“La mecánica invasora implica varios
pasos en casi todos los intentos..”

■ La poca respuesta institucional alienta el fenómeno en medio de la crisis habitacional.

■ Llevar la cédula, bolsas negras, un acompañante, dinero. También ir con niños y mujeres embarazadas.

■ Las invasiones caraqueñas siguen un patrón sofisticado que hace pensar a las autoridades que detrás hay una red aceitada.

“La cosa es así: tú te peleas por un espacio y te dan el apartamento”, cuenta él, un joven que a sus 20 años ya ha participado en varias ocupaciones en la ciudad. Vino a Caracas con la esperanza de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Su tía lo introdujo en este oficio, el de invadir. Recuerda su primera vez: le ofrecieron la posibilidad de optar por una vivienda en Catia y, aunque le advirtieron que podía ser peligroso, dijo que estaba “dispuesto a guerrear”.

Según cifras del Observatorio de Propiedad Privada, en 2011 se registraron 244 intentos de invasiones en el país, y sólo en enero y febrero de 2012 ese organismo contabilizó 64 intentos.

Felipe Benites, que preside el observatorio, explica que en los últimos dos años ha habido un patrón que se repite: en febrero se presenta un pico en las invasiones. “Es pronto para saber la razón, pero puede estar relacionado con el inicio del año, logran captar más gente necesitada. Pero hay que estudiar el fenómeno en detalle”, dice. De acuerdo con la tradición de datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre del año la tasa de desempleo es más alta.

La mecánica invasora implica varios pasos, que se cumplen en casi todos los intentos. Lo primero, cuenta Benites, es determinar qué edificios están abandonados y si tienen problemas: deudas con el Gobierno, dueños en el exterior o que no se ocupan de sus inmuebles. Para este diagnóstico hay algunos actores fundamentales.

“Hemos descubierto que trabajan con los sindicatos de la construcción, son estos los que pasan la información del inmueble y notifican que están en desuso”, indica Erick Materano, supervisor jefe de Polichacao, que ha estado a cargo de varios desalojos, aunque en ese municipio no hay muchos inmuebles abandonados.

El joven invasor reconoce que la ocupación no se hace de manera espontánea. Convocan a una reunión en uno de los edificios ya tomados para explicar cómo se tomará el siguiente. “Nunca sabemos cuál es el próximo edificio. Eso nos lo comunican el mismo día.

Todo el mundo está preparado y cuando llegan los que dirigen la cosa, los guardianes, dicen `nos vamos”, relata.

Nombre completo, número de cédula e ir acompañados.

Esos son los requisitos del rito inicial. Los dos primeros, para todo el papeleo ­dice­, lo segundo por protección. “Es una condición traer un apoyo.

Para que el edificio no se quede solo. Porque la mayoría de las personas se van a trabajar durante el día y si viene la policía entonces habrá muy poquita gente para defender el edificio”.

Además de requisitos, los dirigentes piden colaboraciones: llevar bolsas de basura para limpiar los escombros del edificio, escobas para barrer y hacer una limpieza a fondo del sitio. También una bandera de ocho estrellas.

“Cuando uno va a hacer la toma te piden que lleves gasolina y botellas vacías para la defensa. Vinagre, agua y pañuelos para no sentir tanto el efecto de las bombas lacrimógenas”, cuenta el tomista.

Cuando llega la policía, siempre es recibida de forma hostil, refiere el supervisor Materano.

Encuentran más resistencia en los dirigentes, asegura. Siempre desautorizan a los funcionarios delante del grupo de personas que intenta invadir.

“Les dicen que nosotros (la policía) no podemos hacerles nada, por mandato de ley, por orden presidencial”, expresa.

Las formas de actuar de los invasores son similares, lo que genera suspicacia entre los cuerpos policiales que tratan de evitarlas. “Sí, vemos gente repetida en las tomas. Por eso sabemos que es una cosa organizada, no espontánea”, afirma Materano.

Para Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, la señal más clara de que existe un plan concertado es que se producen varias tomas simultáneas en la ciudad. “Hemos detectado que existen al menos cuatro organizaciones dedicadas a invadir; se han hecho las denuncias en la Fiscalía, pero la impunidad por la no imputación del delito, dificulta el desalojo”, señala el presidente de Apiur.

