Artillería de Oficio
Un presidente de la república de cualquier país además de tener méritos personales, intelectuales, sociales, laborales que sean compatibles con el cargo, debe estar en buenas condiciones psíquicas y físicas para gobernar. Si durante el ejercicio de sus funciones se enferma, pierde la razón o ambas cosas a la par, que le impida continuar al frente de sus obligaciones, existen mecanismos constitucionales para sustituirlo.
Los ciudadanos debemos preocuparnos por la salud mental y física del máximo dirigente del país, no es una cuestión banal, ya que de ella dependen decisiones que nos afectan a todos. Existe un clima de crispación y desconcierto, implantado en el país y en la opinión pública nacional e internacional, por las expectativas de vida del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y aspirante a la reelección, tocado visiblemente por el cáncer. Se trata de un asunto trascendente: si llega o no llega con vida a la fecha de la elección 7 de octubre y, de llegar, cuántos días, semanas, meses o años duraría en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia rechazó toda posibilidad de que los candidatos presidenciales Hugo Chávez y Henrique Capriles Radonski sean sometidos a exámenes médicos integrales para refrendar su estado de salud.
Lo preocupante es que a los ciudadanos nos continúan negando el derecho de ejercer mecanismos jurídicos y políticos que exijan a los candidatos previamente seleccionados para una campaña electoral que cumplan con los requisitos para optar a la primera magistratura, entre ellos, que una junta médica, designada por el colegio y las sociedades médicas, expida un certificado de buena salud, que también certifique una inteligencia por encima de la media, estabilidad emocional, una ausencia de traumas del pasado, y así un largo etcétera.
En enero de 2002, el presidente y secretario general del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, y Rafael Marín Jaén solicitaron ante la Sala Plena del TSJ que procediera, de conformidad con los artículos 233 y 253 de la Constitución Bolivariana, “a designar una junta médica que realice un estudio clínico psiquiátrico muy específico en la persona del ciudadano Presidente, y que luego, certificada como sea su incapacidad mental permanente por la referida junta, tal dictamen se someta a la consideración de la Asamblea Nacional para que este órgano se pronuncie sobre la falta absoluta que esa situación acarrea…”.
Los solicitantes fundamentaron su petición en algunos aspectos de la conducta pública del presidente Chávez, caracterizada por “una agresividad exacerbada, altamente pugnaz, intolerante, infalible, irascible, megalómano, mentiroso, manipulador, con manía persecutoria, poco confiable, voluble, temerario, improvisado, impaciente, imprudente, depresivo, ególatra, autoritario y doble discurso”.
El ponente y presidente del TSJ, Iván Rincón Urdaneta, declaró inadmisible el recurso introducido por las autoridades de Acción Democrática por falta de pruebas que demostraran que el mandatario era un loco suelto, sin embargo, desde hace bastante tiempo, un grupo de prestigiosos psiquiatras han venido analizando, con todo rigor, su personalidad narcisista. Y, por si fuera poco, para espanto de muchos de sus seguidores, los largos años en el poder, su conducta permanentemente confrontada con la realidad, la desconfianza hasta de su sombra y los graves problemas que iba a cambiar, que no sólo no cambiaron, sino que empeoraron, terminaron por pasarle factura en su salud mental y en la física. Es el precio del poder.
Por: MARIANELLA SALAZAR
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