A Velásquez Alvaray y a Aponte Aponte
le podrían seguir otros en el futuro

“No nos vamos a meter un autogol”. Con este término futbolístico el diputado Pedro Carreño (PSUV) dio por descontada, en diciembre de 2004, la lealtad al proceso bolivariano de los 49 magistrados que ese año se incorporaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que el oficialismo resolviera ampliar el número de sillas del máximo juzgado en poco más de 50%, para así evitar nuevos fallos como el que dictaminó que lo ocurrido el 11 de abril de 2002 no fue un “golpe de Estado” sino un “vacío de poder”.

Sin embargo, la historia ha demostrado que algunos de los fichajes hechos por el legislador, quien presidió el Comité de Postulaciones Judiciales, no fueron los mejores para los intereses del chavismo y han dado la razón a las voces que, dentro y fuera del país, no solo consideraron los nombramientos como un burdo asalto al organismo rector del Poder Judicial, sino que de paso denunciaron que la mayoría no calificaba para estar allí.

Hasta ahora dos de los escogidos en este proceso, Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte, han sido destituidos por el Parlamento, por considerar que incurrieron en faltas graves.

Sin embargo, lo más llamativo es que tanto Velásquez Alvaray, quien fue destituido el 12 de junio de 2006, señalado por el entonces ministro del Interior, Jesse Chacón, de hechos de corrupción, como Aponte Aponte, cuyos vínculos con el presunto narcotraficante Walid Makled le costaron el puesto este 20 de marzo, no dudaron en emprenderla contra sus otrora colegas. Eso sí, desde el exilio.

Los removidos, en su momento, destacaron y fueron blanco de críticas por parte de juristas y opositores, debido a sus vínculos con el oficialismo, pues el primero fue diputado del hoy extinto Movimiento Quinta República (MVR), y el segundo fue quien persiguió a los militares implicados en el 11 de abril y de conocer el caso de los paramilitares desde la Fiscalía General Militar. Por su parte, el chavismo los vendió como los impulsores de la “revolución judicial” que vendría.

Velásquez Alvaray acusó a funcionarios como el entonces vicepresidente José Vicente Rangel, al hoy canciller Nicolás Maduro, y a su denunciante, de encarnar el “chavismo sin Chávez” y de estar vinculados a una red de corrupción que actúa en el Poder Judicial: “La banda de los enanos”.

“Ellos ahogarán la revolución”, afirmó en una carta que le envió a los diputados, días antes de ser defenestrado.

Seis años después, Aponte Aponte acusó al Gobierno, al que le fue “fiel”, de traicionarlo, pese a haber adoptado decisiones en casos políticos (comisarios procesados por el 11 de abril, el del diputado opositor José Sánchez, etc.) atendiendo los dictados del Ejecutivo, según admitió.

No son los únicos:

Otros de los magistrados designados en 2004 han estado o están en la mira, y en predios del TSJ no descartan que en el futuro engrosen el marcador.

Los informantes mencionan, en primer lugar, al magistrado de la Sala Constitucional, Marco Tulio Dugarte, hermano del diputado Juan Carlos Dugarte (PSUV), y cuyo despacho se encuentra revuelto estos días debido a una investigación iniciada por el TSJ, luego de que se detectara que un colaborador suyo llamó a un tribunal de Margarita para levantar un embargo sobre unos bienes, alegando que era orden del máximo juzgado.

Una de las partes del litigio se percató de que el Supremo no había adoptado ninguna decisión y denunció el hecho ante la instancia que preside la magistrada Luisa Estella Morales. El Universal conoció que el asistente del magistrado, Alejandro Pacheco, fue suspendido y está siendo investigado.

Dugarte saltó a la palestra en 2006, cuando sustituyó al defenestrado Velásquez Alvaray en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), el organismo que administra 80% de los fondos del Poder Judicial y que se encarga de cancelarle a los jueces sus salarios. Su gestión estuvo salpicada de denuncias de irregularidades, debido a que entregó decenas de contratos a dedo, y por ello sus colegas forzaron su salida en 2007.

En abril de 2009, volvió a ser noticia cuando su esposa, Subgey Saab, fue detenida, señalada junto a 13 personas más por estar detrás de una notaría paralela. La cónyuge de Dugarte pasó una temporada tras las rejas, pero luego fue dejada en libertad y el 17 de octubre del año pasado el entonces juez 6 de Control de Caracas, Luis Cabrera, le sobreseyó la causa.

Otros magistrados cuyas gestiones han sido cuestionadas son los miembros de las salas Social y Civil, Luis Franceschi y Luis Ortiz Hernández, respectivamente.

El primero llegó al TSJ tras pasar por el AN, donde integró la bancada del extinto MVR, y en marzo de 2008 su otrora compañero, el también chavista Abdel El Zabayar, lo denunció ante el Consejo Moral Republicano, por supuestamente colocar a al menos siete familiares y amigos en cargos dentro del Poder Judicial, en Bolívar. No obstante, el caso fue desechado por el máximo organismo del Poder Ciudadano.

Por su parte, a Ortiz la Contraloría le impuso en 2008 una multa de 3 mil bolívares por haber ocultado información en sus declaraciones juradas de patrimonio. Sin embargo, el funcionario, quien a principios de 2005 ocupó la Inspectoría de Tribunales y de la cual fue removido por buscar a sancionar a algunos jueces, se encuentra litigando el caso en la Sala Político Administrativa.

Guerra avisada:

Para el expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y exmagistrado de la extinta Corte Suprema, Román Duque Corredor, los casos de Velásquez y Aponte revelan que “tuvimos razón quienes cuestionamos las designaciones de 2004, alegando que no se estaban cumpliendo los requisitos fijados en la Constitución para ingresar al TSJ, sino que se estaba enviando a militantes”.

Incluso el magistrado jubilado de la Sala Electoral, Luis Martínez, esta misma semana hizo un llamado a la AN “a tener más cuidado” al momento de escoger a los miembros del máximo juzgado. “Se pueden designar (personas) afines (ideológica o políticamente hablando), pero deben ser los mejores”, exigió.

En la defensa también perdieron:

Al chavismo tampoco le fue bien con la primera Defensora Pública General que nombró en 2010. Omaira Camacho, quien fue candidata a la Alcaldía de El Hatillo por el partido rojo y se desempeñó como procuradora de Miranda durante la gestión de Diosdado Cabello (2004-2008), apenas estuvo poco más de un año en su puesto.

El 20 de octubre de 2010 se conoció la noticia que Camacho había presentado su renuncia a la Asamblea Nacional, luego de que ese organismo y el Tribunal Supremo así se lo exigieran.

El conflicto habría estallado debido a la decisión de la hoy exfuncionaria de incrementar el sueldo de los defensores públicos antes de que el Poder Judicial lo hubiera hecho y sin contar en el presupuesto con los fondos necesarios para ello.

No obstante, en predios judiciales también se dijo que habría sido por un enfrentamiento con la entonces presidenta del Parlamento, Cilia Flores.

Por: JUAN FRANCISCO ALONSO
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EL UNIVERSAL
domingo 29 de abril de 2012