Ahora es un delito la “reproducción” de
los textos legales de la República
“El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años”. Artículo 68 de la Ley contra la Corrupción, texto del micro de la ONG Ciudadanía Activa.
El Consejo Nacional Electoral ha prohibido este micro que Globovisión transmitía como opinión y no como cuña, puesto que sólo se trata del texto de una ley venezolana vigente. Entonces, ¿por qué el temor del CNE de que los venezolanos conozcan que hay una ley que castiga a los funcionarios públicos que se meten en campañas electorales a favorecer a su candidato, utilizando recursos públicos y poniéndolos al servicio de una sola opción en desmedro de otra u otras?
Dicen que el que se pica es porque ají come. Y el CNE está picado con el artículo que amenaza a estos funcionarios ventajistas y abusadores nada menos que con prisión de uno a tres años. El pretexto para suspender el micro de Ciudadanía Activa es, aparte de absurdo, totalmente inconstitucional, pues se está prohibiendo la libre opinión sobre un tema, opinión que además de no ser delictiva es reproducción de los textos legales de la República.
¿Será que el CNE no quiere que esos gobernadores, ministros, diputados, alcaldes, que están fajados boicoteando la campaña de Capriles y organizando y financiando la logística de los paseos en carroza del candidato oficialista, sepan lo que les espera cuando se les aplique la ley anticorrupción? ¿O más bien no quieren que esta información sea del conocimiento de los amenazados empleados públicos y votantes a quienes los funcionarios presionan con las armas del poder y el presupuesto nacional para que voten por el comandante?
Eso de que Ciudadanía Activa no es parte del proceso electoral es privar a una voz venezolana de pronunciarse. Es decir, si yo quiero opinar en público de cualquiera de los candidatos, según el CNE debo estar inscrita como movimiento político apoyante para dar mi opinión. ¿Y entonces? ¿Las señoras rectoras del CNE acaso están por encima de la Constitución, contradiciendo el sagrado derecho de la libertad de expresión?
“Estas ONG han tenido la característica de aparecer en momentos de campaña electoral”, dijo la rectora Sandra Oblitas. Sí ¿y qué?: en período electoral todo el mundo tiene derecho a aparecer y opinar. Lo peor es que la funcionaria aseveró que no iban a “permitir la participación de terceros en la campaña”. ¿Quiénes son terceros? Las elecciones son actos públicos en los cuales están involucrados todos los venezolanos con derecho a votar y ser votados. Y aún más grave y confirmatorio de la inconstitucional posición de las rectoras: “No vamos a permitir este tipo de informaciones y de publicidad”. Es decir, las señoras rectoras no diferencian entre publicidad y opinión y por tanto, se sienten con derecho a reprimir ambas.
Debe ser por eso que ellas no distinguen entre publicidad permitida del candidato oficialista y su publicidad encubierta por transmisiones de cuñas gubernamentales obligatorias que tienen mensajes más que subliminales a favor del candidato presidente.
Debe ser por eso que no entienden la diferencia entre cadenas oficiales y cadenas de abierta publicidad electoral. También ignoran las rectoras las infracciones de utilizar niños en la publicidad de campaña, de usar recintos militares y académicos para discursos y mitines. Extraoficialmente se conoció que el organismo rechazó, por mayoría, una denuncia relacionada con la cadena del presidente candidato del pasado 14 de julio en la que éste se refirió al aspirante opositor utilizando adjetivos como “el candidato del imperio yanqui”, “de la burguesía”, “de los banqueros prófugos” y “de la clase más rica”, entre otros.
Ellas no ven nadita de eso. Sólo les molesta que un micro diga que según la ley anticorrupción, van a ir presos todos los funcionarios públicos que favorezcan un candidato. ¡Ah buen ají el que les picó!
Aquí entre nos:
• El escandaloso caso del asesinato de la embajadora encargada de Venezuela en Kenia es un drama que viene desarrollándose desde el 23 de abril de este año, cuando tres empleados kenianos de esa legación introdujeron una queja ante la Policía Diplomática, registrada con el número 34, en contra del embajador Gerardo Carrillo Silva, a quien acusaban de acoso sexual en contra estos trabajadores, todos varones.
Según la denuncia, el embajador se desnudaba y les mostraba sus genitales persiguiéndolos por toda la casa tratando de tener relaciones con ellos. Ante semejante denuncia, la Cancillería venezolana llamó al embajador Carrillo a Caracas y nombró a Olga Fonseca, con rango de Encargada de Negocios, como Embajadora Encargada. Fonseca, una funcionaria de carrera transformada en furibunda chavista, se fue sola a Nairobi, donde arribó el 15 de julio. Cinco días después, cinco empleados de la embajada introdujeron una segunda queja ante la Policía Diplomática contra Fonseca, asegurando que la funcionaria de 57 años los despidió luego que ellos se negaran a retirar los cargos por abuso sexual en contra del embajador Carrillo Silva.
El 21 de julio los abogados de los empleados, de la firma Ngure Mbugua & Company Advocates, enviaron una carta al dueño de la lujosa vivienda donde se ubica la embajada venezolana, reclamándole haberse presentado en la embajada y exigido a los empleados que la desalojaran. El 22 de julio Muthama negó que hubiese acosado a los empleados. Dijo que Fonseca lo llamó para decirle que algunos empleados le habían impedido entrar a las oficinas supuestamente bajo su instrucción.
