“Quien quiera que sea el nuevo presidente, deberá
manejar un doloroso ajuste económico…”
■ Edilma Pereira, jefe de redacción de Dinero, viajó a Caracas para entender cómo se vive esa realidad en el país vecino.
La alocución televisada de Hugo Chávez el pasado 30 de abril se salió de lo usual. Apenas capaz de reprimir las lágrimas, con el semblante desencajado y voz trémula, Chávez habló de su deseo de volver a “estar recorriendo las calles de la querida patria” y se despidió tras un discurso de solo 40 minutos. Después de ver a su presidente tomarse cada semana los canales de televisión por horas enteras –durante los últimos 13 años–, los venezolanos quedaron pasmados. Los peores rumores sobre un desenlace fatal de la enfermedad de Chávez parecían hacerse realidad.
Y rumores es lo que hay en Caracas. Un visitante puede recorrer las calles, abordar taxis, visitar oficinas y comer en restaurantes sin tener que cambiar de tema. La evolución de la salud de Chávez y sus efectos sobre la política y la economía del país son el foco obsesivo de todas las conversaciones. Taxistas, meseros, señoras de la sociedad, altos ejecutivos, todos hablan como expertos sobre los detalles de la salud del presidente, la inoperancia de su tratamiento en Cuba y las dificultades de su convalecencia
El silencio oficial sobre el tema solo ha servido para avivar las especulaciones. El periodista Nelson Bocaranda –considerado el mejor informado del tema, fuera del chavismo–, aseguró en su blog que la radioterapia aplicada en Cuba habría dañado la cabeza del fémur del mandatario, lo estaría obligando a andar en silla de ruedas y lo habría llevado a un estado de postración anímica ante la inminencia de un desenlace fatal. Estas afirmaciones llevaron a la exesposa de Chávez, Marisabel Rodríguez, a calificar de ‘necrófilo’ a Bocaranda, en un airado comentario en twitter.
Se ha hablado mucho sobre los escenarios de la situación política en Venezuela ante la enfermedad del presidente Chávez, pero la evolución posible de la economía ha recibido menos atención. Lo cierto es que la incertidumbre y la falta de información que caracterizan hoy la política en Venezuela se han trasladado también a la economía. La información sobre datos tan importantes como el monto de la deuda del país, por ejemplo, no está disponible. El gobierno guarda celosamente unos datos que son esenciales para entender las perspectivas económicas del país.
Los analistas coinciden en que el crecimiento económico será favorable este año –cercano a 5%– e incluso la inflación se está comportando relativamente bien para estándares venezolanos, pues se ubica en cerca de 24% anual, mientras en 2008 llegó a casi 32%. Sin embargo, en 2013 tendrá que haber una destorcida, pues el déficit fiscal se ha desbordado debido al excesivo gasto público requerido para financiar los programas sociales del gobierno, los cuales se aceleraron durante los últimos dos años en anticipación a la contienda electoral de octubre de 2012.
¿Qué va a pasar con la economía de Venezuela? ¿Podrá soportar los vaivenes que implica la frágil salud del presidente Chávez? Dinero estuvo en Caracas buscando esclarecer la situación.
Gasto y dólares:
El director de Datanálisis, Luis Vicente León, ha dicho que la fiesta del gasto público de 2012 la pagará el país con una menor tasa de crecimiento en 2013.
Esto traería consecuencias en los frentes fiscal, monetario, inflacionario y de empleo. En este diagnóstico coincide la mayoría de los economistas independientes. Los principales problemas son de orden fiscal, pues el ritmo de endeudamiento del gobierno resulta insostenible. No hay cifras oficiales pero estimativos privados calculan que de un endeudamiento público de US$40.000 millones, en 2005 llegó a US$135.000 millones para 2011. No solo ha aumentado muy rápido el tamaño de la deuda, sino también el costo de su servicio, debido a la inseguridad jurídica que perciben los mercados internacionales.
La receta para corregir los desajustes tendría que ser muy similar, sin importar quién esté en la Presidencia en 2013: apretar el cinturón en el gasto y desmontar los controles, para que la economía encuentre un nuevo equilibrio y se genere un clima favorable a la inversión.
Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, asegura que una vez haya concluido el proceso electoral, el gobierno, cualquiera que sea, tendrá que ajustar la economía, pues el modelo de crecimiento basado en gasto público está agotado, y eso implicaría eliminar el control de cambios. “El costo político de la devaluación no lo va a asumir este gobierno, pero el déficit fiscal es tan grande que tendrá que hacerlo el próximo. Es inaplazable y la única forma de corregir los desajustes fiscales”, asegura Botti, quien cree que el bolívar se depreciaría entre 25% y 35%.
