En las prisiones han usado desde los
objetos contundentes hasta fusiles
■ El uso de armas de fuego convencionales fue reportado por primera vez en el Retén de Catia en 1988.
Las crisis en el Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, conocido como La Planta, así como las de Rodeo I y II el año pasado, revelaron que los reclusos acumularon durante largo tiempo grandes inventarios de armas de fuego y municiones.
En La Planta solamente han encontrado 3 granadas. Se presume que las demás armas usadas durante los 27 días de sitio fueron ocultadas o sacadas en forma subrepticia de la instalación.
El uso y tenencia en las cárceles se ha hecho común gracias a la complicidad de los funcionarios de la Guardia Nacional encargados de la custodia externa y del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que deben vigilar el cumplimiento del régimen interno, señaló el director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto.
En Venezuela, los presos siempre han procurado tener algún arma pues eso les da una ventaja frente a los otros reclusos.
Henry Charrière, mejor conocido como “Papillon”, relató en una entrevista que en las Colonias Móviles de El Dorado en las que estuvo preso entre 1944 y 1945, los reclusos saldaban sus cuentas con palos.
La primera vez que se supo de un preso que usaba armas de fuego en la cárcel fue durante un levantamiento en la recién inaugurada La Planta en El Paraíso, en 1963, pero en esa oportunidad las armas estaban guardadas en un almacén de la policía.
Desde los inicios de la democracia y hasta 1983, los reclusos utilizaban principalmente armas blancas de fabricación casera o industrial, chinas y objetos contundentes (candados, piedras o trozos de metal), a los que se les añadía una cuerda o liga para que fueran arrojadizos.
En octubre de ese año, el director de Prisiones, Rafael Oronoz, reconoció que en el Retén de Catia habían detectado armas de fuego de fabricación casera. El término “chopo” aún no era de uso común, pero luego se haría popular. Son fabricados con tubería metálica a la que se le adosa un mango.
Convergencia. Los reclusos comenzaron a utilizar armas de fuego cortas de fabricación industrial en 1988, en el Retén de Catia. Una pistola fue utilizada de manera puntual para una fuga, pero se trató de un caso excepcional.
En 1995, el arsenal de los presos se incrementó. A los chuzos y chopos se unió la granada fragmentaria. Hubo dos hallazgos en Sabaneta (Zulia), y en Rodeo detuvieron a una mujer cuando trataba de introducir una oculta en su cuerpo.
El año siguiente se hizo común el decomiso de pistolas, y especialmente revólveres, entre la población reclusa. Un diagnóstico de Human Rights Watch señalaba que por cada dos muertes con arma blanca ocurría una con arma de fuego. Los penales más conflictivos eran el de Catia, La Planta, Sabaneta y La Pica. En la cárcel zuliana encontraron incluso porciones de C-4, un explosivo militar utilizado para demoliciones. Un funcionario de la GN fue procesado por este hecho.
Ametralladoras y fusiles:
El director de Provea, Marino Alvarado, señaló que desde hace más de treinta años los presos en Venezuela han “sofisticado sus medios de violencia, hasta el punto de que se ve normal que tengan armas”.
Este proceso entró en un nuevo nivel en 1997, cuando las autoridades hallaron una ametralladora en la cárcel de Guanare. Ese mismo año estallaron 2 granadas en La Planta y hubo 11 heridos. La tenencia de fusiles fue constatada por primera vez en 2010, durante una requisa en Sabaneta. Llama la atención que en esa cárcel, como en Rodeo al año siguiente, encontraron piezas marca Colt modelo AR-15, fabricadas en Estados Unidos.
Nieto cree que el uso de nuevas armas que se ha visto en Sabaneta tiene que ver con factores como la corrupción y la composición de la población penal en grupos étnicos muy enfrentados.
Recordó que la tenencia y uso de armas de fuego en La Pica, Yare y Rodeo ha servido como sustento para la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. Alvarado indicó que la acumulación de armas de fuego y el hacinamiento ha generado condiciones de riesgo que han incrementado el número de muertos en las cárceles desde 2004.
Hermetismo en inspecciones:
Comisiones del Cicpc, acompañados de un grupo de funcionarios del Ministerio Público, estuvieron ayer durante toda la mañana en el recién clausurado retén de La Planta. Ninguna autoridad especificó qué hicieron los funcionarios de la policía judicial en el interior del edificio. Entre los fiscales que acudieron estaba Yair Orea, fiscal superior de Caracas.
En el segundo día de la jornada de limpieza participaron también funcionarios de Protección Civil, dirigidos por Luis Díaz Curbelo, director del organismo. Los funcionarios apoyaron a los 120 estudiantes de penitenciarismo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
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y a los 40 del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia que desde el lunes fueron comisionados para limpiar lo que quedó dentro del retén. Extraoficialmente se supo que las autoridades ordenaron derribar las paredes y divisiones para buscar objetos y armas ocultas. Un militar de la GN señaló que hallaron gatos, ratas muertas y alimentos descompuestos.
Vecinos de Santa Rosalía, San Agustín, El Paraíso y Santa Teresa se reunieron con Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador, y Jackeline Farías, jefa de Gobierno de DistritoCapital, quienes recibieron propuestas relacionadas con el futuro de la infraestructura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer al Gobierno a investigar los sucesos violentos que rodearon la clausura de el recinto penitenciario de La Planta, que generaron una verdadera “crisis de seguridad” en Caracas.
Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
THABATA MOLINA
jmayorca@el-nacional.com
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EL NACIONAL
MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2012
