Ver a la Presidenta del TSJ y a la Fiscal General aplaudiendo en cadena la propuesta inconstitucional de retirar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) demuestra que los poderes públicos, y sobre todo la justicia, están al servicio de los caprichos y rencores del Jefe de Estado, hoy acorralado por su grave enfermedad y por los terribles delitos de su entorno, que han saltado a la opinión pública nacional e internacional desde el seno de su propio gobierno.Chávez ordena salirse de la CIDH en la falsa creencia de que puede escapar de las sanciones por violación de los derechos humanos, a cuyo expediente se unen los delitos sobre presunto narcotráfico y los atroces juicios contra disidentes con sentencias de hasta 30 años de cárcel. El país está en la “lista negra” de la CIDH por décima vez a causa de los vicios del Poder Judicial y la criminalidad descontrolada. El ex magistrado Aponte confesó que el Presidente y las dos luisas le daban órdenes de cómo sentenciar los casos importantes para la revolución y a los “presos de Chávez”, como la farsa de los paracachitos y los juicios contra Mazuko, Simonovis, Vivas, Forero y la jueza Afiuni, entre otros, sometidos a los más espantosos vejámenes, con testigos falsos y violación de sus derechos más elementales.

El desprecio de Chávez a la CIDH es de vieja data: “Un corte de cabello vale más para mí que ese fallo de la CIDH. Es un cero a la izquierda” dijo cuando ésta ordenó el cese de la ilegal inhabilitación política de Leopoldo López. La luisa del tsj apeló rauda al “argumento” de la “soberanía” al que acuden los regímenes totalitarios para evitar que los organismos internacionales constaten la violación de los tratados sobre derechos humanos. Emitió una sentencia que fue el hazmerreír de la jurisprudencia nacional e internacional. López disfrutaría de todos sus derechos políticos, podía participar en Primarias pero si resultaba elegido Presidente, el tsj decidiría si asumía el poder (o sea, a una orden de Chávez, ella inventaría una jurisprudencia especial). Esta luisa, dos veces sancionada por supuestas irregularidades en el Poder Judicial y hoy presidenta del tsj (cosas de la “moral” del Comandante) apenas un día después de haber sido aprobada a dedo la Ley del Trabajo, sentenció “el carácter orgánico de la LOT “sin que ello constituya pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido de esa ley”. Cualquier lego sabe que ni su contenido ni su aprobación por la Habilitante, son orgánicos, ni constitucionales.

Cuando los jueces se niegan a cumplir las delictivas órdenes de arriba son despedidos, como le ocurrió en julio de 2009 a la jueza Alicia Torres Rivero, del Tribunal 13 de Control, quien llevaba el expediente del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. La luisa de la fiscalía le abrió una investigación por orden de la luisa del tsj porque la jueza Torres declaró a los medios que no había firmado decisión alguna relacionada con una prohibición de salida del país a Zuloaga, a pesar de que la fiscal había anunciado lo contrario. Torres denunció que fue presionada por la presidenta del Palacio de Justicia para que decidiera en contra de Zuloaga” (EN 21-07-2009), cosa que haría después un juez complaciente. ¿Habrán hecho las luisas algún acto de contrición con su almohada por haber perseguido a tantos opositores inocentes y protegido a tantos bandidos rojos? ¿No preocupa a estas “patriotas” la prolongada falta temporal del Presidente, violatoria del art. 234 de la Constitución y la ilegalidad de que el 55% de los decretos presidenciales de 2012 han sido firmados en Cuba?

La luisa que nos prohíbe hablar del agua contaminada, que ella califica de “perfectamente potable” sin que muestre un solo papelito, decide que las graves denuncias de quien fuera el magistrado estrella del régimen, Aponte Aponte, no son suficientes para investigar, porque “¡¡¡el ex magistrado debe venir a Venezuela a denunciar!!! Lo mismo dirá de las gravísimas acusaciones del ex magistrado Velásquez Alvaray. Esta luisa prometió (y MinDefensa también) que el juicio a Makled sería público y que todos los señalados (narcosoles y civiles del alto gobierno) “serían llamados a declarar, caiga quien caiga”. Mintieron. El juicio es a puerta cerrada y sin escabinos porque, según luisa “no los encontraron” y los acusados gozan de la protección del Gobierno.

“Los gringos no pudieron llevarse a Makled, pero tienen a Aponte Aponte, reza un titular (La Razón 22-04-12). Y otro gringo informado, el ex embajador Roger Noriega “cree que Chávez “montó un narcoestado y que Aponte tiene documentos probatorios muy comprometedores fuera de Venezuela”. Seguro que allí están las carpetas de las dos luisas.

Por: MARTA COLOMINA
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@colominaM
domingo 13 de mayo de 2012