“Una vez más el Consejo
Nacional Electoral…”
El CNE comete un acto de retaliación y de criminalización contra la asociación civil Ciudadanía Activa, pues prohibió de manera absolutamente arbitraria y sin fundamento una serie de micros institucionales que desde hace varios meses transmite, dentro de sus programas de opinión, el canal de noticias Globovisión.
Ciudadanía Activa es una ONG que desde hace más de 10 años mantiene una dinámica actividad, nacional e internacional, mediante el fomento de los valores democráticos, la divulgación de la Constitución y actuando en defensa de derechos civiles y políticos de los venezolanos. Como miembro de esa organización doy fe de las actuaciones claramente públicas, notorias y comunicacionales de Ciudadanía Activa ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y ante el mismo CNE, presentando comunicaciones, solicitudes de amparos o medidas cautelares contra algún derecho ciudadano vulnerado.
Circunstancias absolutamente aleatorias, puesto que la motivación asociativa la determina la voluntad de defender los valores democráticos, han permitido que en Ciudadanía Activa concurran un conjunto de profesionales del ámbito del cine y la comunicación, cuyo aporte ha sido fundamental para la producción y difusión de mensajes propios de la misión y visión de la organización.
Películas documentales como La lista: un pueblo bajo sospecha (sobre el oprobioso apartheid bolivariano); El único soy yo: rumbo al totalitarismo del siglo XXI (sobre el nefasto culto a la personalidad), y ¿Venezuela se uniforma? (acerca de la militarización de la sociedad venezolana) para sólo citar tres trabajos que constituyen una trilogía sobre el complejo proceso político de supresión de la democracia que vive nuestro país, han repercutido en una considerable visibilidad de Ciudadanía Activa. Y de manera relevante es conocida Ciudadanía Activa por su serie de micros sobre temas constitucionales y legales que se transmiten con frecuente periodicidad por Globovisión, por algunas estaciones regionales y, por supuesto, por Internet.
Este largo preámbulo tiene sentido para poner de relieve lo perverso de la reciente decisión del CNE de prohibir la serie de micros sobre ventajismo electoral que estaba difundiendo Globovisión, al considerar a Ciudadanía Activa como “un tercero que está haciendo propaganda electoral sin estar inscrito en el CNE como actor político”. ¿Pero en qué cabeza cabe semejante perversidad? ¿Desde cuándo hay que ser actor político inscrito en el CNE para expresar una opinión? ¿De qué jugarreta se valen las rectoras del CNE para llamar propaganda electoral unos mensajes que en ningún momento invitan a votar por alguna candidatura que es lo que, de acuerdo con la norma aprobada por ellas mismas, califica como propaganda? Si existe una institución pública venezolana que sabe que Ciudadanía Activa no es un partido político es el CNE. Numerosísimas comunicaciones han sido dirigidas a la Sra. Lucena, rectora presidente y demás miembros del directorio, a lo largo de una década, solicitando información sobre resultados electorales, proponiendo ideas de participación ciudadana, denunciando irregularidades, instando por cumplimiento y diligencia del CNE respecto de normativas electorales.
Vale la pena recordar que en octubre de 2011 Ciudadanía Activa presentó una denuncia ante el CNE por la indebida declaración por parte del Presidente de la República del despacho presidencial de Miraflores como una base de patrulla electoral del PSUV, al mismo tiempo que instaba al CNE a impulsar una normativa electoral para regular la utilización de cadenas presidenciales durante la campaña. Nunca el CNE se ha dignado siquiera a dar acuse de recibo de estas comunicaciones aunque sí se tienen los sellos respectivos de su consignación en la receptoría de la institución.
La medida de suspender los micros de CA tienen un evidente carácter retaliativo, que constituye un grave acto de censura que marca un grave precedente por cuanto censurar o limitar la opinión clausura el debate político del país. El supuesto gran logro del tránsito de la democracia representativa a la participativa queda sin efecto con esta absurda y arbitraria prohibición. Los ciudadanos no podemos ir a votar como los monitos de la baraja que ni ven ni oyen ni hablan. Para ejercer democráticamente el voto es esencial la deliberación y la confrontación de las opiniones. Si las rectoras quieren comportarse como los monitos de la baraja están en su derecho, pero al hacerlo traicionan el mandato constitucional que juraron obedecer.
Por: ÓSCAR LUCIEN
@olucien
Política | Opinión
EL NACIONAL
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