El pago en la Superintendencia
será para casos excepcionales

■ Los inquilinos podrán solicitar las solvencias de pago en la superintendencia.

■ El Juzgado 25 de Municipio de Caracas, único del área metropolitana que recibe consignaciones de alquileres, sigue cerrado.

■ Los 35.000 inquilinos que cancelaban la renta en el Juzgado 25 de Municipio de Caracas, que está cerrado desde hace un mes a pesar de ser el único del área metropolitana que recibe consignaciones de alquileres, deberán solicitar a los propietarios de los inmuebles que abran una cuenta bancaria para realizar los pagos.

Rigel Sergent, vocero del Movimiento de Inquilinos, dijo que la intención es comenzar a aplicar el mecanismo establecido en la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. “El pago se hará en una cuenta corriente, que debe abrir el arrendador para tal fin, la cual no podrá ser clausurada durante la relación arrendaticia”, dice el artículo 68.

Aclaró que solamente en los casos en que los dueños de los inmuebles no aparezcan o se nieguen a cumplir con lo indicado en la legislación, los inquilinos deberán acudir a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda para activar el procedimiento de pago a través del organismo, que abrirá una cuenta bancaria para este fin.

“Será parecido al mecanismo de consignación en tribunales, pero ahora estará a cargo de la Sunavi”, dijo Sergent. Agregó que el organismo tendrá acceso a la información sobre los casos que manejaba el Juzgado 25, lo cual evitará que los inquilinos tengan que presentar copias del expediente y permitirá otorgar solvencias a quienes estén al día con los pagos.

La aplicación del artículo 68 y el cruce de información entre las instituciones forman parte de los acuerdos alcanzados en la mesa técnica entre representantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Sunavi y el Movimiento de Inquilinos. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, que denunció el cierre del juzgado hace casi dos semanas, lamenta no haber sido invitada.

Sin cobrar:

Roberto Orta, presidente de Apiur, señaló que las medidas resuelven el problema de los inquilinos que temían quedar insolventes por la imposibilidad de pagar el alquiler, pero no solucionan la situación de los arrendadores que continúan sin poder disponer del dinero que estaba acumulado antes del cierre del tribunal de consignación.

Orta recordó que los recursos deben ser retirados antes del 12 de noviembre, porque ese día se cumple el plazo de un año fijado en la novena disposición transitoria de la ley, para que los recursos que estén sin reclamo en las cuentas abiertas por los tribunales para la consignación de alquileres sean destinados al Fondo de Protección al Inquilino y al Pequeño Arrendador.

Apiur ha denunciado que la medida representa una confiscación del dinero cancelado por los inquilinos a través del mecanismo e incluso introdujo un recurso de nulidad ante el TSJ, que todavía no se ha pronunciado al respecto. La asociación calcula que en las cuentas de consignación hay 70 millones de bolívares.

Sergent aseguró que los dueños de inmuebles no deben preocuparse porque la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas informó que el Juzgado 25 volverá a abrir, lo cual les permitirá acudir a retirar el dinero. “En la reunión que tuvimos el jueves vimos que todo está avanzando con celeridad”, agregó.

Colapso mayor:

Si el cierre del tribunal de consignación provocó un colapso en Caracas, cuando pase lo mismo en el interior del país el caos será mayor, advirtió el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta. 

La razón es que la tarea que antes realizaban los juzgados presentes en cada municipio se centralizará en las oficinas regionales de la Superintendencia Nacional deArrendamientos de Viviendas, que hasta ahora tiene previsto abrir una por estado. Orta dijo que los problemas que se han presentado con la Sunavi se deben a laimprovisación que imperó durante la discusión y la aprobación de la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas; promulgada en noviembre de 2011. 

“Debieron otorgar una vacatio legis para que el organismo tuviese tiempo de prepararse mejor para cumplir con sus funciones, que van desde registrar los contratos y fijar los cánones de alquiler hasta hacer actos conciliatorios y recibir pagos en consignación”. 

Por: ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
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SÁBADO 26 DE MAYO DE 2012