¿Qué hará el Gobierno con pactos
similares a los de la CIDH?
La reciente declaración del nuevo miembro del Consejo de Estado Roy Chaderton en un periódico regional, en el que afirma que recomendará la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que ese organismo le teme a Venezuela por ser un modelo de cumplimiento de los derechos humanos en el continente no sólo es un mal chiste, sino un mal consejo.
Los mecanismos de protección de los derechos humanos están tan interligados entre sí que es absurdo pretender que Venezuela pueda salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin que de inmediato operen una serie de consecuencias jurídicas que generarían una cadena de múltiples implicaciones que afectarían la ya maltrecha credibilidad del Estado venezolano en el plano internacional.
Veamos por qué: si Venezuela procede a salirse de la CIDH, también deberá renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José.
Resulta que, aun efectuando su retiro de la Comisión Interamericana, el Estado permanece vinculado a sus obligaciones durante un año a partir de la renuncia, lo que significa que deberá responder ante la Corte y ante la Comisión por las peticiones y medidas cautelares mucho tiempo después del 7 de octubre, que es la verdadera preocupación y angustia del régimen.
Siendo la Comisión un órgano principal de la Organización de Estados Americanos, tal como establece el artículo 51 de su Carta Constitutiva, debería también retirarse del organismo hemisférico, y de esa manera acompañar a Cuba en su laberinto solitario Pero de nada le serviría porque, aun así, deberá cumplir con sus obligaciones, pues, siendo Venezuela parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligada a acatar el sistema de protección interamericano establecido en la Convención, aun en el caso de dejar de ser miembro de la CIDH.
Los acuerdos regionales de derechos humanos están íntimamente vinculados a otros acuerdos universales, como los dos pactos internacionales de Derechos Humanos de la ONU.
¿Qué hará el Gobierno con compromisos similares a los establecidos en la CIDH, en especial los referidos a los derechos humanos civiles y políticos? ¿También se retirará del sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, como hizo la Libia de Gadafi? Como si todo eso fuera poco, se violarían los principios consagrados en el Preámbulo de la Constitución Bolivariana que establece la “preeminencia de los derechos humanos”, e incumpliría con el mandato de los artículos consagrados en el título III Sobre los Derechos Humanos (artículos 19 al 31), que obligan al Estado a admitir los recursos internacionales en materia de derechos humanos Fujimori duró poco tiempo en el poder después de que renunció a la CIDH.
Muy mal consejo darían los miembros del Consejo de Estado si inician una espiral similar.
Por: Milos Alcalay
Politica | Opinión
Jueves, 17 de mayo de 2012