El invasor de oficio se vale de una suposición: su actividad está amparada por el Gobierno. “Nos comentan que las probabilidades de que nos quedemos con el edificio dependen de que siga Chávez en la Presidencia, pues si cae, todos van para afuera”, manifiesta el joven.

Una líder comunal de Nueva Tacagua que se dedicó por muchos años a reclamar viviendas ­pide no revelar su identidad­ asevera que el Gobierno ha promovido expropiaciones, pero no las tomas ilegales. Hace énfasis en diferenciar expropiación de toma.

Animadas con el apoyo del discurso oficial, ella y otras líderes se dedicaban a identificar edificios abandonados en Caracas y solicitaban su expropiación. En noviembre de 2006 dirigieron a Darío Vivas, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea, y al diputado Juan Carlos Alemán, integrante del mismo grupo parlamentario, una carta en la que pedían su apoyo para expropiar varios inmuebles en Caracas. La misiva tiene sello de recibido.

Allí piden “ayuda incondicional en cuanto a las expropiaciones de las edificaciones que no se encuentren en la actualidad en utilidad pública”.

Reseñan también una lista de inmuebles con su dirección y el estado jurídico en que se encuentran. Allí aparecen los edificioas: Askain, en la calle Guaicaipuro de El Rosal; Jardín Valle Abajo, en Paseo Los Ilustres; Montreal, en la Avenida Principal de Las Palmas, y La Coromoto, en Las Acacias. La solicitud incluye fotos de “los edificios a expropiar”, y así lo dice textualmente.

Esta líder comunitaria también reconoce que recibían ayudas del concejal del municipio Libertador Alexander Nebreda. Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, denunció que Nebreda, miembro del PSUV, había apoyado a los líderes de la invasión de la Torre Confinanzas.

En una declaración a un medio oficial, Nebreda desmintió esa afirmación, aunque reconoció que en un principio permitieron la habitabilidad de la torre como solución de vivienda. “En 2005, cuando se desbordó la quebrada Anauco, cerca de 150 familias fueron afectadas por las lluvias y se ordenó ocupar temporalmete los edificios desocupados y abandonados”, aclaró.

Un año antes ­el 25 de agosto de 2004­, el presidente Hugo Chávez había pedido a gobernadores y alcaldes su colaboración para aplicar la expropiación por causa de utilidad pública, a través de las Ordenanzas Municipales. “El engorde de terrenos es contrario a la Constitución. Hago un llamado para construir el nuevo Estado social de derecho y de justicia”.

En abril de 2010, ya con el socialismo como modelo de gobierno definido, Chávez fue más enfático sobre los edificios y terrenos vacíos: “Vamos por ellos, porque tenemos que construir ahí las viviendas”. El censo de la Gran Misión Vivienda Venezuela detectó que, en 2011, 2.2456.654 familias manifestaron necesitar un techo.

Niños y mujeres, primero:

Desde hace 10 años el modus operandi es el mismo, asegura Roberto Orta; “Entran de forma violenta, a veces están armados, rompen las cerraduras o amenazan a los vigilantes. Lo hacen a altas horas de la noche para no levantar sospechas de los vecinos”.

El comisario Materano indica que en todos los casos van mujeres embarazadas y, sobre todo, muchos niños. La presencia de menores de edad es frecuente porque dificulta el desalojo y la usan como protección de las fuerzas de seguridad policial. “Llamamos al consejero de protección del niño y del adolescente, y a los fiscales respectivos. Siempre tratamos de desalojar por las buenas”, indica Materano.

William Contreras, director de la Policía Municipal de Sucre, coincide: “Siempre llevan 10 o 12 niños, y los mantienen allí para evitar que los desalojen”. Materano sostiene que los invasores suelen ser personas que viven en pobreza, pero que son captadas y enviadas para cometer la toma del sitio.

El oficial cuenta que los líderes cobran hasta 5.000 bolívares a cambio de la promesa de una vivienda. “Cuando los desalojamos, suelen preguntarnos quién les devolverá su dinero, y así descubrimos que ellos pagan por el traslado y el derecho de ser convocados para invadir el sitio”, comenta Materano. A pesar de que el municipio que cuenta con más inmuebles invadidos es Libertador, en Sucre hubo un boom en 2012: contabilizaron 45 tomas ilegales.