Esto tendría un extraordinario impacto sobre la inflación, que podría subir muy por encima de 30%. Dado que Venezuela importa cerca de 75% de los bienes que consume, la mezcla de inflación y devaluación tendría un profundo impacto, en la población en forma desigual. Quienes se benefician de los programas públicos, que reparten productos importados a la tasa de cambio oficial, sin duda se verían afectados. Lo mismo le ocurriría, en el otro extremo de la distribución del ingreso, a quienes tienen acceso a dólares a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Sin embargo, hay una gran cantidad de transacciones en dólares que no se realizan a la tasa oficial. En Venezuela no se puede discutir abiertamente el tema del dólar negro porque, según el gobierno, este no existe. El intercambio de divisas por fuera del sistema oficial es un delito. No obstante, el dólar se negocia en todos los rincones de la ciudad. En el aeropuerto, en los alrededores de los hoteles y también en las plazas públicas, los turistas son abordados por gente que les ofrece superar el cambio oficial de 4,30 bolívares.
Empezando por los taxistas, todo el mundo hace sus cuentas con un dólar a 7, 8 y hasta 9 bolívares.
El dólar oficial artificialmente barato hace parte de un sistema en el que el gobierno interviene favoreciendo a unos grupos a costa de otros. Además, el control de cambios ha generado una estructura de corrupción que permea la sociedad y se ha convertido en un vehículo de lucro para un reducido grupo que hace negocios con divisas.
Pero eliminar este control podría ser más complicado de lo que muchos esperan. “Aquí no se puede quitar el control de cambios porque si no a Chávez lo tumban. ¿No ven que quien tiene los dólares es la burguesía?”, dijo a mediados de abril el diputado chavista Aristóbulo Isturiz sobre el tema cambiario.
Crecimiento hay, por ahora:
El presidente del Banco Central, Nelson Merentes, asegura que la economía venezolana tendrá este año un crecimiento superior al de 2011 –de 4,2%– y podría ubicarse en 4,5%, en línea con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Finanzas, Jorge Giordani, comparte el optimismo. Aunque poco amigo de las entrevistas o las ruedas de prensa, un entusiasta Giordani aseguró el pasado jueves 4 de mayo que la meta del gobierno es alcanzar un crecimiento de 5%, basado en su estrategia de “sembrar petróleo”.
Todo apunta a que este año se mantendrán los altos precios del petróleo y el crecimiento de la construcción, el comercio y los servicios. El lunar será el déficit fiscal, que podría alcanzar 12% –según analistas–, debido al aumento en la inversión social asociado a la campaña electoral.
Los problemas vendrán en 2013. El hueco fiscal no puede crecer indefinidamente, pues ni siquiera los ingresos petroleros podrán financiar el servicio de la deuda. Se prevé que las tendencias inflacionarias se acumularán y el índice de precios podría superar el 30%, o incluso más si se produce una devaluación.
Así, la combinación de factores políticos y económicos en 2013 podría llevar a Venezuela a una espiral de desorden. En ese escenario, varios problemas que hoy están a la vista, pero parecen normales, se convertirían en aceleradores de una crisis. La creciente sensación de inseguridad –hasta los diplomáticos son hoy objetivo de los secuestradores en Venezuela–, la corrupción prevalente en las entidades del Estado, el retraso en infraestructura y los problemas de productividad de Pdvsa. En una Venezuela sin Chávez y con la necesidad de ajustar su economía, estos focos problemáticos se convertirían en verdaderas plagas. Si llegara a ocurrir una baja en el precio del petróleo, la situación se haría más difícil.
En un escenario de crisis, con Chávez limitado por la enfermedad o posiblemente muerto, muchos creen que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, tendría que volver a apostarle al sector privado y adoptar una postura más favorable a la inversión. Desde este punto de vista, la crisis debería ser seguida por una recuperación del papel del sector privado en la economía.
Mauricio Tancredi, vicepresidente de Consecomercio, afirma que “cuando la política es de control, se crean trabas y obstáculos que evitan que la economía fluya, por eso resulta indispensable desmontar los controles, tanto cambiarios como de precios, para que el país tenga políticas modernas, coherentes”.
El gran problema es el profundo estado de postración en el cual se encuentra el sector privado venezolano tras 13 años de chavismo. El tamaño del sector privado se ha reducido y hoy el Estado es el gran actor de la economía. De hecho, es el principal empleador, con 2,8 millones de funcionarios. Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, sostiene que la política de intervención no solo deterioró el clima de inversión, sino que de paso acabó con importantes fuentes de empleo.
A esto se suma que en 13 años han sido cerradas 107.000 empresas –de las 600.000 que operaban en 1999–, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Tan solo en la industria, la contribución del PIB cayó de 18% en 1998 a menos de 14% en 2011 como consecuencia del cierre o intervención de empresas. “El número de empresas industriales se ha reducido 36%, al pasar de 11.000 establecimientos a solo 7.000 en la actualidad”, asegura Larrazábal.
