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AUTONOMÍA: “TSJ no puede decidir quién vota en la UCV”



Fueron suspendidas las elecciones convocadas para el 8 de junio. Los integrantes de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes y egresados.

“La autonomía no se negocia y el
respeto a la Constitución, menos”

 

UCV Consideran que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es una injerencia.

La semana próxima, las autoridades decidirán si pagan la multa. La Apucv definió acciones.

Hace dos meses, los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela hicieron una advertencia: si no se garantizaba la participación de todos, impedirían las elecciones de autoridades. Con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, emitida el jueves, esa amenaza se convirtió en un hecho. El organismo suspendió el proceso electoral pautado para el 8 de junio, e impuso multas a los miembros del Consejo Universitario.

La Sala Electoral del TSJ señaló que 24 personas, incluidas las 4 autoridades rectorales, deberán pagar las multas por desacato. En agosto de 2011 ­tras recibir un recurso de un grupo de personas ligadas a la UCV­, esa instancia exigió la reforma del reglamento electoral, para que los trabajadores, estudiantes y profesores participaran en igualdad de condiciones. El instrumento no se publicó en el lapso establecido de 15 días.

Varios sectores de la universidad expresaron su rechazo a la medida, pues la consideran una injerencia. “Quieren obligarnos a hacer un reglamento, pero no como lo desea la comunidad, sino como lo indica el TSJ. Es una suerte de metodología militar, como si estuviésemos subordinados a esa instancia”, dijo Amalio Belmonte, secretario de la UCV y uno de los sancionados.

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la universidad, recordó en rueda de prensa que la Constitución nacional establece quiénes son los integrantes de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes y egresados.

Señaló que el TSJ se ampara en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, en el que incluyen a los obreros y trabajadores administrativos. “Es una artimaña jurídica.

Ninguna ley orgánica puede estar por encima de la Constitución”, dijo. Agregó que las elecciones universitarias, por desarrollarse en ámbitos académicos, deben ser diferentes de las populares.

“La autonomía no se negocia y el respeto a la Constitución, menos”, afirmó en la asamblea Tulio Olmos, vicepresidente de Apucv.

Las acciones:

Las autoridades aún no han decidido si pagarán la multa. Nicolás Bianco, vicerrector académico de la UCV, dijo que la semana próxima llegarán a acuerdos.

Belmonte señaló que si bien las multas son personales, la decisión será colectiva.

Márquez agregó que el gremio de profesores apoyará a quienes decidan dejar de pagar la multa: “No habrá suficiente amenaza que nos obligue a pasar por encima de la Constitución”.

Los docentes, además, decidieron en asamblea una serie de acciones: solicitar a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios que convoque a paro nacional, constituir comités de lucha y llevar la denuncia a instancias internacionales. También exigirán a la Asamblea Nacional que haga consultas para redactar otra Ley de Universidades y pedirán la anulación de los artículos de la LOE que contravienen la Constitución.

Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios, expresó que continuarán con las discusiones para elaborar un reglamento ­ya han hecho dos reuniones­ y emprenderán campañas informativas.

Sanción esperada:

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, dijo que la sanción al Consejo Universitario se esperaba. “Las autoridades sabían que había una decisión del TSJ para reformar el reglamento. Se exponían a una sanción cuando convocaron a elecciones sin el consenso de todos los actores. No son víctimas”, afirmó. 

Agregó que incluir a trabajadores y obreros en el reglamento electoral no va contra la Constitución, como señalan las autoridades y los gremios: “El hecho de que el artículo 109 no nos mencione, no quiere decir que estemos excluidos. Además, la Ley Orgánica de Educación sí nos nombra”. 

Kevin Ávila, estudiante de Trabajo Social y dirigente del movimiento Patria es Universidad, consideró acertada la imposición de multas: “Eso forma parte de las acciones del TSJ para defender los derechos de los ciudadanos. Hay grupos que insisten en mantener el poder sin promover la igualdad de condiciones en la universidad”. 

Agregó que han realizado asambleas para discutir un nuevo reglamento. Suárez apuntó que desde 2011 se han movilizado para lograr un instrumento acorde con sus peticiones: que el voto de obreros, profesores y estudiantes tenga el mismo peso. Ese proyecto fue presentado en el Consejo Universitario el miércoles, justo un día antes de la sanción. 


Por: ARIANA GUEVARA GÓMEZ
arguevara@el-nacional.com
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Educación y Sociedad
EL NACIONAL
SÁBADO 19 DE MAYO DE 2012