima, donde hay un helipuerto de la Guardia Nacional. Los indígenas relatan que tardan hasta 8 días a pie para trasladarse desde una comunidad a otra”.
Barráez pide al Estado venezolano actuar y sacar “a los mineros del cerro Yapakana y de las minas que están en territorios indígenas”.
Fiscalía investigará:
El Ministerio Público investigará la masacre que garimpeiros habrían perpetrado contra una comunidad yanomami del estado Amazonas el pasado 5 de julio y en la cual unos 80 indígenas habrían perdido su vida.
En un comunicado de prensa, el despacho encabezado por Luisa Ortega Díaz informó que el subdirector de Investigaciones de la Dirección de Delitos Comunes del organismo, Zair Mundaray; y el fiscal IV de la entidad sureña, Luis Perdomo, encabezarán el grupo de investigadores.
La instancia garante de la legalidad también anunció que los funcionarios comisionados se trasladarán hasta Irotatheri, la comunidad presuntamente atacada, la cual se ubica a 15 días a pie de Puerto Ayacucho o a cinco horas en helicóptero para iniciar las pesquisas.
El caso se dio a conocer gracias a la denuncia que miembros de la organización Horonami formularon este 27 de agosto ante la Fiscalía Superior de Amazonas y posteriormente ante los medios de comunicación.
De acuerdo al relato que tres supervivientes ofrecieron a la agrupación, un helicóptero de procedencia brasileña irrumpió en la población, la cual se encuentra cerca de yacimientos de oro que explotan ilegalmente mineros del vecino país; y sus ocupantes comenzaron a disparar a mansalva contra todos sus habitantes.
La denuncia de la Horonami fue respaldada por el miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, diputado Andrés Avelino, quien en declaraciones a una emisora de Barquisimeto (Lara) aseguró que los garimpeiros actúan bajo el amparo los jefes militares de la zona como el general Pinto Gutiérrez, comandante de la 52 Brigada del Ejército.
Incumpliendo la palabra:
La masacre puso en evidencia nuevamente el incumplimiento por el Gobierno venezolano de los compromisos internacionales que ha asumido, pues en marzo pasado las autoridades nacionales prometieron que desarrollarían un plan para vigilar y proteger a las comunidades yanomanis de los mineros ilegales brasileños, para lo cual anunciaron que buscarían la cooperación de las autoridades del gigante del sur.
El compromiso lo asumió el Ejecutivo del presidente Hugo Chávez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con lo cual evitó que esa instancia terminara demándola nuevamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar las garantías fundamentales de alguno de sus ciudadanos.
En el organismo con sede en Washington (Estados Unidos) reposaba desde 1996 una denuncia que interpuso el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) contra Venezuela, por su incapacidad para garantizarle la vida a 16 yanomamis que fueron asesinados en 1993 también por unos garimpeiros; y por su incapacidad para identificar y procesar a los autores de esa matanza.
Gobernador de Amazonas:
El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, exigió diligencia en las investigaciones sobre la masacre de indígenas en el Alto Ocamo, situación que fue denunciada el lunes ante la Fiscalía por la organización yanomami Horonawa. “En primer lugar, le damos todo el respaldo a los hermanos yanomami. Ahora las autoridades están en cuenta de la grave situación”, dijo.
Señaló que prestarán apoyo logístico a la comisión del Cicpc que llegó ayer, y que esperan que la Fiscalía y la Defensoría procedan a investigar pronto.
“No es la primera vez que ocurre. En 1993 se cometió un genocidio que se llevó a la Corte Interamericana y por el cual se condenó al Estado venezolano.
Gracias a ello se creó un fondo que serviría para atender a esta población y el resultado no ha sido satisfactorio”, dijo.
“Hemos visto cómo los garimpeiros han incursionado en nuestro territorio, no sólo en Parima sino en toda la zona del Alto Orinoco, lugar donde se constató la destrucción y contaminación de la cuenca. Hubo además situaciones que evidencian el ingreso de los mineros, como denuncias de presencia de gripe aviar en las comunidades del Casiquiare. La responsabilidad de resguardar nuestra frontera es de nuestras Fuerzas Armadas, así como la proteger a la zona de la minería ilegal”, indicó.
