“El Aissami gana escapularios
con milagros de otros…”
Recordar es vivir como dice la canción y de esos recuerdos me llega a la memoria el enfrentamiento verbal entre Machado y Chávez. Ella le dijo que las expropiaciones impulsadas por el gobierno eran “un robo”, http://goo.gl/3Pu6i pues los afectados no habían sido resarcidos. Por la cual Chávez no supo como responderle a Machado de esas verdades que su gobierno expropia violando los derechos de sus afectados y muchos lo señalan a ellos como ladrones.
Cosa que podemos dar como ejemplo con un aberrante robo descarado que se le han hecho con Kamel Salame. Una de las inconsistencias más notorias en el caso del empresario yaracuyano y ex candidato a la Alcaldía de San Felipe del estado Yaracuy, Kamel Salame, es la confiscación de todos sus bienes, de todas sus propiedades, incluyendo su vivienda principal, herencia de la madre de sus hijas. Acción ilegal violatoria de la presunción de inocencia de Salame, ejecutada en un escenario de ambigüedad judicial potencialmente adverso al Estado por sus consecuencias en torno al establecimiento de posibles responsabilidades legales de carácter administrativo, penal y civil, aberración en la cual tomaron parte los ministros Tarek El Aissami y Eugenia Sader demostrando que se está utilizando el aparataje político del Estado para mantener a Kamel Salame privado de libertad ilegalmente luego de 44 meses tras las rejas sin juicio.
“Nunca he podido concebir cómo un ser racional podría perseguir la felicidad ejerciendo el poder sobre otros.”
Thomas Jefferson
No hay nada de legitimación y eso lo tienen claro el Ministerio Público, de allí que insista en la “admisión de hechos” como alternativa para cerrar el caso, y por esa misma razón pretenden utilizar un documento apócrifo de la DEA como elemento incriminatorio, hechos que demuestran que efectivamente en el expediente no hay nada. Todo se trató de un ardid para sostener la “condena política” impuesta a Kamel. Lo grave de esto es que ese señalamiento lo hizo un ministro como Tarek El Aissami denunciado junto a su familia por supuestos delitos de corrupción, acompañado de Julio León Heredia, gobernador chavista cuestionado públicamente por sus presuntos nexos Walid Makled. Lo anterior es un hecho público, notorio y comunicacional, pero el Ministerio Público no actúa en contra del Ministro El Aissami ni contra el gobernador Julio León Heredia, en cambio contra un ciudadano como Kamel Salame el Ministerio Público, la Gobernación de Yaracuy, la Oficina Nacional Antidrogas y el sistema judicial les cayeron encima no sólo para privarlo de libertad sino para despojarlo de todas sus propiedades, incluyendo su vivienda principal, herencia del abuelo materno de sus hijas, que fueron echadas a la calle sin atender a ninguno de sus derechos fundamentales.
La acción arbitraria de la Oficina Nacional Antidrogas y del ejecutivo regional de Yaracuy de instalar una Comunidad Terapéutica en el Complejo Turístico La Guacamaya, propiedad de Kamel Salame, exige argumentos de fondo ante la inexistencia de una sentencia condenatoria, algo riesgoso para el Estado venezolano por constituir un acto de gobierno sin asidero legal, susceptible de que los recursos a invertidos: “8 millones 566 mil 422 con 80 bolívares”, en la modificación de las instalaciones permisadas por el mismo Estado para actividades turísticas se hayan orientado a gastos equivocados, ya que incluso, sobrepasan abiertamente los límites de la legalidad, al invertir el dinero público en propiedades aún sin definir, obviando los procedimientos de carácter administrativo que deben cumplirse, actuando con total prepotencia, en la creencia que al “Padre Estado” todo debe permitírsele, por ser auto normativo y así mantenerse impune ante acciones ejecutadas con la máscara de actos gubernamentales violando abiertamente lo establecido en la Ley Contra la Corrupción, en sus artículos 06,07,08,21, 52, 53 y 56.
