Embargo ejecutivo a Globovisión
por casi Bs. 25 millones
El consultor jurídico de Globovisión Antela manifestó que parece “muy curioso” que esta decisión llegue media hora después de haber estado reunidos en Consejo Nacional Electoral, donde se dictaron a los medios de comunicación un conjunto de normas que regirán en la campaña electoral que comienza el próximo domingo 1 de julio.
Por su parte, la vicepresidenta del canal, María Fernanda Flores, aseguró que es un nuevo golpe a la libertad de expresión y una manera de intimidar de cara a las elecciones presidenciales. Advirtió que Globovisión, como cualquier medio privado e independiente, “siempre estará en la acera del frente” de cualquier Gobierno, “tal como corresponde a un medio de comunicación”.
Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presentó un embargo a los bienes de la plata televisiva del canal Globovisión, Tele C.A., por más de 24 millones de bolívares, debido a la multa que recae sobre la empresa por la transmisión de la crisis carcelaria en el centro penitenciario El Rodeo, en junio del 2011.
Según el consultor jurídico del canal, Ricardo Antela, esta cantidad de dinero representa el triple de la multa impuesta por CONATEL, reseñó la página web de Globovisión.
la vicepresidenta del canal, María Fernanda Flores, aseguró que esta medida es un nuevo golpe a la libertad de expresión y una manera de intimidar en vísperas de la campaña electoral. Expresó que Globovisión siempre estará “en la acera del frente” a cualquier Gobierno y aseguró que el canal estará en esta campaña electoral.
Se espera que el consultor jurídico del canal revise el documento para evaluar las posibles medidas que el medio de comunicación pueda ejecutar.
Máxima corte venezolana:
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este jueves un “embargo ejecutivo” a la televisora Globovisión, crítica con el gobierno, por unos 5,6 millones de dólares, que equivale al triple de la multa impuesta al canal en 2011 por su cobertura de una crisis carcelaria.
“Se decreta embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la empresa Globovisión Tele, C.A. por la cantidad de Veinticuatro Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos Dieciséis Bolívares con Cuarenta Céntimos (unos 5,6 millones de dólares)”, reza el fallo del TSJ, al que el Estado venezolano pidió en marzo que obligara al canal a pagar la multa.
Según la decisión de la Sala Político-Administrativa del TSJ, el embargo equivale al doble de la multa impuesta por el ente regulador de las telecomunicaciones (Conatel) en octubre de 2011 más “las costas de ejecución”, estimadas en una tercera parte de esa cantidad.
“Se trata de un decreto de embargo por el triple de la multa que se le había impuesto originalmente a Globovisión, se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela para que calcule intereses moratorios y se ordena comisionar a un juzgado ejecutor de medidas para que próximamente proceda a ejecutar este embargo”, explicó el consultor jurídico de la televisora, Ricardo Antela, al recibir el fallo.
Globovisión, que ha sufrido ya varias sanciones administrativas y ha sido amenazada de cierre por el gobierno, inició varios procesos legales ante la multa, e incluso uno en el que pedía la nulidad de la medida.
“Resulta que la Sala nos sorprende con una medida de embargo para la cual no tiene ningún tipo de competencia”, añadió Antela en declaraciones emitidas por Globovisión, explicando también que el TSJ procedió “sin haber oido previamente” al canal como “está previsto en la ley”.
En marzo de este año, el director de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Pedro Maldonado, introdujo una acción judicial ante el TSJ para que éste obligara a Globovisión a pagar la multa por 2,16 millones de dólares que le fue impuesta en 2011.
La decisión original de multar a Globovisión –muy crítico del gobierno de Hugo Chávez– fue tomada por Conatel por su cobertura de una crisis carcelaria que en junio del año pasado dejó unos 30 muertos en la cárcel de El Rodeo.
Según el ente estatal, el canal hizo “apología del delito”, “incitó al desconocimiento del ordenamiento jurídico”, generó “zozobra en la ciudadanía” y “demostró odio e intolerancia por razones políticas”, en su cobertura de los hechos violentos.
Los responsables del canal han asegurado en varias ocasiones que son objeto de una persecución política por su línea editorial. En cambio, el Ejecutivo siempre ha asegurado que estas acciones responden a razones estrictamente legales.