Las condiciones de extremo hacinamiento y la ausencia de un control real por parte del Estado hacían previsible otra matanza en las cárceles del país.

Para el encargado del área de Gobernabilidad Democrática de la Comisión Andina de Juristas, abogado Eddie Cóndor, los sucesos del domingo 19 en Yare I son una prueba más del escaso interés que han puesto los poderes públicos en el tema penitenciario.

“Lo ocurrido en Yare desnuda de modo sangriento una vez más la realidad penitenciaria de Venezuela y, en gran medida, de Latinoamérica, al dejar en evidencia el incumplimiento de diversas obligaciones y compromisos de Estado que tienen una base constitucional, legal y jurisprudencial. En un gobierno democrático estos hechos implicarían responsabilidades y sanciones”, afirmó.

Aunque las condiciones estaban ­y continúan­ dadas para que ocurrieran estas matanzas, la falta de atención oficial al problema trae como consecuencia que las medidas aplicadas sean “meramente paliativas y mediáticas”.

­–En junio de 2011 el Gobierno de Venezuela creó un ministerio dedicado al Servicio Penitenciario. ¿Cuál es el balance que usted hace a más de un año de esta decisión? ­

-Es una medida importante, inédita en Latinoamérica, a la que habría que dotarla de contenidos, con acciones concretas, que materialicen la voluntad política del Gobierno. No basta la creación de instituciones como el ministerio y su campaña mediática que, por lo general, suelen crear expectativas en los reclusos que al incumplirse contribuyen a generar hechos deplorables como los de Yare. Hace falta una política criminal coherente con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Esto es hacer ajustes en el marco jurídico tendientes a reducir los porcentajes de presos sin condena, que sería de 75%, renovar la infraestructura que registra un hacinamiento superior a 350%, dotar de equipos calificados y presupuesto al ministerio y direcciones del ramo, además de otras medidas, como el combate a la corrupción que hace ingobernable cualquier prisión.

­–¿Cuáles son los sistemas penitenciarios más violentos?

­-En Latinoamérica sigue siendo Venezuela el país que mejor vende noticias negativas en relación con su situación penitenciaria. Si nos basamos en las estadísticas de muertes en los últimos 3 años, en promedio, en las 33 cárceles del país serían asesinadas 16 personas diariamente. Esta realidad no es muy distante del resto de países latinoamericanos. Paradójicamente, luego de más de 10 años de una “reforma judicial” promovida y direccionada por el gobierno del presidente Chávez, que tenía como uno de sus objetivos específicos mejorar la justicia penal, ésta arroja un balance negativo con expresiones como el incremento sostenido de la población penitenciaria que llegaría a los 47.000 reclusos, 30.550 de ellos sin condena. Este es el germen del hacinamiento y la violencia que ha ido en escalada: de 476 asesinatos en 2010, a 560 en 2011 y 304 durante el primer semestre de 2012.

Resulta indignante constatar que siguen siendo las cárceles donde los Estados violan de modo flagrante y permanente los derechos humanos.

­–Una de las razones señaladas para la violencia carcelaria es el hacinamiento. ¿Es la solución construir más cárceles en el país? De ser así, ¿cuál sería el número correcto o deseable en términos de la población nacional? ­

-Resultan nocivas aquellas tendencias gubernamentales que fomentan una cultura de odio, la confrontación y el avasallamiento. Esas prácticas, en el ámbito de las prisiones, llegan con un efecto multiplicador y pernicioso.

Cualquier controversia sirve de detonante para la violencia. Sería una buena señal si en los siguientes años se supera el déficit de infraestructura carcelaria que, como hemos señalado, es de 350%.

­–La ministra Iris Varela afirmó que sacaría 20.000 presos a la calle, lo que representaba más de 40% de la población penal para el momento en que lo anunció. ¿Es esa la solución al problema de las cárceles venezolanas? ­

Es una declaración peligrosa. Si realmente en Venezuela se pretende construir una política criminal y penitenciaria que trasunte gobiernos y se haga política de Estado, debería sustituirse el discurso político por acciones concretas basadas en criterios técnicos que la ciencia penitenciaria ofrece.

­–Parece que el Ejecutivo cedió el control de las cárceles para fomentar una suerte de autogobierno presidido por los cabecillas de los presos.

Eso también sucede en otros países. ¿Por qué en Venezuela eso no garantiza la paz intramuros?

­En Latinoamérica más que autogobierno de las cárceles por los reclusos lo que existe en la mayoría es un desgobierno. La autoridad resulta a veces nominal al ser rebasada por una realidad que, como sucede en Venezuela, ha costado la vida de diversas autoridades. Sólo algunos centross de máxima seguridad, como Piedras Gordas, en Perú, cumplen los procedimientos internos y los fines de seguridad, mas no los fines resocializadores de la pena.

­–En Venezuela los militares aparecen como los únicos capaces de retomar el orden en las cárceles. Ocurrió en Yare en 2009, en Rodeo en 2011 y La Planta en 2012.

¿Hasta qué punto son ellos realmente necesarios en los sistemas carcelarios?­

-Esa medida no es compatible con el Estado de Derecho. Cuando es necesario el uso de la fuerza, debe recaer en manos capacitadas sobre todo en valores democráticos y perspectiva de país querido.