Para Rebeca Senia, representante de un consejo comunal en San Bernardino, la prueba más clara de que los invasores están protegidos por el Gobierno es que los cuerpos de seguridad del Estado no solucionen el problema. “Muchos policías no están de acuerdo, nos confiesan que ellos sólo están cumpliendo órdenes”, expresa.

El joven invasor cuenta que la mayoría de las personas con quienes ha compartido en las tomas son afectos al gobierno de Chávez y, si no lo son, dentro del edificio tienen que pretender que están de acuerdo, dice. “No nos dicen que tenemos que ir a las marchas; nos dicen que tenemos que ir a votar. ¿Por qué? Porque si Chávez sale del gobierno, todos salimos”.

Cuestión de familia:

En El Hatillo se señala a una familia de marcar el destino de las tierras a través de tomas ilegales. Las hermanas León son acusadas por los vecinos ­de voz, pero también con denuncias formales­ de dirigir tomas ilegales en los últimos años en los sectores La Chivera, Garrapata y Corralito del municipio del sureste caraqueño.

Cuentan que las hermanas llegaron hace veinte años al inhóspito Corralito. Allí se establecieron contra las adversidades. En dos meses ya habían construido dos precarias viviendas. En los dominios de las hermanas León se impone la ley de posesión. Vianney León apela al legado del apellido para justificar la toma de terrenos. “La posesión mata título porque nosotros hemos sido los poseedores legítimos de las tierras de El Hatillo. Somos descendientes del fundador del municipio”. Así lo dijo en una entrevista a Aporrea TV, en agosto de 2011.

El modo de operar de estas “invasoras de oficio” es particular. Un vecino, que prefiere no revelar su nombre, describe cómo se defienden de los propietarios: “Se meten, limpian y llaman a otras invasoras. Buscan títulos supletorios y con ellos alegan que están ahí desde hace años”.

El título supletorio es un documento que otorga un juez para justificar la propiedad de un inmueble. Así otorga el derecho de superficie a los que, a sus expensas, han construido bienhechurías. Sin embargo, en ningún caso concede la propiedad del terreno ni puede violar los derechos de terceros.

En 1998 las León se asentaron en los terrenos de la empresa Roca Gas, en Corralito.

Aunque la compañía interpuso una querella en 1999, transcurrió un año para que obtuviesen respuestas del Ministerio Público: se restituyó la posesión a favor de Roca Gas.

En 2002 la empresa Inversiones Tusmare también logró que los tomistas abandonaran sus terrenos en la zona.

El conflicto se salió de los predios de Corralito el 16 de septiembre de 2011. Juan Carlos Loyo, entonces ministro de Agricultura y Tierras, se abrió paso dentro de Corralito con una tropa de supuestos campesinos, entre ellos Vianney y María Antonia León, para reafirmar la apertura de un procedimiento de rescate de 185 hectáreas. El acto fue televisado y se consigue en la página web Youtube. María Antonia León fue contactada para este reportaje. Aunque inicialmente aceptó dar una entrevista, después no fue posible contactarla.

La medida encabezada por Loyo representó un puño en la garganta para los propietarios de los terrenos. ¨Somos más de 350 familias afectadas por esta acción. Todos tienen documentos legales, registrados en 1736. Además, estos terrenos no tienen vocación agrícola”, afirma Miguel Arjona, propietario de una vivienda en Corralito.

Sobre las hermanas León también pesan varias denuncias por agresión a vecinos de El Hatillo. El 28 de octubre de 2011 fueron acusadas ante el Destacamento 52 del Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional porque habían amenazado con agredir a propietarios de los terrenos de Corralito. El turístico municipio caraqueño también es apetecible para los tomistas de oficio.

Por: MARÍA ALESIA SOSA C.
MAOLIS CASTRO
MASOSA@EL-NACIONAL.COM
MACASTRO@EL-NACIONAL.COM
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EL NACIONAL – DOMINGO 13 DE MAYO DE 2012