Guarulla aseguró que aunque se ha constatado la presencia de mineros ilegales, no se ha actuado y la zona está desprotegida.
“El alcalde del Alto Orinoco tiene un año desaparecido. La ministra indígena que es yekuana y que vivía allí no está.
Los generales están en Puerto Ayacucho dedicados a otros asuntos y no a cuidar la frontera. Por no garantizar la soberanía del Estado en la frontera ocurren estas cosas, por lo que los garimpeiros pueden incursionar en nuestro territorio con total impunidad”.
Cuando se le consultó sobre la actividad que le corresponde a la gobernación de proteger a los yanomami, dijo que hay una misión con programas sociales de dotación de transporte, pensiones y atención a la construcción de escuelas.
Denuncia a Brasil:
Guarulla exigió al Estado que haga la denuncia formal de lo ocurrido ante la cancillería del país vecino.
En una nota publicada por TeleSur, la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, dijo que no ha recibido ninguna información relacionada con la matanza de unos 80 indígenas de la etnia Yanomami, en un hecho ocurrido el pasado mes de julio.
Tras esta denuncia, el Ministerio Público venezolano designó una comisión para que investigue el supuesto ataque.
El Ministerio señala que “el sitio donde presuntamente ocurrió el hecho se encuentra a cinco horas en helicóptero de Puerto Ayacucho y a 15 días a pie”.
Genocidio de Yanomamis:
“El genocidio cometido en contra de 80 de nuestros hermanos yanomamis es una muestra de que nuestras fronteras no están siendo resguardadas por la Fuerza Armada, estamos desprotegidos y ninguna autoridad hace nada por la inseguridad que vivimos en Amazonas”, denunció Antonio Mijares, responsable estadal de Voluntad Popular en dicha región.
Aseguró que el gobierno central ha sido incapaz de proteger a las etnias de la selva amazónica aun cuando llevan varios años denunciando el abuso de los garimpeiros (mineros ilegales provenientes de Brasil): “En 2004 también mataron entre 10 y 12 yanomamis, pero el Gobierno lo vio como poquita cosa y lo dejaron pasar por debajo de la mesa. Exigimos que respondan ante este genocidio; el Gobierno central sabe que los garimpeiros han venido matando y disociando a nuestras étnicas y no han hecho nada”.
Mijares también denunció que Atirio Guariguey, uno de los tres Yanomamis sobrevivientes de la masacre, fue retenido en el Comando de la 52 Brigada del Ejército y Guarnición Militar de Puerto Ayacucho. “Lo tienen oculto, no lo dejan dar declaraciones ni hablar con nadie”, aseguró.
El dirigente naranja explicó que Guariguey llegó a Puerto Ayacucho el 27 de agosto y comenzó a informar a los medios de comunicación de la tragedia vivida por su etnia en la selva a principios de julio, pero desde que acudió a la instancia militar a pedir ayuda, no lo han podido ver más.
De acuerdo al relato narrado por Atirio, los garimpeiros habían atacado a su comunidad el día 3 de julio, con la intención de llevarse a sus mujeres, pero fueron repelidos por los indios con arcos y flechas. Dos días después, Guariguey salió a cazar junto con otros dos yanomamis, y cuando se encontraban a pocos metros del asentamiento, avistaron un helicóptero que lanzó bombas sobre el shabono (choza multifamiliar). Cuando llegaron al lugar, encontraron a sus familias (80 personas entre adultos y niños) calcinadas.
De acuerdo a Mijares, el yanomami aseguró que caminaron por la selva durante dos semanas hasta llegar a la Guarnición Militar de Alto Orinoco, “pero no les prestaron atención, y fue apenas hace unos días cuando lograron llegar hasta Puerto Ayacucho y nos enteramos de la tragedia”.
“Le recordamos al Presidente saliente que los yanomamis también son venezolanos que necesitan de la protección del Estado. Exigimos una respuesta de la Ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado; y del Ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, en este caso, porque se debe sentar un precedente y poner un freno a estos magnicidios en contra nuestras etnias”, enfatizó Mijares.
Por: SEBASTIANA BARRÁEZ
ALIANA GONZÁLEZ
DIANA LOZANO PERAFÁN
POLÍTICA | OPINIÓN
OFICIALISMO | PSUV
CIUDAD | AMAZONAS