El 23 de julio la cancillería de Kenia abrió una investigación. Veintiún días antes, un secretario de la Cancillería envió una carta al abogado de los empleados preguntando por qué los empleados esperaron tanto para denunciar, si como decían, el acoso había comenzado en noviembre de 2011 y el embajador ya no estaba en el país. Al mismo tiempo, Fonseca contrató a la firma Mucheru-Oyatta y Associates para terminar la relación laboral con los empleados, alegando que había perdido la confianza en ellos y que estaba preocupada por su seguridad. El 24 de julio Olga Fonseca se reunió con los cinco trabajadores y los acusó de “insubordinación”. El abogado de los trabajadores dijo que fueron despedidos porque se negaron a retractarse de su queja.
El 26 de julio la embajadora encargada ofreció una pequeña fiesta en la embajada. En la mañana del 27 de julio la encontraron muerta sobre su cama, según la policía, estrangulada y atada de pies y manos. La Policía de Kenia detuvo al primer secretario de la embajada venezolana, Dwight Sagaray, y a seis empleados de la legación. Igualmente, publicó la foto de un sospechoso, el médico keniano Muhammed Ahmed Hassan, a quien describen como “amigo íntimo” del secretario. La Fiscalía solicitó que Sagaray, a quien se le retiró la inmunidad diplomática, siga arrestado como “sospechoso clave” mientras concluye la investigación.
• Con este terrible espectáculo, que muchos han tildado de “jaula de las locas” aliñada con un crimen, en la Embajada de Venezuela en Kenia, la Cancillería aún no ha emitido un solo comunicado oficial. Los embajadores de Venezuela destacados en Etiopía y Mali y dos funcionarios de Caracas han llegado a Nairobi para supervisar el caso.
No se sabe nada del paradero del embajador Carrillo Silva, quien fue el punto de partida del escándalo; ni vocero alguno llámense abogados o familiares, han dicho una palabra. La muerte trágica de una embajadora merecería más atención y sobre todo, medidas de control sobre la conducta moral de los representantes del país en el exterior.
• Una grúa amarilla, con un policía municipal como copiloto, se la pasa remolcando vehículos alrededor del C.C. Caribbean Plaza. Lo malo es el martillo: cobran 1.400 bolívares a los conductores que intentan que no les remolquen el vehículo. Aunque aleguen que no es legal llevarse el vehículo puesto que no hay hechos delictivos de por medio, la extorsión sigue en marcha y los ciudadanos me piden que denuncie a esa grúa y al funcionario. Lo hago pero les advierto que esta gente no escucha denuncias y deja que la anarquía y el abuso siga reinando en las calles de Valencia.
• Sin duda los venezolanos apoyamos a los atletas que nos representan en los Juegos Olímpicos. Nos sentiríamos orgullosos de que retornaran con alguna presea, del metal que sea. 69 atletas cargados de ilusiones están luchando un lugar en el podio, pero hasta el momento los resultados han sido desoladores: sólo dos diplomas olímpicos y ni de cerca una medalla. ¿Qué pasa? La propaganda oficial dice que apoya a los atletas, que los financia, que les da de comer, becas y viáticos para entrenar en el exterior.
Algo no está funcionando, entonces. Cuando Francis Terán fue Presidente del IND firmó un convenio para traer 10.000 entrenadores cubanos, supuestamente para hacer un diagnóstico y entrenar a sus pares venezolanos. Serían pagados con el petróleo que Venezuela manda a Cuba. Pero hasta hoy, se desconoce la acción de estos entrenadores, que se sabe costaron cada uno al país 1.5000 dólares mensuales que se pagaron cumplidamente.
Me dicen que ninguno de los atletas que está en Londres es entrenado por algún cubano. Lo que sí vemos es el agradecimiento de los atletas con el gobierno, no vacilan en declararse chavistas, cuando cualquier gobierno está obligado a prestar soporte al deporte, sin genuflexiones ideológicas a cambio. La destrucción de las Federaciones, el trato discriminatorio hacia algunas disciplinas y la politización de las relaciones con los deportistas están dando los resultados que vemos en Londres.
• Por cierto, no hay que desmeritar el esfuerzo de las transmisiones de Tevés, fundamentalmente por la valiosa presencia de atletas que en su especialidad hacen ilustrativos comentarios para los legos. Apartar la política y honrar a quienes tratan de hacer un buen trabajo debe ser lo justo. Las otras consideraciones siguen allí y las arreglaremos después del 7 de octubre.
• Al frente del Comando Regional Nº 2 (Coredos), hicieron un parque ecológico bonito, limpio, nuevecito, con equipos para hacer ejercicio. Pero por su ubicación, nadie lo visita. Quienes ven su aviso se preguntan quién va a hacer ejercicios en un parque ubicado en una zona no residencial. También se preguntan por qué le pusieron “Pachamama”, que en idioma aymara boliviano significa “madre tierra”. Como si no hubiera palabras equivalentes en wayuu o pemón.
Por: Charito Rojas
Charitorojas2010@hotmail.com
@charitorojas
Miercoles, 1 agosto de 2012
