“En Venezuela existe un
silencio cómplice..”
El accidente ocurrido en la refinería de Amuay, en el Complejo Refinador Paraguaná, estado Falcón, con un saldo de más de cuarenta fallecidos, es el mayor que ha sucedido en cualquier unidad refinadora de petróleo a nivel mundial al dejar atrás el ocurrido en la Corporación Petrolera Estatal de la India en 1997, donde murieron treinta personas. Se trata de una tragedia que ya se venia fraguando tras una seguidilla eventos en las instalaciones de PDVSA, tal como se consiga en el gráfico adjunto, donde las cifras evidencian un pobre desempeño de la empresa petrolera en lo relativo a la seguridad industrial. En Venezuela existe un silencio cómplice por parte de las autoridades del ministerio del Trabajo a la hora de aplicar la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Locymat), toda vez que son muy estrictos en su aplicación en las empresas privadas y sumamente blandas a la hora de aplicarla en las empresas del Estado.
Bajo la conducción de Rafael Ramírez, PDVSA se ha desdibujado como empresa petrolera para convertirse en una especie de entidad amorfa, que se dedica a actividades que van desde la venta de alimentos hasta la construcción de viviendas. Es también PDVSA una especie de sucursal del partido de gobierno, el PSUV, lo que ha llevado a un abandono de sus funciones fundamentales, tales como la exploración, explotación, refinación y comercialización de petróleo. Antes que presidente de PDVSA es Ramírez un activista político al detentar el cargo de jefe del PSUV para la región Occidental de Venezuela. Ello se ha reflejado en un abandono de las sus responsabilidades al frente de la industria petrolera para dedicarse al activismo partidista.
A lo largo de 2012 se han incrementado sustancialmente los accidentes en las instalaciones de PDVSA. Tal vez uno de los más notorios fue el derrame de hidrocarburos en el estado Monagas, lo cual afectó al Río Guarapiche y consiguientemente el suministro de agua potable a Maturín. En lugar de propiciar una investigación sobre los hechos, la respuesta de Ramírez fue inculpar al gobernador de ese estado. Posteriormente en otro derrame ocurrido en Anaco, estado Anzoátegui, se evidenció una nueva fuga de petróleo que contaminó cauces de ríos y la vida de sectores campesinos. Ya en enero y febrero de este año, se sucedieron dos accidentes en las refinerías de Cardón y Amuay, ambas pertenecientes al Complejo Refinador Paraguaná (CRP), lo que implicó paradas no programadas.
Los accidentes son sucesos que suelen ocurrir en instalaciones altamente riesgosas como las petroleras. Pero lo que llama la atención en el caso de PDVSA es la frecuencia de los accidentes, buena parte de los cuales involucran víctimas fatales. Así, entre 2002 y lo que va de 2012 la siniestralidad en las áreas del CRP debería llamar a preocupación si se tratara de autoridades más pendientes de las actividades de la industria petrolera y menos del proselitismo político. En el lapso señalado, según un trabajo de la agencia de noticias Reuter, se ha sucedido diez y seis (16) accidentes con un saldo estimado de fallecido de aproximadamente cincuenta personas (50). Ello obviamente no es normal.
Pero la respuesta del gobierno en el caso del accidente de Amuay es la evasión de la responsabilidad de la gerencia de PDVSA, encabezada por Ramírez, hombre intocable del régimen. En el haber de Ramírez, aparte de los accidentes trágicos ya relatados, también están los casos de la maleta de Antonini Wilson con US$ 800.000 en efectivo que salieron de las arcas de PDVSA para financiar a Cristina Fernández en Argentina y las miles de toneladas de comida podrida de PDVAL, de los cuales salió intacto por el apoyo que Chávez le brindo ante semejante negligencia en la importación y manejo de las importaciones de alimentos. Igualmente resultó ileso Ramírez cuando se sugirió una investigación por hechos claramente identificados de nepotismo y tráfico de influencias en PDVSA, en particular en lo relativo a la asignación de las millonarias pólizas de seguros patrimoniales sin el cumplimiento de licitaciones transparentes.
Todo ello ha derivado en una corrupción sideral y el abandono de las labores medulares de la empresa, sustituidas por el activismo y sectarismo partidista. Ya llegará el tiempo en que la justicia alcance al hasta ahora intocable Ramírez y sus cómplices para vindicar a los familiares de las víctimas y también a Venezuela.
Por: JOSÉ GUERRA
Miercoles 29 de Agosto de 2011