Las intervenciones de empresas han ido en contra de su competitividad. El informe Gestión en rojo de los economistas Richard Obuchi, Anabella Abadí y Bárbara Lira, señala que las expropiaciones hechas por el gobierno entre 2007 y 2009 suman unos US$23.377 millones, cifra similar a la inversión realizada por Pdvsa en exploración y producción durante este mismo periodo.
Además de las expropiaciones, otras políticas agobian a los empresarios, como las leyes de control de precios, el control de cambios y la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que reduce a 40 horas la jornada laboral semanal, establece que las prestaciones sociales se deben otorgar desde el primer día y amplía a 20 semanas la licencia de maternidad.
Todo bien, todo bien:
El gobierno defiende su gestión. El ministro de Finanzas, Jorge Giordani, destaca que desde febrero de 1999 se han invertido en programas sociales alrededor de US$500.000 millones. A través de no menos de 30 ‘Misiones’ o campañas asistencialistas que otorgan subsidios, el gobierno ha provisto ayudas en educación a niños y jóvenes universitarios, salud –incluidas operaciones y atención médica en Cuba–, vivienda y provisión de electrodomésticos para hogares de menores recursos.
Esto, sumado al crecimiento esperado para este año de 5%, conforma un cuadro de resultados satisfactorios para el “Socialismo del Siglo XXI”, de acuerdo con Giordani.
Aunque no da cifras exactas, el Ministro de Finanzas asegura que el país ya en 2011 cumplió las Metas del Milenio, antes de 2015 que era lo previsto. Datos del Ministerio de la Juventud indican que desde 2000 la pobreza se redujo de 60% a menos de 24%. Incluso se habla de que mientras en 1999, antes de que Chávez llegara al poder, uno de cada cuatro venezolanos estaba en miseria extrema, hoy apenas 1 de cada 70 ciudadanos se encuentra en esa situación.
El problema está en que buena parte de los programas de gasto social se han ejecutado con el objetivo directo de obtener votos y apoyo político para Chávez, girando contra un fisco cada vez más desequilibrado. Ese es el caso de los programas actuales de vivienda y financiación de electrodomésticos.
Como lo dijo un analista a Dinero, “los votos están en las casas”. En Caracas, la ocupación de cerros con viviendas de bajas especificaciones arquitectónicas, atiborradas de modernos electrodomésticos y antenas de televisión satelital que asoman por las ventanas, se ha extendido por el área metropolitana. La gran mayoría son adquiridas con subsidios del Estado.
Desde su llegada al poder en 1999 Chávez ha lanzado tres planes para acelerar la construcción de vivienda y solucionar el déficit de más de 2,5 millones de unidades habitacionales en el país, –Misión Hábitat en 2003, Villanueva en 2007 y Gran Misión de Vivienda en 2011–. Pero hasta ahora no ha logrado cumplir su meta de entregar 150.000 viviendas al año.
La estrategia incluye el apoyo financiero a la construcción a través de la Gran Misión de Vivienda; mejoras tecnológicas para aumentar la producción agropecuaria a través de Misión Agro Venezuela; ayudar a la población de escasos recursos con el programa ‘Mi casa bien equipada’ –que ofrece electrodomésticos chinos a bajo costo– y garantizar la distribución de alimentos a través de los programas Mercal y Pdval, que importan y comercializan con red propia los productos de primera necesidad en la canasta familiar venezolana.
Sin embargo, los programas asistencialistas han sido más paliativos que disparadores de la economía.
Caracas luce hoy como la fotografía de una ciudad congelada en los años 90, cuando sus edificios y sus vías eran referente obligado. Hoy, con 5 millones de habitantes, dejó de ser esa vibrante capital. Autobuses viejos y destartalados, con una edad promedio que sobrepasa los 16 años, dominan las calles. El transporte público no alcanza a movilizar los 1,5 millones de personas que demandan sus servicios.
Aunque en 20 años la densidad de vehículos por cada 1.000 habitantes pasó de 161 a 267 –uno de los más altos de América Latina–, hace casi una década no se construyen nuevas vías. El atraso en infraestructura es evidente y el cambio resulta urgente.
Por eso, el sucesor de Hugo Chávez no tendrá un solo día fácil en el cargo. Recibirá una Venezuela dividida políticamente, frágil en el plano económico y resquebrajada por la lucha de clases. Son muchas las decisiones difíciles que tendrá que tomar. En el mejor de los escenarios, donde la muerte de Chávez sería seguida por un presidente elegido por la mayoría y dispuesto a reactivar el sector privado, a Venezuela la espera una etapa de duro ajuste. En el otro extremo, donde una lucha por la sucesión podría derivar en una toma violenta del poder, sería mucho más difícil la búsqueda de soluciones para los múltiples bloqueos que afectan a la economía venezolana. Habrá que esperar los hechos.
Por: Edilma Pereira
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SÁBADO 12 DE MAYO DE 2012