¿Podrá explicar el gobernador Julio León Heredia en qué se invirtieron los “8 millones 566 mil 422 con 80 bolívares”? Hacemos esta pregunta porque las instalaciones de La Guacamaya, donde instalaron la Comunidad Terapéutica Socialista, estaban completamente construidas, dotadas con todos los servicios públicos y el mobiliario requerido para su funcionamiento. ¿Entonces en que usaron el dinero supuestamente invertido? Dentro del mismo PSUV se comenta que el gobernador Julio León Heredia se quedo con ese dinero, porque todos en Yaracuy están conscientes que hay no faltaba tanto dinero para poner a funcionar esa comunidad terapéutica.
Una muestra más de su ensañamiento en contra de un ciudadano que decidió incursionar en política y con un proceder atípico levanto expectativas que se convirtieron en una grave amenaza tanto para chavistas como opositores, quienes en Yaracuy parecen haber sellado un pacto para mantener a Kamel Salame en la cárcel. En consecuencia, no es de extrañar nuestra preocupación por la ambigüedad judicial en torno a la confiscación de los bienes de Kamel Salame, signada por el carácter “sumarial” en las actuaciones de los funcionarios, la apatía de fiscales y jueces cuando creen que esas propiedades son de nadie y la falta de transparencia vía decisiones poco técnicas.
Acciones que terminarán en detrimento patrimonial para el Estado, algo que implica la responsabilidad de los funcionarios que tomaron parte en las confiscaciones y promueven el proyecto de la Comunidad Terapéutica, por la deficiencia administrativa de los procesos y procedimientos que condujeron a dicha propuesta. Lo anterior le resta legitimidad a la acción proyectada y alienta, a su vez, la corrupción, manipulación judicial y la profundización de esta injusticia en contra de Kamel Salame.
También es un hecho notorio, público y comunicacional la tenacidad y vehemencia con que el ejecutivo regional del estado Yaracuy insiste en apropiarse de todos los bienes del empresario y ex candidato a Alcalde, un abuso de poder evidente, contraviniendo abiertamente lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en su artículo 25 que reza: Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
La incautación y traspaso de las propiedades de Kamel Salame a la Gobernación del estado Yaracuy, ocurrió al mismo tiempo que su privativa de libertad, valiéndose para ello de señalamientos temerarios, como lo sugiere el hecho que después de 43 meses privado de libertad, no hayan aportado elementos de convicción que sustenten los débiles argumentos que dieron lugar a ese ilegítimo acto de gobierno. El establecimiento de una Comunidad Terapéutica o cualquier otra dependencia pública en el complejo turístico propiedad de Salame, además de lesionar sus derechos al igual que el presidio ilegal al que está sometido, parece ser una cortina de humo para desviar la atención ciudadana de las irregularidades y vicios de un proceso judicial donde el punto central es el respeto a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, desvirtuados en el ejercicio de la función pública por motivaciones ajenas a la recta aplicación de justicia, las cuales han dado como resultado todos los atropellos a los cuales nos estamos refiriendo.
En este sentido, Kamel Salame es culpable hasta que demuestre lo contrario, el problema está en que no le permiten demostrar su inocencia, al punto que han diferido la apertura del juicio en 25 oportunidades a lo largo de 44 meses privado de libertad sin juicio, por eso difieren indefinidamente la apertura del juicio a la par del uso abusivo de sus propiedades, simplemente porque quienes lo privaron de libertad no tienen elementos de juicio, evidencias o pruebas contundentes de estar incurso en los delitos que se le imputan. Este hecho levanta suspicacias al igual que la insistencia del ejecutivo regional de apropiarse de sus bienes sin que exista una sentencia condenatoria que compruebe la presunción que argumentaron para incautar todas las propiedades de Kamel y se puede decir que el pueblo yaracuyano http://goo.gl/vOIFc lo apoya y espera algo que se llama justicia…
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Por: Robert Alvarado
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Sabado 21 de julio de 2012
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