“A Kamel le han violentado
todos sus derechos…”

 

Por vía correo electrónico me manda una información sobre otro preso político del régimen venezolano, que cada día no nos asombra y pareciera ser que nos estamos acostumbrando de estos hechos es nada mas que el empresario yaracuyano y ex candidato a la Alcaldía del Municipio San Felipe, Kamel Salame, quien desde hace 9 meses y medio se encuentra recluido en el Internado Judicial de Barinas, porque a partir del supuesto robo de una gandola se le vincula a diversos delitos.

El conocido Kamel Salame Ajami, desde del año 2008, se encuentra privado de libertad por una averiguación penal que se le sigue por la presunta comisión de una serie de delitos contra la propiedad: Aprovechamiento de cosas provenientes de delito, aprovechamiento de vehículo automotor proveniente de delitos, asociación para delinquir y un último delito que se le imputó dos años después de su detención: Legitimación de Capitales. Producto de esa investigación, se le despojó arbitrariamente de un conjunto de propiedades, las cuales quedaron siendo aprovechadas por el gobierno regional del estado Yaracuy conjuntamente con organismos nacionales, sin que exista sentencia firme.

Esta detención, ocurrida el viernes 28 de noviembre de 2008, tiene un trasfondo político, sugerido por la inexistencia de pruebas en su contra como por su actitud crítica frente a la corrupción y la ineficiencia gubernamental en Yaracuy, aspectos que conducen a Kamel Salame Ajami a incursionar en política y aspirar en el año 2008 a la Alcaldía del Municipio San Felipe, Estado Yaracuy, con una campaña atípica basada en programas sociales los cuales resultaron un éxito con incidencias inesperados en el plano electoral concernientes a la alta simpatía alcanzada y a las proyecciones que a un mes de las elecciones lo colocaban como el virtual ganador; no obstante, el candidato oficialista resultó ganador, Kamel anunció la impugnación de los resultados, ello derivó en la “Siembra” de una gandola robada en una de sus propiedades –donde se efectuaba una feria navideña-, en circunstancias dudosas, pues el local se encontraba resguardado por la Policía del Estado. Kamel, no se encontraba en el sitio, al ser puesto en cuenta de la situación, se apersonó y sin más, lo detuvieron, lo presentaron ante las autoridades sin asistencia legal de su confianza y lo recluyeron en una cárcel lejos de su sitio de residencia.

Vale destacar que en las investigaciones tomaron parte los cuatro principales cuerpos de seguridad del Estado venezolano: Guardia Nacional, Dirección de Inteligencia Militar (D.I.M.), la policía científica C.I.C.P.C. y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), sin que se arroje alguna conclusión negativa y sin que se encuentren elementos suficientes que demuestren la culpabilidad de Kamel sobre los delitos que se le imputan, lo cual no les ha dejado otra opción que jugar al retardo procesal intencional de la apertura de juicio, ya diferido en 24 oportunidades por causas no imputables a la defensa, evidenciando que el asunto es político y no judicial. Recientemente, el Ministerio Público sugirió la admisión de hechos como una alternativa para ponerle fin a este proceso judicial.

A Kamel se le han violentado todos sus derechos, se le niega reiteradamente el derecho a la defensa, a un juicio respetando las leyes y el debido proceso. Es un hombre de 46 años que presenta un cuadro de salud bastante severo, diabetes, hernias, problemas cervicales, cardiopatías, sin embargo, no le han permitido al acceso a la salud, lo cual deja entrever el aspecto malicioso en su contra, y en perjuicio de su núcleo familiar.

Que desastre es Salame amigo lectores desde el 28 de noviembre de 2.008 se encuentra privado de libertad junto a 7 de sus trabajadores. Caso que es típico de la judicialización de la política, apuntó al destacar que este caso se aplica en el ámbito político cuando una persona se vuelve incómoda para el gobierno. Se le instruyen una causa penal, valiéndose de cualquier recurso y dan lugar a un proceso judicial sin respetar garantías, ni derechos a los procesados, sometiéndolos a encarcelamientos indefinidos. Vale destacar que en las investigaciones tomaron parte los cuatro principales cuerpos de seguridad del Estado venezolano: Guardia Nacional, Dirección de Inteligencia Militar (D.I.M.), la policía científica C.I.C.P.C. y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), sin que se arroje alguna conclusión negativa y sin que se encuentren elementos suficientes que demuestren la culpabilidad de Kamel sobre los delitos que se le imputan, lo cual no les ha dejado otra opción que jugar al retardo procesal intencional de la apertura de juicio, ya diferido en 24 oportunidades por causas no imputables a la defensa, evidenciando que el asunto es político y no judicial. Recientemente, el Ministerio Público sugirió la admisión de hechos como una alternativa para ponerle fin a este proceso judicial. A Kamel se le han violentado todos sus derechos, se le niega reiteradamente el derecho a la defensa, a un juicio respetando las leyes y el debido proceso. Es un hombre de 46 años que presenta un cuadro de salud bastante severo, diabetes, hernias, problemas cervicales, cardiopatías, sin embargo, no le han permitido al acceso a la salud, lo cual deja entrever el aspecto malicioso en su contra, y en perjuicio de su núcleo familiar.

La referencia a “narcopolíticos” estaba alineada con una presunción bajo la cual el Tribunal Cuarto de Control del estado Yaracuy, a cargo del Abg. Julio Torres, juzgado originario de la causa, ordenó la ”incautación preventiva” de todos los bienes de Kamel Salame, colocándolas por auto, bajo la guarda y custodia de la Oficina Nacional Antidrogas, teniendo como supuesto trasfondo una investigación por parte de la Vindicta Pública, en torno a uno de los delitos asociados al narcotráfico: Legitimación de capitales, por el cual fue imputado 2 años después de su detención, causa ventilada inicialmente por el Tribunal Sexto de Control del estado Yaracuy y posteriormente acumulada al Expediente 05M-1081-08, en el Tribunal Quinto de Juicio del estado Aragua, perjudicando nueva e innecesariamente a sus 7 empleados, por todo lo que implicó la negativa a la apertura de Juicio Oral y Público por parte del Juez Nelson García Morales, una vez radicado el caso en el estado Aragua, por orden del ex magistrado Eladio R. Aponte Aponte (quien fue “asistente” del hermano del gobernador Julio León Heredia), bajo la excusa de que se debía producir la acumulación de las causas… Bueno amigos electores, la próxima semana les damos mas perlitas de lo que nos habla Kamel

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Por: Robert Alvarado
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Sabado 21 de julio de 2012

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