La oposición y Capriles culpan a Chávez
por la violencia en las cárceles

■ “Adentro tengo a mi hijo preso, a mi esposa y a mi nuera. De aquí no me voy”.

■ Los familiares de los reclusos exigen que las autoridades publiquen la lista de muertos y heridos.

■ Dos autobuses del Ministerio del Servicio Penitenciario trasladaron a reclusos de Yare III a tribunales ayer en la mañana.

■ Parientes de los reclusos, la mayoría mujeres, intentaban ejercer el control en el centro penitenciario. Para permitir la entrada y la salida de vehículos exigían verificar si trasladaban reos.

La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó que durante el motín del domingo hubo 24 reclusos y un visitante muertos, y 43 heridos. Hay 8 cadáveres sin identificar por estar desfigurados.

La versión oficial, que coincide con la de algunos familiares, indica que el conflicto se originó cuando la mayoría de los visitantes estaban en fila para salir del retén. Reclusos del área de Las Torres discutían con presos de Los Talleres y de repente comenzó el tiroteo.

El responsable del Observatorio Venezolano de Prisiones explicó que Yare I “es un penal construido para 750 personas y en la actualidad había 3.150 (privados de libertad)”, que, según calculó, representa “un excedente de 2.400 (personas) con un hacinamientos del 320 %”

Gritos, llantos, impotencia y zozobra había ayer en las inmediaciones del Centro Penitenciario Yare I, en el estado Miranda. En la tarde, los familiares de los reclusos se negaban a abandonar la zona hasta saber en qué condiciones se encontraban sus parientes que están recluidos en el penal. También querían información de los visitantes que no pudieron salir del lugar cuando inició el conflicto el domingo a las 3:30 pm aproximadamente.

El incesante sol y la falta de alimentos y recursos no fueron un impedimento para las mujeres desesperadas, que pedían a gritos información oficial. La mayoría de ellas pernoctó en las adyacencias de la cárcel la noche anterior. Marienca Núñez Ojeda asegura que vio cómo mataron a su hijo, William Alexander Núñez, de 23 años de edad, el domingo en la tarde. La mujer pedía auxilio para que le ayudaran a agilizar los trámites para enterrarlo.

“Quiero que me den la boleta de excarcelación para enterrar a mi hijo. Yo vi cómo me lo mataron porque estaba sentada en un banquito con él y como era cristiano, le pidieron ayuda para salvar a unos muchachos, pero cuando fue a salvarlos le dispararon y le quitaron la vida. Eso fue un desastre. Murieron y resultaron heridas muchas personas que eran visita e inocentes”, dijo la madre de una de las víctimas que fue identificada en la morgue de Ocumare del Tuy.

Origen del conflicto:

De acuerdo con la versión de algunos parientes que estaban en la visita del domingo, el conflicto se originó aproximadamente a las 3:30 pm, luego que reclusos del área de Las Torres discutieron con presos del área de Los Talleres. En ese momento, la mayoría de los visitantes estaba en fila para salir del retén.

Dos hombres, que pidieron no ser identificados, aún tenían puesta la ropa que tenían ese día. En sus franelas y pantalones había rastros de sangre y tierra.

“Adentro tengo a mi hijo que está preso, a mi esposa y a mi nuera. Hasta que no salgan no nos vamos a ir de aquí. Cuando inició el tiroteo la visita estaba empezando a salir, pero en medio de la situación algunos reclusos dispararon contra nosotros. Para salvarnos tuvimos que resguardarnos en una cuneta. Varias personas intentaron hacer lo mismo, pero resultaron heridas.

Por eso tenemos la ropa manchada de sangre”, dijo uno de los hombres.

Pierangely Romero, familiar de un preso de Yare I, señaló que ayer hasta la 1:30 am vio cómo salieron ocho camionetas de la policía judicial con presuntos fallecidos: “Mi otro hijo tiene videos de todos los carros que entraron y salieron ese día hasta el lunes en la madrugada. Antes de que sacaran a los muertos estaban trasladando a los heridos a los hospitales más cercanos”.

Horas de agonía. Ayer, los familiares de los reclusos intentaron tomar el control de la zona. Para permitir el ingreso y egreso de vehículos en el centro de reclusión le pedían a los representantes del Ministerio para el Servicio Penitenciario y a funcionarios de la GN subir a las unidades para verificar si los reos eran trasladados a otros retenes.

La solicitud fue permitida:

Sin embargo, los voceros de los presos comprobaron que se trataban de traslados de presos de Yare III a tribunales.

En comparación con anteriores conflictos registrados en esa cárcel, no hubo presencia de agentes de la Guardia Nacional en las inmediaciones del penal.

Ayer desde las 10:00 am hasta la 1:00 pm ingresaron al centro carcelario dos camiones de medicina integral identificadas con el logo de Barrio Adentro.

También entraron vehículos de la Guardia Nacional y automóviles particulares, presuntamente de personal del despacho que representa la ministra Iris Varela.

Traslados a la morgue:

Procedentes del hospital de Ocumare del Tuy, trasladaron ayer a la medicatura forense de Caracas a 10 de los cadáveres de los presos que murieron en enfrentamientos el domingo en el Centro Penitenciario de Yare I.

Seis años de desacato a la Corte:

Han transcurrido seis años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que el Estado no ha cumplido: “Adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en la cárcel de Yare, de tal suerte que no muera ni se afecte la integridad personal de ningúninterno o de cualquier persona que se encuentre en dicho centro”. 

Expertos repudiaron la situación de desacato en la que se ha colocado Venezuela ante la orden de cumplir con su deber de garantizar la seguridad de quienes están privados delibertad. 

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB: “Aunque legal y formalmente el Estado forma parte de la Corte Interamericana vemos cómo, por la vía de los hechos, ha dejado de estarlo porque no se ha acatado ni una sola decisión”. 

Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano: “Permanecen inalterables las causas que en 2006 motivaron a que la Corte Interamericana dictara medidas de protección para la cárcel de Yare. El Gobierno sigue sin poder garantizar la integridad física de los presos, lo que representa un gran fracaso gubernamental porque no sólo no hansolucionado el problema de la violencia, sino que se ha agravado”. 

Marino Alvarado, director de Provea: “Se continúa improvisando en materia carcelaria. Insisten en manejar un problema tan grave de una forma tan sectaria y excluyente. No hay una política integral, sino una política de paños calientes. 

Lo mínimo que debe hacer Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario, es poner su cargo a la orden”. 

Por: ANGÉLICA LUGO
alugo@el-nacional.com
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MARTES 21 DE AGOSTO DE 2012